Español
La Xunta de Galicia presentará un total de 22 alegaciones al proyecto de decreto estatal sobre nutrición de los suelos agrarios, con el fin de adaptarlo a las explotaciones gallegas y reclama, al tiempo, su implantación gradual para no perjudicar el sector. Así lo explicó hoy en rueda de prensa el conselleiro del Medio Rural, José González, quien exigió que se tengan en cuenta las particularidades de Galicia en la aplicación de esta norma. González, que estuvo acompañado por el director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, destacó que estas son alegaiones elaboradas por el Gobierno gallego teniendo en cuenta también las aportaciones de las organizaciones profesionales agrarias representadas en el Consello Agrario, así como las más representativas de la Cornisa cantábrica.
El conselleiro advirtió que estas alegaciones están hechas “desde la responsabilidad y en la defensa de nuestros agricultores y ganaderos, siempre respetando y compartiendo la preocupación por el medio ambiente que se aprecia en el espíritu de esta norma”. Al tiempo, mostró su preocupación porque -advirtió- “la propuesta del Ministerio de Agricultura no tiene en cuenta las particularidades de Galicia y de nuestras explotaciones, que podrían sufrir un perjuicio muy superior al beneficio ambiental que se pretende”.
Condicionantes naturales
En esta línea, el titular de Medio Rural demandó una mayor flexibilidad en las exigencias de esta norma a las pequeñas explotaciones de Galicia, teniendo en cuenta diferentes factores, como son los condicionantes naturales del país. Así, refirió entre ellos la orografía accidentada, la climatología atlántica o la existencia de numerosos canales fluviales. También, la escasa base territorial de la mayoría de las explotaciones gallegas, formada además por muchas parcelas de pequeño tamaño y la especialización del sector agrario en la producción lechera.
Por eso, añadió, la Xunta entiende que la reducción en las emisiones de amoniaco y en el lavado de nitrógeno en los suelos agrarios atribuidas a la ganadería en general están sobrevaloradas en el caso de Galicia, especialmente en lo relativo al sector del vacuno. Además, el conselleiro justificó esa demanda de flexibilizar las exigencias del real decreto porque las explotaciones de la comunidad tienen, en muchos casos, un importante porcentaje de pastoreo en su actividad. Advirtió que, por lo tanto, su viabilidad podría verse comprometida por la pérdida de ayudas de la PAC, al no cumplir la condicionalidad, y por los propios costes derivados de la aplicación de la norma.
En esta línea, González trasladó que el Ministerio parte de datos incorrectos para hacer los cálculos de emisiones del sector de vacuno de leche, ya que no aparece información sobre el tiempo que pasan las vacas y la recría de leche en pastoreo. Esto, dijo, incumple las directrices metodológicas internacionales que obligan a separar adecuadamente las deposicións del ganado fuera o dentro de la granja y, por lo tanto, este incumplimiento metodológico es muy perjudicial sobre todo para las ganaderías más extensivas y ecológicas de Galicia y de la Cornisa Cantábrica. Añadió, además, que el fomento del ganado en pastoreo está considerado cómo una de las mejores técnicas para reducir las emisiones de amoniaco.
En este contexto, José González pidió “proporcionalidad” en las cargas que impone el borrador cuanto a la capacidad contaminante del estiércol (por ejemplo, porcino frente a vacuno), el tamaño de las parcelas ( latifundios frente a minifundios), la pendiente promedio de los predios o la producción total de purines de la explotación. Reclamó además una discriminación positiva para las explotaciones con producción ecológica, por coherencia con los objetivos del real decreto.
Dentro de esa necesidad de adoptar todas estas medidas de manera gradual y adaptada a cada territorio, el conselleiro dijo que hace falta tener en cuenta factores como las inversiones que deberán acometer los agricultores y ganaderos, la disponibilidad limitada en el mercadode los equipos de aplicación de los purines y el encarecimiento de estos equiposa a causa del aumento de la demanda. Por este motivo, demandó la garantía de líneas de ayudas a las inversiones, que permitan su viabilidad económica.
En relación con este asunto, González recordó que Galicia ya está trabajando en un proyecto de economía circular, que incluye la gestión de los purines excedentarios de las explotaciones y consideró que este tipo de actuaciones tiene que ser apoyado por todas las Administraciones. Además, en este mismo contexto, recordó que la Estrategia de dinamización del sector lácteo de la Xunta incorpora también una serie de medidas para impulsar acciones de economía circular en las explotaciones y más concretamente para abordar la gestión y el correcto tratamiento de los purines. A mayores, recordó que la Xunta trabaja en la redacción de la futura ley gallega para la gestión integral de las deyecciones ganaderas, con el objetivo de ordenar su producción, recogida, transporte y almacenamiento, siempre partiendo del hecho de que los ganaderos van a poder hacer auto-aplicaciones de los purines.
Por todas estas consideraciones económicas, sociales y ambientales, el Gobierno gallego entiende que no es el momento de aprobar esta nueva norma, subrayó el conselleiro, quien añadió que estamos en un momento de indefinición de la futura PAC y aun no están validados los ecoesquemas propuestos por Galicia que deber servir de base para las pretensiones de este real decreto.
Detalle de las alegaciones
En base a estas reflexiones generales, José González detalló algunas de las alegaciones concretas presentadas por Galicia. Entre ellas, destacó la necesidad de una aplicación gradual de la prohibición de esparcir el purín mediante sistema de plato, abanico o cañón. “Se debería, dijo, comenzar por las explotaciones de mayor tamaño, que son las que más volumen de purín generan y acabar con las pequeñas, que dispondrían de un plazo de dos años para adaptarse”.
También debería tenerse en cuenta una graduación según el tipo de explotaciones (y por lo tanto, de residuos), empezando a aplicarse a las de porcino y finalizando por las de vacuno, añadió. Sobre la orografía o el tamaño de las parcelas, Galicia propone que este obligación no sea de aplicación en parcelas inferiores a 1 hectárea o con pendiente superior al 15%.
Sobre la obligación de que determinadas explotaciones cuenten con un plan de abonado, la Xunta considera que se establecen unas medidas demasiado exigentes para las pequeñas explotaciones, por lo que debería definirse un límite inferior de tamaño (hectáreas) que exima del cumplimiento a las granjas familiares o de venta directa.
Coste elevado de los análisis de suelos
Otra alegaión se refiere a los análisis de suelos que propone el real decreto, y que se aprecia que suponen también un coste elevado para las explotaciones. Además, el texto habla de parcelas y esto no se considera operativo, porque puede obligar a realizar cientos de análisis a una sola explotación con un gran número de parcelas pequeñas. Se entiende que es mejor hacer los análisis a nivel de explotación en función de su superficie total, por ejemplo.
Sobre el establecimiento de una rotación de cultivos de como mínimo un ciclo de tres años en secano y dos en regadío, este deber se valora como demasiado restrictiva y por eso se proponen fijar las 10 hectáreas como superficie mínima total de las explotaciones obligadas a adoptar estas medidas. Además, deberían excluirse expresamente de estas rotaciones los pastos permanentes.
