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Galicia acumula una potencia instalada en parques eólicos de 3.800 megawatios, pero en los dos últimos años se han presentado alrededor de 125 nuevos proyectos que suman 6.800 megawatios. Esa es la magnitud del nuevo ‘boom’ eólico que se avecina sobre Galicia, con la singularidad de que buena parte de los proyectos se ubicarán en tierras más bajas de lo habitual, en ocasiones en zonas agrarias, según explica la asociación Ventosono, un colectivo de propietarios afectados ligado a Unións Agrarias.
Buena parte de los proyectos de nuevos parques eólicos presentados ante la Xunta o el Gobierno central están aún en una fase inicial de su tramitación, por lo que Ventonoso asume que no todos llegarán a buen puerto. El colectivo, no obstante, advierte de la necesidad de que los vecinos de las zonas con proyectos en perspectivas estén atentos para alegar contra los impactos críticos que pueda tener cada parque, a fin de corregirlos o de que se denieguen parques mal planteados.
«Una característica de los nuevos proyectos es que están descendiendo a zonas agrarias y a las cercanías de las aldeas, lo que puede generar más problemas» -explica José Antonio Diéguez, presidente de Ventonoso-. «Esa bajada de altitud es lógica si pensamos que la mayoría de las principales cumbres ya están ocupados por aerogeneradores y que en montañas de Red Natura ya no se pueden construir nuevos parques eólicos», indica.
El acercamiento de los aerogeneradores a tierras de cultivo presenta varios problemas, según analizan en Unións Agrarias. Un primer inconveniente se deriva de la propia competencia por el uso de la tierra, pero lo que más preocupa son las consecuencias urbanísticas. «Todo el suelo incluido en el perímetro de un parque es recalificado, de forma que no se autorizarán en ese perímetro usos urbanísticos. Si hay una granja, no podrá ampliarse en un futuro ni se podrán levantar nuevas naves» -advierte José Antonio Diéguez-. «En la práctica, se expulsará a la gente de sus tierras o quedarán allí en precario», valora.
Los impactos se completan con el ruido asociado al funcionamiento de los aerogeneradores. «Los molinos tienen que estar a 500 metros de suelo de núcleo rural consolidado, pero puede haber viviendas o granjas fuera del núcleo y en esos casos la distancia mínima se reduce a 200 metros», detalla.
La mayor cercanía de algunos de los nuevos proyectos a núcleos de población y zonas agrarias ya está causando las primeras polémicas en las últimas semanas, caso del Deza (Pontevedra). Diéguez señala como ejemplo paradigmático de la nueva tendencia otro parque de la provincia de Lugo, el de Serra das Penas (Paradela). «Por nuestra parte, estamos a disposición de los afectados que nos lo requieran para informarlos y asesorarlos», concluye.
Estado de la tramitación
Los proyectos actualmente en trámite superan los 125. En Galicia, hay presentados 90 proyectos ante la Xunta (3.650 megawatios), de los que 26 se encuentran a exposición pública y el resto está aún en una fase inicial de la tramitación. Otros 37 proyectos, al tratarse de complejos de más de 50 megawatios, se presentaron ante el Ministerio de Transición Ecológica. Estos últimos suman 3.300 megawatios, de los que 256 están a exposición pública.
Lo habitual hasta ahora era que los proyectos de parques eólicos se fragmentasen en iniciativas de menos de 50 megawatios para hacer todos los trámites ante la Xunta, lo que agilizaba el proceso. Desde Ventonoso consideran posible que buena parte de las solicitudes presentadas ante el Ministerio tengan sólo un «carácter exploratorio», de cara a conocer la valoración de la Administración antes de elaborar los proyectos finales.
Autorización y negociación de contratos
Una vez que los parques superan los primeros trámites y pasan a la fase de autorización y evaluación ambiental, llega un segundo momento de importancia para los propietarios afectados, el de negociación de contratos. Ventonoso, que suele asesorar a comunidades de montes y propietarios particulares en este proceso, lamenta la tendencia a la bajada de la oferta por megawatio, que en los últimos años pasó de los 3.000 euros a unos 2.000 euros.
«Es de justicia que haya unos pagos justos para los propietarios por los derechos de uso de sus tierras», defiende el secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, que se posiciona en contra de las expropiaciones y aboga por acuerdos entre las partes.
Ventonoso siempre fue partidaria de la firma de contratos en los que se le pague a los propietarios un porcentaje de los beneficios del parque, como hizo en su día la eléctrica portuguesa EDP, que abona hasta un 2,75% de los beneficios en concepto de arrendamiento. Lo más habitual, no obstante, son los pagos por megawatio instalado o incluso arrendamientos por metro cuadrado, existiendo siempre la posibilidad de expropiación si no se llega a acuerdos.
Desde Ventonoso reclaman que una de las condiciones para la autorización de los parques sea que las empresas tengan que presentar de manera previa un mínimo de acuerdos firmados con los propietarios. «Durante todos estos años de energía eólica en Galicia perdimos la ocasión de establecer un marco legal que promueva los acuerdos con los propietarios», cuestiona el secretario de Desarrollo Rural de Unións Agrarias, Jacobo Feijoo.
«Estamos a favor de la energía eólica, en el marco de la lucha contra el cambio climático -continúa Jacobo Feijoo-, pero estamos también a favor de que genere riqueza en el entorno en el que se instalan los parques. No podemos volver a la política de los embalses de los años 50, que no dejaban nada en su entorno. Son necesarios acuerdos justos con los propietarios y sería bueno que hubiera además un retorno de beneficios que repercutiera en las entidades y vecinos del entorno, pues a día de hoy sólo hay impuestos de carácter municipal y autonómico que graban las instalaciones», analiza.
