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Las jornadas El Monte del Siglo XXI analizan estos días en Lugo la situación actual de los montes gallegos, el nuevo Plan Forestal y el estado de los montes vecinales en man común, haciendo hincapié en las enormes posibilidades que el patrimonio forestal de Galicia ofrece.
Pero los distintos expertos participantes están poniendo sobre la mesa también los problemas históricos que en Galicia se dan para una gestión más eficiente y multifuncional del monte y que figuras específicas de aprovechamiento colectivo, como las SOFOR, no están siendo capaces de superar. Profundizamos en esta cuestión con la ayuda de Santiago Fraga y José Ramón Pedreira.
El 99% de los montes gallegos son de propiedad privada, tanto individual como colectiva (Galicia cuenta con figuras genuinas como son los montes vecinales en man común), lo que dificulta la ordenación y gestión forestal por parte de la Administración pública, que muchas veces ha hecho dejación de sus funciones en materia legislativa (y de vigilancia de su cumplimiento) para tratar de regular los usos del monte, su aprovechamiento y las especies en él plantadas.
En Galicia hay unos 670.000 propietarios forestales, que poseen una superficie media inferior a dos hectáreas repartidas en varias parcelas y el 80% de ellas tiene menos de media hectárea. Además, solo el 3% de los propietarios forestales existentes en Galicia está asociado y 8 de cada 10 no mantienen otra actividad agraria.
En Galicia hay unos 670.000 propietarios forestales. Solo el 3% está asociado y 8 de cada 10 no mantienen otra actividad agraria
Según los datos de la Consellería de Medio Rural, de las 2.000.000 de hectáreas forestales de Galicia (que representan el 70% del territorio total de la comunidad) un 66% está en manos de particulares, un 33% son CMVMC y sólo el 1% son de propiedad pública. En España, por el contrario, existen unas 10.000.000 ha de montes públicos frente a 18.000.000 ha de montes privados, de las que 2.000.000 ha son vecinales en man común y montes de distintos socios o comunidades de propietarios.
Constituidas tan sólo 22 SOFOR en 10 años
En este momento están constituidas en Galicia 14 Sociedades de Fomento Forestal (SOFOR) con aprobación definitiva, más 8 que se encuentran pendientes de inscripción definitiva, sumando conjuntamente las 22 un total 4.370 hectáreas de superficie gestionada, pertenecientes a un millar de socios propietarios que aportan más de 12.000 parcelas de monte.
"El asociacionismo forestal va lento con los instrumentos que hay. Las SOFOR pueden ser idoneas sobre todo para un perfil de grandes productores, que se verían favorecidos en la venta de madera y desde el punto de vista fiscal. Pero es un perfil de propietario que abunda poco en Galicia, y sólo por el hecho de la doble imposición es una figura que no encaja para propietarios pequeños. Llevamos constituidas alrededor de 20 SOFOR en una década, es mucho tiempo para unos resultados tan pequeños", reconoce José Ramón Pedreira, jefe de sección en el Servicio de Infraestructuras Agrarias de Lugo. "Algo pasa para que no prenda el asociacionismo forestal, porque potencial hay, pero los incentivos no son los suficientes o los adecuados. Y debería hacerse una revisión en ese aspecto", dice.
Los incentivos actuales son insuficientes para el fomento del asociacionismo y del liderazgo. Llevamos constituidas 20 SOFOR en una década, es mucho tiempo para unos resultados tan pequeños
"Las figuras de agrupación de la propiedad necesitan un impulso, que la Administración reoriente esas figuras imponiendo una planificación más organizada de muchos montes, para que eso no sea algo voluntario", concuerda también su compañero Santiago Fraga, miembro del área técnica del Servicio de Montes de Lugo.
"Se necesitan vías de saca e infraestructuras defensivas contra el fuego. Con una propiedad atomizada eso es imposible. Igual que la plantacioón de franjas de frondosas para que el monte cumpla objetivos múltiples. Eso es más fácil lograrlo en una superficie de 300 hectareas que en una de 5 hectáreas", argumenta Santiago.
Las figuras de agrupación de la propiedad necesitan un impulso, que la Administración reoriente esas figuras imponiendo una planificación más organizada de muchos montes, para que eso no sea algo voluntario
Hay factores condicionantes que juegan en contra del desarrollo asociativo, como son el envejecimiento de la población, el abandono del medio rural y la desconexión de la sociedad rural y urbana y que constituyen un escenario social desfavorable. Muchas veces además, existen intereses contrapuestos entre la población urbana y la rural y entre población agraria y no agraria que vive en medio rural e incluso entre agricultores, ganaderos y silvicultores.
Para José Ramón, es necesario aplicar un modelo de desarrollo integrado para el medio rural que incluya a los sectores productores agroganadero y forestal, a sus respectivas industrias transformadoras e incluso a otros actores como son el turismo rural o la artesanía para evitar el desmoronamiento del mundo rural. También otorga una importancia clave a contar con estructuras tecnológicas idóneas y a la puesta en marcha de un sistema de formación e información proactivo al estilo del antiguo Servicio de Extensión Agraria, ejemplifica.
"Es bastante común que la inmensa mayoría de la gente y de los propietarios desconozca lo que es el asociacionismo agrario, tienen algunas referencias sobre las actuales cooperativas agroganaderas existentes pero no es un tema de conocimiento profundo de nuestra sociedad porque no forma parte tampoco de ningún curriculum", asegura.
Se sigue dividiendo el monte
El individualismo sigue siendo a día de hoy el modo de explotación más habitual de los montes particulares en Galicia, con una atomización de la propiedad que, lejos de revertirse, sigue produciéndose herencia tras herencia. "La realidad a día de hoy es que se siguen dividiendo los montes, algo que en el tema agrario parece que está superado, pues creo que a ningún labrador o ganadero se le ocurre en la actualidad dividir las fincas que tiene, porque sabe que es contraproducente, y la tendencia es a concentrar, pero en los montes no está ocurriendo eso. En el caso de los montes, el interés de los propietarios sigue siendo a día de hoy el de dividirlos. Mi explicación es que, con todo y a pesar del minifundio existente, hay aún una respuesta económica interesante que hace que el monte se divida, porque la productividad tan elevada que tenemos en nuestros montes hace que tampoco penalice excesivamente el tamaño de las parcelas, porque aún sigue siendo muy rentable poner eucaliptos, por ejemplo, en una pequeña propiedad que está abandonada", argumenta Santiago.
El eucalipto está dando una respuesta al modelo de propiedad minifundista que tenemos y que no está penalizando lo suficiente como para animar a los propietarios a la gestión conjunta
Las propiedades particulares atomizadas representan dos tercios de la masa forestal gallega y, aun a pesar del escaso tamaño de las parcelas, "este modelo de propiedad está produciendo madera a día de hoy", evidencia, ya que "el eucalipto está dando una respuesta a esta propiedad de pequeño tamaño", dice. "En parte tenemos lo que tenemos porque tenemos una estructura de propiedad que no da para otra cosa, porque tal como tenemos la propiedad es imposible plantar frondosas de ciclo largo a 60-70 años. Hay unas especies, el pino radiata en su momento y hoy el eucalipto, que dan respuesta la este modelo de propiedad minifundista, que no esta penalizando suficientemente como para animar a los propietarios a la gestión conjunta, otra cosa es que no estemos optimizando la producción", razona.
"La existencia de un minifundio en el sistema de propiedad forestal con bajo nivel de articulación cooperativa, condiciona la constitución de explotaciones de tamaño suficiente para hacerlas técnica y económicamente viables, generando rentas mínimas o nulas en períodos de retorno excesivamente largos. Esto favorece el abandono", argumenta Santiago.
Además de la división de los montes particulares, pone el foco también en la parcelación que se está dando en muchos casos nos montes de varas. A pesar de que no existe, por no estar aún constituido, un Registro de Montes de Varas, Abertales, de Voces, de Vocerío o de Fabeo, estas figuras de propiedad colectiva suman un total de 27 montes (21 de ellos en la comarca lucense de A Fonsagrada y Os Ancares), con una superficie total de 7.837 hectáreas.
"En los montes fruto de convenios con la Administración que se están desconveniando debería ser obligatorio constituir una SOFOR para evitar que se pierda la gestión conjunta y se partan los montes, que en la realidad es lo que está pasando en muchos casos aunque legalmente no esté permitido", alerta este técnico del Servicio de Montes.
Avanzar hacia el valor multifuncional del monte
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El valor del monte, y por tanto también el valor de la propiedad forestal ha ido cambiando hasta llegar a nuestros días. "Históricamente los montes o terrenos forestales han constituido una parte fundamental de la economía, cultura y paisaje gallegas (leñas, pastos, carbón, caza, madera, etc). En la actualidad tenemos que añadir un creciente valor de este tipo de terrenos en cuanto abastecedores de recursos ambientales básicos", defiende Santiago, que aboga por cambiar el paradigma productivista actual y conseguir un equilibrio entre producción, conservación y externalidades sociales a través de la ordenación forestal.
El Plan Forestal Gallego, vigente hasta 2032, establece, de hecho, un esquema de monte centrado en la multiplicidad. Así pues, a las funciones económicas del monte como espacio generador de bienes y materias primas (madera, leña, corteza, resina, biomasa), se añadirían su función social (asentamiento y fijación de población rural, generación de empleo, usos recreativos y de ocio) y ambiental (mantenimiento de la biodiversidad y salvaguarda del resto de especies de flora y fauna, conservación del paisaje, freno a los procesos de desertificación, regulación del ciclo hidrológico, fijación de carbono).
"A día de hoy se está buscando un objetivo meramente económico con la explotación forestal, no hay una busca equilibrada de la multiplicidad social, ambiental y económica del monte. Claro está que tener superficie arbolada que no arde es siempre mejor que tenerla desarbolada, pero no es lo óptimo, y aún con una estructura de propiedad muy precaria estamos solventando el aspecto económico, aunque sea muy mejorable, pero tenemos que apostar por un monte más diverso porque el monocultivo exclusivo de eucalipto en zonas costeras muy amplias, las talas totales cada 15 años y el movimiento de suelo que se produce es una pobreza ambiental. Falta entrar ahí, en los aspectos sociales y ambientales del monte y que no sea la producción económica la que condicione la planificación forestal", defiende.
Agrupar tiene que servir para obtener mejores multiplicidades del monte compensando equitativamente a los propietarios por las posibles pérdidas de rentas económicas que podría generar tener que plantar frondosas en una parte
La realidad, dice, es que "el mercado no valora los beneficios sociales y ambientales del monte porque son externalidades, por eso es donde las figuras públicas tienen que incidir. Ahí es donde está el reto y el futuro", considera, porque "en superficies pequeñas es más complejo atender esos tres factores (social, ambiental y económico) pero en montes grandes es más fácil de lograr", considera.
"Las figuras de agrupamiento y de distribución de rentas entre los propietarios compensaría que en una parte del monte se hayan tenido que plantar frondosas porque se daría uno reparto equitativo de las necesidades y rentas para aumentar el valor social y ambiental de los montes. Agrupar tiene que servir para obtener mejores multiplicidades del monte, cuando se da un uso compartido y una gestión conjunta es más fácil que el monte no tenga solo una visión económica. Falta un empujón a través de políticas públicas que fuercen a eso, y se puede hacer de muchas maneras, primando fiscalmente o incluso penalizando al que no lo haga", propone.
Modificar la fiscalidad del monte
Las Sociedades de Fomento Forestal (SOFOR), las Sociedades Civiles y las Comunidades de Bienes son tres de las figuras jurídicas contempladas la legislación estatal y autonómica que podrían amparar una gestión conjunta del monte desde el punto de vista legal y fiscal, aunque tanto Santiago como José Ramón consideran que "la legislación está coja, ya que no hay una fiscalidad específica para el monte", dicen.
"Los montes tienen un valor ambiental y social, no solo económico, pero la fiscalidad no mima todas esas externalidades que tiene el monte. Eso no está ayudando para que la gestión conjunta de la propiedad privada forestal sea el porvenir", considera Santiago.
Pero es consciente de "en el tema impositivo la fiscalidad depende mayoritariamente del Estado, porque el gordo del IRPF y del Impuesto de Sociedades depende del Estado, tú puedes actuar en el tramo autonómico del IRPF pero es pequeño, y en el de Sociedades no tienes nada que hacer. La única solución sería la creación de un impuesto nuevo a nivel autonómico", propone.
Los mercados de derechos de plantación podrían servir para reequilibrar las rentas que obtienen los propietarios de bosques de frondosas con las que logran los propietarios de parcelas con especies de crecimiento rápido
"Los mercados de derechos me parece una solución muy interesante para lograr de alguna manera que se compense a propietarios cuyos montes tienen unas externalidades enormes y que en este momento no están recibiendo nada por ellos, para que ese beneficio social o ambiental que esos montes están produciendo generen también un valor de mercado para sus propietarios", defiende.
Aunque es partidario de "compensar en cada distrito para que todas las comarcas geoforestales tengan multiplicidad en el monte", la compra de derechos de plantación en materia de biodiversidad, al igual que ya sucede con los derechos de emisiones de carbono en otros sectores como el industrial, podrían servir para reequilibrar los beneficios económicos que genera actualmente la plantación de especies de crecimiento rápido como el eucalipto en comarcas costeras de Galicia, como A Mariña o Ferrolterra, con los beneficios medioambientales que reportan los bosques de frondosas en sotos y robledales de comarcas de montaña o del interior, como es el caso de Os Ancares y O Courel.
Hay que mimar que el propietario siga ganando dinero para que siga invirtiendo en el monte, los cambios hay que hacerlos con cuidado para no disuadir y acabar en el abandono
Con todo, se muestra partidario de aplicar este tipo de medidas con cautela, ya que "en un territorio donde el 99% del monte está en manos privadas es más difícil llevar a cabo políticas públicas y hay que mimar que el propietario siga ganando dinero para que siga invirtiendo en el monte, por lo que estas cosas tienen que hacerse con cuidado para no disuadir y acabar en el abandono, pues hoy muchos propietarios forestales son herederos que no viven o dependen del monte y ese riesgo es real", admite Santiago.
Planificación deficiente por parte de la Administración
Aunque la Ley Básica de Montes estatal (Ley 43/2003) solo obliga a la ordenación de los montes de utilidad pública y montes protectores (artículo 33), la legislación específica gallega obliga a disponer de instrumentos de ordenación o de gestión forestal a todos los montes o terrenos forestales en función de su dimensión.
Este deber vincula tanto a los propietarios forestales como a la propia Administración publica. Los Planes de Ordenación de Recursos Forestales (PORF) se crean por medio de la Ley Básica de Montes estatal (Ley 43/2003) y debe elaborarlos la Xunta de Galicia. Se trataría de instrumentos de planificación forestal como una herramienta más de ordenación territorial, en los que se deberían definir los terrenos forestales existentes en cada uno de los 19 Distritos Forestales en los que se divide el territorio gallego y establecer espacialmente los modelos selvícolas, determinando una zonificación de usos y de vocación de los distintos terrenos, pudiendo fijar incluso limitaciones y prohibiciones de plantaciones de determinadas especies.
El primer defecto a nivel de planificación forestal es la falta general de los PORF. "No se hizo ni el primero después de más de 15 años, para establecer por distritos forestales qué especies se pueden plantar y cuales no y decirle al propietario aquí puedes plantar esto y no puedes plantar esto otro y que eso no sea en detrimento del propietario, porque los que tengan que plantar especies no tan rentables reciban una compensación aparte, de manera que el que plante eucaliptos tenga que comprar derechos de biodiversidad, es decir, metros cuadrados de frondosas a quién las tiene plantadas", explica Santiago.
Proyectos de Ordenación
El siguiente escalón tras los PORF, que debe elaborar la Xunta, serían los Proyectos de Ordenación Forestal, que están obligados a elaborar los propietarios de montes. Regulados por el Decreto 52/2014, de 16 de abril, por el que se regulan las instrucciones generales de ordenación y gestión de montes de Galicia; y por la Orden de 19 de mayo de 2014 por la que se establecen los modelos silvícolas o de gestión forestal orientativos y referentes de buenas prácticas forestales para los distritos forestales de Galicia, son documentos que recogen la caracterización del medio forestal así como una síntesis de la organización y de los aprovechamientos que se van a realizar a lo largo del tiempo en un determinado espacio. Son obligatorios para montes o superficies forestales superiores a 25 ha en coto redondo, así como montes públicos, protectores o de gestión pública y el plazo máximo para estar elaborados es el 31 de diciembre de 2028.
Las superficies forestales superiores a 25 hectáreas en coto redondo deben tener Proyectos de Ordenación aprobados antes del 2029
Además de los datos básicos del monte y de la descripción de aspectos como la orografía, la climatología o la edafología de la zona, los Proyectos de Ordenación deben recoger aspectos como la red viaria forestal y otras infraestructuras de prevención y defensa contra incendios, el inventario de recursos forestales como el número de pies por especies y edades, así como la planificación forestal y de aprovechamientos que se va hacer de ese monte.
Pero el retraso en su elaboración y aprobación es notable. Según los datos del Anuario Forestal de Galicia, en el Registro de Montes Ordenados de la Xunta de Galicia figuran 811 montes con proyectos de ordenación aprobados, que abarcan una superficie total de 233.139 hectáreas, lo que representa poco más del 10% del territorio forestal gallego.
La mayor parte de estos montes ya ordenados corresponden a CMVMC (81% del total de montes y 88% de la superficie) y las provincias con mayor porcentaje de montes con proyecto de ordenación son Lugo (36%) y Pontevedra (25%). Otros 18 montes, con una superficie total de 246 hectáreas, figuran en el registro bajo la tipología denominada Documentos Simples de Gestión (DSX), pensados para superficies inferiores a 25 hectáreas.
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Ventajas y desventajas de las distintas fórmulas para la gestión conjunta más allá de las SOFOR
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Un pequeño repaso por el acervo asociativo y por las dinámicas de trabajo en común en el ámbito forestal puede servir para abrir el abanico de posibilidades de trabajo en conjunto para la gestión de montes más allá de las SOFOR, sucesoras de las UXFOR, dos figuras creadas específicamente en Galicia para la concentración en el ámbito forestal.
El jefe de sección en el Servicio de Infraestructuras Agrarias de Lugo propone distintas fórmulas, como la creación de secciones forestales dentro de las cooperativas agroganaderas existentes en la actualidad en las principales comarcas productoras de Galicia, una posibilidad amparada por la Ley de Cooperativas de Galicia.
Además de las SOFOR, creadas específicamente para la agrupación forestal, tendrían cabida para la gestión conjunta de montes las secciones forestales de las cooperativas agrarias o incluso las SAT
"Es un campo sin explorar ni explotar, el potencial es enorme y serviría para la diversificación de las cooperativas agrarias que tenemos. El hecho de contar con cooperativas agrarias fuertes facilitaría enormemente su arranque, ya que las cooperativas agrarias están ampliamente implantadas en el territorio y podrían aprovechar las sinergias con otras actividades, pues cuentan ya con recursos humanos técnicos y administrativos así como con maquinaria y equipaciones polivalentes, y están capitalizadas, que es uno de los problemas para la constitución desde cero de cooperativas con finalidad únicamente forestal", explica José Ramón.
En la mayoría de los casos, los socios de las cooperativas agrarias cuentan con fincas agrarias pero poseen también parcelas forestales. "La potencialidad es enorme. Se habló de ese tema en Agaca en alguna ocasión e incluso se llegó a valorar, pero falta valentía, porque requiere una estructura y habría una dependencia patrimonial y de funcionamiento que asusta a los gestores de las cooperativas agrarias actuales", reconoce.
De las 350 cooperativas existentes en Galicia, tan sólo dos tienen finalidad específica forestal. La creación de secciones forestales es un campo sin explorar ni explotar, pero el potencial es enorme y serviría para la diversificación de las cooperativas agrarias que tenemos
Existe también en Galicia ya algún caso de cooperativas de carácter forestal específicamente, en concreto dos, creadas en el 2013 y en el 2015, que serían Promariña y Promagal, vinculada a la asociación de propietarios forestales del mismo nombre, centrada en la producción de madera de eucalipto en las comarcas de A Mariña y Ortegal, pero con un nivel de actividad muy limitado en este momento. "No han arrancado porque el nivel de capitalización de una cooperativa recién creada no permite hacer casi nada y los incentivos son casi nulos si no es por la vía de la creación de una SOFOR. No solo es constituir, luego el proyecto empresarial hay que trabajarlo a fondo", indica José Ramón.
El asociacionismo forestal en la actualidad pasa por otras figuras existentes, como las Cooperativas de Trabajo Asociado (existen 16 con actividad forestal en Galicia, de las que dos son de recogida de frutos silvestres) o las Cooperativas de Servicios, como la Cooperativa de Rematantes de Pontevedra. Existen también 49 Cooperativas de Explotación Comunitaria de la Tierra y tendrían cabida las Sociedades Agrarias de Transformación con finalidad prioritaria forestal, como la SAT Montes de Trabada, "un ejemplo brillante", en opinión del jefe de sección del Servicio de Infraestructuras Agrarias de Lugo.
Figuras como las SOFOR no acaban de generalizarse y otro tipo de posibilidades asociativas son desconocidas y no cuentan con incentivos fiscales de ningún tipo
En opinión de José Ramón Pedreira "falta en Galicia una figura a mayores que sería el reconocimiento de una Agrupación Forestal Prioritaria al estilo de las Asociaciones de Productores Agrarios, las Organizaciones de Produtres de Frutas y Hortalizas o las Organizaciones de Productores de Leche, que no tienen en cuenta la figura base que tienen los asociados, sino las condiciones de mercado, porque el funcionamiento asociativo depende más del modo en que se gestione que de la figura en sí. Es algo que no está maduro en el ámbito forestal, mientras que en el agrario sí que lo está", compara.
Principales diferencias con respeto a las SOFOR
Las Sociedades de Fomento Forestal (SOFOR) son una fórmula específica de agrupación de propiedad forestal para la gestión conjunta, creadas mediante el Decreto 45/2011, de 10 de marzo, que regula el fomento de las agrupaciones de propietarios forestales (DOG núm. 58 de 23-3-2011). A diferencia del resto de fórmulas de asociacionismo forestal, donde cada socio tiene un voto, en las SOFOR el criterio para la toma de decisiones es el del capital aportado, dado que se trata de una sociedad de capital que debe constituirse exclusivamente bajo la forma de Sociedad Limitada.
En cuanto a las características constitutivas de una SOFOR, se exige que la sociedad que se cree deberá gestionar una superficie mínima de 15 ha para plantaciones forestales de fruto, 25 ha para plantaciones o masas preexistentes de frondosas autóctonas y 50 ha para el resto de plantaciones o aprovechamientos forestales. Todas las SOFOR deberán disponer de un instrumento de ordenación o gestión forestal aprobado por la Administración forestal, actualmente la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia.
En las SOFOR el criterio para la toma de decisiones es el del capital aportado por cada miembro; en el resto de las fórmulas de asociacionismo, como cooperativas o comunidades de montes, cada socio tiene un voto
Se exige además que las superficies gestionadas por las SOFOR estén formadas por un máximo de 3 unidades de superficie en coto redondo, con una superficie mínima de cada una de ellas equivalente al 25% de la superficie total. Las unidades de superficie en coto redondo podrán contener hasta un 30% de superficies de enclavados y las unidades de superficie estarán en el mismo ayuntamiento o en ayuntamientos limítrofes.
Las participaciones en la SOFOR de cada uno de los socios no podrán superar un tercio del total de participaciones de la sociedad, excepto que fuese la Comunidad Autónoma de Galicia, Entidades Locales o Sociedades Públicas, pudiendo en estos casos llegar hasta el 49% del capital.
Existen, pues, dos tipos de socios: los que aportan derechos cedidos de usos sobre propiedades forestales, los denominados “clase forestal” y los que aportan solo capital, denominados “clase general”, y cuya cuantía debe ser inferior al 50% del capital total. La cesión del derecho de uso y aprovechamiento de las fincas no podrá ser inferior a 25 años y para la disolución de la SOFOR se necesita una mayoría cualificada que represente al 85% de la superficie forestal.
En las SOFOR existe la posibilidad de incluir a socios capitalistas con una aportación inferior al 50% del capital total de la sociedad, que debe constituirse obligatoriamente como una SL
A pesar de que axisten ayudas para su constitución y tienen preferencia en el acceso a fondos públicos forestales, la doble tributación es un impedimento para la proliferación de las SOFOR, ya que se trata de una sociedad de capitales en la que se paga por los beneficios que obtiene la propia sociedad y por los dividendos que después corresponden la cada socio.
"La complejidad en la constitución y en la gestión de las SOFOR está siendo disuasoria para propietarios pequeños, porque implica una tecnificación. Si la administración apretara sería distinto, pero hoy el particular no tiene necesidad de meterse en ese lío y piensa para qué me voy a complicar en una organización compartida de la propiedad cuando yo puedo decidir y hacer lo que quiero con mi monte. De hecho, la SOFOR es una fórmula que solo se está planteando a día de hoy en montes muy productivos, que ya venían de una gestión conjunta o que pueden ir obteniendo rentas de manera inmediata porque ya están plantados y próximos al ciclo de tala", considera Santiago Fraga.
Las Sociedades Civiles y las Comunidades de Bienes son otras fórmulas más sencillas que se pueden emplear para la gestión de montes en conjunto
Otra fórmula para la gestión conjunta de montes serían las Sociedades Civiles, más sencillas que las SOFOR de constituir y que fiscalmente tienen un régimen semejante, ya que las dos pagan Impuesto de Sociedades. Existe también la alternativa de las Sociedades de Bienes, pero solo sirven para propiedades en proindiviso, como puede ser el monte abertal. En las Sociedades de Bienes la personalidad jurídica es de cada uno de los miembros y el reparto de los beneficios también. La única desventaja es que la responsabilidad también es directa e ilimitada de cada uno de los miembros y no de la sociedad de capitales, como ocurre en los otros casos.
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