La patata forma parte desde hace siglos del sistema de cultivos en Galicia, elemento fundamental de la alimentación en las casas, tanto de las personas como de los animales, y señal básica de nuestra identidad, está presente en la mayoría de las parroquias gallegas. O estaba, porque en 31 ayuntamientos de las comarcas de A Mariña, Ferrolterra y Ortegal desapareció de la noche a la mañana hace justo un año, fruto de la prohibición de cultivar el tubérculo en un extensA área del norte gallego para evitar la propagación, hasta entonces imparable, de la plaga de la polilla guatemalteca, detectada por primera vez en el 2014 y que, de seguir extendiéndose, amenazaría la producción de patata en toda la península.
Aquella decisión, avanzada a manera de recomendación por la Xunta de Galicia en el mes de febrero y confirmada por el Ministerio el 3 de marzo de 2017 con la publicación del Real Decreto 197/2017, por lo que se establecía el Programa Nacional de Control y Erradicación de Tecia Solanivora (Scrobipalpopsis Povolny) en las comunidades de Galicia y Asturias, fue tomada a destiempo y con cierta premura y supuso un auténtico caos en comarcas como la de A Mariña, donde a esas alturas buena parte de las patatas para autoconsumo ya estaban sembradas en las huertas familiares y el resto tenía ya la semilla comprada, e incluso el abono.
Además de prohibir nuevas plantaciones, se obligó a arrancar las que estaban sembradas y se retiró todo el tubérculo de almacenes y casas particulares. En total fueron destruidas unas 365 toneladas de patatas que fueron recogidas parroquia a parroquia. Incluso se pusieron en marcha férreos controles en las carreteras, más de un ciento, por parte de la Guardia Civil y la Policía Autonómica acompañados por técnicos de la Consellería para evitar la entrada y salida de patatas de la zona plagada.
Unas medidas drásticas para tratar de frenar el avance hasta entonces imparable de la plaga, que en solo dos años había logrado colonizar 31 ayuntamientos gallegos y 7 de la vecina Asturias, tratando de evitar su llegada a las principales zonas productoras gallegas, fundamentalmente A Limia, Bergantiños y la Terra Chá, y la extensión a zonas productoras del resto del Estado, como Valladolid, Murcia o Sevilla. Se trataba de que no se repitiera lo sucedido en Canarias, donde todo el territorio está afectado, y de donde se sospecha que pudo llegar la plaga a Galicia.
La odisea de buscar tierras fuera de la zona de afectación para mantener a los clientes
La prohibición cogió también con el pie cambiado a la docena de productores profesionales que hay en la zona, algunos de ellos que se habían incorporado a la actividad en los últimos años y que habían hecho importantes inversiones para apostar por un producto que ahora les era vetado.
Fue el caso de Javier Miranda, de Riotorto. Puso en marcha una explotación de huerta que desde hace 5 años tenía en la patata una de sus razones de ser. “Como en esta zona no hay heladas importantes plantábamos temprano las patatas para poder recogerlas a comienzos del verano y plantar repollo, que en las tierras de las patatas se da muy bien, así que lográbamos doble ciclo de producción. Al año siguiente rotábamos las tierras con cebollas o habas, cuenta. Con el trabajo ya perfectamente planificado, el veto a la patata fue para él “un mazazo”.
Con la patata como uno de sus principales productos, había pensado echar el año pasado 10 hectáreas, una parte de patata tempranera que comenzaba a sembrar ya a finales de febrero para recoger a mediados de julio, por lo que la prohibición del año pasado lo cogió con la semilla y el abono comprados y con las tierras listas para plantarlas. “Para lograr buen precio comprábamos en precampaña el abono y la semilla, así que desde enero teníamos en el almacén 16.000 kilos de patata para siembra que traíamos de Escocia o Holanda con un calibre uniforme de entre 35 y 50 centímetros. Como la Xunta había recomendado no plantar no la pusimos, porque echarla para después levantarla nos parecía absurdo”, cuenta.
Javier Miranda, productor de Riotorto: “Me provocó un trastorno muy importante porque para mantener los clientes tuve que buscar tierras en Sobrado dos Monxes”
Pero con la planificación de productos ya hecha desde comienzos de año en función de los pedidos de los clientes, alguno de ellos distribuidores de lugares como Barcelona, “no podía dejarlos tirados y perder el mercado”, explica Javier, así que se lanzó a buscar tierras fuera de la zona en la que la Xunta había recomendado no plantar, dentro de la que estaba Riotorto.
Encontró 18 hectáreas en Pacios, en Castro de Rei, una zona de importantes explotaciones lecheras peleándose por la tierra, así que tuvo que alquilarla por 5 años y pagarla bien. Pero salió el Real Decreto 197/2017 y además de la prohibición de plantar en esos 31 ayuntamientos donde se había detectado la presencia de la polilla en los trampeos realizados el año anterior, fijaba también otros 16 ayuntamientos limítrofes como zona tampón, donde estaba permitido plantar patatas aunque con restricciones y arriesgándose a que, en el caso de detectarse un positivo, tener que arrancar y destruir toda la producción.
Así que Javier se topó de nuevo, con las tierras en Pacio ya alquiladas, con el mismo problema, al quedar esta zona dentro del área de vigilancia intensiva. “La semilla que tenía en Riotorto estaba precintada y no la podía usar, así que ya tenía otra semilla comprada y tuve que buscar de nuevo otras tierras a la desesperada. Las encontré en Sobrado dos Monxes, 8 hectáreas, pero tarde y mal, porque era prado y tuve que hacer todos los trabajos corriendo y la producción se resintió”, cuenta.
El año anterior había obtenido 250.000 kilos de tubérculo pero el año pasado la producción fue mucho menor, así que “económicamente no me supuso ningún beneficio, lo único que hice fue mantener los clientes, que era mi objetivo”, dice. También los puestos de trabajo, porque Javier tenía entonces 6 empleados y “les tenía que pagar”, afirma.
El resultado de su larga peripecia del año pasado fue que Javier puso habas y cebollas en las 10 hectáreas de Riotorto donde había previsto plantar patatas, maíz forrajero que vendió a una explotación ganadera de la zona en las 18 hectáreas que alquiló en Castro de Rei y, finalmente, las patatas en las 8 hectáreas que encontró in extremis en Sobrado dos Monxes.
Este año se encuentra de nuevo en el mismo dilema que el año pasado, pero descarta volver a sembrar las patatas tan lejos. “Esto es cómo tener una novia en Barcelona, todo es muy bonito, pero el amor y las tierras a distancia no van bien”, compara. “De las patatas hay que estar pendientes todas las semanas y no puedes desplazar la maquinaria tantos kilómetros, así que este año igual me arriesgo a plantarlas en Pacios. El año pasado fui el único que no las echó en la parroquia, los particulares echaron todos. Como está en zona tampón tengo que comunicar la ubicación a la Consellería, que coloca muestreos y si hay un positivo pierdo el cultivo y tengo que pagar por destruirlo, es un riesgo grande pero nosotros nunca tuvimos ningún positivo en las nuestras fincas porque tenemos un técnico en la empresa que hace controles todas las semanas y aplicamos los tratamientos necesarios”, explica. Este año no hizo como el año pasado con la semilla y aun no la tiene comprada. “Esta semana tengo que decidir que hago”, dice
Superproducción en la Terra Chá y bajada de precios
Uno de los que sembró el año pasado en zona tampón, dentro del límite de los 5 kilómetros de vigilancia, fue Óscar Riveiro. Su explotación, Riveiro Ecolóxico, está en Ponte de Outeiro, perteneciente al ayuntamiento de Castro de Rei. “Me arriesgué y le di para delante”, cuenta. Igual que Javier, él ya tenía sus clientes desde hace 8 años.
El año pasado sembró 4 hectáreas de las variedades kennebec, mona lisa y red pontiac. Había pensado echar más superficie e incluso tenía un acuerdo para plantar 2 hectáreas de un tipo de kennebec a un productor de Lleida, pero no pudo hacerlo por las restricciones impuestas en las zonas limítrofes a las de cuarentena.
“Yo siempre aparto la patata pequeña para semilla porque se da bien y si cambias de finca aunque sea de tercer año no tiene problema, así que tenía guardados 2.000 kilos de patatas de las mías para sembrar que finalmente no pude plantar porque el Decreto fija que la única patata que se puede echar en zona tampón tiene que ser semilla certificada, así que tuve que adquirir semilla, pero el año pasado la demanda de semilla certificada se disparó y casi no quedaba y compré patata grande y muy mala y solo pude echar menos superficie y la producción no fue la que esperaba”, explica Óscar, que recogió unos 50.000 kilos de patata con certificación ecológica.
Óscar Riveiro, productor de Castro de Rei: “Hubo quien plantó el triple pensando que iba a ser un gran negocio al no haber patata en A Mariña, pero no fue así”
Al contrario de LO que podría pensarse en un primero momento, el precio de venta final del producto también cayó “porque hubo hubo mucha patata”, dice. Óscar tiene sembradora y recolectora, con las que trabaja para otros productores y particulares de la zona y dice que “en esta zona de la Terra Chá se echó muchísima patata el año pasado, hubo quien sembró el triple pensando que iba a ser un gran negocio al no haber patata en A Mariña, pero no fue así, porque los precios cayeron hasta los 15 céntimos en la patata convencional y los 60 céntimos en la ecológica, cuando el año antes se vendió a partir de 80 céntimos”, explica.
Aquellos cálculos de la lechera que muchos hicieron en A Terra Chá, una de las principales zonas productoras de Galicia junto a A Limia y Bergantiños, no se cumplieron, entre otras razones porque el hueco que dejó la patata que se producía en las zonas prohibidas no fue ocupado en muchos casos por patata gallega, sino por patatas de fuera, procedente de lugares como Valladolid, Sevilla, Francia E incluso Egipto, de donde cada vez está entrando más patata de la variedad spunta.
Óscar tiene aún algo de patata en el almacén, aunque la tiene casi toda vendida, porque tuvo que esperar tres meses antes de poder comercializarla. Unas de las variedades que siembra es red pontiac, que es una patata de temprano que se cosecha a 90 días y que coge ya a finales de julio. Pero el año pasado no pude venderla hasta septiembre porque tuve que hacer una inversión de 6.000 euros para adaptar el almacén a lo fijado en el Decreto, poniéndole doble puerta y malla en el techo, y después colocar trampas y esperar tres meses sin polilla para poder tener la etiqueta de patata libre de esta plaga”, una especie de carta verde vegetal que garantiza que están libres de enfermedades para poder transportarlas y venderlas.
Buena parte de sus clientes se encuentran en el área de Ribadeo y de Ferrol, así que para poder comercializar la patata en esas zonas tuvo que envasarla, al estar prohibida la venta de tubérculo a granel dentro de la zona de cuarentena. Óscar envasó en sacos de 5 kilos para facilitar la venta a particulares y calcula de entre el 70 y el 80% de su patata ecológica fue distribuida dentro de la zona prohibida.
Este año va a sembrar unas 3 hectáreas porque le toca rotar las fincas y no tiene más tierra disponible. “Solo echo patatas dos años seguidos en la misma parcela, y luego descansa tres años, en los que roto con trigo del país, cebolla o calabaza, para que desaparezca el escarabajo, porque al estar en ecológico no puedo aplicar insecticida”, explica.
“La Xunta quiso hacer un cortafuegos radical para que la plaga no se extendiera y llegara a A Limia”
También cultivaba patatas en ecológico Francisco López Valladares, de Casa Ánxel, actual presidente del Craega. Hace tres años decidió complementar su explotación de leche, que cuenta con quesería propia, con la huerta y comenzó a echar patatas para renovar las praderas siguiendo una rotación de cultivos tradicional en Galicia.
El año antes de la prohibición cultivó 6 hectáreas de patatas y compró todo lo necesario para envasar con su propia marca. “Gastamos 82.000 euros en una línea completa de envasado en la que la patata entra a granel por un lado y sale cepillada y envasada por el otro”, explica Paco. Casa Ánxel suministraba de patata ecológica a la cadena Carrefour y la exportaba también a ciudades como Madrid y Barcelona.
Pero todo se truncó hace justo un año. Su explotación está ubicada en la parroquia de Crecente, en A Pastoriza, que fue uno de los ayuntamientos afectados por el veto a la plantación y se vio obligado a dejar de echar patatas. Apostó entonces por otros productos de huerta, como tomate, lechuga y pimiento en invernadero y calabacín y berenjena al aire libre, y probó con cultivos como centeno o guisante forrajero para la renovación de las praderas que antes hacía con la patata. A Pastoriza está en la zona fronteriza con A Mariña y el ayuntamiento entero está sometido a las mismas restricciones. “La Xunta quiso hacer un cortafuegos radical y aplicó medidas drásticas para que la plaga no se extendiera y llegara a A Limia”, dice Paco.
Como él, otros productores, como Julio Rodríguez, del vecino ayuntamiento de Mondoñedo, también tuvieron que prescindir de la patata, al menos por el momento. Julio tiene una importante explotación hortícola que le viene de tradición familiar en la que, entre los cultivos al aire libre, también estaba la patata, de la que sembraba alrededor de una hectárea.
Ante la imposibilidad de plantar patatas, el año pasado optó por dedicar esta superficie a cereal y aumentar la producción de repollo y lechuga para compensar la merma de ingresos que le supuso no poder vender patata y que suponía una cuarta parte de su facturación.
Igual que la mayoría de los productores, Julio considera que las medidas decretadas el año pasado estaban pensadas para las plantaciones para autoconsumo, que son la mayoría en la comarca de A Mariña, pero no tuvieron en cuenta a la docena de productores profesionales existentes, que se vieron muy perjudicados. Por eso, todos reclaman a la Administración información de buena tinta y ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones futuras sobre las medidas a adoptar en relación a una plaga que son los primeros interesados en erradicar.
¿Cuanto tiempo más sin patatas?
Mientras los productores adoptaron distintas soluciones delante de la cuarentena, la Administración se mueve entre la satisfacción y la cautela por el resultado de las medidas adoptadas. Aunque el decreto de prohibición fija inicialmente un período de dos años, una de las preguntas que todo el mundo se hace en A Mariña es por cuanto tiempo no se van a poder plantar patatas.
El mes pasado el director general de Sanidad de la Producción Agraria del Gobierno central, Valentín Almansa, afirmó que se logró detener la expansión de la plaga y que las medidas adoptadas van “por el buen camino” para su erradicación. Indicó que el número de ejemplares de polilla capturados en 2017 fue “muy inferior” a los del año anterior (según los datos oficiales, las más de 1.000 trampas colocadas constataron un descenso del 65% en las capturas, que pasaron de más de 12.700 ejemplares a 4.500).
Pero tras estas declaraciones la Xunta se apuró a rebajar las expectativas. La Consellería de Medio Rural recalca que el protocolo puesto en marcha para erradicar la polilla exige, como mínimo, dos años sin cultivo y anuncia que en 2018 continuará vigilando que no haya plantaciones en la declarada como zona de afectación. Coincide en que, a vista de las capturas realizadas en las trampas, las medidas de control de la plaga implantadas fueron acertadas y eficaces, con disminuciones considerables en casi todas las zonas, incluso muchas trampas dejaron de recoger capturas, por lo que la plaga está “controlada”, explica.
No obstan te, la Consellaría añade que “no quiere decir esto que esté erradicada” e insiste en que “conviene esperar a la evaluación definitiva de los resultados”, por lo que el veto a las plantaciones de patata no será levantado, cuando menos, hasta 2019 y, en todo caso, de manera coordinada con el Gobierno asturiano, que incluso se vió obligado a aumentar la zona de prohibición a lo largo del año pasado.
Javier Miranda es de los que piensa que “esto ve para rato, ni en 2 ni en 5 años se resuelve, y eso que este año vino un invierno duro que puede ayudar a eliminar la plaga, porque llevábamos 3 años de inviernos muy suaves en los que todas las plagas aguantaban de un año para otro”, dice.
“El veto a las plantaciones de patata no será levantado, cuando menos, hasta 2019”
Para la Xunta, la situación está a raya pero las estrictas medidas continuarán este año, entre ellas los controles en las carreteras y en los mercados. El año pasado se abrieron una docena de expedientes por incumplir la prohibición decretada, cinco en la provincia de Lugo y siete en la de A Coruña, que incluso remataron en sanciones por realizar plantaciones ilegales, no hacer entrega de la patata existente o por mover la mercancía a granel.
Lo único que cambiará este año es que ya no habrá indemnizaciones para productores y mayoristas. En total el año pasado se presentaron más de 1.300 solicitudes para recibir compensaciones económicas por tener la semilla y no poder plantarla, tener que arrancar las plantaciones y entregar la cosecha del año anterior, que supondrán (porque no están aún todas pagadas) un desembolso económico de unos 200.000 euros, financiados a partes iguales entre la Administración gallega y el Gobierno central.
La patata de semilla se pagó a 70 céntimos por kilo, las guardadas en los almacenes a 30 céntimos y las plantadas y arrancadas a 40 céntimos el metro cuadrado. Pero en muchos casos estas ayudas solo cubrieron una parte de lo gastado. Le pasó a Javier. La Xunta tardó tres meses en venir a retirarle de su almacén los 16.000 kilos de semilla que había traído de Escocia a un precio de 1,5 euros el kilo más portes. En ese tiempo, las patatas brotaron y perdieron el agua así que cuando se las fueron a buscar los 16.000 kilos habían quedado en 12.500, que fueron los que le pagaron a 70 céntimos, menos de la mitad de lo que le habían costado, así que Javier pagó por la semilla 24.000 euros y solo recibió de indemnización 8.750.
Daños colaterales
Pero además de los productores, hubo otros sectores afectados por la prohibición de plantar patatas. Uno de los más perjudicados fue el de las tiendas y mayoristas que vendían la semilla, el abono o el sulfato, que calculan que las ventas se redujeron a la mitad en la campaña de invierno de este año.
Para distribuidores como Ismael Lastra, que tiene una nave en la parroquia de A Devesa, fue un duro golpe. Todos los años vendía entre 4 y 5 toneladas de patata de semilla. Muchos mayoristas temen además que este mercado ya no se recupere porque, al tratarse en la mayoría de los casos de productores para autoconsumo, ya no vuelvan a plantar patatas tras un posible parón de varios años más.
También sufrieron en carne propia los efectos del parón provocado por la polilla guatemalteca los vendedores de frutas y hortalizas en los distintos mercados que hay en las principales villas de la comarca. Junto con la patata, a veces de cosecha propia y otras veces excedentes de vecinos o compradas a productores locales, estos comerciantes también vendían en los mercados locales otras producciones de cercanías que, sin el reclamo de la patata, también se resintieron.