“Tierra para quien la quiera trabajar”

La lucha contra el abandono de la tierra agraria tiene que ser un objetivo fundamental de cualquiera política pública en una comunidad autónoma como la gallega, caracterizada por la extraordinaria riqueza de su tierra. Recuperar la tierra agraria y, desde el máximo respeto a sus propietarios, ponerla en valor por la vía de su puesta a disposición de las personas que la quieran trabajar dando siempre prioridad a las explotaciones ya existentes. Ordenar el territorio rural y fijar población en él. Estos son los grandes objetivos de la Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia, actualmente en trámite en el Parlamento autonómico.

Con esta norma se trata de apoyar, ayudar y fomentar a quien desee aprovechar la tierra y darle valor. Apoyar, ayudar y fomentar que pueda hacerlo con las mayores garantías. Una seguridad jurídica que se extiende, también, tanto al titular de los terrenos como a quien quiera sacarles partido mediante su aprovechamiento agroganadero o forestal.

Así, estamos ante una ley muy “garantista” porque -en el primer caso, para los propietarios- la Administración (en este caso la Agencia Gallega de Desarrollo Rural) asegura el pago a pesar de que el arrendatario no lo satisfaga. Además, la futura norma permitirá actualizar el catastro y, dentro de lo posible, el registro de la propiedad. A mayores, en segundo término -para lo cual va a aprovechar las tierras- esta agencia garantiza el arrendamiento, la cesión o la venta.

Es una norma, sin duda, “ambiciosa”, con la que pretendemos llevar a cabo una verdadera -y moderna- “reforma agraria”, en el sentido de activar tierras abandonadas o infrautilizadas para darles una nueva vida. Para generar riqueza y empleo, en definitiva. Pero sin ambición no hay victoria, y el rural gallego merece el mayor de los éxitos.

Porque sabemos -un estudio de la USC y de la Universidad de Vigo así lo avala- que la recuperación de la tierra tiene su recompensa: la movilización de alrededor de medio millón de hectáreas en situación de desuso o abandono supondrá un impacto total sobre la economía gallega de alrededor de mil millones de euros, así como un incremento del empleo superior a los 15 mil puestos de trabajo, según las conclusiones del referido informe.

Por lo tanto, con este texto legal queremos revitalizar social y económicamente nuestro rural, trabajando así por la recuperación demográfica, por la mejora de la calidad de vida de la población y, al tiempo, por la anticipación a los incendios forestales.

Es una norma que completa y desarrolla, además, el marco legislativo actual y que culmina un camino iniciado por la Ley de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia, conocida como Metaga, con la que continuaremos decretando nuevas reestructuraciones parcelarias. Las reestructuraciones son un buen instrumento, pero esta ley completa la caja de herramientas con otros mecanismos imprescindibles.

Esta ley va mucho más allá de esos procesos de reestructuración y representa, de hecho, una clara apuesta por una idónea ordenación del territorio rural y por su puesta en valor mediante novedosos instrumentos, algunos de los cuales ya demostraron su eficacia sobre el terreno (nunca mejor dicho). Hablamos de las aldeas modelo, de los polígonos agroforestales o de las agrupaciones de gestión conjunta. Todos ellos son mecanismos voluntarios, basados en los arrendamientos, en las cesiones, en las transmisiones de la titularidad de las parcelas o en la gestión conjunta. Buscando siempre que las parcelas tengan el tamaño suficiente para garantizar la rentabilidad de su puesta en valor.

Vamos más allá aún, estableciendo el procedimiento de declaración de abandono o infrautilización de predios y fomentando la investigación de la propiedad, tan necesaria en un territorio como el rural gallego en el que hay muchas parcelas en las que no se da localizado a su titular. Con la información que aporta la investigación, trabajaremos para actualizar el Catastro en Galicia, notificando al Gobierno central, que tiene las competencias en la materia, los resultados de esa labor. Atendemos así una tradicional reclamación de la gente del rural. Porque todos queremos tener bien plasmado en un documento lo que es nuestro.

Otro de los grandes objetivos es garantizar el futuro y la continuidad de nuestro campo. Para eso, la ley crea un Banco de Explotaciones, que mediará entre los dueños de granjas que abandonan la actividad y los interesados en trabajarlas. Lo que se persigue es no sólo fomentar el relevo generacional, sino también aprovechar unas tierras que, de no existir recambio, podrían quedar abandonadas.

Todo esto, también, con incentivos tanto financieros como fiscales, estos últimos en una doble vertiente. En lo que alcanza a impuestos que gestiona la propia comunidad autónoma y proponiendo al Estado, también, mejoras tributarias en los impuestos que dependen de él.

En los impuestos de nuestra competencia vamos a incentivar, por ejemplo la inversión en empresas agrarias, la adquisición de viviendas en las aldeas modelo, la compra o arrendamiento de fincas rústicas o la transmisión, arrendamiento o cesión temporal de terrenos incorporados a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural.

En lo que se refiere a la tributación estatal, vamos a proponer incentivos en impuestos como los de la renta con una finalidad semejante. Se hará para favorecer el arrendamiento de las parcelas rústicas al Banco de Terras, así como de las parcelas rústicas que se incorporen a los polígonos agroforestales, a los proyectos de aldeas modelo o a las agrupaciones de gestión conjunta. También, para incentivar los promotores de estas figuras de movilización de tierras.

En cuanto a la búsqueda del consenso, hace falta recordar que esta ley, entre otras cosas, es fruto de las reflexiones de los comparecientes en la Comisión de Estudio sobre la política forestal puesta en marcha tras los incendios del 2017. Por lo tanto, con esta norma damos cumplimiento al mandato del Parlamento gallego, ya que incorpora las conclusiones del Dictamen de la dicha comisión, que, recordemos, salió adelante con el respaldo mayoritario de sus diputados.

Pero también responde a las demandas de la gente del rural que cómo Custodia, vecina de Infesta (Monterrei), una de las primeras aldeas modelo de Galicia, quieren que desaparezcan las mimosas y la maleza de los antiguos socalcos que rodean su aldea y que sólo traen incendios y fauna salvaje a la puerta de las casas, para que se vuelvan a llenar de huertas, cepas, olivos o frutales, entre otros cultivos.

Estamos, en definitiva, ante una estrategia normativa orientada a la dinamización y puesta en valor de nuestro rural, un objetivo en el que seguimos trabajando con intensidad. Para fijar población, activando el territorio sobre el que se asienta; para promover la actividad en sus sus tres usos: agrario, ganadero y forestal; para recuperar la demografía con el asentamiento de la población y para mejorar la calidad de vida de las gentes que viven en el y del rural. También, por supuesto, para anticiparnos a los incendios forestales, mediante la prevención activa y la implantación de actividad agraria. Actividad en la tierra, una tierra para quien la quiera trabajar.

José González Vázquez
Consejero de Medio Rural
Xunta de Galicia