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Diez años después de la llamada Operación Fito, que acabó juzgando y condenando a una red de concesión de carnés fraudulentos para la aplicación de productos fitosanitarios, se están viviendo de lleno las consecuencias sobre el terreno de la anulación de aquellos títulos.
Un total de 6.817 productores gallegos se están encontrando estos días con que han sido invalidados sus permisos para poder comprar productos con los que tratar sus cultivos, un problema que llega en plena campaña de tratamientos contra enfermedades fúngicas como el mildiu en viñedo o huerta y con la siembra del maíz en vacuno de leche.
La Xunta acaba de remitir una nota explicativa a las tiendas de fitosanitarios pidiéndoles que revisen uno a uno los carnés de sus clientes
La Consellería do Medio Rural acaba de enviar una circular a todas las tiendas de fitosanitarios pidiéndoles que comprueben uno a uno los carnés de sus clientes, para verificar que siguen dados de alta en el registro oficial del Ministerio (ROPO), advirtiéndoles de las sanciones millonarias que acarrearía seguir dispensando productos a personas no autorizadas.
Mientras tanto, desde asociaciones de productores y organizaciones agrarias se pide a las Administraciones competentes (Xunta de Galicia y Gobierno central) que habiliten con urgencia una solución transitoria que permita salvar la cosecha de este año, aplicando los tratamientos necesarios para garantizar la salud de los cultivos.
Otro productor con carné básico no podría ni comprar ni aplicar tratamientos fuera de sus fincas
De momento, las únicas opciones que tienen los productores que han perdido su título de aplicador son, o bien adquirir envases pequeños, cuya compra y uso está permitida a personas sin carné para uso doméstico en jardines o huertos particulares, o bien contratar a un profesional con capacitación cualificada, que lo faculte para aplicar tratamientos en fincas de terceros. Otro productor con carné básico no podría, sin embargo, ni comprar para un vecino ni utilizar productos fitosanitarios en sus parcelas.
Isabel Vilalba (SLG)
“La Administración no puede ahora lavarse las manos porque era conocedora del fraude”
“El grupo de personas afectadas es muy heterogéneo, pero quizás es de los viticultores de donde más nos está llegando el problema”, cuenta Isabel Vilalba, secretaria general del Sindicato Labrego Galego, que pide a la Xunta de Galicia “que no se desentienda del problema” por ser “corresponsable”.
“Las personas pueden ser más o menos engañadas, pero la Administración pública tenía conocimiento del fraude y siguió funcionando durante mucho tiempo. Tanto la Consellería do Medio Rural como la Consejería de Castilla y León avalaron que se siguieran impartiendo estos cursos, por lo que ahora la Xunta de Galicia no puede desentenderse de esta gente afectada”, dice.
Un procedimiento de formación para miles de personas no podemos pensar que lo desconoce la Administración responsable
“Es necesario buscar una solución urgente para estas personas, para que puedan sacar el carné lo antes posible y, mientras tanto, que puedan contemplarse excepcionalidades. La Administración tiene que habilitar un procedimiento para que esto se solucione y acelerar la convocatoria habitual de cursos de formación. Hay que facilitarles una solución momentánea y una formación apropiada, pero no ir en contra de la gente y sancionar a las personas afectadas, que no dejan de ser víctimas de un fraude”, argumenta Isabel.
“La Xunta tiene que corresponsabilizarse de la situación, ya que es corresponsable del problema”, afirma, pues “estamos ante una irresponsabilidad muy grande, porque si la Xunta hubiera actuado en el primer momento, cuando hubo las primeras denuncias sobre un procedimiento de formación sospechoso y lo hubiera parado, en vez de 6.800 personas afectadas habría 50 o 100. Pero en vez de pararlo, lo avaló, diciendo que era una formación que cumplía con la legislación y que era válida para obtener la titulación requerida”, recuerda la secretaria general del SLG.
Si la Xunta hubiera actuado ante las primeras denuncias, en vez de 6.800 personas afectadas habría 50 o 100
“Desde luego, quien no es culpable es la gente, que estaba sacando un carné mediante una formación reglada y autorizada por la Administración, porque un procedimiento de formación para miles de personas no podemos pensar que lo desconoce la Administración responsable”, argumenta.
Y añade: “como organización agraria también sufrimos esos procedimientos, porque la gente que se apuntaba a nuestros cursos nos decía que en León no hacía falta hacer todo eso. Era un poco frustrante, porque había una legislación y una normativa que no se cumplía y la Administración lo sabía”, reitera.
Carlos Basalo (UUAA)
“Hay que adoptar medidas transitorias, porque los cursos para 6.800 personas non se hacen de hoy para mañana”
Carlos Basalo es el responsable de la oficina del sindicato Unións Agrarias en O Ribeiro y el encargado de los temas de viñedo. Por ahora no han recibido quejas de afiliados, pero teme que, por la proximidad a la comarca de El Bierzo, zonas como la de Valdeorras puedan estar entre las más afectadas.
“Es una situación complicada, porque se da en un momento muy delicado del cultivo. Muchos viticultores afectados están en el momento de aplicar tratamientos y no darlos podría ser una ruina para el sector”, asegura.
Por eso, afirma, “hay que buscar una solución”, porque “de los 6.800 afectados, 4.000 la necesitan con urgencia, para tratar el viñedo o las patatas”, ejemplifica. Así pues, Carlos pide “que se den las facilidades suficientes para que nadie tenga que dejar de tratar por esto, permitiendo una medida transitoria hasta pasar la campaña, hasta el mes de septiembre por lo menos, porque es inviable ahora hacer cursos de un día para otro para 6.800 personas”, considera.
Si los queremos hacer bien, los cursos no se pueden dar en un auditorio, para que pueda haber una parte práctica
El curso básico es de 25 horas distribuidas en varias jornadas, con un número máximo de 20 personas por curso. “Si lo queremos hacer bien, no se pueden dar en un auditorio, para que pueda haber una parte práctica”, justifica.
Por eso, dice, “la Administración tiene que poner cursos sobre la mesa para que esta gente pueda sacar de nuevo el carné. En O Ribeiro, donde estoy yo, se hicieron muchos cursos en su momento, tanto por parte de la Xunta como de las distintas organizaciones agrarias, pero en otras zonas no fue así”, recuerda.
UUAA critica que no haya una comunicación oficial a las personas a las que se les ha anulado su carné de fitosanitarios y critica la pasividad mostrada por la Administración hasta ahora. “La pregunta es por qué no se paró esto antes. Se permitió en su momento”, indica Carlos.
Roberto Rivas (Fruga)
“Este problema viene derivado del desmantelamiento de las oficinas agrarias comarcales, que es donde se tenían que dar los cursos”
Roberto Rivas es presidente de la Asociación Galega de Viticultura, que engloba a pequeños productores de distintas zonas y denominaciones de origen. Considera que lo que está ocurriendo es “una metedura de pata más de la Administración, y no por no anunciada”, dice.
“Hace años que dijimos que la gente se estaba yendo fuera porque aquí no había cursos suficientes y poníamos en duda si esos carnés iban a valer o no”, cuenta. “Nosotros lo avisamos entonces y pedimos a la Administración que hiciera algo, y no lo hicieron”, afirma.
“Este problema viene derivado del desmantelamiento de las oficinas agrarias comarcales”, sentencia. “Eran necesarios más cursos, pero quienes tenían que hacerlos eran las oficinas agrarias, que están desmanteladas. Después les hicimos ese trabajo las asociaciones, los sindicatos e incluso los Ayuntamientos”, dijo, por lo que pidió “que haga la formación quien tiene que hacerla, que son las oficinas agrarias de la Xunta; ya está bien de hacer dejación de funciones”, criticó.
No puede ser que se le diga a la gente ‘usted este año no puede sulfatar las patatas’
“Lo que no es de recibo es que la gente se encuentre ahora con el problema cuando va a comprar productos a la tienda. Primero hay que dar una moratoria y después una formación. No puede ser que se le diga a la gente usted este año no puede sulfatar las patatas”, argumenta Roberto.
Considera que los más afectados van a ser pequeños productores y personas jubiladas que producen para autoconsumo. “Los profesionales bien que nos encargamos de que el carné nos valiera. La Asociación Galega de Viticultura hizo 5 cursos en Valdeorras para que todo el mundo pudiera tener el título”, indicó, pero reconoció que “entre los afectados puede haber pequeños viticultores”.
Sin el carné, en las tiendas no puedes comprar un paquete de 5 kg, pero sí 10 paquetes de medio kilo
“Los profesionales tenemos el carné superior, que requiere de 200 horas de formación y nos permite sulfatar nuestras fincas y las de un vecino que nos lo pida; el básico, de solo 25 horas, es el que tienen los aficionados”, explica.
Roberto también cuestiona la efectividad de la regulación establecida. “Sin el carné, en las tiendas no puedes comprar un paquete de 5 kg, pero sí 10 paquetes de medio kilo, y eso no favorece ni el uso sostenible de fitosanitarios ni el medio ambiente, como dice pretender la normativa, lo único que hace es encarecer el producto”, argumenta.
Polémica con los “antisulfato”
Roberto considera que la anulación de los carnés llega en mal momento, no solo por estar en plena campaña de aplicación de fitosanitarios, sino por sumarse al enfrentamiento creciente que en muchas zonas se da entre “los antisulfato” y los propios productores.
“Llueve sobre mojado, porque estamos en un momento en el que hay una polémica muy fuerte servida. En nuestra comarca cada vez hay más conflicto”, reconoce. Él es socio de Adega Moraima, una cooperativa afincada en Barro, perteneciente a la subzona del Salnés dentro de la Denominación de Origen Rías Baixas.
Los antisulfatos piden la regulación de los sulfatos y los viticultores lo que decimos es que regulado ya está, lo que hace falta es que la normativa se cumpla
“Mucha gente que se vino a vivir al rural y montó la piscina al lado de una viña de más de 100 años es la que dice que le molesta el sulfato. En O Salnés en este momento la presión de la viña es grande, es cierto, porque es el único cultivo que funciona en la zona. Nosotros queremos vivir del rural, que no es lo mismo que vivir en el rural”, diferencia.
Control OJD
