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La resolución de la Audiencia Nacional que confirma la existencia de un cártel de las industrias lácteas hasta 2013 amenaza con desencadenar una cascada de reclamaciones judiciales de consecuencias imprevisibles. En Galicia, solo Unións Agrarias tiene ya acreditada la representación judicial de más de 5.000 granjas que le solicitarán el pago de daños y perjuicios a las industrias. Pero es solo la punta del iceberg, dicen: “Hay un 70% de granjas que aún no iniciaron el proceso para reclamar, pero que hasta el 30 de junio aún están en plazo”, señala la organización agraria.
Tras trascender en la tarde de ayer la sentencia de la Audiencia Nacional, las oficinas de Unións Agrarias ya están recibiendo llamadas de nuevas ganaderías que se quieren sumar a las reclamaciones. En la organización viven el nuevo escenario con satisfacción y con un cierto alivio, pues tras 12 años de proceso, el asunto parece encaminado.
Cronología
2011 – Fue en septiembre del 2011 cuando Unións Agrarias dio el primer paso con una denuncia ante Competencia. La denuncia advertía sobre la existencia de acuerdos entre las industrias para pactar precios y para evitar las pugnas por granjas proveedoras.
2019 – En julio del 2019, la Comisión Nacional de la Competencia hizo firme una sanción de más de 80 millones de euros contra 8 industrias y dos asociaciones empresariales. Esa multa fue recurrida por las industrias ante la Audiencia Nacional, pero con escaso resultado.
2024 – La Audiencia Nacional acaba de confirmar ahora que las 8 industrias afectadas desarrollaron prácticas anticompetitivas y y consideró proporcionales y sujetas a derecho las multas impuestas en cinco de los casos (Lactalis, Nestlé, Pascual, Schreiber Foods y Celega).
En otros tres casos (Capsa, Danone y Puleva), Competencia tendrá que recalcular las multas, pues la Audiencia Nacional considera que solo es sancionable el periodo del 2006 al 2013.
Explicación de las sentencias
“La Audiencia Nacional confirma la multa contra cinco de las industrias y señala que en otros tres casos (Capsa, Danone y Puleva) se demostraron comportamientos anticompetitivos en el periodo 2000 – 2003 y en el periodo 2006-2013. La cuestión es que al haber más de dos años de diferencia entre ambos periodos, considera que se trata de dos infracciones distintas y entiende que la primera está prescrita a efectos de la multa de Competencia, por lo que pide que se recalcule la sanción con acuerdo solo al periodo 2006 – 2013”, explicaron hoy en rueda de prensa el secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, y el responsable de los servicios jurídicos de la organización, Félix Porto.
“Valoraremos si recurrir estas tres sentencias, pero en cualquier caso lo importante para nosotros es que las 8 sentencias contra las industrias dictadas por la Audiencia Nacional reconocen las infracciones de las empresas en todo el periodo”, señalan.
Entre las industrias lácteas aún no hubo pronunciamientos sobre las sentencias, si bien se espera que presenten un recurso ante el Tribunal Supremo. Para Unións, ese posible recurso es un tema menor, “pues con la sentencia de la Audiencia Nacional, se abre ya la puerta para que cada granja afectada reclame individualmente daños y perjuicios”, valoran.
Reclamación de daños y perjuicios
La reclamación de daños y perjuicios será previsiblemente un proceso que se dilate en el tiempo, pues cada granja debe presentar una demanda individual en la que tiene que acreditar los volúmenes de leche vendidos durante el periodo en el que está demostrado el cártel, así como las cantidades percibidas. “Es información que estamos sacando tanto de facturas que puedan conservar las granjas como de los datos de entregas de leche del Fondo Español de Garantía Agraria y de copias de las liquidaciones bancarias que hicieron las empresas”, explican desde Unións.
A mayores, para cada caso se presentará un informe pericial en el que se estiman los daños y perjuicios causados. “De manera general, podemos valorar que nunca se hace un cartel de ningún sector industrial para obtener un beneficio menor al 10% adicional. Por tanto, en principio se pedirá un 10% sobre el precio de la leche cobrada en el periodo 2000 – 2013, junto con los intereses de esa cantidad, que pueden ser casi otro tanto como la cuantía principal”, valora Roberto García.
En conjunto, la cifra a reclamar podría rondar 5 céntimos adicionales por litro de leche, sobre las cantidades comercializadas en aquel periodo. “Lo que está en discusión es la cuantía que tendrá que cobrar cada granja, no si tiene derecho a ella”, considera Roberto García.
¿Es posible negociar un acuerdo con las industrias lácteas?
Preguntado el secretario general de Unións, Roberto García, sobre la posibilidad de negociar un acuerdo con las industrias lácteas condenadas, García reconoce que “la mejor solución pasaría por resolver las indemnizaciones en una mesa de negociación”.
“Nosotros siempre defendemos la negociación con las industrias, es el mejor camino para todas las partes a la hora de reducir costes y tiempo dedicado a estas reclamaciones. La cuestión es cómo resolverán las industrias la disyuntiva en la que están”, se pregunta.
“Por un lado -continúa García-, yo entiendo que a las grandes empresas del sector no les interesa a nivel financiero alargar este proceso, teniendo que consignar provisión de fondos para afrontar daños y perjuicios. Les sería mejor una solución pactada, ‘con anestesia’ por así decirlo. Pero por otro lado, los consejeros delegados de cada industria tendrán la tentación de dar ‘patada para adelante’ y que el que venga detrás sea el que resuelva el asunto”, sopesa Roberto García.
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