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La Plataforma Sí a un rural vivo, el Sindicato Labrego Galego de la Comarca da Ulla y la Asociación Defensa da Ulla Verde han expresado su rechazo a la implantación de un nuevo viñedo industrial promovido por la bodega Altos de Torona en el municipio de Boqueixón.
Según informaron este 25 de abril, el proyecto afectaría a las zonas de Donas, Sucira, Codeso y Paradela, sumando 4,82 hectáreas más de viñedo a un entorno que, afirman, ya está profundamente degradado por la presencia de este tipo de cultivos. Las organizaciones señalan como ejemplo negativo el viñedo que esta misma empresa ya tiene implantado en Donas, calificándolo de “desastre”.
Esta acción de protesta se suma a la ya realizada el pasado 16 de abril contra otro proyecto similar de la bodega Martín Códax en Vedra, que pretendía establecer nuevos viñedos en las parcelas conocidas como “Revolta das Devesiñas” en Trobe, “Sarandón” en San Pedro de Sarandón y “Palomar e Almestro” en la parroquia de Ponte Ulla.
Las entidades denuncian también “la nula información por parte de las Administraciones a la ciudadanía”, lo que dificulta o incluso impide la presentación de alegaciones dentro de los plazos establecidos. Hacen un llamamiento al alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro Tato, para que garantice la comunicación y transparencia en los procesos relacionados con la implantación de nuevos viñedos industriales.
“Demandamos igualmente al alcalde y a la Corporación Municipal de Boqueixón que, como Administración afectada, informen de la incompatibilidad de este nuevo viñedo con la salud, la biodiversidad y el medio ambiente”, indican.
La crítica no se limita solo a la falta de información, sino también a la viabilidad de estos proyectos desde una perspectiva medioambiental y social.
En el plano económico, consideran que estos proyectos amenazan la subsistencia de pequeñas bodegas y de viticultores y viticultoras que trabajan con modelos de producción más sostenibles.
Finalmente, las entidades impulsoras de este comunicado lamentan que estos proyectos estén fuertemente subvencionados por las administraciones públicas, considerando que solo benefician a grandes capitales y no contribuyen a fijar población en el medio rural.
“Instamos a las administraciones públicas a dejar de subvencionar estos proyectos y a destinar esos fondos a promover iniciativas campesinas de agricultura, viticultura, fruticultura y ganadería con métodos de producción agroecológicos, como única garantía de un desarrollo económico de las áreas rurales”, reclaman desde las organizaciones.
Control OJD
