¿Qué condiciones tienen las ayudas Next Generation para la industria agroalimentaria?

La Oficina Técnica Next Generation Galicia Food organizó una jornada digital para esclarecer los primeros requisitos de los fondos europeos. El eje 1 del Perte, destinado al fortalecimiento industrial del sector, fue el centro de la sesión

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¿Qué condiciones tienen las ayudas Next Generation para la industria agroalimentaria?

La sesión en línea se orientó cara las primeras condiciones del Perte agroalimentario

‘PERTE agroalimentario: mecanismo vertebrador y tractor del impulso a la transformación sectorial’ fue el título de la sesión digital organizada por la Oficina Técnica Next Generation Galicia Food, en la cual se abordaron las primeras condiciones de este programa de ayudas europeas dotadas con más de 1.000 millón de euros en las que está trabajando el Gobierno central. El eje 1 del PERTE, aquel destinado al fortalecimiento industrial del sector agroalimentario, sin incluir a productores ni distribución, contará con 400 millones de euros de presupuesto.

Ramon Herrero, subdirector general de Áreas y Programas Estratégicos del Ministerio de Industria, anunció las primeras condiciones de la convocatoria como, por ejemplo, que será un requisito para optar a estas ayudas que las empresas se presenten como agrupaciones sin personalidad jurídica propia que hayan establecido con anterioridad un acuerdo de agrupación.

Ramón Herrero en su intervención en la jornada en línea sobre el Perte agroalimentario

Ramón Herrero en su intervención en la jornada en línea sobre el Perte agroalimentario

El responsable estatal recomendó a las compañías que “mientras el Ministerio está redactando las bases de este programa, algo que se prolongará durante todo el primer semestre del año, vayan pensando en coaliciones para optar a estas subvenciones y préstamos”.

Las empresas gallegas contarán con la ayuda de la Oficina Técnica, una entidad impulsada por el Clúster Alimentario de Galicia y la Xunta de Galicia para movilizar proyectos tractores que opten a estos fondos europeos, al Plan estatal de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, en concreto, al PERTE agroalimentario, con el objetivo de armar una propuesta gallega conjunta.

Roberto Alonso, gerente de Clusaga, señaló que “estamos ante una oportunidad única para apoyar la transición digital y ecológica” para que el sector siga siendo competitivo en el mercado global. Igualmente, hizo hincapié en que el sector alimentario en Galicia genera un valor añadido bruto anual de más de 4.000 millones de euros, el 7,2% del PIB y más de 100.000 puestos de trabajo, un 9,2% del empleo total. Por su parte, sólo la industria alimentaria genera cerca de 10.000 millones de euros y más de 34.000 empleos.


Plazos provisionales que se manejan


Herrero manifiesta que desde el Ministerio el objetivo es “terminar la redacción de las bases en este primero semestre”, y, la falta de que las condiciones se concreten adelantó que “habrá unos 30 meses para ejecutar los proyectos tractores seleccionados con el 30 de septiembre de 2025 cómo límite máximo”. Desde Galicia Food destacan que “se trata de una oportunidad irrepetible ya que habrá una única convocatoria en el 2022, que se ejecutará entre el 2023 y el 2025”.

Asimismo, el subdirector general explicó “el tipo de actuaciones que se podrán apoyar en cada uno de los tres bloques en los que se divide el eje 1 del PERTE agroalimentario: competitividad, sostenibilidad y trazabilidad, y seguridad alimentaria”. Todos los proyectos tractores que se presenten deben incluir acciones en dos de estos tres bloques y uno de ellos debe ser obligatoriamente lo de la trazabilidade. Habló, por ejemplo, de iniciativas para el marcado y control, tecnología blockchain, etc.

Para impulsar la competitividad se buscan actuaciones que avancen en la digitalización como la automatización de los procesos, la implantación de la robótica o de soluciones de inteligencia artificial. Entre los proyectos de sostenibilidad se incluyen los planes de gestión ambiental conjunta.

Los tipos de ayuda, además de subvenciones, la mayor parte de los 400 millones de euros -hasta 250 millones- se repartirán en préstamos a interés cero con amortización a 10 años incluyendo tres de carencia. Será obligatorio cumplir con el denominado efecto incentivador marcado por la UE, es decir, que el proyecto no puede haber empezado antes de hacer la solicitud.

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