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La ola de incendios de este verano se llevó por delante aldeas y casas en comarcas como el Courel (Lugo), Valdeorras (Ourense) o Verín, con muchos más núcleos de población amenazados por los incendios en toda Galicia. Desde hace 15 años, en la comunidad hay consenso sobre qué hacer para evitar este tipo de situaciones. En el 2007 se aprobó una legislación que marca distancias de las masas forestales a viviendas, poblaciones y carreteras, en la idea de proteger la seguridad de personas e infraestructuras. Pero una cosa es la normativa y otra su aplicación práctica.
Cualquier paseo por una comarca rural de Galicia deja imágenes de casas rodeadas por masas arboladas, eucaliptos plantados en los últimos años hasta en la cuneta de las carreteras o antiguas tierras agrarias con vigorosas plantaciones de eucaliptos. El desorden forestal y urbanístico llegó a tal punto que ya constituye una cuestión cultural de difícil solución.
Apercibimientos y sanciones
El control de la normativa en un territorio como el gallego, con alrededor de 20.000 kilómetros cuadrados de monte, se presenta como una tarea titánica. Medio Rural cursó 1.446 denuncias en lo que va de año (hasta el 31 de julio) por incumplimientos de la normativa forestal, en especial por incumplimientos de las distancias a núcleos de población y carreteras, así como por plantaciones ilegales. En los tres años anteriores (2019-2021), la Xunta suma otras 6.000 denuncias.
Esas denuncias derivaron en apercibimientos a los propietarios afectados, de cara a que subsanasen las irregularidades, pero en cerca del 30% de los casos esa subsanación no llega. Por ello, desde 2019 hubo un total de 2.319 denuncias que culminaron en expedientes sancionadores, al no corregirse las irregularidades. Solo en este año ya fueron 511.
Las multas por plantaciones ilegales se consideran infracciones graves y pueden ir desde 601 a 3.000 euros, en tanto los incumplimientos de distancias a las franjas de prevención con vías de comunicación y casas también se consideran casos graves, con multas mínimas de 1.000 euros y máximas de 100.000, según lo estipulado en la ley.
En el debate parlamentario, los grupos de la oposición suelen afearle al Gobierno gallego que una parte que consideran importante de las denuncias y sanciones se derivan más de denuncias particulares que de actuaciones de oficio de la Administración. Pero no hay datos oficiales sobre eso, y más allá de los dimes y diretes políticos, la cuestión de fondo permanece. Y es que tras 15 años de normativa de prevención forestal en Galicia, las sucesivas olas de incendios revelan que los avances para una mayor prevención han sido insuficientes.
Iniciativas
Junto con la vía coercitiva, tras la ola del 2017, la Xunta adoptó una serie de iniciativas con las que buscaba aumentar la prevención del fuego en los núcleos de población. Es el caso de la puesta en marcha de aldeas modelo o el acuerdo con la Federación Gallega de Municipios y Provincias para colaborar con los Concellos en el desbroce de franjas de prevención en áreas problemáticas.
Son todas ellas medidas que desde el sector forestal se ven como positivas, pero se advierte de la necesidad de darles más cuerpo para afrontar la dimensión del problema. Buena parte del rural presenta o bien problemas de abandono, envejecimiento y despoblación, o bien de abandono de la actividad primaria. En cualquiera de los casos, están desapareciendo los mejores cortafuegos que tenía el territorio, los prados y las tierras cultivadas.
En la ola de incendios de este verano, en el Courel, la mayoría de las aldeas se salvaron por los sotos de castaños que circundan los pueblos, donde se pudo apagar el fuego, pero en algún caso ni siquiera eso las salvó de la destrucción, como pasó en el pueblo de Vilar. Además, los sotos ardidos en Valdeorras con fuego de copas demuestran que, en situaciones extremas, las frondosas caducifolias están lejos de ser la solución mágica que en ocasiones se reivindica desde el ecologismo.
El problema es complejo, pues la ecuación del caos territorial se completa con el desorden urbanístico que abunda en el territorio, pero la ola de fuegos del 2022 es un nuevo aviso de la necesidad de seguir buscando soluciones. Como demuestran las sucesivas olas de incendios de las últimas décadas (1989, 2006, 2017, 2022), la pregunta no es si Galicia volverá a tener una ola de fuegos que amenace a la población, sino cuándo será y qué pérdidas habrá.
Los ecologistas llevan la actuación de la Xunta en los incendios ante la Fiscalía y la Valedora do Pobo
La Plataforma ‘Por un monte gallego con futuro’, integrada principalmente por organizaciones ecologistas, ha emitido una nota de prensa en la que asegura que “denunció ante la Fiscalía la dejadez del Gobierno de la Xunta ante la ola de fuegos”. El colectivo, en el que participan también asociaciones forestales como Frouma y la Organización Galega de Comunidades de Montes, pidió asímismo la actuación de la Valedora do Pobo.
Desde la perspectiva de la Plataforma, los efectos de la ola de incendios se agravaron porque -sostiene- estaban sin ejecutar la mayoría de los trabajos de prevención de incendios previstos para 2022 por parte de la Xunta. Además, aseguran que el alcance de los incendios habría sido “mucho menor” de estar activado todo el operativo de extinción de incendios.
“El operativo para extinguir los incendios estuvo desbordado desde el principio por la falta de medios técnicos, materiales y humanos. Así, había brigadas que entraban día sí y día también con solo 1, 2 o 3 componentes, cuando la brigada forestal tipo de los servicios forestales de Galicia es de 5 componentes; las pocas autobombas disponibles estuvieron sin cubrir las 24 horas del día por falta de conductores, hubo vehículos autobombas guardados en los garajes, brigadas de refuerzo de verano de las bases de helicópteros sin contratar, brigadas de ayuntamientos sin activar, vacantes y bajas del operativo de prevención y extinción de incendios forestales sin cubrir”, enumeran.
La Plataforma insiste igualmente en que “producidos los primeros focos iniciales, no se actuó en tiempo y forma con los medios suficientes con el fin de intentar controlar su expansión y minimizar los efectos de los fuegos”.
El colectivo espera que la Fiscalía abra una investigación ante el enorme perjuicio causado por la “dejadez” de la que acusan a la Xunta.
Ayudas por daños
En otra orden de cosas, la Unión de Tecores de Galicia (Unitega) solicitó por escrito a la Consellería de Medio Ambiente que amplie a los meses que restan de verano la Orden de ayudas económicas destinadas a titulares de terrenos cinegéticos ordenados (TECOR) de Galicia afectados por los incendios del mes de julio de 2022.
Durante el mes de agosto de 2022, Unitega señala que continuó habiendo incendios, por lo que el número de Tecores afectados fue aumentando “y es probable que lo siga haciendo también en los meses de septiembre o incluso octubre”. Por ese motivo Unitega solicitó a la Consellería de Medio Ambiente que amplíe el ámbito de las ayudas a los Tecores al resto de meses de verano de 2022, de forma que pueda cubrir los daños que se produzcan desde junio hasta octubre de 2022.
La misma necesidad podría darse en las ayudas habilitadas por la Consellería de Medio Rural para el sector agrario, si bien por el momento ninguna organización se pronunció al respecto.
El abc de la normativa forestal para prevención de incendios
