La decisión de Medio Rural de eliminar las ayudas para el asesoramiento agrario ha generado una reacción en cadena en el campo. Alrededor de veinticinco colectivos, entre entidades de aconsejamiento y otras asociaciones del sector, acordaron en los últimos días un posicionamiento conjunto en contra de la supresión de los apoyos al asesoramiento. El sector entregó un escrito en la Xunta en el que insta a la Consellería a rectificar y a volver a convocar las ayudas. Demandan también una reunión inmediata con el conselleiro, José González.
El asesoramiento agrario a las explotaciones por parte de técnicos está considerado en el Plan de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia 2014-2020 como una prioridad máxima, ya que se entiende que ese asesoramiento contribuirá a la innovación de las explotaciones, a mejorar su resultado económico y al cumplimiento de buenas prácticas ambientales.
La Xunta había anunciado apoyos al asesoramiento durante 5 años, pero tras el primer año los canceló
La primera convocatoria de las ayudas para asesoramiento agrario llegó a mediados del 2018, con un total de 3 millones de euros, después de que la Xunta reuniese en Santiago a todas las entidades de aconsejamiento para informarlas de que convocaría las ayudas anualmente en el periodo 2018-2022. Pasado el primer año, en el que 3.000 explotaciones se beneficiaron de las ayudas para asesoramiento, recibiendo el servicio de manera gratuita, Medio Rural decidió inesperadamente suprimir los apoyos por medio de una redistribución de los fondos destinados para tal fin en el Plan de Desarrollo Rural.
Esa reprogramación del Plan de Desarrollo Rural, que cosechó un rechazo total del campo, se orientó a cambiar el destino de parte de los fondos presupuestados, que vienen en un 75% de Europa. Así, entre otras decisiones, se eliminó el asesoramiento agrario, se redujeron los apoyos para zonas con limitaciones naturales, se eliminó el apoyo a organizaciones de productores y se acordó destinar más dinero para ayudas agroambientales -solo para 2020- y para medidas de prevención de incendios, que se llevaron 17 millones de euros a mayores.
Los cambios suscitaron en el campo un rechazo unánime que Medio Rural no tuvo en cuenta. Ante esa situación, el sector ha pedido el amparo de la Comisión Europea, a la que instó a rechazar la reprogramación del PDR propuesta por la Xunta. A la espera de que la Comisión tome una decisión, más de una veintena de entidades de aconsejamiento, respaldadas por otros colectivos del sector (organizaciones agrarias, cooperativas, asociaciones, etc.) acordaron presentar un escrito ante la Xunta solicitando que se rectifique la supresión del asesoramiento agrario.
El escrito, en el que se muestra la indignación del sector, está firmado por más de 20 entidades de aconsejamiento y gestión, así como otros actores clave en el sector agrario gallego como la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la USC, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Lugo, Unións Agrarias, Sindicato Labrego, Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, Ovica, Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, Asgafon, Agromace y otras asociaciones ganaderas.
Los colectivos firmantes inciden en que los principales países europeos tienen muy desarrollado el sistema de apoyo técnico a las ganaderías (apoyo público principalmente pero también privado) y que la supresión de las ayudas al asesoramiento supone una desventaja competitiva muy fuerte para el sector agroganadero gallego.
¿Qué cubre el asesoramiento agrario?
Medio Rural estableció en las ayudas convocadas en el 2018 tres modalidades de asesoramiento para el campo, el básico, el intermedio y el integral. Cualquiera de ellas debía estar prestada por un técnico universitario de una entidad de aconsejamiento, estableciéndose que para prestar correctamente el servicio, cada técnico podría llevar un máximo de 40 explotaciones en asesoramiento integral (45 si se trataba de asesoramiento intermedio y hasta 60 en el asesoramiento básico).
En cualquiera de las modalidades de asesoramiento, el técnico debía hacer un mínimo de tres visitas por explotación. Medio Rural apoyó este servicio el año pasado con unos importes máximos de 670 euros (asesoramiento básico), 850 euros (asesoramiento intermedio) y 1.000 euros (asesoramiento integral), según figura en la orden de las ayudas.
– Asesoramiento básico: cubre los deberes derivados de los requisitos legales de gestión y de buenas condiciones agrarias y ambientales. También el apoyo específico a agricultores que se instalen por primera vez, incluyendo la elaboración de un plan empresarial.
– Asesoramiento intermedio: a mayores de lo anterior, se incluye el aconsejamiento a explotaciones beneficiarias de ayudas agroambientales o de agricultura ecológica, a fin de cumplir los compromisos que exigen este tipo de ayudas. Las explotaciones beneficiarias de agroambientales están obligadas a contar con el asesoramiento, por lo que a partir de ahora tendrán que abonarlo de su bolsillo.
El asesoramiento intermedio incluye también la puesta en marcha de un plan estratégico de asesoramiento de la explotación, analizando sus indicadores agronómicos, ambientales, económicos y los relacionados con la fiscalidad y contratación laboral.
– Asesoramiento integral: a mayores de los servicios anteriores, se incluye un apoyo dirigido a mejorar el rendimiento global de la explotación, abordando factores como el manejo de pastos y alimentación animal, planes de fertilización o el uso sostenible de fitosanitarios.