El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presidió hoy la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural extraordinaria en la que los consejeros de las comunidades autónomas debatieron sobre la futura Política Agraria Común (PAC) 2021-2027 y su aplicación en España.
En sesiones de mañana y tarde, el ministro y los representantes autonómicos analizarán los cinco aspectos fundamentales de una PAC que, en palabras del ministro en rueda de prensa previa a la reunión, “no es un fondo de compensación interterritorial, sino de ayuda para los agricultores y ganaderos. Que nadie piense que se trata de un reparto de sobres”.
En la jornada de hoy abordaron los aspectos relativos a la definición de agricultor genuino, régimen de pequeños agricultores, la ayuda básica a la renta, la limitación de los pagos (“capping”), el pago redistributivo y los ecoesquemas y la agricultura ecológica.
En abril, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación envió un cuestionario a las comunidades autónomas con esos temas de interés para que fijaran su posición.
Agricultor genuíno:
La definición de “agricultor genuino” será uno de los elementos claves de la reforma. El Ministero defiende que “existe un amplio consenso sobre el hecho de que se debe de tener en cuenta a aquellos agricultores para los que la actividad agraria es una fuente significativa de ingresos.” “No obstante, España es un país de agricultura profesional, pero no a tiempo completo, pues solo el 29% de los ingresos de los perceptores de la PAC proceden de su renta agraria”, ha añadido.
En este sentido, para el Gobierno el parámetro más adecuado para definir esta figura es el que se basa en el porcentaje de los ingresos agrarios sobre los totales del beneficiario, para lo que hay que ajustar la horquilla en la que deben situarse los primeros. “En un tramo medio (20-30%) podría situarse la base del consenso”, defendió el ministro.
Sin embargo, organizaciones agrarias, como la FRUGA o el Sindicato Labrego Galego defienden que piden que se eleve ese límite para percibir las ayudas de la PAC hasta el 50% de su renta de la actividad agraria ejercida en su explotación, y que el tiempo dedicado la actividades no relacionadas con su explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total, para que las ayudas se destinen a las personas que se dedican profesionalmente al sector.
Régimen de pequeños agricultores:
Por su naturaleza, los pequeños agricultores, unos 300.000 agricultores y ganaderos, podrían quedar fuera de la definición de agricultor genuino. Sin embargo, para el Ministerio “su papel social y medioambiental es muy importante en zonas muy amplias del país”. De ahí que el ministerio considere necesario mantener un régimen específico para ellos.
La propuesta ministerial es un pago anual de entre 200 y 250 euros por hectárea para explotaciones entre 6 y 10 hectáreas. Esto permitiría alcanzar a casi la mitad de los solicitantes de ayudas de la PAC y primaría sus externalidades positivas.
Ayuda básica a la renta:
Sustituirá al denominado pago básico y a la condicionalidad verde y es el principal instrumento de apoyo para agricultores y ganaderos. El ministerio propone que esta nueva ayuda alcance el 60% frente al 56% del actual.
Luis Planas ha advertido que la regionalización “no va ser un tema sencillo”, pues según el Ministerio “la Comisión Europea exige reducir el número de regiones y avanzar en la convergencia interna”.
Menos escollos se prevén para la eliminación de los derechos individuales, puesto que la mayoría de las comunidades aboga por su desaparición, que permitirá la incorporación de más jóvenes a la actividad agraria.
Limitación de cobros:
España está de acuerdo con el techo de 100.000 euros que establece el Marco Financiero Plurianual de la UE, pero modulando esta cantidad en función de los costes de mano de obra. El ministerio propone un descuento en esa cifra de unos 18.000 euros por trabajador y año para incentivar el empleo.
Sin embargo, organizaciones agrarias como la COAG han manifestado su desacuerdo con esta medida pues permitirá que los grandes propietarios de terrenos perciban la mayor parte de las ayudas. De hecho, de mantenerse la situación actual el 20% de los perceptores van a seguir cobrando el 80% de los fondos. De hecho la propuesta inicial de la Comisión Europea era limitar las ayudas de la PAC por perceptor a un máximo de 60.000 euros, pero finalmente ha cedido a la presión de los estados miembros y ha elevado el límite a 100.000 euros y con carácter de aplicación voluntaria en cada país.
Ecoesquemas y agricultura ecológica:
Serán voluntarios para agricultores y ganaderos, pero según el ministro Luis Planas “representan una buena oportunidad para alcanzar el objetivo de convertir en ecológica el 25% de la superficie agraria en 2030, uno de los objetivos de la estrategia De la granja a la mesa”.
España parte de una buena posición, ya que lidera la superficie de agricultura bio de la Unión Europea y representa ya un 9 % de la superficie agraria útil (SAU).
47.682 millones de euros para la PAC en España:
Respecto al reciente acuerdo presupuestario del Consejo Europeo y sus implicaciones para la PAC, el ministro ha recalcado que es “un acuerdo histórico del que todos tenemos que estar orgullosos”.
Con un total de 47.682 millones de euros para aplicar la PAC en España en el periodo 2021-2027, el ministro considera que “son muy satisfactorios para nuestro país”. “Las organizaciones profesionales agrarias y las comunidades autónomas nos hicieron una petición: no bajar de 47.500 millones. Ese fue nuestro objetivo y lo hemos cumplido”, ha sentenciado.
No obstante, organizaciones como la COAG o ASAJA consideran incorrecta esa afirmación y cifran el descenso de las ayudas para la nueva PAC en España entre un 10 y un 12% a precios constantes, sin tener en cuenta la inflación.
Próximo calendario:
El ministro propondrá a las comunidades un calendario de trabajo que contempla presentar un borrador informal del plan estratégico a la Comisión en el abril de 2021, de manera que el definitivo estará a mitad del próximo año y la aprobación final llegar a comienzos de 2022. Esto facilitaría al MAPA y a las comunidades iniciar los desarrollos legislativos y técnicos para aplicar la nueva PAC en 2023.
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Galicia defiende que se aplique en España un tope de 60.000 euros de ayudas por explotación
El conselleiro del Medio Rural de la Xunta de Galica, José González, le reclamó hoy al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que el Gobierno central “dé batalla para evitar recortes en los fondos de la PAC para el período 2021-2027”.
Así, el titular de Medio Rural dijo “no entender cómo el Consejo Europeo que aprobó un presupuesto extraordinario de 750.000 millones de euros para paliar la pandemia de la covid-19 pudo dar el visto bueno, al mismo tiempo, a una merma de la partida dirigida a los ganaderos, agricultores y silvicultores”.
En esa línea, José González mostró su sorpresa por que “los fondos de la PAC no solo se propongan recortar un 10% sino por que, además, pierdan peso en el conjunto del presupuesto de la Unión Europea, pasando de representar un 36% en el período 2014-2020 a constituir tan solo un 18%”.
Pasando a cuestiones concretas de aplicación de la nueva PAC en España, el conselleiro del Medio Rural recordó que la Xunta defiende que se aplique en España el tope máximo de 60.000 euros de ayuda por explotación, para proteger las pequeñas y medianas explotaciones de gallegas. En relación con la figura del agricultor genuino, apuesta por una definición exigente en cuanto al porcentaje mínimo de ingresos agrarios sobre los ingresos totales que debe tener para ser considerado como tal.
Sobre el pacto verde europeo, el Gobierno gallego demanda que junto con el enfoque ambiental los agricultores, ganaderos y silvicultores tengan también la transitoriedad suficiente para poder adaptar sus actividades a ese pacto.
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