Español
El Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas aprobó este viernes por unanimidad la petición presentada por el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas para que la Consellería do Medio Rural, a través de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL), fije de manera oficial los costes mínimos de producción de uva dentro de la DO antes de la próxima vendimia.
El objetivo es que las viticultoras y los viticultores puedan negarse a firmar o denunciar contratos de compraventa por debajo de esos mínimos, garantizando así que no se venda a pérdidas.
José Antonio Presa, primer vocal del SLG en el Consejo Regulador, y Cristina Carrera, segunda vocal, presentaron la petición en nombre del sindicato ante el Pleno. Ambos destacaron que la aprobación por unanimidad supone un respaldo inequívoco de la DO a la demanda del sector productor y que ahora “corresponde a la Xunta de Galicia cumplir con el mandato aprobado antes de que comience la campaña”.
Esta iniciativa se enmarca en una trayectoria de movilización del SLG en defensa de las condiciones económicas de las viticultoras y viticultores. En los últimos meses, el sindicato ha venido denunciando públicamente “el desequilibrio estructural que atraviesa la DO: el aumento de las hectáreas plantadas en los últimos años ha llevado a la DO a una situación en la que las cosechas no dejan de crecer”.
Ante este escenario, el SLG advirtió de que “esta situación puede derivar en una disminución de los precios percibidos por los productores”. El trasfondo inmediato de la petición es lo que califican como la “grave situación que vive el sector en vísperas de la vendimia de 2026”. En la cosecha de 2025 se vendimiaron 47,5 millones de kilos de uva, casi el volumen que el Plan Director de la DO tenía previsto para el año 2030.
Sin embargo, el Sindicato Labrego advierte de que “las ventas de vino calificado no superaron los 27-28 millones de litros, diez millones por debajo de las proyecciones”. Diversas organizaciones agrarias ya alertaron de que algunas bodegas estarían valorando no recoger uva de determinados productores o fijar rendimientos por debajo del pliego de condiciones.
Para el SLG, estas prácticas “son incompatibles con la Ley de la Cadena Alimentaria de Galicia, que obliga a la Consellería competente a promover precios justos que cubran siempre los costes de producción”. En el mismo Pleno también se dio a conocer la calificación de la añada 2025, que obtuvo la valoración de muy buena.
Control OJD
