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La rectificación emitida por la Xunta de las bases de las ayudas para la transformación de las industrias agroalimentarias centró esta mañana buena parte de la Comisión de Agricultura en el Parlamento gallego. Inicialmente dicha convocatoria especificaba que no se le concederían ayudas a industrias que hubiesen sido sancionadas previamente (en un plazo de 2 años) por la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), obligándolas incluso a devolver las ayudas percibidas. Sin embargo, esta cláusula fue anulada en abril, un cambio por el que hoy se pedían explicaciones.
La cuestión había suscitado el interés de los dos grupos de la oposición, de manera que se trató en una pregunta formulada por el grupo socialista y en una proposición no de ley presentada por el grupo nacionalista, que finalmente fue rechazada por los votos del Partido Popular.
El director general de Ganadería, José Balseiros, justificó la eliminación de esta cláusula por tratarse de una “medida absolutamente desproporcionada”. Apuntó además, que privar a las industrias de este tipo de ayudas por contar con sanciones de la AICA podría suponer un grave perjuicio para el desarrollo del sector agroganadero gallego.
“El mero hecho de que una empresa tenga 2 faltas leves o 1 grave por parte de la AICA puede deberse a que simplemente falte un contrato o haya un error en él, cuando esa industria puede tener miles de contratos. Por lo que mantener esa medida podría llevar a que esa industria no tenga la oportunidad de tecnificarse, actualizarse, de adquirir nueva maquinaria… por ese motivo», justificó.
Balseiros también indicó que estas sanciones de la AICA pillan al sector aún adaptándose a las exigencias marcadas en la Ley de Cadena Alimentaria e insistió en el grave perjuicio que puede suponer que las industrias pierdan estas ayudas para su modernización.
Las explicaciones no convencieron a los dos grupos de la oposición que insistieron en la importancia de que estas ayudas se destinen a empresas que cumplan con las exigencias y garanticen un pago justo a los productores. Además incidieron en que las sanciones de la AICA deben ser incluso más elevadas para conseguir un efecto disuasorio real de estas prácticas. A lo largo de un debate acalorado, hubo de nuevo alusiones directas a la industria Inleit, que fue una de las sancionadas recientemente por la AICA y que lleva recibido más de 7 millones de euros en este tipo de ayudas en los últimos años.
