Español
La revisión catastral de rústica, que ya han emprendido un 70% de los concellos gallegos, va camino de convertirse en un culebrón al largo de este año. El debate ya llegó al Parlamento gallego, donde los grupos de la oposición demandaron soluciones por parte de la Xunta a los problemas derivados de la revisión catastral, conocida popularmente como ‘catastrazo’. La oposición cuestiona situaciones como la que pueden enfrentar los pensionistas, que se verán obligados a pagar en la contribución (IBI) por establos y naves que ya no utilizan y que no tienen valor de mercado en el rural, pues no hay a quien vendérselas.
Las propuestas para que la Xunta intervenga en la cuestión catastral fueron unánimes en la comisión de Agricultura del Parlamento por parte del Partido Socialista, Alternativa Galega de Esquerda (Age) y Bloque. «La financiación de los Concellos tiene que venir por otro lado. No se puede machacar a la poca gente que vive y trabaja en el rural», expuso Tareixa Paz (Bng). «Aquí es donde tenía que estar Feijoo para demostrar su filosofía de impuestos cero en el rural», cuestionó Pablo García (PSdeG). «Dirán que no es competencia de la Xunta, que le corresponde a Catastro (Ministerio de Hacienda), pero este es un problema político de Galicia y tienen que actuar», culminó Antón Sánchez (Age).
Los grupos políticos coinciden en la necesidad de regularizar nuevas viviendas y ampliaciones, pero discrepan en el resto
El representante de Age puso como ejemplo la situación a la que se enfrentan los pensionistas. «Alguien que cobre una pensión mínima y que tenga que pagar por establos que ya no usa, podría tener que abonar en el IBI el equivalente al 5% de su pensión anual» – sostuvo Antón Sánchez.- «Si ese 5%, en lugar de recaudarlo de personas en precario, se lo aplicasen en impuestos a las grandes fortunas, ya verían como habría recursos para las Administraciones», propuso.
Piscinas en el rural
Por parte del grupo popular, intervino en la comisión de Agricultura del Parlamento Isabel García, que acusó de demagogia política a los grupos de la oposición. «La revisión catastral no se trata de afán recaudatorio ni de crear dificultades en el rural, sino de regularizar la situación. Hay viviendas no declaradas, ampliaciones de viviendas que no se declararon y hasta se encontraron 3.500 piscinas. Todo eso había que darlo de alta», subrayó.
La oposición concordó con el Partido Popular en la necesidad de regularizar la situación de las viviendas en el Catastro, pero cuestiona la inclusión de galpones, granjas y naves ganaderas en el IBI. Isabel García, por su parte, recordó que los Concellos pueden establecer bonificaciones y fijar tipos mínimos para el IBI de rústica, una cuestión que, aseguró, no siempre hacen los Concellos gobernados por socialistas y nacionalistas.
Impacto en las becas de estudio
El secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, tiene prevista hoy una reunión de trabajo con los conselleiros de Medio Rural y de Educación para abordar el impacto de la revisión catastral en las becas de estudio de los hijos de agricultores y ganaderos.
Esta misma semana, la Xunta anunció que le trasladará al Ministerio de Educación la necesidad de que el Catastro evite la catalogación de bienes inmuebles rústicos del rural (granjas, galpones, naves) como bienes urbanos. Tal práctica, que ya se verificó en algunos ayuntamientos, además de generar un recibo de la contribución más cuantioso, pone en riesgo las becas de estudio de hijos de ganaderos.
Unións pide que la Xunta cree su propio sistema de becas si no se solucionan los problemas con el Ministerio de Educación
Unións Agrarias está de acuerdo en que se corrija este problema, pero advierte de que hay que resolver otras cuestiones. La clave, mantiene la organización agraria, está en eliminar el umbral marcado por Educación de 13.100 euros en valor de propiedades rústicas por miembro de la familia, ya que una vez que finalice el ‘catastrazo’, cuando las granjas, galpones y naves agrícolas se cataloguen como patrimonio rústico, serán «cientos de familias» las que aparecerán con un patrimonio que rebasará ese umbral.
Ese patrimonio, advierte Unións Agrarias, constituirá un «lastre insuperable» para acceder a las becas, cuando en realidad se trata de un «patrimonio ficticio» sin valor de mercado, cuestiona. Unións pide que la Xunta intermedie para resolver esta situación y, en caso de que no fuera posible, que habilite una línea propia de financiación para becas de estudio.
