Piden a la distribución que priorice la carne gallega sobre la importada de Sudamérica

Unións Agrarias pide a las cadenas de distribución que operan en Galicia que “sigan el ejemplo de Carrefour o Intermaché en Francia y demuestren tener un compromiso real con las explotaciones de ganado de carne gallegas, priorizando la venta de su producción sobre la procedente de países extracomunitarios por los efectos perniciosos que generan estos acuerdos comerciales injustos como se está demostrando con el de Mercosur”.

En este sentido, recuerda “el carácter estratégico del sector productor de carne porque supone el último soporte económico y social para comarcas enteras en las que la despoblación y el colapso demográfico son ya una realidad”. Y destaca el imprescindible papel que realizan desde el punto de vista de la gestión del territorio y la prevención de los incencios. “En Galicia tenemos 20.000 explotaciones de carne de vacuno de las que 8.000 están inscritas en Ternera Gallega y 6.000 pueden considerarse profesionales. El 32% de las mismas se encuentran en zonas de montaña: en torno a 2.500”, explican desde la organización agraria.

Por tanto, desde Uniones defienden que “resulta imprescindible un control efectivo sobre la entrada de productos cárnicos y la colaboraciones de las grandes superficies para evitar las prácticas engañosas de hacer pasar por carne gallega aquelo que no lo es”.

La organización agraria rechaza que “se use, una vez mas, al sector ganadero como moneda de cambio” en los negocios comerciales entre la Unión Europea y terceros países. “Sea ahora con el acuerdo con Mercosur o en la guerra comercial de hace unos meses con China por los aranceles a importación de coches asiáticos. El sector primario siempre lleva las de perder porque estas incertidumbres son aprovechadas por determinadas industrias para intentar introducir nuevas bajadas en las cotizaciones en origen”, advierten.

Por último, desde UUAA defienden que “es imprescindible que se aplique siempre el principio de las cláusulas espejo”, en la importación de alimentos de terceros países, exigiendo la misma normativa ambiental, sanitaria y sociolaboral que la que se aplica en España.