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Unións Agrarias-UPA reclama el diseño y puesta en marcha urgente de un plan que permita reducir las poblaciones de jabalí y, con ellas, el riesgo de propagación de peste porcina y los cuantiosos daños que esta especie ven provocando, tanto en las carreteras como en las explotaciones agroganaderas. La organización considera evidente a insuficiencia del modelo actual, e insta a la Xunta de Galicia a dar un paso al frente para implementar y liderar una estrategia efectiva que permita llegar la donde tecores y sociedades de caza no son quien de hacerlo.
La creación de un Plan preventivo de control del jabalí que permita actuar con anticipación ante el riesgo de PPA ya fue pactado el pasado mes de diciembre, en una reunión con la administración celebrada trala aparición del brote de esta dolencia en Cataluña. Una hoja de ruta que, ante la inexistencia de una vacuna efectiva que permita atajar las posibilidades de contagio a las explotaciones de porcino, necesariamente debe pivotar alrededor de la caza y de las capturas.
Así, Unións Agrarias insta a la administración a no dejar pasar más el tiempo y a ponerse a trabajar sin demora para que la puesta en marcha diera plan preventivo, pactado con sector productor y colectivos cinegéticos, sea una realidad lo antes posible.
Partiendo de una zonificación que cuantifique las poblaciones existente se permita el establecimiento de una densidad máxima de los animales que pueden existir para evitar riesgos, la organización agroganadera apuesta por la puesta en marcha de nuevos sistemas de captura y caza no cinegética que complementen el papel de tecores y sociedades de caza, allí donde la actividad de estos colectivos no sea suficiente.
Unións Agrarias insta a la Xunta a actuar con anticipación para que así sea posible, en el caso de la aparición de alguno caso de PPA en nuestra Comunidad, rexionalizar el problema y evitar que el conjunto de las explotaciones gallegas se vean afectadas por igual.
Unións Agrarias considera injusto dejar que tecores y sociedades de caza asuman en solitario a responsabilidad de la gestión, así como el coste económicos de los daños provocados por esta especie. Algo que no tienen la capacidad de hacer, pues cada año se reduce el número de licencias de caza y, a pesar de la puesta en marcha de la emergencia cinéxética por parte de la administración autonómica, las cifras de capturas apenas aumentaron en un 1,2%. Unos datos que demuestran que, si bien la caza social es imprescindible, esta tiene una limitación clara que la adminitración debe tener en cuenta, y complementar.
Unións Agrarias reivindica la puesta en marcha de un dispositivo profesional estable para la reducción de las poblaciones de jabalí suficientemente dotado. «Partiendo de informes técnicos que permitan establecer el número de jabalís existentes en cada zona y fijar unos cupos de capturas, allí donde la caza social no llegue es necesario apostar por la puesta en marcha de medidas complementarias de caza y capturas no cinegéticas». Así lo expone la organización agroganadera, que aboga por la profesionalización y la implementación de nuevos sistemas de captura, como el empleo de xaulas de grandes dimensiones que permiten la captura simultánea de grupos familiares enteros. «Un cambio de las reglas del juego y un esfuerzo para la tecnificación y la profesionalización de esta actividad» que no puede hacerse esperar más, en vista de la magnitud del riesgo y de los los dan que esta especia ya provoca, tanto en las carreteras como nos cultivos.
El porcino supone el 40% de la producción cárnica en España, con 25.000 millones de euros de facturación, 30 millones de cabezas y 415.000 empleos. En lo que respecta a Galicia hablamos de 1,5 millones de cabezas repartidas en 2.200 explotaciones que generan 760 millones de euros de facturación y 5.000 empleos directos.
El jabalí fue la causa de 4.080 accidentes de tráfico en 2025. Más de 10 siniestros diarios que provocaron 71 víctimas personales y daños económicos cercanos a los 6 millones de euros. Además, en el último año los avisos por daños en la agricultura ascendieron a 4.600; una cifra que antes de la pandemia era de 3.022. Unas incursiones del cerdo bravo en tierras de cultivo que provocan destrozos por valor de 15 millones de euros al año, y de los que la Xunta indemniza apenas 4.
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