Las últimas sentencias judiciales por el llamado cártel de la leche – el conjunto de industrias lácteas que entre los años 2000 y 2013 pactó precios en detrimento de los ganaderos- están dando razón a las industrias y generan dudas sobre la posibilidad de que a los ganaderos se les concedan indemnizaciones por los perjuicios causados.
En concreto, y según informa el periódico Cinco Días, las prácticas abusivas realizadas por las industrias lácteas, y que fueron sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los últimos pronunciamientos de los jueces dictaminan que el plazo para reclamar una compensación por daños por parte los ganaderos habría expirado en 2016.
Así, la última sentencia al respecto ha sido la dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, el pasado 4 de noviembre, que ha dado la razón a tres de las empresas sancionadas – Nestlé, Pascual y Grupo Lactalis- desestimando la demanda planteada por 93 ganaderos en 2022 al considerar que la responsabilidad civil de los hechos expiró en 2016.
La magistrada de Barcelona explica en su sentencia que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el plazo para reclamar empieza a correr en el momento en que “haya finalizado la infracción” y una vez que los afectados tienen conocimiento de que existe una infracción que ha causado daños y perjuicios. En su opinión ―que coincide con la manifestada por las compañías demandadas—, dicha fecha es marzo de 2015, cuando el supervisor de los mercados -la CNMC- publicó una nota de prensa sobre la existencia de un cártel y las sanciones que se iban a poner por ello.
Bajo esta premisa, la juez de Barcelona considera que los hechos ya estaban prescritos en el momento de la presentación de la demanda y rechaza indemnizaciones millonarias al casi centenar de ganaderos que la suscribieron.
Este criterio fue ya aplicado por el mismo juzgado en otras dos sentencias dictadas el pasado 9 de febrero, que desestimaron sendas demandas dirigidas contra Nestlé, Schreiber Food, y Central Lechera Asturiana —esta última finalmente no fue sancionada por la CNMC—y contra Nestlé, Danone y Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa); y por el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Barcelona el 25 de julio de este año, sobre una reclamación de un centenar de ganaderos contra Danone, Capsa y Puleva. Sin embargo, en julio de 2021, un juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada confirmó el derecho de una sociedad agraria de transformación a recibir una indemnización por la actuación anticompetitiva de varias de las empresas sancionadas. No obstante, esta sentencia fue revocada posteriormente por la Audiencia de Granada, que confirmó el daño ocasionado pero desestimó la demanda por falta de legitimación del demandante.
Firmeza del Tribunal Supremo
El abogado Juan Álvarez, responsable de Negocio y Operaciones de Eskariam, despacho de abogados que representa a casi 8.000 ganaderos y estudia la ofensiva legal a desarrollar contra las grandes empresas del sector lácteo, señala que estos primeros fallos favorables a las empresas son “casos excepcionales”. Según indica, aún se espera conocer la resolución de otros litigios que están en trámite en otros juzgados y sobre los que después se deberán pronunciar las audiencias provinciales. Asimismo, apunta que también hay otras sentencias que, pese a que rechazan las indemnizaciones solicitadas por determinados motivos, sí que reconocen que el plazo de prescripción caduca a los cinco años desde que las sanciones adquieren firmeza.
Por todo ello, el letrado insta a esperar a ver cómo avanzan el resto de demandas y conocer cuál es el criterio mayoritario de los jueces sobre este asunto. Subraya además que esta cuestión llegará al Tribunal Supremo, que no solo tiene pendiente dar firmeza a las sanciones de la CNMC, sino que tendrá la última palabra sobre el alcance de las indemnizaciones y las prescripciones.