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La propuesta de la Comisión Europea para la Política Agraria Común (PAC) más allá del 2020, presentada el pasado 29 de noviembre, no representa un cambio de paradigma radical en su concepción, pero introduce elementos que dan margen a los Estados/Regiones para redefinir mucho la aplicación de la misma en su territorio.
Siendo cierto que estamos en los comienzos de la reforma, hay dos posturas a tomar: o la de “no por mucho madrugar amanece más temprano” o la de “quien a la zorra ha de engañar, tiene que madrugar” para no tener que escuchar lo de “a buenas horas…”. Evidentemente, cualquier país responsable (encabezado por su gobierno) tiene que abordar la reforma desde sus comienzos, precisamente porque es el momento en el que las discusiones están más abiertas, aunque algunos parezcan agarrarse a lo de “hay que esperar a que las cosas estén más claras”.
En esta fase inicial lo más importante parece girar sobre el llamado “nuevo modelo de aplicación”, que pivota en torno a la idea de los Planes estratégicos de la PAC, que afectarían también al Pilar I.
“Galicia podría decidir como configura sus pagos a los productores adaptándolos a nuestra realidad”
Con ellos la Comisión propone una mayor subsidiariedad en el marco de unos objetivos claros y acordados a nivel de la UE y de los Estados/Regiones. Es decir, propone que se definan los objetivos a alcanzar por la PAC a nivel de la UE y también en cada territorio y un marco general de intervención (tipología de instrumentos a alcanzar) común a toda la UE. Después, serán los Estados/Regiones los que en función de sus características agrícolas y climáticas adaptarán los mecanismos de intervención a su realidad. Eso incluye también mayor protagonismo en el diseño del marco de control y cumplimiento. Por ejemplo, Galicia podría decidir como configura sus pagos a los productores adaptándolos, por ejemplo, a las características estructurales particulares del país o a nuestros perfiles de especialización.
“Galicia tiene que aprovechar esta oportunidad de hacer una PAC a nuestra medida, a pesar de las presiones centralizadoras de Madrid”
Este nuevo enfoque ofrece una gran oportunidad para Galicia para poder hacer un traje más a la medida de nuestras necesidades y retos, algo que viene siendo demandado desde el propio momento de la entrada en la UE. Es decir, la Comisión plantea que ese plan estratégico de la PAC pueda hacerse a nivel regional, lo cual en una región como Galicia es fundamental por su diferenciación climática, estructural y de especialización con respecto a la mayoría del resto del Estado.
El Ministerio de Agricultura ya manifestó claramente que su posición es defender un Plan a nivel nacional, y todo apunta a que va a intentar o bien “escurrir el bulto”, o bien pelear de forma decidida para evitar perder poder en el control del primer Pilar.
¿Le interesa al sector lácteo gallego que quien diseñe los pagos directos esté Santiago o en Madrid?
Este nuevo modelo de aplicación presenta, además de esa gran oportunidad, dos grandes retos. En primer lugar, las regiones tendrán que atesorar la visión y capacidades para elaborar, argumentar y aplicar ese nuevo plan estratégico. Es decir, hacerlo nosotros mismos implica prepararnos para poder hacerlo, comenzando por reflexionar sobre cuál es el modelo agrario que queremos para el futuro y, consecuentemente, que tipo de apoyos precisan los diferentes sectores. También es necesario tomar consciencia de las implicaciones de este nuevo sistema de aplicación, que requerirán de una acción de la Administración mucho más técnica y menos burocrática.
No solo eso, volviendo a lo comentado con anterioridad, también se tendrá que atesorar la fortaleza política y los argumentos técnicos para contrarrestar la posición centralista del Ministerio de Agricultura. Cabe preguntarse si, por ejemplo, al sector lácteo gallego le interesa que quien diseñe los pagos directos del futuro tenga su base en Santiago o en Madrid.
El segundo reto pasa por la necesidad de una discusión a nivel gallego de que modelo de apoyo se quiere para nuestra agricultura y ganadería, lo cual forzosamente tendrá que pasar por gestionar intereses en ocasiones encontrados y visiones diversas del modelo agrario a desarrollar. Por lo tanto, exigirá que el gobierno tenga que definir su propia visión para el sector agrario, algo que en la actualidad no parece del todo claro.
Hay motivos para tener dudas en relación a este punto, teniendo en cuenta los precedentes. Por ejemplo, la propia aprobación del actual Programa de Desarrollo Rural (PDR) se hizo tras una advertencia de la Comisión Europea por la escasa y limitada participación social que se había dado durante su elaboración.
“La Consellería debe contar con sector agrario gallego para acordar una posición gallega ante la nueva PAC”
Sin embargo, es un buen momento para mudar el enfoque. Hace falta que cuando la Consellería traslade la posición gallega en relación a la reforma lo haga después de un proceso real y hondo de reflexión y discusión, por lo menos, con el sector agrario gallego. Para esa discusión y reflexión tenemos que superar el formato de actos meramente informativos que no permiten una participación real de los diferentes actores ni mucho menos una reflexión en profundidad idónea a la complejidad de la materia. Si esto no se hace no se podrá hablar de una posición, ya no gallega, si no del sector agrario gallego.
La PAC no lo es todo, pero es lo suficientemente importante y una buena excusa para relanzar la construcción de una visión de futuro para el campo gallego. Habrá que reflexionar, debatir y acordar las posturas de país que, con inteligencia y determinación, seamos capaces de defender más allá del 2020.
