“Las patatas habrá que comprarlas”

El Real Decreto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros vino a certificar la orden de prohibir plantar patatas en 31 ayuntamientos gallegos del norte de las provincias de A Coruña y Lugo y en los 7 del occidente de Asturias también afectados. Todo el mundo esperaba esas medidas drásticas con las que tratar de impedir el avance de una plaga, la tecia solanívora, que entró hace dos años a la península ibérica por el puerto de Ferrol y no paró de extenderse por Galicia sin que las medidas adoptadas por la Xunta para frenarla en 2015 y 2016 fueran efectivas.

De hecho, hacia la Xunta van la mayoría de los reproches en la comarca mariñana. “Todo este caos que hay montado lo creó la propia Administración, porque todas estas medidas llegan tarde. Si la prohibición se hiciera en el mes de septiembre u octubre, una vez recogida la cosecha del año pasado y cuando ya tenían los datos de los muestreos realizados durante la campaña, todo el mundo a estas alturas sabía a que atenerse. Pero luego estaban con las elecciones y no quisieron tomar medidas”, argumenta una persona del sector.

Aquellos muestreos realizados en 2016 indicaron distintos niveles de afectación en cuanto a la incidencia de la plaga dependiendo de la zona. En los ayuntamientos occidentales de A Mariña la presencia de la polilla era mucho menor que en los de la zona más próxima a la provincia de A Coruña. “Los más afectados son Viveiro, Xove, Cervo, Burela, Alfoz y Valadouro”, indica Víctor Arias, técnico de la Consellería de Medio Rural, que también constata la preocupación de la población y el grande interés mostrado en las reuniones explicativas llevadas a cabo en todos los ayuntamientos afectados.

En Ribadeo, por ejemplo, la charla informativa estaba convocada para el salón de actos de la Casa del Mar pero tuvo que trasladarse sobre la marcha al Auditorio porque no había aforo suficiente. “Fue tal la expectación que levantó la reunión que había más de 200 personas y lo peor era que los vecinos salían igual que entraban, porque no se puede actuar con sugerencias y la Xunta, que es la que tiene que tomar medidas, se escudaba en el Ministerio y simplemente recomendaba no labrar, pero no prohibía y nos pasaba la pelota a los alcaldes”, explica el regidor de Ribadeo, Fernando Suárez. “Todos estos días fueron muchos los vecinos que me decían tengo la semilla en la casa, ¿que hago alcalde: labro o no?”, cuenta.

Las patatas de temprano ya están plantadas

La orden provisional de la Xunta y el decreto del Ministerio fueron sacados a destiempo para una comarca que adelanta la siembra con respecto a otras zonas de Galicia. Las patatas de temprano (las llamadas patatas de la tortilla, que se echan en diciembre o enero, dependiendo de la climatología, para recoger en mayo y junio) ya están plantadas en la mayoría de las huertas y la gente que tiene la semilla en la casa estuvo labrándola a escondidas en estos días de impás mientras no salía el decreto del Ministerio.

“La misma Xunta, con la actuación dubitativa de la orden provisional, con las reuniones poco aclaratorias en los ayuntamientos afectados y con su falta de concreción estuvo fomentando que se plantara la semilla porque muchas de las personas que ya la tenían comprada decidieron echarla pensando que de esta manera, plantándola antes de que saliera el decreto de prohibición del Ministerio, se la pagarían y si esperaban a la prohibición quizás no”, afirma el regidor ribadense.

Esta es una de las cuestiones que está pendiente y que debe aclarar la nueva resolución que la Xunta deberá sacar estos días para adaptar sus medidas provisionales del 14 de febrero al decreto ministerial del pasado viernes y que debe ir acompañada de una orden de ayudas que regulará las indemnizaciones.

Entre 2.400 y 4.000 euros por hectárea levantada

No se sabe si va a ser recogida la semilla que está en las casas pero que no fue plantada y si se va a pagar. Tampoco a que precio se va a pagar la que está ya puesta en la tierra. “Se habla de 0,30 euros por kilo, que fue el precio al que se pagó la patata destruida el pasado año, pero esa cuantía se refiere al tubérculo de cosecha que está en el almacén, pero no al que acaba de ser sembrado. En estos casos la cuantía sería menor, ya que cubriría los costes de producción, que se estiman entre 12 y 19 céntimos por kilo levantado, es decir entre 2.400 y 4.000 euros por hectárea plantada, pero todo eso está aún en el aire”, admite Víctor Arias. También se desconoce quien va a arrancar las plantaciones que ya están echadas, de que manera se va a hacer o quien va a supervisar esos trabajos, pero Tragsa ya está contratando operarios para estas tareas.

Tampoco se sabe si va a haber ayudas a los almacenes y distribuidores, como Ismael Lastra, que tiene una nave en la parroquia de A Devesa. “Todos los años vendía entre 4 y 5 toneladas de patata de semilla y este año vendí menos de la mitad. Paré de venderla en cuanto comenzaron los rumores, hablé con los clientes que la tenían encargada y no la entregué”, explica. Otro tanto aconteció con los socios de Irmandiños, que hacen los pedidos de patata ya en el mes de noviembre. “La patata ya estaba entregada, sólo hubo una pequeña parte que se devolvió”, explican desde la cooperativa.

Un productor profesional: “Si me llega a coger hace 8 años me arruina”

No existen datos fiables sobre la producción de patata en la comarca “porque hasta ahora no existía un censo de autoconsumo”, explican desde Medio Rural. Ahora se va a crear, porque las personas que decidieron arriesgarse a labrar patatas este año mientras no se hacía efectiva la prohibición tuvieron que ir a buscar a la Escuela de Capacitación Agraria Pedro Murias una suerte de salvoconducto donde indicaban la parcela donde las iban a plantar. También los distribuidores estaban obligados a identificar a los clientes que llevaban patata de semilla. “No me dijeron nada específico, pero yo fui apuntando, porque no me quiero coger los dedos”, explica Ismael.

Los únicos datos oficiales existentes, del año 2015, hablan de 388 hectáreas dedicadas a cultivo de patata en la comarca de A Mariña, de las que saldrían unos 10 millones de kilos de tubérculo, la práctica totalidad destinados a autoconsumo. La producción de patata en la comarca cayó mucho en la última década. Hay 20 o 30 años A Mariña era una importante zona abastecedora de patata de temprano, pero hoy quedan sólo docena y media de productores dedicados en mayor o menor medida a la patata en los ayuntamientos de Mondoñedo, Riotorto, A Pastoriza o Ribadeo y no se sabe si la orden de ayudas va a contemplar su situación. “Una parte de ellos es gente joven que se acaba de incorporar y que apostaron por la huerta. El problema no es ya que no puedan producir y vender patata, sino que pierden el mercado”, admite Víctor Arias.

En otros casos la prohibición de plantar patatas va a suponer el cierre de la explotación. Eugenio García Rodríguez vendió hace una década la cuota láctea para dedicarse a la patata. Llegó a echar 9 hectáreas y a recoger 200.000 kilos de tubérculo. “Si me llega a coger esto hay siete u ocho años me arruina”, admite. Es uno de los pocos productores profesionales que quedan en la zona. “Si a alguien le afectó la prohibición en toda A Mariña y occidente de Asturias fue a mí. Fui prudente por los consejos que daban y no eché patatas este año porque arriesgo mucho”, explica. Unos 1.000 euros por hectárea de semilla (Kennebec francesa y Baraka holandesa) más abono y herbicidas. “Más o menos 2.500 euros por hectárea”, calcula. Él está ya jubilado y es su mujer, Josefa López Díaz la que sigue con la explotación, pero la polilla la va a obligar a cerrar. “Compramos una cosechadora y una clasificadora y ya estamos mirando de ponerla a la venta”, afirman.

La plaga está a las puertas de la Terra Chá

La orden de 29 de octubre de 2001 en la que se aprueba el reglamento de la denominación de origen Patata de Galicia establece cuatro subzonas: A Limia, Bergantiños, Lemos y Terra Chá-A Mariña, constituida por los municipios de Abadín, Alfoz, Barreiros, Cospeito, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, Vilalba y Xermade. La comarca mariñana es la única de las 4 afectada por la polilla. Hay 9 ayuntamientos dentro de la Indicación Geográfica Protegida pero no hay producción de patata con denominación de origen en esta subzona desde hace seis años, según explica el presidente de la IGP, Julio Gómez, por lo que, por lO de ahora, ninguno de los 67 productores amparados en la denominación de origen, que producen 6 millones de kilos de tubérculo al año, está afectado, explica.

El objetivo de las medidas adoptadas es precisamente evitar que la plaga llegue a las principales zonas productoras de Galicia, como son A Limia, Bergantiños o la Terra Chá. De hecho, la plaga está ya a las puertas de esta zona y dos de los ayuntamientos afectados, Adadín y A Pastoriza, forman parte de la comarca de la Terra Cha.

El decreto del Ministerio obliga a delimitar una zona de vigilancia o zona tampón en torno a la zona plagada, por lo que la nueva resolución de la Xunta deberá ampliar la zona demarcada haciendo un seguimiento especial a los ayuntamientos limítrofes a los 31 declarados en cuarentena. Si los trampeos que se van a realizar dentro de la zona tampón detectan la presencia de la plaga también se levantarían y destruirían los cultivos en esos ayuntamientos. “Si la plaga llega a la zona de Vilalba el problema sí que puede ser más grave”, admite Ismael Lastra, que compra una parte importante de la patata que vende en la Terra Chá.

La patata, como la leche, de fuera

En los supermercados de la comarca la mayor parte de la patata que se ve ya viene de fuera. Manuel Rodríguez, gerente de Frutas Morriña, casi no compra patata en la comarca “porque ya no la hay” y trae cada vez más patatas de Andalucía, Francia e incluso de Egipto, de la variedad spunta (unos 5.000 kilos a la semana). “La baraka, que era a que más se planta en A Mariña desapareció hace 10 años”, explica. Sigue comprando patata kennebec en la Terra Cha (unos 1.500 kilos a la semana a partir de noviembre y diciembre). Admite, con todo, que la prohibición de sembrar patatas en la comarca mariñana puede incluso beneficiarlo, “porque todo el mundo va a tener que comprar las patatas”.

Está también sin definir por el momento como se va a regular la entrada de tubérculo para consumo en la zona demarcada. La Xunta encargó la supervisión a los Ayuntamientos porque alega que la Ley de Bases de Régimen Local les otorga competencias en materia de Policía Local y Mercados pero muchos municipios rechazan este encargo de vigilar el estraperlo de patata. “Yo no quiero contribuir a propagar esto, pero no voy ser yo como alcalde el que pare la plaga”, afirma Fernando Suárez, que avanza que “no voy a mandar a la Policía Local a confiscar patatas al Mercado, entre otras cosas porque la Policía Local no está formada en asuntos de trazabilidad alimentaria y salud pública. Que manden a la Policía Autonómica. Porque en los Ayuntamientos donde no hay Policía Local ¿a quien van a mandar, a Protección Civil?”, pregunta.