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La Consellería del Medio Rural presentará ante el Gobierno central un documento elaborado conjuntamente con Unións Agrarias (UUAA) y la Asociación Agraria de Galicia (Asaga) para exigir, una vez más, avances en la Ley de la cadena alimentaria, así como en el Paquete lácteo, con el fin de proteger a los productores en el contexto de firma de contratos.
El objetivo es que se introduzcan modificaciones en esta legislación de cara a blindar que la leche no quede sin recogida en el caso de no llegar a un acuerdo en estos contratos antes de la fecha de inicio de las entregas. Así lo anunciaron hoy los directores generales de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros; y de la PAC y del Control de la Cadena Alimentaria, Juan José Cerviño, después de mantener una reunión con representantes de estas organizaciones profesionales agrarias.
En esta reunión se destacó la necesidad de modificar dicha normativa estatal y asemejarla a lo establecido en el Paquete lácteo respecto a la venta por debajo de los costes de producción. “Se trata de que tanto los ganaderos, como la industria, y la propia administración tengan un indicador para fijar ese umbral que evite la venta a pérdidas, de forma que el precio cubra los costes y aporte margen de beneficio, como ocurre en cualquier otra actividad económica”, señalan desde Medio Rural.
Se exige también que, en caso de que no sea posible llegar a un acuerdo entre productores e industrias, exista una posibilidad efectiva de recogida de la leche para poder contar con margen de tiempo para debatir y alcanzar un nuevo acuerdo. En este contexto, José Balseiros les reclamó “responsabilidad a las industrias a la hora de garantizar la estabilidad en los precios para, entre todos, garantizar la sostenibilidad del sector y afianzar el relevo generacional, que se apoya de manera decisiva desde la Xunta”. Por último, hizo un llamamiento a los consumidores para que apuesten por el sello Galega 100%.
Refuerzo de los controles
Tal y como trasladó la conselleira del Medio Rural, María José Gómez, la semana pasada en el marco de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y de los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquería para Asuntos Comunitarios, por parte del Gobierno autonómico se está incidiendo en la necesidad de demandar una mayor implicación por parte del Ministerio para hacer frente a la situación actual del sector lácteo, marcada por la reducción del precio en los contratos ofrecidos a los productores y agravada por el incremento de los costes de producción derivados del conflicto en Oriente Medio.
La Xunta asegura que está ya actuando en este materia, “con un refuerzo en los controles para verificar que se cumple la legislación en la firma de estos contratos; así como con acciones para verificar la trazabilidad de la leche y detectar posibles incumplimientos en el etiquetado respecto a su origen”. En este contexto, también se ha solicitado a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), adscrita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que actúe en este campo de manera urgente y contundente y, en su caso, también la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia.
El Sindicato Labrego reclama la la intervención urgente de la Xunta y del Ministerio y exige el cumplimiento inmediato de la Ley de la Cadena
Por parte del Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL), que no participó en la reunión con la Consellería del Medio Rural, reclaman la intervención urgente de la Xunta de Galicia y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la bajada de precios en los nuevos contratos de la leche y se preguntan “qué seguimiento se está haciendo de este tema la 31 de marzo por parte de la Xunta, ya que los datos que extraemos de las personas ganaderas del Sindicato Labrego Galego muestran un descenso importante en el importe”.
Según estima la organización labradora “con los datos de los precios que percibirán algunas de las granjas gallegas a causa de los nuevos contratos con las empresas, nos encontramos con pérdidas, en un plazo de 4 meses para aquellas que vendan 200.500 litros, desde 9.824.5 euros hasta 15.037,5 euros”. En el caso de las industrias más grandes, el importe de la merma por litro depende de la producción de la granja ya, que siguen teniendo una prima por volumen. En el caso de otras industrias, la bajada llega a los 10 céntimos.
Desde el Sindicato Labrego llaman especialmente la atención sobre el el caso de CAPSA. “¿Por qué en Asturias, por ejemplo, no hay bajada de precio pero sí en Galicia?. ¿la diferencia es ser gallega o gallego?”, se preguntan.
Ante esta situación reclaman que, “con carácter inmediato el Gobierno central y la Xunta deben hacer cumplir la ley de la cadena”. “Una bajada tan fuerte en los contratos, junto a la subida de los costes de producción que estamos viviendo -subida del gasóleo, fertilizantes, etc-, no cumple con el requisito de la ley de que no vendamos a pérdidas. Las propuestas están por debajo de los costes de producción y, por lo tanto, son ilegales”, concluyen.
Control OJD
