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Las negociaciones que se mantuvieron esta semana en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE para cerrar la reforma de la Política Agraria Común (PAC) no han llegado a buen puerto. No fue posible porque las posturas del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea se mantienen aún distantes en algunos puntos, si bien en otros ya se llegó a un entendimiento.
La ministra de Agricultura portuguesa, María do Ceu Antunes, que ostenta este semestre la presidencia del Consejo de Ministros, espera llegar a un acuerdo antes de finales de junio. Es una postura optimista que también comparte el comisario de Agricultura, el polaco Janis Wojciechowski.
Así está el estado de las negociaciones a día de hoy.
– Ecoesquemas. Se llegó al acuerdo de que el 25% de las ayudas directas del primer pilar se destinarán al pago de los llamados ecoesequemas, que suponen unos compromisos medioambientales adicionales para agricultores y ganaderos. Queda por determinar si habrá un periodo de aprendizaje en los primeros años, en los que se pueda introducir cierta flexibilidad.
– Ayudas del segundo pilar (Planes de Desarrollo Rural) dirigidas a apoyos agroambientales y de bienestar animal. La Comisión Europea elevó hasta el 35% el porcentaje de apoyos que propone destinar a esta cuestión, pero siguen siendo inferiores a los propuestos por el Parlamento Europeo.
– Convergencia de los derechos. La Comisión Europea proponía que en el 2026 se llegara a una convergencia del 75% en el valor de los derechos, pero elevó su propuesta al 85%. El Parlamento Europeo, sin embargo, continúa pidiendo que la convergencia sea del 100%.
– Pagos redistributivos. La Comisión Europea apuesta por una redistribución de parte de los fondos de la PAC que beneficie a las pequeñas y medianas explotaciones, para garantizar su continuidad, pero es un asunto que aún no está cerrado al 100%.
Desde las organizaciones agrarias en España, ya llegaron las primeras reacciones. La COAG considera excesivamente elevado el porcentaje de fondos que se va a destinar a ecoesquemas. “La UE quiere convertir a los agricultores en los jardineros de Europa, cuando se debería valorar como estratégica su función de abastecer de alimentos a la población”, consideran.
Desde UPA, por su parte, insisten en que los pagos redistributivos para pequeñas y medianas explotaciones, “con un 12% del total de fondos”, debe ser una exigencia irrenunciable en las negociaciones que mantenga el ministro de Agricultura con sus homólogos europeos.
