La Xunta aumentará la presión para el desbroce de las franjas de protección de fuegos

Una modificación de la Ley de Prevención de Incendios 3/2007, prevista en el proyecto de Ley de medidas fiscales y administrativas, endurecerá la presión sobre los propietarios para el desbroce de las franjas de protección contra el fuego.

En concreto, finalizado el mes de mayo de cada año, si la Xunta detecta que los propietarios mantienen parcelas en estado irregular en las franjas de protección de los núcleos de población, le llegará con un anuncio, con 15 días de plazo, antes de proceder a la ejecución subsidiaria de los trabajos.

Si es la Xunta la que procede a la eliminación de la biomasa de una parcela, repercutirá los gastos en el propietario y, en caso de que en la parcela haya especies prohibidas (eucaliptos, pinos o acacias), se tramitarán las sanciones pertinentes. La madera que se extraiga de esas parcelas será subastada y lo ingresado servirá para financiar los trabajos de desbroce de las franjas de protección, las llamadas fajas secundarias.

La Xunta modificará también la Ley 7/2012 de montes de Galicia para obligar a las comunidades de montes vecinales a invertir un 10 % de sus ingresos en medidas e infraestructuras para la prevención de incendios

El cambio de la normativa establece también que será la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística la encargada del proceso sancionador en suelo de núcleo rural, urbano y urbanizable.

Este tipo de medidas se priorizarán en las zonas con mayor riesgo de incendios o que vienen sufriendo fuegos con carácter recurrente, pues la Administración es consciente de la dificultad de actuar en los más de 30.000 núcleos de población que tiene Galicia.

Reinversiones en la prevención de incendios
Por otro lado, la Xunta modificará también la Ley 7/2012 de montes de Galicia para obligar a las comunidades de montes vecinales a invertir un 10 % de sus ingresos en medidas e infraestructuras para la prevención de incendios. Esta inversión se puede hacer en el año del ingreso o repartirse durante los cuatro años posteriores.

Proponen que la Administración asuma parte del mantenimiento de las franjas de gestión de biomasa