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Los precios de la leche se mantienen estables en los supermercados en los últimos años, pero toda la cadena de la leche está asumiendo una subida progresiva de los costos de producción. Esa subida se ha dejado notar en especial en el último medio año por el encarecimiento de los costos de alimentación y de la electricidad. Desde Unións Agrarias iniciaron estos días una ronda de contactos con los principales supermercados para abordar la situación de precios de la leche en los lineales.
El objetivo de la organización agraria es descongelar el precio final de la leche, de forma que pueda ir subiendo en la medida en que crecen los costes de producción de las granjas. «Estamos teniendo reuniones muy positivas. Las cadenas de supermercados lo que nos transmiten es que si todos remamos en la misma dirección, ganaderos, industrias y supermercados, están dispuestas a encontrar soluciones, siempre respetando la normativa de Competencia», subraya el responsable de Acción sectorial de Unións Agrarias, Félix Porto.
La organización agraria considera que la situación es insostenible y llama a las Administraciones, Xunta y Ministerio, a tomar cartas en el asunto. «Tenemos una Ley de la Cadena Alimentaria que estipula que los productos del campo no se pueden vender por debajo de los costos de producción y eso hay que cumplirlo. Es necesario encontrar una solución, que pasa por los supermercados y por las industrias, y las Administraciones deberían estar volcadas en esa tarea. Algo que deberían estar haciendo ellos -cuestiona-, lo estamos haciendo nosotros».
Marca blanca
Unións pone el foco en especial en los precios de las marcas blancas, que sitúa en un arco de precios de 55-59 céntimos. «En Francia no se encuentra ninguna leche en el supemercado a menos de 69 céntimos. No es justificable que en España todas las marcas blancas estén un mínimo de 10 céntimos por abajo», critican.
De cara a finales de la próxima semana, la organización espera culminar las reuniones pendientes con las cadenas de distribución, en tanto aguarda pasos de Ministerio y Xunta, «que tienen que actuar de árbitros y garantes», concluye Porto.
