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Después de que Competencia haya confirmado el viernes pasado la multa de 80,6 millones de euros a varias industrias lácteas, en el sector existe preocupación por las consecuencias que la decisión conlleve. Desde Unións Agrarias, su secretario general Roberto García, mostraba sus recelos en cuanto a lo que esta sentencia supone para la situación de los ganaderos frente a las industrias.
García puntualiza que esta sentencia poco tiene que ver con la denuncia inicial que hacía Unións Agrarias sobre las dificultades que se le presentaban a los ganaderos para cambiar de empresa por parte de las industrias y sobre la actitud de la distribución con respecto a la concertación de los precios en la marca blanca. Incide en que, en su momento, la denuncia pretendía darle transparencia al proceso de formación de precios de la leche e igualar las negociación entre industria y productores.
«Esta sentencia tiene poco que ver con lo que es perseguir prácticas delictivas en la formación de precios y sólo busca rehacer lo que en su momento hicieron mal, además de tener un afán de recaudación que no resuelve la situación», indica García.
El problema persiste
El responsable de Unións apela a enfocar nuevamente esta problemática que siguen a afrontar los ganaderos. Por eso, García insta a la Comisión Nacional de la Competencia a trabajar por conseguir una formación de precios transparentes y «más que reabrir un expediente, Competencia debería fijarse en las prácticas de la distribución, que sigue empleando la leche como un producto reclamo que fuerza a vender a pérdidas», concreta García.
También indica que buena parte de los contratos entre las industrias y los ganaderos siguen dejando a los productores en una situación de indefensión. «Si Competencia revisa los contratos firmados comprobará que se trata de contratos de adhesión por la recogida de la leche, con prácticas abusivas y sin ningún tipo de negociación, si no una imposición de precios a los ganaderos», denuncia.
Repercutir sobre los ganaderos
Por su parte, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), matriz estatal de Unións Agrarias, también incidían en que pese a que la sentencia le dé la razón a los ganaderos, temen que las industrias sancionadas busquen repercutir ahora la sanción en los precios pagados a las granjas.
El sindicato pide tanto a Competencia como al Ministerio de Agricultura que «vigilen muy de cerca al cartel lácteo para que no repercutan la multa en los más débiles: los ganaderos o incluso en los consumidores».
Recurrir a la Audiencia Nacional
Por su parte, las empresa condenadas muestran su disconformidad con la sentencia de Competencia. Algunas de ellas ya confirmaron a esta redacción su voluntad de recurrir la sentencia ante la Audiencia Nacional, ya que por vía administrativa no cabe recurso. Así, firmas como la Corporación Alimentaria Peñansanta (Capsa) o el Grupo Lactalis Iberia recurrirán el fallo.
