‘Pruebas de la falta de voluntad política contra las plantaciones ilegales de eucalipto’ (I)

En el año 2015, ADEGA impulsaba la campaña ‘Cousa de Raíces’ con el objetivo de defender el bosque autóctono. La idea era que la campaña fuera abierta, participativa y multidisciplinar, en la que no sólo los colectivos ecologistas pudieran abanderar la defensa del bosque gallego, sino otros sectores de la sociedad como el comunal, el empresarial, el cooperativo, el sindical, el educativo, etc., que encuentran en la defensa de nuestra flora autóctona algo más que una cuestión de diversidad.

‘Cousa de Raíces se ha relanzado ahora con el apoyo de unos 60 colectivos y entidades gallegas de toda índole que reclaman, no sólo que se proteja nuestro bosque, sino que se frene la masiva eucaliptización del país, que en los últimos años está sufriendo una nueva onda expansiva.

«Teníamos la impresión de que la Xunta no estaba ejerciendo su función, pero ahora ya tenemos datos que prueban nuestras sospechas»

A la falta de un censo actualizado sobre la superficie forestal gallega (el último inventario es del 2009), la estimación actual que se hace sobre la superficie ocupada con eucalipto, entre masas puras y mixtas, ya supera las 500.000 hectáreas, lo que supone el 17% de todo el territorio gallego. El dato también supera cualquier previsión. Tengamos en cuenta que casi dobla la capacidad de acogida máxima que el Plan Forestal Gallego del 2002 (aún vigente y pendiente de actualización) establecía para esta especie en Galicia.

‘Cousa de Raíces’ nació con dos objetivos principales: 1. Impulsar la concienciación positiva y el valor de los árboles autóctonos en sentido pleno: económico, cultural y ambiental; 2. Hacer cumplir la normativa existente relativa a la conservación efectiva de nuestras masas autóctonas y de las plantaciones arbóreas. A respecto de este último punto, teníamos la impresión de que la Administración pública competente no estaba ejerciendo su función; pero ahora ya tenemos datos contundentes que revelan la veracidad de nuestras sospechas.

«Adega adoptó hace año y medio el compromiso de denunciar todas las plantaciones y talas ilegales de las que tuviese conocimiento»

Tras el lanzamiento de la campaña, Adega adoptó el compromiso de denunciar, hasta donde pudieran sus voluntarios/as, todas las plantaciones o talas ilegales o incumplimientos de las distancias de seguridad de las que tuviera conocimiento, con el objetivo de favorecer el cumplimiento de la ley en materia de montes e incendios, pero también de otras normativas (costas, ríos, patrimonio…) que inciden directamente en la ordenación forestal.

Principalmente, es en la provincia de Lugo donde Adega realiza un mayor esfuerzo en la interposición de denuncias, porque es donde estamos detectando una mayor transformación del territorio en cuanto a la eliminación de superficie arbolada con especies autóctonas o con vocación agraria a favor de la expansión del eucalipto, y además de forma irregular.

Ahora, al cumplirse año y medio de una frenética actividad de denuncia por parte de Adega-Lugo contra las talas y plantaciones ilegales en la provincia -con eucaliptos, en el 100% de los casos observados-, desempeñando un papel más propio de los servicios de protección de la Naturaleza y de los guardias forestales de la Xunta que de una entidad ecologista, ya contamos con datos suficientes que nos permiten extraer varias conclusiones contundentes y esclarecedoras sobre la actitud con la que la Administración gallega se está enfrentando a esta nueva ola eucaliptizadora y de desorden forestal y, consecuentemente, territorial. Vamos a desbrozarlas.

1) Casi el 80% de los casos denunciados en Medio Rural están sin resolver

En el último año y medio, desde comienzos de 2016 hasta el mes de junio de 2017, ADEGA ha denunciado 300 casos de plantaciones y talas ilegales sólo en la provincia de Lugo. De estos, el 87% corresponden a parcelas que fueron plantadas con eucaliptos de forma presuntamente ilegal, y el restante 13% corresponde a talas a hecho de masas de árboles autóctonas, también de forma aparentemente irregular.

De todos los casos denunciados durante el último año y medio, sólo el 22% fueron resueltos, quedando el 78% restante sin respuesta o pendientes de investigación y resolución.

Podríamos pensar que la Consellería de Medio Rural no tuvo tiempo para resolver las denuncias más recientes del 2017, pero si sólo tenemos en cuenta los casos denunciados por ADEGA-Lugo en 2016, la ausencia de respuesta también es alarmantemente elevada (63%).

2) Sólo el 10% de las denuncias interpuestas instaron a la reparación del daño

La mayor parte de las denuncias presentadas por Adega-Lugo que fueron resueltas por la Dirección Xeral de Montes de la Xunta desde 2016 acabaron en archivo, bien porque el autor/a de la infracción ya reparó el daño antes de que se procediera a la apertura del expediente sancionador, bien porque la Administración no vio, o no quiso ver, en el hecho denunciado motivos de ilegalidad.

Si sólo nos ceñimos a aquellos casos que finalmente obtuvieron alguna resolución definitiva, observamos que el 55% de los mismos fueron archivados por esta segunda causa: la de la no consideración del hecho como infracción o incumplimiento de la normativa vigente.

Paralelamente, menos del 50% de los casos ya resueltos fueron considerados ilegales por parte de Medio Rural y sólo el 10% de todos los casos denunciados finalizaron finalmente con la eliminación o arrancado de los eucaliptos plantados y/o con interposición de sanción, instando a la reparación del daño cometido.

3) La mayoría de las resoluciones negativas no están suficientemente justificadas

Pocos motivos pueden justificar que casi el 80% de las plantaciones o talas irregulares denunciadas no obtuvieran aún una reacción por parte de Medio Rural. Mientras no se investiguen los hechos denunciados ni se abran expedientes sancionadores o requerimientos previos de reparación de daño, nuestro bosque sigue estando amenazado, seguimos perdiendo superficie agraria útil y las plantaciones ilegales acaban obteniendo una suerte de ‘amnistía’ que trasladan a la sociedad el mensaje de que ‘todo vale en mi finca’.

La Administración le traslada a la sociedad el mensaje de que ‘todo vale en mi finca’

Además, una gran parte de las infracciones denunciadas ante la Xunta son archivadas sin apercibimiento de reparación de daño, sin apertura de expediente sancionador y sin existir motivos suficientes que justifiquen tal archivo. Las excusas esgrimidas por la Xunta para dar carpetazo a nuestras denuncias son diversas:

Excusas

–La hipotética imposibilidad de poder datar con exactitud la edad de la plantación supuestamente ilegal o de no poder identificar el uso previo del terreno.
Ante la duda, las plantaciones denunciadas son consideradas por Medio Rural anteriores a la entrada en vigor de la Lei de Montes actual (agosto del 2012), quedando desafectadas, o simplemente se asimila un uso forestal del terreno sin hacer el más mínimo esfuerzo en comprobar cúal era su uso previo y, por tanto, si hubo un enmascarado cambio de actividad.

Cualquier usuario de internet tiene acceso a diversas plataformas desde las que comprobar la evolución de usos de una parcela

Pero estas no son más que excusas… Actualmente, cualquier usuario de internet, incluido el equipo técnico de la Xunta, puede determinar a través de diversas plataformas informáticas de geocomparación y/o geolocalización con qué especies contaba la parcela en cuestión o a qué uso se destinaba antes o después de la entrada en vigor de la Lei de montes.

Bien saben los especialistas en la materia (peritos, agrónomos, forestales, etc.) que existen otras fórmulas más científicas y fiables de datación de las masas arbóreas que se podrían estar aplicando en estos casos de duda… Pero, simplemente, no hay voluntad!

–Una interpretación ‘sui generis’ de la legislación de montes.
La Xunta está creando una gran inseguridad jurídica y confusión entre su propio funcionariado, que se ve impedido de aplicar la norma con una mínima coherencia. Se utilizan argumentos de tal extravagancia para interpretar la norma que incluso se están dando situaciones de total discriminación entre los presuntos infractores.

«La Xunta está legalizando ‘de facto’ plantaciones de eucalipto que ocupan pastizales, al considerarlos terrenos forestales»

La discrecionalidad que se vive en la interpretación de la normativa de montes está favoreciendo, además, que se legalice ‘de facto’ un ingente número de plantaciones ilegales de eucalipto que ocupan, en contra de lo que establece la ley, antiguos terrenos de pasto o de producción para forraje.

Los casos más llamativos son aquellos en los que el servicio jurídico de la Xunta autoriza plantaciones ilegales de eucaliptos en terrenos de pastizal, al considerar estos como terrenos forestales y no agrícolas… una curiosa y rocambolesca interpretación de la ley que, además, entra en contradicción con la normativa de prevención de incendios o con algunas convocatorias públicas de ayudas para la forestación de superficies que, paradójicamente, excluyen los terrenos de pastizal por considerarlos de carácter agrícola.

–Se da predominio a la clasificación urbanística del suelo frente a su vocación original o uso.
Si el terreno en el que se realizó la plantación tenía previamente un uso agrícola, pero aparece clasificado como suelo forestal en el planeamiento urbanístico del Concello, la Consellería de Medio Rural le da predomino a la calificación urbanística y exime las plantaciones ilegales de tener que atenerse a las obligaciones de cambio de actividad establecidas en la Lei de Montes.

Es decir, no intercede y permite que se ocupen terrenos de carácter agrario con especies arbóreas (sean o no pirófitas) sin tan siquiera exigir al propietario que solicite el cambio de actividad de agrícola a forestal. Esta forma de actuar, en la práctica, está constituyendo una flagrante dejación de funciones por parte de la Consellería de Medio Rural, que abandona a la voluntad de los ayuntamientos la configuración u ordenación de los montes.

–La caducidad de los expedientes sancionadores.
Estos casos son los menos frecuentes. Acontecen cuando existe un expediente sancionador abierto que acaba caducando al dilatarse de forma excesiva el procedimiento administrativo sin haber obtenido previamente una resolución. En estas situaciones, la reparación del daño dependerá de la voluntad de la Xunta, si quiere reiniciar el procedimiento sancionador, o de la existencia de una nueva denuncia de parte que dé lugar a un nuevo expediente.

Estas son algunas de las supuestas motivaciones de la Consellería de Medio Rural para resolver negativamente las denuncias de ADEGA y dejar consolidar en el tiempo el acto ilegal, en este caso, las plantaciones de eucaliptales contrarias a la Lei de montes de Galicia (Lei 7/2012).