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La Consellería de Medio Rural se reunió la pasada semana con las organizaciones agrarias y cooperativas para consensuar una postura gallega ante la reforma de la PAC. El departamento que dirige Ángeles Vázquez presentó un borrador, al que el sector presentará sus propuestas hasta el próximo martes, con el objetivo de que en septiembre se traslade al Ministerio de Agricultura una postura común gallega.
Estas son las 10 demandas que propone la Consellería de Medio Rural:
1) No a la renacionalización de la PAC:
La Xunta rechaza cualquier posibilidad de renacionalización de la PAC. Para ello defiende que el primer pilar de la PAC “debe financiarse exclusivamente con fondos europeos”. “En todo caso -añade el documento- para mantener una PAC coherente y común la Comisión debería establecer criterios iguales obligatorios para todos los estados miembros en las principales definiciones”.
En este sentido, la Consellería defiende que “el trasvase de fondos entre pilares debe limitarse a un 10%, y no del 15% como establece la propuesta de reglamento, y solo autorizarse del primer al segundo pilar”.
2) Establecer un límite de ayudas de 60.000 euros por explotación.
La Xunta considera excesivamente alta la propuesta de la Comisión de limitar el importe a 100.000 euros por explotación, prefiriendo un techo de 60.000 euros, sin descontar costes sociales y laborales de los trabajadores ajenos ni los correspondientes a los salarios relacionados con la actividad agraria de los titulares de la explotación, debiéndose realizar controles cruzados para impedir la subdivisión de la explotación.
3) Favorecer el apoyo a la incorporación de jóvenes, mediante la creación de sociedades en las que se incorporen de forma menos restrictiva a la actual. Se deben de apoyar también las medidas de igualdad en el rural.
4) La PAC debe incluir una discriminación positiva para las zonas de montaña y con limitaciones naturales, así como para las pequeñas explotaciones.
5) Establecimiento de medidas que permitan responder de forma rápida a las oscilaciones de precios de los productos agrarios y de los factores productivos como los piensos y la energía.
6) Obligación de establecer una ayuda redistributiva de forma que el importe de las primeras hectáreas sea superior al del resto, para garantizar así el apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones con una ayuda íntegra, mientras que las explotaciones de mayor base territorial cobrarían menos por hectárea.
7) Es necesario incrementar la propuesta de la Comisión, de modo que las ayudas asociadas supongan una gran parte de las ayudas directas, destinadas a los agricultores y ganaderos con producción. Deben tener carácter nacional para evitar discriminaciones y destinarse a los agricultores y ganaderos activos o genuinos.
8) Puesta en marcha de forma obligatoria de un sistema de asesoramiento para los agricultores por parte de los Estados miembros y de control de riesgos se valora por parte de la Xunta como una medida adecuada, siempre que se asegure un razonable grado de apoyo financiero, incorpore asesoramiento sobre las nuevas tecnologías y la adecuación a procesos productivos y mantenga una orientación de cooperación entre el sector y los actores implicados.
9) El proyecto de reglamento de la nueva PAC propuesto por la Comisión Europea propone una disminución del porcentaje de apoyo europeo al FEADER respecto del reglamento actual, pasando del 75% al 43%, salvo en las zonas con limitaciones naturales, donde será del 65%, lo que obligará a una mayor contribución de cada Estado y de las Comunidades Autónomas en la financiación del tramo nacional.
10) Es necesario consensuar dentro del Plan Estratégico la definición de la figura del agricultor genuino, así como apoyar los derechos históricos en el nuevo pago disociado. Para establecer su valor se debería tener en cuenta la referencia de los importes históricos de las ayudas directas que, como en cada reforma de la PAC, siempre reflejen la realidad de cada región. Este sistema garantizaría mantener el actual nivel de apoyo que está adaptado a las características propias de cada zona.
UPA propone que la PAC regule la cadena agroalimentaria para evitar crisis y abusos
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha propuesto que la futura PAC aborde una verdadera regulación del mercado agroalimentario para evitar crisis en los sectores agrarios y abusos que afectan a los consumidores.
UPA cree “muy necesario” avanzar en medidas de gestión de mercado más eficaces que las existentes actualmente, que no han servido para evitar crisis como la generada por el veto ruso en el sector de la fruta de hueso o la crisis del sector lácteo.
“La Unión Europea y la Política Agraria Común no pueden ser ajenas a la necesidad de establecer medidas de gestión de mercado que sirvan para hacer viable un mercado justo para todos sus eslabones”, han señalado desde UPA, “desde los productores hasta los consumidores”.
«Hay que reforzar la capacidad de negociación de los productores en la cadena agroalimentaria»
Los agricultores defienden que la PAC tenga entre sus objetivos prioritarios el reequilibrio de la cadena agroalimentaria, “definiendo claramente las prácticas desleales y reforzando el peso de las pequeñas empresas agroalimentarias y de la agricultura familiar”.
La clave es, afirman, reforzar el poder de los productores en el mercado, y por tanto, consideran que deben adoptarse “iniciativas valientes”, como reforzar la capacidad de negociación en la cadena agroalimentaria de los productores, para lo cual es necesario poder negociar, en el seno de las organizaciones interprofesionales, las condiciones de los contratos de los productos agrarios.
Los productores también creen que la nueva PAC debe dejar “perfectamente establecida” la excepción a las normas de competencia en cuanto a la posibilidad de que se pueda establecer una negociación colectiva para defender los intereses de los agricultores y ganaderos.
