‘Plantaciones ilegales de eucalipto (II): las denuncias de oficio son ínfimas, si es que existen…’

Adega Lugo cuestiona en este artículo lo que entiende como escasa actuación de la Xunta y de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil contra la forestación irregular

‘Plantaciones ilegales de eucalipto (II): las denuncias de oficio son ínfimas, si es que existen…’

Plantación de eucaliptos en el borde del Camino de Santiago Primitivo, en Palas. / Imágenes: Adega.

La Consellaría de Medio Rural hacía públicos el pasado mes de abril los primeros datos, desde la puesta en vigor de la Lei de Montes del 2012, al respecto de los incumplimientos detectados por la Xunta sobre repoblaciones forestales en toda Galicia en los últimos 5 años. La Xunta, además de pretender emanar transparencia en sus acciones, intenta responder con estos datos a las recientes críticas de los movimientos sociales, agrarios y ecologistas que la acusan de hacer la vista gorda ante este tipo de infracciones y de que no está ejerciendo la función que le corresponde como agente vigilante del cumplimiento de la Lei de montes.

En concreto, la Xunta presumía de haber identificado en el último lustro y en todo el territorio gallego un total de 1.650 casos de plantaciones irregulares, de los que menos de la tercera parte (470) acabaron en procedimiento sancionador y sólo un 15%, en multa. Si hacemos un promedio anual simple a partir de estos datos oficiales, obtendremos que la Consellería de Medio Rural tramita cada año unas 330 denuncias por presuntas plantaciones ilegales, de las cuales un centenar acabarían en procedimiento sancionador y sólo unas 50 en multa.

«Desde Adega Lugo percibimos que Medio Rural le pone trabas a los funcionarios que se desmarcan del ‘dejar hacer’ y aplican la norma»

Unos datos irrisorios que, en vez de ofrecer garantías de la acción administrativa como defensora del cumplimiento de la norma, vierten aun más dudas sobre la voluntad institucional de querer hacer cumplir la ley.

Al hilo de una información publicada en La Opinión, las provincias de Lugo y A Coruña se disputan el primer puesto en número de expedientes sancionadores abiertos en los últimos 5 años, superando cada una los 200, es decir, unos 40 expedientes sancionadores por provincia y año. Cierto es que estos datos no dan cuenta del número de plantaciones ilegales detectadas por Medio Rural que, felizmente, fueron arrancadas tras el apercibimento previo del departamento autonómico.

En todo caso, si sólo un tercio de los incumplimientos detectados acaba en incoación de expediente sancionador, podríamos decir que, tanto en Lugo como en A Coruña, el número de plantaciones ilegales detectadas y apercibidas por la Xunta oscilaría entre las 120 y las 150 por año.

Atendiendo a este promedio anual de plantaciones ilegales detectadas por Medio Rural en la provincia de Lugo, que no deja de ser estimativa a partir de los datos oficiales, y toda vez que ADEGA denuncia un número de casos similar al año en la misma provincia (120-150), nos hacemos las siguientes preguntas: ¿Cuántas denuncias por plantaciones ilegales está tramitando de oficio la Xunta de Galicia? Realmente, ¿se están tramitando denuncias de oficio por parte de la Consellaría del Medio Rural? Ya le hicimos llegar estas consultas a quien corresponde, pero mientras no obtenemos respuesta, cada quien que saque sus conclusiones.

Desde Adega-Lugo percibimos además que desde el departamento de Medio Rural se le ponen trabas a aquellos funcionarios que se desmarcan del “dejar hacer” y que intentan realizar bien su trabajo y, por tanto, ser estrictos en la aplicación de la norma.

Plantación de eucaliptos en el Pedregal de Irimia, área de nacimiento del río Miño.

Plantación de eucaliptos en el Pedregal de Irimia, área de nacimiento del río Miño.

Patrimonio y Confederación Hidrográfica recelan de poner freno al eucalipto ilegal

A pesar de a los datos esgrimidos con anterioridad, no es la Consellería de Medio Rural el único organismo de la Xunta reticente a actuar con contundencia frente a las repoblaciones de eucalipto contrarias a la normativa vigente. Desde 2016, junto con la entidad cultural Mariña Patrimonio, Adega-Lugo ha tramitado otras 60 denuncias contra la industria forestal por daños sobre yacimientos arqueológicos durante labores de tala o repoblaciones recientes.

En la comarca de la Mariña lucense, la proliferación de estos casos está siendo especialmente sangrante desde el punto de vista de la conservación de nuestros bienes patrimoniales, en especial de mámoas, dólmenes, castros o petroglifos. De esas 60 denuncias presentadas por estas dos entidades desde 2016 hasta hoy, tan sólo 22 obtuvieron respuesta de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, organismo encargado de la protección de este tipo de bienes en Galicia.

De las 60 denuncias presentadas ante Patrimonio por daños, sólo 2 han dado lugar a la apertura de un expediente sancionador

Y de estos 22 casos en los que se obtuvo resolución, sólo 2 dieron lugar a la apertura de expediente sancionador. Las 20 restantes se archivaron al amparo de una supuesta falta de apreciación de daños (la mayoría de ellos evidentes, según nuestra percepción) o de la hipotética desprotección legal del yacimiento, pese a tratarse de elementos patrimoniales pre-inventariados por la Consellaría e identificados a través de un código o referencia oficial. ¿El simple reconocimiento de la existencia de estos bienes no tendría que ser suficiente para frenar y penalizar aquellas actuaciones que provoquen su destrucción o alteración?

Confederación Hidrográfica Miño – Sil
Pero no sólo el patrimonio arqueológico que tenemos nos nuestros montes está amenazado por las plantaciones ilegales de eucaliptos, también lo están nuestros ríos. El organismo de cuenca al que hemos dirigido desde ADEGA-Lugo el mayor número de denuncias relativas a talas o plantaciones con eucaliptos en zona de dominio público hidráulico es la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

También esta administración está haciendo una interpretación arravesada de sus propias normas, como la que hace del artículo 34 del vigente Plan Hidrológico de la cuenca Miño-Sil, en el que se determina que “se deberá respetar el dominio público hidráulico y la franja de vegetación de ribera autóctona de la zona de servidumbre y policía, de forma que las plantaciones que se vayan a autorizar no se realicen con especies alóctonas o exóticas invasoras,…., con el objetivo de preservar el estado del dominio público hidráulico y sus zonas adyacentes, y prevenir el deterioro del ecosistema fluvial…

«La Confederación no está limitando la plantación de eucaliptos en zonas de policía y servidumbre»

A resultas de este artículo, la Confederación, sin embargo, no está limitando las plantaciones en zona de policía y servidumbre con especies alóctonas como el eucalipto, o con variedades exóticas invasoras como el nitens, que a pesar de no estar incluida en el Catálogo de especies invasoras del Estado, ya obtuvo el reconocimiento oficial como invasora en un informe del comité científico del propio Ministerio de Medio Ambiente y en una sentencia de la Audiencia provincial de Asturias de 2015.

Para ADEGA resulta especialmente grave que esta interpretación retorcida de la normativa esté atentando directamente contra la preservación de los valores naturales y paisajísticos de espacios naturales emblemáticos, como el mismo nacimiento del río Miño, en el Pedregal de Irimia. En contra de lo esperado, ante las denuncias presentadas por ADEGA-Lugo advirtiendo de la ilegalidad de las numerosas plantaciones de eucalipto que en los últimos años han proferido al lado del Pedregal sin ningún tipo de permiso y contradiciendo el Plan Hidrológico actual de la cuenca Miño-Sil, la Confederación Hidrográfica está autorizando la legalización una por una de todas las repoblaciones irregulares, excepto algunas que aún están por resolver.

Conclusiones

Ante los datos esgrimidos, queda meridianamente claro que la Administración pública, especialmente aquella representada por los cargos políticos (no por los funcionarios, que también son víctimas de esta desregulación programada y caótica en materia de montes), no tiene voluntad de poner freno a la expansión del eucalipto en el país, tampoco del que está siendo plantado de forma irregular.

El polémico decreto del eucalipto promovido por la Xunta sólo ha servido para alentar la oposición de los propietarios forestales y de los maderistas frente a una opinión pública cada vez más convencida de que algo hay que hacer para poner coto al cambio de nuestra paisaje, a la pérdida de biodiversidad y a los fuegos forestales propiciados por la eucaliptización del país.

«Si la Xunta quiere limitar la eucaliptización, puede empezar por aplicar la Lei de Montes y por realizar más denuncias de oficio»

El objetivo real de ese decreto no es limitar la expansión del eucalipto, sino justificar su proliferación en nuestro territorio a costa de una supuesta demanda social mayoritaria. Realmente, en la práctica, la administración pública está dando ánimos al acometimiento de repoblaciones ilegales con eucaliptos y premiando a los infractores con la legalización de las mismas.

Si la Xunta quisiera realmente poner coto a la eucaliptización de nuestro país no precisa aprobar ningún nuevo decreto. Puede comenzar por hacer cumplir la ley vigente, dotar de recursos a la Consellería de Medio Rural para que vigile nuestros montes, realizar más denuncias de oficio (en vez de reprimirlas), elaborar de urgencia el obligatorio registro de masas arbóreas autóctonas, someter a evaluación ambiental las repoblaciones superiores a 50 hectáreas o no cargar a los Concellos con responsabilidades que no les competen.

También podría seguir el rumbo de Portugal, declarando una moratoria para las nuevas plantaciones de eucalipto hasta que no se determine oficialmente cuál es la superficie ocupada por esta especie exótica o no se recuperen para su vocación original aquellas tierras en las que fue plantada de forma ilegal. Una moratoria que ‘Cousa de Raíces’ presenta como principal reclamación ante tal situación de caos y desregulación del monte, que nos acabará pasando factura a todas.

Somos conscientes de que la cantidad de talas y plantaciones ilegales que a diario se practican en el país son infinitas y que hasta donde Adega puede llegar es a un ínfimo porcentaje de las infracciones. Por eso, no sólo exigimos a la Xunta que cumpla con sus deberes, sino que alentamos a toda la sociedad civil, no sólo a las entidades sociales, culturales y sindicales, a protestar y a enfrentarse decididamente contra estas prácticas ilegales que están esquilmando el monte de otros recursos imprescindibles para la vida, para una economía sostenible y para una sociedad mucho más justa y equilibrada que se nos va.

Más información
‘Pruebas de la falta de voluntad política contra las plantaciones forestales de eucalipto’ (I).

2 ideas sobre “‘Plantaciones ilegales de eucalipto (II): las denuncias de oficio son ínfimas, si es que existen…’

  1. Alberto

    Solicito que se retire este artículo. ADEGA no representa a nadie en el campo gallego, ni en la agricultura. Es una organización marginal, de escasa representatividad y no tiene ningún objeto su presecia aquí.
    Es posible que hoy ataque el eucalipto, pero mañana atacará cualquier otra cosa.
    Por otro lado yo defiendo el derecho de los propietarios a gestionar libremente sus terrenos, cualquier otra cosa es no ser propietario.

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  2. Ángel

    Xestionar libremente sí, pero esa liberdade remata cando perxudicas a outros propietarios, ou a un Ben común, no que todos somos «propietarios», como pode ser un río. A propiedade dun ben nunca autoriza a facer con el o que un quere. Somos propietarios de coches, e non por elo podemos facer con eles o que queremos, temos normas para respetarnos

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