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En la comarca de Vigo se ha constituído en las últimas semanas una autodenominada Plataforma Gallega de Afectados por las comunidades de montes. El colectivo, impulsado por empresarios y con presencia también de particulares, acusa a comunidades de montes del área metropolitana de Vigo de intentar apropiarse de terrenos ocupados por empresas y viviendas.
La Plataforma señala que hay diez casos en los juzgados, después de que fueran denunciadas cuatro empresas y seis particulares, por lo que demanda de la Xunta una «solución», pues consideran que se ven en una gran «inseguridad jurídica».
Desde la Organización Gallega de Comunidades de Montes, por su parte, han emitido un comunicado en el que consideran a la Plataforma un intento de «perpetuar la usurpación franquista de los montes vecinales».
Contexto
Conviene recordar que los montes vecinales fueron intervenidos de manera generalizada durante el periodo franquista, cuando se acometió su forestación por parte del Patrimonio Forestal del Estado, en colaboración con los Ayuntamientos y Diputaciones.
La recuperación de la propiedad por parte de las comunidades se inició de manera generalizada a comienzos de los años 80. Este es un proceso que prácticamente se puede dar por finalizado, pero que en determinadas zonas ha dejado conflictos puntuales, bien por falta de un deslinde correcto del monte vecinal, bien por la presencia de propiedades particulares en los terrenos del monte vecinal.
Herencias de la intervención pública
La Organización Galega de Comunidades de Montes considera que los integrantes de la Plataforma «saben que están ocupando unas tierras que no son suyas, sino de titularidad de las comunidades de montes». «Son tierras que les fueron cedidas o vendidas por los respectivos Ayuntamientos, cuando estos no eran los titulares legítimos de estas tierras, sino que eran los beneficiarios de la usurpación de los montes vecinales llevada adelante por la dictadura franquista» -argumenta la Organización-. «Y estos empresarios, para perpetuar esa ilegalidad, le exigen a la Xunta que acometa una nueva usurpación de los montes vecinales».
Cuestión algo distinta es el caso de los particulares, según la Organización Galega de Comunidades de Montes. «Están también ocupando en régimen de propiedad terrenos de montes vecinales de una manera alegal, pues en origen, quien vendió o cedió esa tierra fue un Ayuntamiento que no era titular de la misma. Por lo tanto, sus reclamaciones de daños y perjuicios deben dirigirlas a estas administraciones, no contra los legítimos propietarios», argumentan los comuneros.
Desde la Organización Galega de Comunidades de Montes inciden en que la nueva ley de montes vecinales que prepara la Xunta es un buen momento para resolver estos conflictos. «Deben declararse nulos de pleno derecho todos los actos y negocios jurídicos llevados adelante por los Ayuntamientos en el tiempo en que duró la usurpación franquista de los montes vecinales», defienden.
