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La asociación de ganaderos y ganaderas Agromuralla exige tanto al Ministerio de Agricultura como a la Consellería de Medio Rural una «clarificación urgente» de la normativa que regulará la aplicación del purín y el estiércol en los próximos años y «ayudas específicas directas» que permitan al sector adaptarse a la nueva regulación sin que los costes aparejados que conlleva su cumplimiento supongan «una pérdida de rentabilidad inasumible para la mayoría de las explotaciones».
«Se anunció por parte de la Administración que tanto el Real Decreto estatal que prohíbe la aplicación del purín tal como lo veníamos haciendo hasta ahora las ganaderías así como la Ley gallega de gestión integral de purines entrarían en vigor en 2021. Nos encontramos a pocas semanas de esa fecha sin que a día de hoy existan certezas de ningún tipo al respecto, un hecho que preocupa al sector por los elevados costes que originaría el cumplimiento de la nueva normativa en las explotaciones», denuncia el presidente de Agrumuralla, Roberto López.
Costes de entre 9.000 y 120.000 euros por explotación
Desde Agromuralla explican que la entrada en vigor de la nueva normativa estatal que prohíbe echar el purín con los actuales sistemas de plato o abanico obligaría a adaptar o susbtituír las más de 20.000 cisternas que hay en este momento en Galicia, un deber que afectaría tanto al sector de vacuno de carne como de leche pero que «castigaría especialmente a las 7.000 explotaciones que hay produciendo leche en este momento en Galicia».
La necesidad de adaptar las cisternas o comprar otras nuevas supondría una pérdida de rentabilidad para la mayoría de las explotaciones con los precios actuales de la leche y de la carne
El coste de adaptación de las cisternas actuales a los nuevos sistemas de aplicación permitidos, mediante tubos colgantes o inyección en la tierra, oscilaría entre los 9.000 y los 18.000 euros, en función de la marca y la capacidad de la cisterna, pero, en caso de que su adaptación no fuese viable técnicamente, obligaría a la adquisición de una nueva con un coste que está entre los 30.000 y los 120.000 euros, dependiendo del modelo, unos equipos además que se están encareciendo a raíz del aumento de la demanda en el mercado y la limitada oferta que hay a día de hoy.
El elevado número de parcelas en las que se divide la superficie agraria de la mayoría de ganaderías obligará a cada explotación a hacer centenares de analíticas todos los años, lo que supone más burocracia y más gastos
A mayores, las nuevas exigencias en cuanto a que las explotaciones deben llevar a partir de ahora un cuaderno de explotación con planes específicos de abonado y realizar continuas analíticas del suelo para estimar la cantidad de nutrientes a aplicar añade «burocracia y nuevos gastos» a las granjas, denuncia Agromuralla, que demanda «un plan de ayudas específico para la adaptación a la nueva normativa».
Una norma que no se adapta a la realidad gallega
Agromuralla reclama una «flexibilización» del proyecto de Real Decreto de Nutrición Sostenible en Suelos Agrarios presentado por el Ministerio de Agricultura a finales del pasado mes de septiembre y que se encuentra en fase de resolución de alegaciones presentadas por «no tener en cuenta a realidad y el modelo de producción que se da en Galicia». «Es un Decreto que no se adapta a la realidad de la principal comunidad productora de leche de España», asegura Roberto López, presidente de la asociación, ni por las características de las explotaciones y de la superficie agraria que manejan ni por los condicionantes climatológicos y de orografía.
El minifundio y la orografía de muchas zonas productoras de leche gallegas limita las posibilidades de aplicar el purín mediante sistemas de tubos colgantes o inyectores
«El minifundio y la orografía de muchas zonas productoras de leche condiciona de manera significativa en Galicia las posibilidades de aplicar el purín mediante sistemas de tubos colgantes o inyectores, un método inviable por ejemplo en terrenos de mucha pendiente o en suelos pedregosos», argumenta Agromuralla, que recuerda que Galicia concentra el 40% de la producción láctea española, por lo que la entrada en vigor de la nueva normativa podría «poner en riesgo» un sector estratégico en nuestra comunidad.
Ejemplo de economía circular a tener en cuenta en la PAC
«La pérdida de ayudas de la PAC que podría llevar aparejado el incumplimiento de la norma de cara al nuevo periodo 2023-2027 sería un factor determinante en la merma de ingresos de las explotaciones y en su falta de viabilidad», alerta Roberto López, que hace hincapié en que «las explotaciones gallegas somos un ejemplo de economía circular y de valorización de residuos mediante la utilización del purín y el estiércol como abono orgánico en el suelo», un factor que pide que se tenga en cuenta en los nuevos criterios de reparto de las ayudas europeas.
La utilización de abonos orgánicos evita el uso de fertilizantes de síntesis química, mucho menos sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Debería tenerse en cuenta eso en los nuevos criterios de reparto de las ayudas de la PAC
«La utilización de abonos orgánicos evita el uso de fertilizantes de síntesis química, mucho menos sostenibles desde el punto de vista medioambiental», defiende Agromuralla, que teme que «las trabas a la aplicación del purín hagan a las explotaciones más dependientes de abonos químicos, más caros también desde el punto de vista económico».
Indefinición e incertidumbre
La misma indefinición e incertidumbre que se produce en este momento con la entrada en vigor del Real Decreto estatal también se da en la normativa de aplicación gallega. «La futura Ley Gallega para la Gestión Integral de las Deyecciones Ganaderas se encuentra parada desde antes de las elecciones del pasado mes de julio y no sabemos nada más tampoco de las cuatro plantas de tratamiento de purines que la Xunta anunció que instalaría en las principales comarcas ganaderas de Galicia (A Pastoriza-Terra Chá, O Deza, A Limia y Xallas-Mazaricos) para tratar en estas instalaciones los posibles excedentes de purín de las explotaciones», denuncia Agromuralla.
La futura Ley Gallega para la Gestión Integral de las Deyecciones Ganaderas se encuentra parada desde antes de las elecciones del pasado mes de julio. Nada sabemos de las cuatro plantas de tratamiento de purines anunciadas por la Xunta
La obligación de que las explotaciones cuenten a partir de ahora con planes de abonado y realicen análisis periódicos sobre el estado de los suelos implicará nuevos costes técnicos y de gestión para las granjas, que se añaden «a la excesiva carga burocrática que ya soportan las ganaderías a día de hoy», opina Agromuralla, nuevos requerimientos de una gestión más profesionalizada desde el punto de vista agronómico que no están al alcance de las pequeñas explotaciones de origen familiar gallegas, denuncia Roberto López, toda vez que «el elevado número de parcelas en las que se divide la superficie agraria de la mayoría de ganaderías obligará a cada explotación a hacer cientos de analíticas todos los años».
