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Los próximos meses serán decisivos para definir las ayudas de la PAC que cobrarán las explotaciones gallegas desde el año 2023. El Ministerio de Agricultura está trabajando en un borrador de Plan Estratégico Nacional, que le presentará a la Comisión Europea a comienzos del 2021. Será entonces cuando se comiencen a despejar las incógnitas que hay sobre la aplicación de la nueva Política Agraria Común en España. Repasamos a continuación lo que se sabe y lo que no del nuevo ciclo a partir de lo anunciado por el ministro y de las posiciones de las organizaciones del sector.
Agricultor genuino
Existe consenso en el campo en que las ayudas de la Política Agraria Cómun (PAC) deben ir a los agricultores activos, no a los llamados «agricultores de sofá» ni a personas jubiladas. La discrepancia está en cómo definir quién es agricultor genuino y quién no. El Ministerio de Agricultura le trasladó a las comunidades autónomas a finales de julio que baraja pedir un 20 -30% mínimo de ingresos totales procedentes de la actividad agraria.
Esa propuesta es considerada en el campo como un potencial «coladero» para que sigan percibiendo las ayudas personas que no viven de la agricultura. Desde el Ministerio se argumenta que hay una parte de la agricultura española que se practica a tiempo parcial y que hay que tener en cuenta, pero desde la óptica de las organizaciones agrarias, son necesarios límites mayores.
«Un 20% de ingresos del campo no es suficiente. Hay que ser más ambicioso y exigir que la mayor parte de los ingresos proceda de la agricultura», valora Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA, la matriz estatal de Unións Agrarias. Es una opinión compartida por el Sindicato Labrego, donde ya hace años pidieron que sólo cobren la PAC las personas que perciban más del 50% de ingresos del campo y que dediquen por lo menos un 50% de su jornada laboral al campo.
En España, hay un 38% de perceptores de la PAC que son jubilados y que ingresan alrededor de un 26% del total de los fondos. Es un porcentaje que cobra importancia en especial en comunidades más agrícolas que ganaderas, pues en Galicia, aunque también hay un porcentaje significativo de perceptores jubilados, los pagos que perciben son sólo del 6% de los fondos.
Derechos históricos
El pago básico, conformado por los derechos históricos de cada beneficiario, se sustituirá en la nueva PAC por la llamada ayuda básica a la renta de la explotación. Está por ver si esa ayuda a la renta mantiene los actuales derechos históricos o si se producen modificaciones, pues el Ministerio se mostró dispuesto a la supresión de los derechos históricos si hay una mayoría de comunidades autónomas favorables a esa decisión.
La postura mayoritaria en las organizaciones del campo en Galicia es favorable a la continuidad de los derechos históricos. Tanto Unións Agrarias – Upa como la Asociación Galega de Cooperativas (Agaca) y la Asociación Agraria de Galicia (Asaga) apoyaron en el 2018 un documento de propuestas consensuado por la Consellería de Medio Rural en el que se apostaba, entre otras cuestiones, por la continuidad de los derechos históricos.
Desde Unións Agrarias – Upa abogan en la actualidad por la prudencia en torno a los derechos históricos y apuntan a la necesidad de llegar a un consenso de toda la Cornisa Cantábrica. «La Cornisa es una zona en la que los derechos están ajustados a quien trabaja la tierra. Precisamos de datos técnicos para conocer el valor de los derechos ligados a la ganadería y a partir de ahí, definir una posición conjunta», sopesa Román Santalla, que se está reuniendo este mes con los consejeros de la Cornisa Cantábrica.
Posturas a favor de la eliminación de los derechos históricos
La eliminación de los derechos históricos llevaría a su sustitución o bien por un pago por hectárea, o bien por una nueva asignación de derechos. En Galicia, desde el Sindicato Labrego están a favor de eliminar los actuales derechos históricos, de cara a permitir la entrada de nuevos productores, incluso de sectores ahora ajenos a la PAC, como la huerta o el vitícola.
La cuestión es qué criterio adoptar en lugar de los derechos históricos. En caso de que se eliminen los derechos, la organización teme que se implante un pago plano por hectárea, que estiman en 200 – 215 euros por hectárea, ya que perjudicaría a explotaciones como las gallegas, con una base territorial más reducida que el promedio español y europeo. Otra opción pasaría por una nueva asignación de derechos, con criterios por definir.
En contra de los derechos históricos se posiciona también la Sociedad Gallega de Pastos y Forrajes. Su presidente, Joan Alibés, entiende que «si se quiere apostar por el relevo generacional, habría que eliminar los derechos históricos» -defiende-. «El sistema justo es pagar por lo que se hace y por la tierra que se trabaja. La eliminación de derechos beneficiaría además a las personas que comienzan en los distintos sectores sin una explotación inicial previa» -subraya Joan Alibés-. «Otra cosa es que se quiera mantener el estatus quo actual, que pienso que es lo que busca el Ministerio. Me extrañaría que se eliminaran los derechos históricos», valora.
Ayudas ligadas a la producción
La próxima PAC mantendrá ayudas ligadas a la producción, si bien queda por determinar qué pagos asociados habrá y que cuantías tendrán. El responsable de Ganadería de UPA, Román Santalla, defiende un aumento de los pagos acoplados en todos los sectores ganaderos (vacuno de leche, carne, ovino, etc.). «Son sectores todos ellos que se enfrentan a una pérdida progresiva de renta. Pensemos que la leche y la carne se pagan al mismo precio que se pagaban hace décadas, pero mientras tanto el coste de la vida subió y mucho», destaca.
Hectáreas elegibles y pastos arbustivos
La última reforma de la PAC perjudicó a las explotaciones gallegas de ganadería extensiva, pues se penalizaron los pastos arbustivos. El campo gallego se posicionó entonces en contra de esa medida, ya que desincentiva la gestión del territorio y ambiental que practican las ganaderías extensivas. Es una incógnita cómo quedarán los pastos arbustivos en la nueva PAC. Habrá que esperar a que Bruselas concrete el nuevo reglamento a aplicar.
Régimen de pequeños agricultores
Dado que habrá pequeños agricultores que quedarán fuera de la definición de agricultor genuino, el Ministerio baraja la posibilidad de establecer pagos de alrededor de 200 – 250 euros por hectárea para los productores que tengan entre 6 – 10 hectáreas, de forma que se apoye así su papel social y ambiental.
Ecoesquemas y ayudas para zonas con limitaciones naturales
La nueva PAC se asienta sobre dos pilares concretados en los últimos meses por la Comisión Europea, el Pacto Verde (Green Deal) y la estrategia «De la granja a la mesa», proyectos con los que se busca una agricultura más verde, encaminada a mejorar la biodiversidad, luchar contra el cambio climático y reducir el consumo de fitosanitarios y fertilizantes químicos, entre otras cuestiones.
Para lograrlo, la Comisión Europea le aportará financiación a las explotaciones en función de sus características y de sus compromisos ambientales. Será por medio de los ecoesquemas, una figura en la que se funden las antiguas ayudas agroambientales y el greening (pago verde). ¿Qué ecoesquemas se le ofrecerán al campo?. Es un tema por definir.
Medio Rural ya anunció uno de los ecoesquemas con los que quiere trabajar. La Xunta pretende financiar por medio de los ecoesquemas el envío de purines a nuevas plantas de gestión de residuos que construiría en cuatro comarcas gallegas (Mazaricos, A Pastoriza, Deza y A Limia). Desde el sector agrario consideran que esa medida sería un «despropósito», ya que dedicaría dinero que va destinados a los agricultores a financiar el envío de purines a plantas de tratamiento. Es una cuestión a la que ya se opusieron organizaciones como la Asociación Galega de Cooperativas (Agaca) o el Sindicato Labrego.
El presidente de la Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, Joan Alibés, cuestiona también ese plan. «Sería una inversión antiestratégica. Se trata de apoyar a las ganaderías para que mejoren su gestión ambiental y hacerla más sostenible, no para beneficiar a explotaciones intensivas como las porcinas y para incentivarlas a intensificar aun más» -critica-. «Ese ecoesquema que pretende la Xunta duraría además 7 años. ¿Qué pasaría después si la Comisión Europea cortara el apoyo a esa ayuda?, ¿se cerrarían las cuatro plantas de tratamiento?», inquiere.
Asesoramiento y formacíón rural
La Sociedade Galega de Pastos e Forraxes llama también la atención sobre otro de los pilares que tendrá la nueva PAC, según los planes de la Comisión Europea. Es el del asesoramiento y formación para las explotaciones. «Es una cuestión que se está ignorando a nivel gallego y estatal, lo que representa un problema serio», cuestiona.
Limitaciones de los pagos por arriba
La Comisión Europea limitará a 100.000 euros por beneficiario el máximo que puede cobrar una explotación de la Política Agraria Común (PAC). Ese tope, según explicó el ministro, se referirá sólo a la ayuda básica a la renta (el actual pago básico) y haciendo descuentos en función de los trabajadores contratados.
Las organizaciones agrarias temen que con esa aplicación del tope, el límite pierda sentido, pues interpretan que la gran mayoría de beneficiarios podrán cumplirlo, lo que beneficia a los llamados «agricultores de sofá», sociedades latifundistas del centro y sur peninsular.
En busca de una frente común en la Cornisa Cantábrica
Reunión de UPA con el Gobierno cántabro.
La Unión de Pequeños Agricultores (UPA), matriz estatal de Unións Agrarias, mantuvo estos días una reunión con la Consejería de Agricultura de Cantabria y en los próximos días tiene prevista otra reunión con la Consejería de Agricultura de Asturias, con la que ya tuvo una primera toma de contacto. «Será también interesante conocer la postura del País Vasco», valora el responsable de Ganadería de UPA, el lalinense Román Santalla.
El objetivo prioritario de los encuentros es que las comunidades de la Cornisa establezcan un posicionamiento conjunto «que haga visible a la ganadería en esta PAC» -destaca Santalla- «Tenemos que defender conjuntamente el modelo de granjas familiares», afirma.
Román Santalla, a la izquierda, durante la reunión con el Gobierno cántabro.
Los argumentos a favor de la ganadería familiar los resume el responsable de UPA en tres puntos. «En primer lugar, la ganadería suele estar en terrenos desfavorecidos o de montaña, por lo que precisa de una atención específica y prioritaria» -valora Santalla-. «Una segunda cuestión a tener en cuenta es que la ganadería es clave en la gestión del territorio, en la creación de empleo e incluso en la absorción de CO2 a través de los pastizales. No tiene sentido que se nos culpe de perjudicar al medioambiente».
Unida a la función social y territorial de la ganadería, Santalla incide en su papel alimentario, pues «en contra de algunas cosas que dice la Comisión Europea, la carne, y ya no digamos los lácteos, tienen un papel trascendental en el marco de una alimentación equilibrada».
Unións Agrarias – UPA se posiciona, por último, a favor de una PAC «valiente, para quien la trabaje, dirigida al verdadero agricultor que trabaja y vive en los pueblos». Más allá de los apoyos de la Política Agraria Común, que son precisos para complementar la renta de las explotaciones, Santalla recuerda también que la PAC debe incluir medidas para garantizar precios justos en origen para los productos agrarios. «Necesitamos precios que cubran costes y que hagan rentable el trabajo en el campo», concluye.
Plan Estratégico de Galicia
La Xunta de Galicia, por su parte, le encargó a finales del 2019 un estudio a la Universidad de Santiago para definir el Plan Estratégico de Galicia para la próxima PAC, con el que debería negociar después un encaje para la comunidad en el Plan Estratégico Nacional. Se espera su conclusión para los próximos meses.
