Piden que la Xunta haga cumplir la ley para que las ganaderías puedan ampliar su base territorial

Que el Banco de Terras funcione realmente como un agente mobilizador de las tierras abandonadas, que sea la Xunta y no los ayuntamientos la que denuncie las plantaciones forestales en tierras agrarias o limitar las ayudas de la Pac a los agricultores y ganaderos en activo, son algunas de las propuestas del sector.

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Piden que la Xunta haga cumplir la ley para que las ganaderías puedan ampliar su base territorial

Plantación de eucaliptos en tierra agraria de concentración parcelaria

Entre 1999 y 2009 en Galicia se abandonaron, según los datos del Instituto Gallego de Estadística (Ige), alrededor de 49.000 hectáreas de Superficie Agraria Útil (Sau), una cifra que los sindicatos agrarias elevan desde el 2009 hasta la actualidad en otras 40.000 hectáreas, situándose la Sau en Galicia en poco más de las 600.000 hectáreas, un 20% del territorio gallego, uno de los porcentajes más bajos de España y de Europa.

De hecho, según los datos de un estudio elaborado por la Fundación Juana de Vega, una de las entidades más activas en el estudio de la movilidad de tierras en la comunidad, en Galicia hay unas 114.000 hectáreas de tierras agrícolas abandonadas, de las que 46.000 hectáreas son de máxima aptitud para la producción agraria.

Una situación que, paradójicamente, contrasta con la carencia de tierra -con garantías jurídicas y con unos precios de mercado- tanto para las explotaciones ganaderas y agrícolas existentes cómo para las personas o empresas que desean poner en marcha proyectos de negocio en el sector agroganadero.

Sirva como ejemplo la necesidad que, según un informe del profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Edelmiro López Iglesias, tienen las explotaciones lácteas gallegas de aumentar su base territorial en los próximos años si quieren reducir los costes de alimentación del ganado y ser competitivas en el mercado. En concreto, este experto considera “un objetivo realista” y necesario que, manteniendo la cabaña ganadera gallega en 350.000 vacas en ordeño, las ganaderías aumenten su base territorial en unas 130.000 hectáreas en los próximos años hasta situarse en las 350.000 ha.

En este sentido, consultamos a diversos representantes del sector para que ofrezcan sus propuestas:

Roberto García (Unións Agrarias): “La Xunta no puede delegar en los ayuntamientos para que denuncien las plantaciones forestales ilegales en tierras agrarias”

Para el secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, “en los últimos años el cierre de explotaciones ganaderas llevó a que se hayan perdido más de 90.000 hectáreas de Sau”. Según él, la falta de una política por parte de la Xunta para intervenir sobre el uso de la tierra, “llevó a que se incrementaran los costes de las explotaciones ganaderas que quedan, y a que en muchos casos se hicieran plantaciones de eucaliptos en esos terrenos agrarios”. Unas ilegalidades que, según critica el representante de Unións, “la Xunta delegó en los alcaldes para que denunciaran, algo que en la práctica no hacen porque la mayoría de sus votantes no son ganaderos”.

Ante esta situación, Roberto García reclama, por una parte, que “la Xunta ponga en marcha medidas fiscales que incentiven los arrendamientos de las tierras, y a unos precios aceptables de mercado, que se correspondan con su valor agrario”.

En segundo lugar, reclama “que las ayudas de la Pac se destinen únicamente a agricultores y ganaderos en activo”. “En España el 30% de los perceptores de las ayudas de la PAC son jubilados y pensionistas, que en muchos casos están interesados en mantener las tierras improductivas, o hacer plantaciones forestales en ellas, y seguir cobrando las ayudas”.

“Es imprescindible para las explotaciones ganaderas y agrícolas de Galicia aumentar su superficie, pero para eso el gobierno de la Xunta tiene que tomar medidas, y algunas de ellas que pueden ser impopulares, porque va a ser imposible quedar bien con todos”, concluye Roberto García.

José Manuel Andrade (Fundación Juana de Vega): “Hay herramientas legales para controlar los usos de la tierra, pero la Administración tiene que hacer que se cumplan”

El director de la Fundación Juana de Vega, José Manuel Andrade, subraya que “en este momento ya hay mecanismos legales en Galicia para movilizar las tierras y ponerlas a producir, pero falta voluntad política para aplicar la ley”.

“La Administración autonómica ya tiene herramientas para ser ella la que haga el control del uso de las tierras; se debe hacer cumplir la normativa evitando la forestación de tierras agrarias y hay que hacer del Banco de Terras un elemento útil y ágil para movilizar las tierras agrarias en Galicia”, explica José Manuel Andrade.

Precisamente, como uno de los principales obstáculos de los jóvenes que cada año participan en el Programa de Emprendimiento de la Fundación Juana de Vega, su director destaca el pequeño tamaño de las fincas pero, sobre todo, que “sigue habiendo propietarios que son reacios a formalizar un contrato de alquiler de sus fincas, porque piensan que pueden perder derechos sobre su propiedad”, algo que espera que mude con el cambio generacional.

Higinio Mougán (AGACA): “En Galicia es preciso un gran pacto social y un cambio cultural sobre el uso de la tierra”

El gerente de la Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias (Agaca), Higinio Mougán, considera que “en Galicia hay espacio suficiente para usos agrarios, ganaderos y forestales”. “Tenemos alrededor de 400.000 hectáreas de monte bajo y de tierras abandonadas que se podrían rentabilizar sin necesidad de hacer plantaciones forestales en tierras agrarias”, subraya.

En este sentido, también considera un error que “se delegue en los alcaldes las denuncias de las forestaciones ilegales, porque al final se inhiben para no buscar conflictos con sus vecinos y posibles votantes, que mayoritariamente no se dedican a la ganadería y a la agricultura”.

Para el gerente de Agaca el problema de fondo “es que en Galicia falta una cultura de buen aprovechamiento de la tierra”. “Y la Administración autonómica -añade- debe tener la voluntad política de poner en marcha un sistema ágil para que no se foresten tierras agrarias, evitando que haya conflictos entre los habitantes del rural”.

Por último, Higinio Mougán también reclama que a los propietarios de estos terrenos se le ofrezcan alternativas a la plantación de eucaliptos, que también le supongan un incentivo económico. “Es cierto que las ganaderías precisan más base territorial para ser competitivas, pero también que tienen que pagar un precio razonable a los propietarios por su alquiler, lo que no puede ser es que se estén utilizando terrenos a coste cero simplemente a cambio de tenerlos limpios”, subraya.

Isabel Vilalba (Sindicato Labrego): “Las ayudas de la PAC las deberían cobrar únicamente los agricultores y ganaderos en activo”

Por su parte, Isabel Vilalba, secretaria general del Sindicato Labrego Galego (Slg) defiende la necesidad de que “la Xunta apruebe un plan de protección de la tierra agraria para que, como mínimo un tercio del territorio gallego se dedique a usos agrarios o ganaderos”. “Pasar de un 20% de superficie agraria útil a un 33% debería ser un objetivo realista”, subraya.

Para la representante del Slg “es un contrasentido que en Galicia uno de los principales obstáculos de la gente joven que se quiere incorporar al campo sea la falta de tierra, al mismo tiempo que hay miles de hectáreas abandonadas o tierras agrarias de calidad que se están plantando con eucaliptos o dedicándose a usos extractivistas, como minas”.

En este sentido, Isabel Vilalba, pide también un cambio en la aplicación de la PAC en España para que, al igual que hicieron otros países, caso de Francia, las ayudas se destinen exclusivamente a los agricultores y ganaderos en activo.

“El gobierno español decidió a la hora de negociar la PAC que también beneficiara a las personas no activas, de manera que hoy nos encontramos con la paradoja de que mucha gente joven que se instala en el sector agroganadero percibe una PAC mínima”, explica la secretaria general del Sindicato Labrego.

“La gestión de los fondos de la PAC en Galicia y en España favorece que no se movilice la tierra para la gente joven que se incorpora y para las explotaciones que están en activo y que precisan ampliar su base territorial”, concluye.

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