Quince cosas que hay que cambiar en la política forestal contra los incendios

El Parlamento gallego aprueba una serie de recomendaciones de la comisión de estudio de los incendios forestales. En Marea y el Bloque votan en contra, PP y PSdeG a favor

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Quince cosas que hay que cambiar en la política forestal contra los incendios

Incendio forestal el pasado otoño. / Archivo.

La ola de incendios del pasado otoño ha destapado los riesgos a los que se enfrenta el monte gallego. Factores como el cambio climático o la progresiva ‘selvatización’ de la frontera de los núcleos habitados con las áreas agroforestales aumentan los peligros ante nuevas olas de fuegos.

Ante este escenario, el Parlamento gallego desarrolló en los últimos meses una comisión de estudio de los incendios en la que participaron 65 profesionales ligados al sector forestal. Resumimos a continuación algunas de sus recomendaciones, que se encuentran en el dictamen final de la comisión, aprobado con los votos a favor de PP y PSdeG y con los contrarios de En Marea y Bloque.

1) Impulsar nuevas fórmulas para la gestión conjunta del monte
Las Sociedades de Fomento Forestal (Sofor),un instrumento para agrupar la gestión de terrenos forestales, cosecharon un limitado éxito en los últimos cinco años, por lo que hay consenso para impulsar nuevas fórmulas de gestión conjunta del monte que sean complementarias a las Sofor.

La comisión aboga también por lograr una regulación de la fiscalidad que favorezca la inversión en el monte, de forma que las rentas forestales derivadas de una gestión conjunta no se graben en mayor medida que las de un propietario individual, como sucede en la actualidad con las Sofor.

El Parlamento propone además que se defina un marco regulador que priorice la explotación agrupada frente a propietarios individuales. Recomienda, por ejemplo, que las concentraciones parcelarias de monte se prioricen en aquellos lugares en los que una mayoría de propietarios opte por una fórmula de gestión conjunta.

2) Franjas de protección sin matorral ni arbolado en torno a núcleos habitados y vías de comunicación
El dictamen aconseja impulsar la ordenación progresiva de las franjas de protección, comenzando por las áreas de mayor riesgo de incendios. Se buscará que en las franjas alrededor de los núcleos se desarrollen actividades agrarias y se priorizará en estas zonas la movilización de tierras improductivas y la investigación de la propiedad de las mismas.

Creación de un ente

La Xunta centralizará en un ente la colaboración con los Concellos en materia de prevención, sobre todo para el control de las franjas de protección. Este ente deberá estar operativo antes del 30 de junio del 2019.

El Parlamento demanda además que los Concellos tengan acabados antes de cinco años los planes municipales de prevención y defensa contra incendios, en los que deberán figurar las franjas de protección de núcleos de población.

3) Movilidad de tierras
La comisión señala la necesidad de impulsar la movilización de los predios de vocación agraria incluidos en perímetros en estado de abandono, prestando especial atención a las franjas alrededor de los núcleos de población.

El dictamen parlamentario propone asimesmo mejorar el conocimiento de la propiedad rústica en Galicia, tanto forestal como agraria, estableciendo convenios con Catastro para identificar las parcelas sin propietario conocido e investigar a quien corresponden.

En caso de que no sea posible localizar al propietario, esas parcelas pasarían a ser gestionadas por la Xunta e inscritas en el registro de Propiedad a nombre de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), que podrá venderlas o cederlas.

Polígonos agrarios y forestales

En el marco de la ordenación integral del territorio rural, se propone la promoción de polígonos agrarios y forestales, en los que las fincas en estado de abandono se activarían -previo arrendamiento o venta- por parte de los promotores del polígono.

El Parlamento aboga por dotar de mayores medios técnicos y humanos al Banco de Terras. Se recomienda también que la Axencia Galega para o Desenvolvemento Rural (Agader) pase a llamarse Axencia Galega para o Desenvolvemento Rural Sostible e a Mobilización de Terra Produtiva.

4) Ordenación integral del territorio rural
El Parlamento aboga por una ordenación del territorio que defina de forma simultánea qué suelos tienen uso agrícola, ganadero o forestal. “Son usos que compiten por las mismas localizaciones, por lo que deben ordenarse de forma que se optimice el beneficio, no solo económico, sino también ambiental y social”, expone el dictamen de la Cámara autonómica.

En esta línea de trabajo, la comisión sugiere que los Planes de Ordenación de Recursos Forestales (PORF), de los que se dotará a cada uno de los 19 distritos forestales de Galicia, estén acabados a más tardar en el 2024.

5) Promover la inclusión de frondosas autóctonas como acompañantes de la especie principal en las repoblaciones que se hagan con fines productivos
El objetivo es mejorar la biodiversidad forestal y generar discontinuidades en masas monoespecíficas.

6) Creación de un registro de montes protectores y de masas consolidadas de frondosas autóctonas
El monte protector es una figura que aparece en la Lei de Montes de Galicia (Lei 7/2012), pero aun no están definidas sus características ni hay directrices de gestión para proteger sus valores.

La comisión recomienda que se desarrolle esta figura y que se cree un registro de montes protectores, así como otro de masas de frondosas autóctonas consolidadadas. Estas últimas deberán tener al menos 15 hectáreas de superficie y un mínimo de veinte años de edad media de sus pies.

7) Regular la figura del silvicultor activo y crear un registro voluntario de los mismos
Por silvicultor activo, se entenderá a los propietarios individuales, comunidades de montes o sociedades de propietarios que tengan un instrumento de ordenación y gestión forestal aprobado, que dispongan de certificación forestal, que sean miembros de una asociación de propietarios y que acrediten que realizan actividades ligadas a la explotación económica de sus montes.

El dictamen de la comisión propone que la Administración priorice a los silvicultores activos en la concesión de subvenciones e incentivos públicos de apoyo al sector forestal.

8) Cambios en las subvenciones al sector forestal para transformarlas en acuerdos / contratos sostenidos en el tiempo
Con este cambio, se busca una financiación estable para el conjunto de operaciones especificadas en los intrumentos de planificación forestal (proyectos de ordenación, modelos silvícolas, etc.) aprobados por la Administración. De este modo, se mejoraría la programación de trabajos de cada monte, evitando que haya que buscar el encaje de las distintas convocatorias de la Administración en las necesidades del monte.

La comisión propone porcentajes de subvención variables, apoyando en mayor medida a los montes menos rentables, lo que incentivaría la reforestación o regeneración con determinadas especies.

El Parlamento llama también a adelantar las convocatorias de las subvenciones para que haya tiempo suficiente para el desarrollo en plazo de los trabajos, como en el caso de las ayudas a desbroces.

9) Reforma de la fiscalidad forestal
El dictamen demanda una reforma legislativa relativa al impuesto de sociedades para reducir el tipo impositivo aplicable a comunidades de montes vecinales. Se pide también una mejora de la fiscalidad aplicable a las sociedades de fomento forestal (Sofor).

10) Creación de fondos de inversión forestal

La comisión sugiere la puesta en marcha de una regulación específica para la creación de fondos de inversión que sirvan por un lado, como instrumento de ahorro a largo plazo, y por otro como mecanismo financiero para promover una gestión forestal sostenible. Se propone que estos fondos puedan invertir directamente en activos forestales o bien participar en sociedades de fomento forestal (Sofor).

11) Creación de una comisión de simplificación normativa
La concurrencia de múltiples Administraciones con competencia sobre el monte lleva a que en determinadas áreas, con afecciones por ejemplo de Patrimonio o de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, los permisos de tala y otros trámites se lleguen a retrasar más de seis meses, con picos de hasta 10 meses de espera. Se creará una comisión para simplificar la normativa, que deberá presentar sus conclusiones a más tardar el 30 de junio del 2019.

12) Desarrollar un plan de actuaciones de mejora de las zonas de pastoreo extensivo en terrenos forestales
Existe consenso para fomentar la ordenación silvopastoril del territorio, de forma que contribuya a la prevención de los incendios.

13) Recuperar el uso de las quemas controladas
Fuera del periodo de máximo riesgo de fuegos, se pretende un mayor uso de las quemas controladas para la reducción del combustible acumulado en el monte.

La comisión recomienda también el desarrollo de un programa estratégico para el fomento de la biomasa forestal, como paso previo a su explotación. El programa deberá estar acabado antes del 31 de diciembre del 2019.

14) Compensaciones por restricciones en áreas naturales
La comisión recomienda implantar mecanismos de compensación a los propietarios de terrenos incluidos en espacios protegidos por las mayores restricciones que soportan. Se demanda la creación de un Fondo Forestal Nacional que se nutra de aportaciones de empresas emisoras de gases de efecto invernadero o distribuidoras de combustibles fósiles.

En espacios protegidos, se recomienda además la elaboración de instrumentos de planificación de usos sociales y turísticos, que también se aconsejan para los entornos urbanos.

15) Creación de un Consello de Comunidades de Montes Vecinales
Este órgano contaría con participación de representantes de las comunidades de montes y actuaría como un ente consultivo de la Administración en aspectos legislativos y en lo tocante a cuestiones como la rescisión de convenios o la declaración de montes vecinales en estado de abandono.

En los casos en que se declare un monte en estado de grave abandono y se ceda su uso a terceros, deberá dársele prioridad en el acceso al mismo o bien a agrupaciones en las que participen comuneros del monte afectado, o bien a comunidades de montes que tengan acreditada la gestión adecuada de sus montes y que estén inscritas en el registro de silvicultores activos.

Desacuerdo entre los grupos parlamentarios

El dictamen de la comisión de estudio de los incendios forestales contó con los votos a favor de PP y PSdeG, en tanto En Marea y el Bloque votaron en contra, con el argumento de que el PP no tenía intención real de cambiar el modelo forestal. “Sólo venden propaganda”, valoran en la Marea. Por parte del BNG, abogan por medidas como una moratoria al eucalipto.

El PSdeG, por su parte, justificó su voto a favor en que el dictamen constituye una “oportunidad para ponerle deberes” a la Xunta. “No se trata de juzgar una política forestal y de extinción que es manifiestamente mejorable”, valoran.

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