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El proyecto de modificación de la Ley de Montes estatal rebaja la capacidad de los agentes forestales de perseguir delitos medioambientales, una circunstancia que preocupa no sólo al colectivo de profesionales del ramo sino también a fiscales y jueces. “La función que venían prestando los agentes forestales en la investigación de ilícitos penales de carácter medioambiental es muy bien valorada en ámbitos jurídicos”, destaca Álvaro García, portavoz de la Unión de Fiscales Progresistas, que compareció ayer en rueda de prensa en Santiago junto con representantes de los agentes forestales para valorar el posible cambio de la Ley de Montes.
La actual legislación venía otorgándole a los agentes forestales competencias de policía judicial para la investigación, denuncia y recogida de pruebas en los delitos ambientales de carácter penal. En casos que van más allá de una simple infracción administrativa, como puede ser el furtivismo, el envenenamiento de fauna o los incendios forestales, los agentes forestales tenían plena capacidad de actuación. De prosperar el cambio de la Ley de Montes propuesto por el Gobierno, a partir de ahora sólo podrían operar como auxiliares de las fuerzas de la orden, es decir, tendrían que llamar a las fuerzas de seguridad para que levantaran atestado e investigaran los hechos a denunciar.
La posible pérdida de autoridad es criticada por los agentes, ya que consideran que dificultaría la persecución de los delitos medioambientales. “Es además una incongruencia. Vivimos una situación en medio rural con muchos robos y delitos contra el patrimonio y es habitual que alcaldes y organizaciones agrarias pidan una mayor dotación de efectivos para el rural. Si ahora, nosotros tenemos que echar mano de la Guardia Civil para hacer el trabajo que ya veníamos haciendo, van a quedar más desatendidos los problemas de seguridad pública y también se va dificultar el trabajo de investigación de los delitos ambientales –cuestiona Rafael Cudeiro, de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales-. “Se daría una situación de duplicidad de medios sin ningún sentido práctico”.
Impacto en Galicia
El proyecto de reforma de la Ley de Montes ya fue aprobado en consejo de ministros en el mes de enero y está pendiente de trámite parlamentario. En Galicia, el cambio afectaría a unos 550 agentes, 6.500 en el conjunto de España. “Estamos a favor de que se establezca un denominador común competencial, ya que ahora en cada autonomía tenemos unas funciones diferentes y es positivo que la ciudadanía tenga claro a qué nos dedicamos y qué hacemos, pero estamos totalmente en contra de que se nos quiera retirar la función de policía judicial”, resume Alejandro Rodríguez, coordinador federal de agentes medioambientales de Comisiones Obreras.
Preguntados por las motivaciones del posible cambio de la Ley en lo tocante a los agentes forestales, Alejandro apunta que puede tratar de coartarse la independencia “que caracteriza la labor de los agentes forestales”. El temor a una posible privatización futura del servicio ronda también entre los agentes, según indicó Mónica Ramos, de la sectorial de UGT de agentes forestales.
Por su parte, el portavoz de la Unión de Fiscales Progresistas, Álvaro García, consideró que el cambio de la ley representa un paso atrás y destacó que el reconocimiento de los agentes como policía judicial supone evidentes ventajas en la garantía y legalidad de determinadas actuaciones, como la recogida de pruebas o la elevación de denuncias por la vía del atestado. “Quizás no se tuvieron en cuenta las consecuencias jurídicas del cambio”, sopesó Álvaro. “Se trata de un cambio que sólo beneficia a los delincuentes medioambientales”, concluyó Mónica Ramos.
Otros cambios de la Ley de Montes
La modificación de la Ley de Montes viene siendo polémica en las últimas semanas por distintas circunstancias. Una de las más comentadas es la posibilidad que abre a la construcción en terrenos forestales quemados. El proyecto también elimina la prohibición de pastoreo en áreas calcinadas por un incendio forestal. La Escuela de Enxeñaría Forestal de Pontevedra realiza en este artículo un buen análisis general de los cambios propuestos para la Ley de Montes y en este otro analiza en particular la posibilidad de cambio de uso de terrenos quemados.
