El grupo provincial del BNG en la Deputación de Pontevedra reclamará que el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (ORAL) reconozca de oficio la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las comunidades de montes en mano común.
La iniciativa llegará al pleno provincial del próximo 26 de junio a través de una moción presentada por la deputada nacionalista Manuela Rodríguez, que considera necesario unificar criterios entre las administraciones locales y adaptar la actuación del organismo recaudador a la jurisprudencia existente en esta materia.
Segundo explica el BNG, la propuesta surge tras las denuncias realizadas por la Organización Gallega de Comunidades de Montes en mano común (ORGACCMM), que advirtió de que algunos ayuntamientos de la provincia continúan pasando al cobro recibos del IBI a las comunidades de montes pese a la existencia de resoluciones judiciales favorables a su exención.
Rodríguez sostiene que esta situación provoca inseguridad y trámites innecesarios para las comunidades, que se ven obligadas a presentar reclamaciones para recuperar cantidades cobradas indebidamente. La diputada critica además lo que califica como un “absurdo administrativo”, al destinar recursos públicos tanto a la emisión y cobro de los recibos como a la posterior devolución de los importes y de los correspondientes intereses cuando las reclamaciones prosperan.
El Bloque recuerda que la exención del IBI para los montes vecinales en mano común está recogida en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley estatal de montes vecinales. Segundo la formación, los conflictos suelen producirse cuando las administraciones interpretan que la exención solo afecta al suelo forestal y no a las edificaciones o instalaciones ubicadas en los montes y arrendadas a terceros.
Sin embargo, los nacionalistas apoyan su petición en la jurisprudencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que establece que la exención se aplica a la totalidad del perímetro clasificado como monte vecinal en man común, incluidas las edificaciones existentes en él, independientemente de su uso o aprovechamiento.
A través de la moción, el BNG solicitará que los ayuntamientos de la provincia y los organismos encargados de la recaudación tributaria, como el ORAL, reconozcan expresamente este derecho y excluyan de manera definitiva las comunidades de montes de los padrones de contribuyentes obligados al pago del IBI.
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