Durante el estado de alarma, una de las actividades permitidas era el abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, pero la normativa se aplicó de manera perjudicial para consumidores y productores, según cuestiona el Sindicato Labrego. La organización agraria tuvo conocimiento estos días de una propuesta de sanción a un consumidor que se dirigía a hacer acopio de alimentos en una granja local, ubicada a 7 kilómetros de su vivienda.
La propuesta de sanción viene motivada porque la normativa imponía que los desplazamientos debían hacerse a la menor distancia necesaria, pero la organización agraria entiende que esa disposición hay que interpretarla en función de las circunstancias concretas. Para el Sindicato Labrego no es entendible que se sancione a consumidores que ya venían apostando por la compra directa, obligándolos en su lugar a acudir a establecimientos cerrados con aglomeraciones de gente.
Por ese motivo, la organización ha solicitado una entrevista con el Delegado del Gobierno, al que le pedirá que se anulen las multas a personas que le compraban de manera directa a productores locales, “pues se trata de situaciones en las que no ponían en absoluto en riesgo la salud pública”.