La normativa de prevención de incendios es clara. Desde el 31 de mayo, los alrededor de 30.000 núcleos de población gallegos deberían tener a su alrededor un cinturón de 50 metros desbrozado y sin presencia de pinos, eucaliptos o acacias. En carreteras, a ambos lados tiene que existir también una franja de 10 metros sin pinos ni eucaliptos, una distancia que se reduce a cuatro metros en pistas forestales. A escasos días de que se rebase el teórico plazo límite para cumplir con la normativa, analizamos la situación.
1) ¿Es viable ejecutar en plazo las franjas de protección en torno a núcleos de población y vías de comunicación?
Entre el sector forestal y las propias Administraciones hay consenso en que resulta imposible cumplir con la normativa a corto plazo. Las exigencias de la legislación son “inabordables”, desde la perspectiva de la Asociación Forestal de Galicia (AFG).
“Sería preciso tener 150.000 hectáreas desbrozadas y libres de pinos, eucaliptos o acacias, lo que generaría un coste anual de unos 50 millones de euros” -calculan en la AFG.- “Ese coste, en primer lugar, estaría fuera de las posibilidades de los propietarios forestales, pero tampoco hay equipos técnicos suficientes para ejecutar los desbroces y talas, ni industria de la madera que pudiera absorber la madera retirada”, valoran desde la Asociación Forestal de Galicia, que ayer celebró una asamblea general en la que analizó el problema.
[caption id="attachment_66582" align="alignright" width="320"]
Las empresas de servicios forestales admiten que esta primavera están desbordadas de trabajo, sin capacidad en algunos casos para asumir más actuaciones, a pesar de aumentar el personal contratado. Entre los propietarios, hay además temor a que la alta demanda de trabajos silvícolas incremente los precios.
2) ¿Dónde son prioritarias las actuaciones de prevención de incendios?
El riesgo de fuegos no es uniforme en toda Galicia. Donde existe una actividad incendiaria más habitual es donde la Xunta y el sector forestal inciden en la necesidad de medidas urgentes. El director xeral de Producción e Ordenación Forestal, Tomas Fernández Couto, marca las siguientes prioridades de actuación:
- Las 77 parroquias gallegas catalogadas como de alta actividad incendiaria.
- Todas las parroquias en las que se hayan declarado incendios de nivel 2 -con peligro para las casas- en los últimos diez años, con mayor atención en primer lugar a los incendios del 2017.
- Parroquias de la costa atlántica expuestas a vientos del Noreste y que presenten una actividad incendiaria tradicional.
“Este es el planteamiento y la idea es que de manera progresiva, en los próximos años, haya un número cada vez mayor de parroquias y Concellos que acometan la creación de franjas de protección”, valoraba recientemente Fernández Couto.
La estrategia a seguir, desde la perspectiva de Fernández Couto, pasa por el diseño de planes municipales de defensa contra incendios forestales, en los que se deben delimitar las franjas de protección.
3) ¿Qué Administraciones son las encargadas de velar por el cumplimiento de la normativa? ¿Van a sancionar a los propietarios que la incumplan?
Con carácter general, los Concellos son las Administraciones encargadas de controlar el cumplimiento de las franjas de protección en torno a núcleos de población y edificaciones aisladas, en tanto la Xunta es la responsable de vigilar las vías de comunicación. Medio Rural ha publicado unas instrucciones en las que precisa las competencias, el procedimiento sancionador y la ejecución subsidiaria de los trabajos por parte de las Administraciones.
La cuestión es que los Concellos se declaran sin medios para identificar a los propietarios y exigirles el cumplimiento de la normativa. También se ven incapaces de acometer los trabajos forestales que correspondan en caso de incumplimientos de los titulares de las parcelas. El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, se marca un plazo de 2-3 años para que se comiencen a ver resultados.
Ante ese escenario, no es previsible que se inicien este año procedimientos sancionadores de oficio, salvo en municipios puntuales que sí ejecutaron ya un trabajo de identificación de propietarios afectados por la normativa, caso de Ribadeo. Otra cosa serán las sanciones y actuaciones que se puedan derivar de denuncias vecinales.
[box style="0"]
Competencias sobre las obligaciones de prevención de incendios
Los titulares de los derechos de aprovechamiento de un terreno forestal son los responsables de cumplir con la normativa vigente de prevención de incendios. Esto quiere decir que la propia Xunta de Galicia, que gestiona más de 300.000 hectáreas de montes vecinales en convenio con las comunidades, es la responsable del cumplimiento de la normativa en tales superficies. Desde el sector forestal se asegura que la Xunta está incumpliendo la normativa en buena parte de los montes con convenio.
Vigilancia, sanciones y ejecución forzosa
- Los Concellos son las Administraciones competentes para vigilar el cumplimiento de las franjas de protección contra el fuego en suelo rústico, urbanizable o de núcleo rural. Como es sabido, en torno a viviendas y núcleos de población, la normativa obliga a mantener 50 metros libres de matorral, pinos y eucaliptos, si bien sí puede haber frondosas caducifolias (castaños, robles, etc.), con una separación mínima de 7 metros entre cada pie.
- En núcleos de población y edificaciones aisladas, en caso de que un propietario notificado sobre un incumplimiento de la normativa no corrija el problema, serán los Concellos las Administraciones competentes para proceder a la ejecución forzosa de los trabajos, en tanto que le corresponderá a la Xunta de Galicia el procedimiento sancionador paralelo.
- La Xunta de Galicia será la competente para vigilar el cumplimiento de las franjas de protección en torno a vías de comunicación. Con carácter general, la legislación establece que las carreteras deben mantener una franja lateral de 10 metros sin pinos ni eucaliptos, en tanto las frondosas caducifolias deben estar alejadas al menos 4 metros.
- Es también la Xunta la competetente para sancionar y retirar plantaciones ilegales en tierras agrarias.
[/box]
4) ¿Qué se puede hacer para fomentar la creación de franjas de protección frente a los incendios?
El sector forestal considera que la defensa de viviendas y núcleos de población contra el fuego es un problema de protección civil, agravado por la falta de ordenación territorial y el descontrol urbanístico.
“Es una cuestión que va más allá de los propietarios forestales y hay que ser también conscientes del escenario en el que estamos, con una población rural envejecida y con zonas despobladas, en las que la prioridad debe ser favorecer la actividad y evitar el abandono, no cargarle a la poca gente que queda en los pueblos con nuevas obligaciones y amenazas de multas”, valora Jacobo Feijoo, responsable de la Asociación Sectorial Forestal Galega (Asefoga), un colectivo ligado a Unións Agrarias.
Entre el sector forestal hay consenso en demandar líneas de apoyo de la Administración para la ejecución de los trabajos de prevención, así como para la creación de corredores verdes de frondosas caducifolias en torno a los núcleos de población. “La creación de corredores de frondosas en la franja de 50 metros de monte que rodea a los pueblos permitiría en un futuro, a medida que esas masas vayan creciendo, reducir las necesidades de desbroces, pues entraría menos luz en el sotobosque, lo que evitaría el crecimiento del matorral”, explican desde la Asociación Forestal de Galicia.
Los colectivos de propietarios forestales piden también incentivos fiscales que favorezcan la inversión en el monte y que fomenten el relevo generacional en la silvicultura.