La actualización catastral de las parcelas rústicas que son declaradas en la PAC está generando incidencias entre los productores, a la par de una alarma social en el campo. Las modificaciones realizadas por cambio de cultivo en las parcelas originan una notificación por parte de Catastro, en la que se informa de una actualización del valor catastral de la parcela ajustado al cultivo actual. Estas notificaciones están llegando de manera masiva a los productores y a propietarios, en caso de parcelas cedidas, debido a los frecuentes cambios de cultivo que se realizan en las parcelas.
Esta actualización se viene dando desde hace por lo menos dos campañas y tiene su origen en la autorización para la cesión (obligatoria) de datos cuando se realiza el trámite de la PAC. Las organizaciones agrarias reclaman a Catastro una simplificación de los trámites burocráticos vinculados a estos cambios productivos de las parcelas, a la par que condenan la alarma creada por Catastro con estas campañas.
Desde el Sindicato Labrego Galego ya mantuvieron una reunión telemática con los responsables de la gerencia regional del Catastro en Galicia en la que entre otras cuestiones le trasladaron las dificultades que están encontrando los propietarios con esta campaña de actualización de los cultivos al suponer un aumento de la carga burocrática para los productores. Señalan que esta actualización continua no resulta funcional dados los cambios continuados de cultivos que se realizan en las parcelas. Así, reclaman un procedimiento ágil que minimice estas gestiones administrativas.
Por su parte, desde Unións Agrarias condenan la alarma injustificada que esta campaña está generando. Si bien la organización se muestra completamente a favor de que se investigue y se ponga coto a cualquier forma de fraude que pueda estar dándose en relación a la tramitación de las ayudas de la PAC o en otro campo, critica un procedimiento completamente inadecuado en las formas.
Trabas para la movilidad de tierra
Tanto desde Unións Agrarias como desde el Sindicato Labrego coinciden en que esta campaña supone nuevas trabas a la movilidad de tierras y el acceso a la fincas, ya que en algunos casos los propietarias prefieren no arrendar ante el temor a que les lleguen notificaciones que requieran de gestiones administrativas.
Galicia tiene la menor superficie agraria útil (SAU) de todo el Estado -solo un 21%, frente a la media estatal del 45,8%-, por lo que cómo destacan desde el Sindicato Labrego: “es especialmente importante no solo evitar agrandar esta carencia de superficie agraria útil, sino también facilitar que pueda ser ampliada este porcentaje”, valoran.
Desde Unións Agrarias entienden que esa puesta al día no puede partir del envío masivo de comunicaciones, que se perciben como coercitivas, y que generan preocupación y pueden desincentivar la cesión de tierras. Lamentan que la Administración impulse este tipo de actuaciones que pueden suponer una traba para el acceso a la tierra y el mantenimiento de la actividad agroganadera.