Ultimada la entrada en el Parlamento de la Lei de Recuperación da Terra Agraria

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Ultimada la entrada en el Parlamento de la Lei de Recuperación da Terra Agraria

Paisaje rural. / Archivo.

El Consello da Xunta ha dado luz verde a un informe sobre la propuesta normativa de la futura Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, que próximamente será remitida al Parlamento. La nueva norma, que busca poner en uso tierra abandonada, así como reducir los problemas derivados del minifundio, tendrá una serie de ejes de actuación, la mayoría ya conocidos, que se detallan en el informe presentado esta semana. Resumimos a continuación sus principales puntos.

Identificación y ordenación de usos
La normativa ordenará el uso de las tierras de carácter agroforestal. Se realizará a través de la puesta en marcha de un Mapa de usos agroforestales, que servirá de base para planificar las actuaciones de las administraciones públicas en la materia. También se prevé la creación de un Catálogo de suelos agropecuarios y forestales.

Investigación de la propiedad
En aquellas parcelas en las que haya interés por su recuperación y puesta en valor, la Xunta iniciará procedimientos de revisión topográfica y de titularidad, tras lo que notificará los resultados a Catastro, para que proceda a su actualización.

Declaración de abandono
En la ley se establece la declaración de abandono o infrautilización de predios. A los propietarios con terrenos infrautilizados que se vean inmersos en este proceso se les ofrecen tres opciones: recuperar el terreno y ponerlo en condiciones de producción, ceder a un tercero su uso y aprovechamiento o, por último, incorporar el predio al Banco de Terras.

De no aceptar ninguna de estas opciones, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader) podrá emitir resolución de declaración de abandono, que puede comportar la apertura de expedientes y permite la ejecución subsidiaria de la limpieza del predio.

Instrumentos de recuperación y puesta en valor de la tierra

Los nuevos instrumentos que se anuncian para movilizar la tierra e impulsar su gestión conjunta son los polígonos agroforestales, las aldeas modelo y las agrupaciones de gestión conjunta.

Polígonos agroforestales
Los polígonos agroforestales tienen por objeto poner a producir áreas de tierra agraria abandonada o infrautilizada y con buena capacidad productiva, por iniciativa de la administración o de particulares. Su puesta en marcha podrá requerir de la reestructuración de la propiedad y de la existencia de agentes promotores, que se someterán a un proceso de concurrencia competitiva para gestionar la tierra.

La norma establece que con los polígonos agroganaderos y forestales se podrán producir cambios de titularidad por compraventas ligadas a la puesta en marcha del proyecto y también contratos de arrendamiento entre los propietarios y los interesados en poner a producir esas tierras.

Polígonos devasa
Los polígonos devasa (cortafuegos) serán un subtipo de polígono agroforestal. Procuran la gestión del territorio con el fin de anticiparse a los incendios. Se promoverá en ellos la actividad agrícola, ganadera y forestal, en todos los casos mediante criterios sostenibles y, en el caso de los usos forestales, utilizando especies que reduzcan el riesgo de propagación de fuegos.

Aldeas modelo
Con la figura de las aldeas modelo se busca recuperar de manera sostenible tierra abandonada alrededor de los núcleos de población, creando actividad agroganadera y, por lo tanto, cortafuegos naturales para anticiparse a los incendios. Dentro de esta figura, de la que ya existen varias iniciativas piloto en marcha, se crearán las llamadas Áreas de dinamización de núcleos rurales (Dinur), enfocadas a la mejora de equipaciones y servicios, entre otras cuestiones.

Agrupaciones agroganaderas y forestales de gestión conjunta
Otra figura establecida en la ley es la de las agrupaciones (agroganaderas y forestales) de gestión conjunta, regulando la finalidad de estos colectivos, el objeto y también los requisitos que deberán cumplir como promotoras de las actuaciones conjuntas.

Este modelo de gestión conjunta no supondrá la reorganización de la propiedad de los terrenos agroforestales y comportará la obligatoriedad de su gestión y aprovechamiento de manera conjunta durante el tiempo de vigencia.

Dentro de los procedimientos de movilización, la ley regula también un sistema de permutas o cambios voluntarios para solucionar el problema de los titulares de explotaciones agroganaderas y forestales que tienen predios enclavados que dificultan su gestión y su rentabilidad.

En el marco de la Ley, se anuncian también otras medidas, como un Banco de Explotaciones, para promover la continuidad de las granjas sin relevo generacional, o líneas de crédito bonificadas e incentivos fiscales, entre otros instrumentos.

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