Unións Agrarias advierte de que “se frenó la ratificación del acuerdo UE-Mercosur pero no su aplicación”

Unións Agrarias valora “positivamente” la decisión del Parlamento Europeo de solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el acuerdo comercial de la UE con los países de MERCOSUR, “algo que también llevábamos tiempo reclamando”. “En un acuerdo tan importante cómo el UE–Mercosur, poner el proceso bajo control  jurídico no solo es razonable, es imprescindible”, subrayan.

“Estamos hablando de un acuerdo de enorme alcance, con consecuencias directas sobre sectores clave, y muy especialmente sobre la agricultura y la ganadería. Por eso insistimos en que aclarar las dudas jurídicas antes de seguir adelante no es poner palos en las ruedas, sino actuar con responsabilidad. La seguridad jurídica es una garantía para todos, no un obstáculo”, añaden desde la organización agraria.

Desde Unións también recuerdan que “ese dictamen puede tener distintos efectos: desde frenar el acuerdo tal y como está, hasta permitir que siga adelante pero con cambios y condiciones. Lo que claro está es que, una vez se emita, marcará obligatoriamente el camino a seguir y condicionará las decisiones de las instituciones europeas”.

Además, precisan que “luego de la votación de hoy en el Parlamento Europeo lo único que se frena es la ratificación definitiva del acuerdo, pero no la aplicación, aunque provisional, del mismo”. “Esa aplicación provisional, que puede decidir el Consejo de la Unión Europea, haría que partes del acuerdo entraran en vigor en la práctica, sin ratificación parlamentaria y sin dictamen jurídico. Y eso supone un riesgo evidente de inseguridad, especialmente para los sectores más expuestos. Por eso ahora el Parlamento Europeo tiene que decidir si da un paso más y adopta medidas para evitar que el acuerdo se aplique provisionalmente mientras no exista una base jurídica clara y definitiva”.

Por último, desde UUAA anuncian que seguirán “trabajando durante este período de espera, en contacto con los sectores más afectados”. “Nuestro objetivo es claro: si este acuerdo acaba avanzando hacia la ratificación, debe hacerlo con garantías reales, con reglas claras y con mecanismos de control efectivos. Porque no se puede aplicar un acuerdo de estas dimensiones sin seguridad jurídica para el sector agrario. Y eso requiere trabajo, no consignas simples”, concluyen.

Asaga y Asaja reiteran que el acuerdo es “desequilibrado e injusto” y confían en que se frene su ratificación

Por su parte, las organizaciones ASAGA y ASAJA valoran como “un paso fundamental” el aval del Parlamento Europeo para someter el acuerdo UE-Mercosur a control jurídico y destacan que “esta decisión es también fruto del papel activo que las organizaciones desempeñaron desde COPA-COGECA, impulsando las movilizaciones celebradas en Bruselas y Estrasburgo”.

ASAGA y ASAJA subrayan la importancia de las organizaciones y la representación agraria para que las demandas del sector lleguen a los centros de decisión europeos y puedan traducirse en avances concretos, y agradecen “el compromiso de los agricultores y ganaderos que participaron en las movilizaciones para defender un acuerdo justo y equilibrado para el sector agroalimentario”.

Desde ASAJA y ASAGA se valora como “un paso fundamental” a aprobación, esta mañana en Estrasburgo, en el Pleno del Parlamento Europeo, de la solicitud para someter a control jurídico, mediante un dictamen del Tribunal de Xusticia de la Unión Europea, el acuerdo UE-Mercosur. “Esta decisión permite avanzar en el análisis de un acuerdo que el sector agrario y ganadero ven denunciando desde hace tiempo por su grave impacto económico, productivo y territorial, así como por las dudas jurídicas y políticas de fondo que plantea”, aseguran desde las organizaciones agrarias.

El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, subrayó que la aprobación de esta solicitud “refleja que existen dudas jurídicas y políticas reales sobre el acuerdo UE-Mercosur” y confía en que este dictamen “sirva para frenar la ratificación de un acuerdo claramente desequilibrado y perjudicial para los agricultores y ganaderos europeos y que pone en riesgo a viabilidad de miles de explotaciones”. Desde ASAGA y ASAJA hacen un llamamiento al Gobierno de España para que “defienda al sector agrario y ganadero, garantizando el principio de reciprocidad y unas condiciones de competencia justas”.