El Parlamento de Galicia aprobó hoy por unanimidad a proposición no de ley del Grupo Popular a través de la que se solicita al Gobierno de España que restablezca el régimen de excepciones vigente desde el año 2015 que excluía del deber de cotizar cómo autónomo a aquellas personas que tengan ingresos como titulares de explotaciones agrarias cuando no superen determinados umbrales de renta y rendimiento económico.
"Reivindicamos, en concordancia con los principales sindicatos agrarios gallegos, un tratamiento adecuado para que esta agricultura pueda mantenerse y evitar que el afán recaudatorio del Gobierno de Pedro Sánchez desincentive a los pequeños productores del rural", señaló el diputado José Manuel Balseiro.
En su intervención, Balseiro criticó que "la voracidad fiscal del Gobierno socialista también se extendió al campo gallego y, más en concreto, a los agricultores esporádicos, que, con la reforma aprobada en 2020, los obliga a darse de alta cómo autónomos, incluso si ya están cotizando por cuenta ajena por tener otra actividad o tienen declarados los ingresos procedentes de esos cultivos".
Esta situación motivó que se abrieran expedientes a agricultores gallegos para que se den de alta cómo autónomos, al tiempo que el Estado les obliga a que paguen con carácter retroactivo las cuotas atrasados de años anteriores.
Esta excepción se aplicaba siguiendo unos límites en función de la renta generada por la actividad agraria o por los rendimientos obtenidos de la explotación. ?El establecimiento de estos límites hacía posible que muchos propietarios de explotaciones pequeñas y que tuvieran otra actividad o empleo no debieran cotizar por su actividad agraria al considerarla de forma clara un complemento de renta?, apuntó.
El diputado autor de la iniciativa recordó que el deber de darse de alta puede suponer un gasto medio de más de 200 euros al mes. Ante esta situación, José Manuel Balseiro recordó que el ministro de Agricultura reconoció el error e indicó que este régimen sería modificado a través de una instrucción que, a día de hoy, sigue pendiente.
"No nos llega con declaraciones de buenas intenciones del ministro, porque lo que queremos es que ese compromiso aparezca en la letra del Boletín Oficial del Estado, que se garantice por ley para que no haya lugar a malas interpretaciones", remató.