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En enero se publicó la convocatoria autonómica de ayudas para inversiones de las industrias agroalimentarias, una línea de apoyos en la que este año se especificaba, por primera vez, que “no se concederán ni pagarán ayudas a solicitantes que fueran objeto de sanción firme grave o muy grave con base en lo previsto en la Ley 12/2013 de la cadena alimentaria”. En resumen, la normativa excluía a las empresas que fueran sancionadas de manera grave por la Agencia de Información y Control Alimentario (Aica), encargada de velar por el cumplimiento de contratos y pagos en la cadena alimentaria. Pero las reglas de juego acaban de modificarse.
La Consellería argumenta que, “con posterioridad a la publicación de la orden, se realizó un análisis más profundo de los efectos de la aplicación de este nuevo requisito en las iniciativas empresariales del sector agroalimentario. En ese análisis, se puso de manifiesto que el nuevo requisito podría tener consecuencias desproporcionadas para las empresas, ya que la amplitud de la tipología de las sanciones graves recogidas en la Ley 12/2013 podría dar lugar a que la pérdida establecida de la posibilidad de obtener subvenciones, o el reintegro de ellas, constituyera una penalización excesiva, carente de la requerida proporcionalidad para la infracción cometida”
Por todo ello, la Xunta señala que “con el objeto de mantener la debida proporcionalidad en las actuaciones, se considera aconsejable suprimir el referido requisito de esta línea de ayudas”.
Críticas de Unións Agrarias
La decisión de Medio Rural generó la indignación de Unións Agrarias, que en nota de prensa tacha de “inaceptable” que la Xunta dé marcha atrás y levante el veto a que industrias sancionadas reciban ayudas públicas. “Incumplir la Ley de Cadena Alimentaria seguirá sin tener apenas consecuencias para las industrias”, lamenta la organización.
Unións recuerda que esta es la primera ocasión en que se incluyó en las bases un veto expreso a los solicitantes “que hubiesen sido objeto de sanción firme grave o muy grave en los dos últimos años en base a lo previsto en la Ley de la cadena alimentaria”.
Además, se establecía el deber de devolver la cuantía percibida en caso de que los beneficiarios fueran objeto de sanción en los cinco años posteriores al pago de la ayuda.
La organización considera que el mantenimiento de este veto, junto al endurecimiento de las sanciones cometidas por las industrias y la publicidad de las mismas son medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Ley de Cadena.
Este primer trimestre del año, conviene recordar que la AICA hizo pública por primera vez una lista de empresas sancionadas, entre las que figuraba una industria láctea asentada en Galicia, Inleit, que semanas después recibió la visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
