La reforma de la PAC entra hoy en su suyo tramo final, con la reunión que mantienen los ministros de Agricultura de la UE para perfilar un acuerdo. Sobre la mesa, los tres reglamentos de la PAC (regulación de los planes estratégicos nacionales, financiación y organización de mercados).
Entre las cuestiones por definir, está el porcentaje de fondos que se van a destinar a los ecoesquemas (entre un 20 y un 30%); las condiciones mínimas que se establecen para la definición de agricultor activo o la regulación sobre topes máximos de ayudas por beneficiario (capping) y pagos redistributivos.
Los acuerdos que se adopten en Bruselas esta semana condicionarán las decisiones que tendrá que tomar el Ministerio de Agricultura en el mes de junio. Con la reforma de la PAC ya encarrilada en Europa, en España el Ministerio mantiene por el momento numerosas incógnitas sobre el enfoque que le dará a la reforma. No es un asunto sencillo, pues cada comunidad autónoma y cada sector agrario presiona al Gobierno en función de sus intereses.
Desde Galicia, el Parlamento autonómico se pronunció también ayer sobre las cuestiones que considera prioritarias para la comunidad. Compareció en la Cámara gallega el conselleiro de Medio Rural, que expuso la postura común sobre la PAC que comparte con las comunidades de la Cornisa Cantábrica, así como reivindicaciones singulares de Galicia; e intervinieron también los portavoces en la materia del BNG y PSdeG.
A día de hoy, estos son los ocho principales asuntos que preocupan a los grupos políticos y a las organizaciones agrarias.
- Superficies con derecho a pagos. El Ministerio baraja que otros sectores agrícolas entren en las ayudas de la PAC, como el viñedo, la huerta o las frutales. Es una posibilidad que beneficiaría sobre todo al Este español, pero las comunidades de la Cornisa Cantábrica se oponen a que entren nuevos sectores si no se aumenta la superficie con derechos en las comunidades cantábricas, pues tienen un promedio de superficie con derechos de pago inferior al promedio español.
- Convergencia de los derechos históricos. Se prevé que en los próximos años continúe la convergencia de derechos históricos para llegar en el 2026 a un 85% de convergencia de la cuantía de los derechos dentro de cada región. Queda por concretar en cuantas regiones agronómicas quedará dividida España. Se da por hecho que de las 50 regiones actuales se pasará a un número muy inferior, probablemente en el entorno de la quincena.
- Pagos asociados. Se mantendrá el nivel de fondos que se destina a pagos asociados, si bien los pagos asociados que recibe la ganadería podrían reducirse si se incorporan otros sectores, como el olivar tradicional. Es una cuestión por ver. En Galicia, el conselleiro defiende que si el olivar tradicional se incorpora a los pagos asociados, también habrá que establecer esos pagos para los sotos tradicionales de castaña. Desde organizaciones como Unións Agrarias, se propone otra alternativa de pagos para la castaña, como la de que entre en las superficies con derecho a cobro de ayudas.
- Pastos arbustivos. La anterior reforma de la PAC penalizó a los pastos arbustivos típicos en la provincia de Ourense y montaña de Lugo. Las nuevas exigencias sobre los pastos arbustivos redujeron su coeficiente de admisibilidad, sin tener en cuenta el aprovechamiento tradicional que hace el ganado del matorral. Una esperanza para corregir ese problema está en que la Comisión Europea acuerde un cambio de la definición de los pastos arbustivos que pueda beneficiar a Galicia. Desde la Consellería se plantea la alternativa de que esos pastos arbustivos reciban asignaciones suplementarias de derechos de la Reserva Nacional.
- Agricultor genuino. El Ministerio y las comunidades avanzaron en un acuerdo sobre la definición de quien puede cobrar las ayudas de la PAC. Todo apunta a que se considerará agricultor genuino a los productores que tengan por lo menos un 25% de ingresos agrarios sobre el total de su renta, pues existe consenso en que hay que tener en cuenta a los agricultores con una segunda actividad.
El punto a debate está sobre la exención que quiere establecer el Ministerio para que los perceptores de menos de 5.000 euros de PAC sean considerados también agricultores genuinos, con independencia del porcentaje de ingresos agrarios. Es una cuestión a la que se opone Galicia, pero que otras comunidades, como Andalucía, defienden.
- Tope de ayudas por beneficiario (Capping). Se espera que haya un tope de 100.000 euros de ayuda por beneficiario, con pagos regresivos a partir de 60.000 euros. La cuestión a debate es si se van a poder deducir los costos laborales y los pagos a empresas de servicios a la hora de fijar el tope. En la comunidad, la postura es unánime en contra, pues se beneficiaría a los grandes latifundios del sur peninsular.
- Pago redistributivo. Desde Galicia, tanto los grupos políticos como las organizaciones agrarias (Unións, Sindicato Labrego) piden un pago redistributivo que beneficie a las pequeñas y medianas explotaciones y que tenga en cuenta el número de trabajadores, pues se calcula que la ganadería crea hasta tres veces más empleos por hectárea que la agricultura.
Queda también por ver qué fondos se destinan al pago redistributivo, pues beneficiaría a Galicia que se se le dedicara a ese fin un porcentaje significativo de los fondos de la PAC, no sólo el dinero procedente del Capping.
- Ecoesquemas. El Ministerio mantiene el grueso de la propuesta de ecoesquemas realizada, pero se esperan cambios que adapten los ecoesquemas a Galicia. Desde Unións Agrarias se señala que hubo contactos con el Ministerio para que reforme los ecoesquemas de ganadería extensiva y de pasto y siega, adaptándolos a la Cornisa Cantábrica, pues en Galicia, por ejemplo, carece de sentido dejar márgenes sin segar en las fincas, teniendo en cuenta el minifundio y el alto porcentaje de terreno forestal y a matorral, a diferencia de lo que sucede en otras comunidades.
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Segundo pilar de la PAC, los fondos del Plan de Desarrollo Rural
Una vez que se aclare la regulación de las ayudas directas (primer pilar de la PAC), se abordará el melón del segundo pilar, los fondos del Plan de Desarrollo Rural (PDR), que abordan cuestiones muy variadas (apoyos al sector agroalimentario y forestal, asesoramiento, obras en el rural, planes Leader, etc.).
En el debate que hubo ayer en el Parlamento, los grupos de la oposición se mostraron críticos sobre el reparto de los fondos en los PDR de Galicia, hasta el punto de que el grupo socialista señaló que la primera empresa beneficiada de la PAC en Galicia es una multinacional con sede en Madrid que se dedica a la obra pública.
Desde el BNG se cuestionaron los fondos que se pretenden dedicar a la Lei de Recuperación de la Terra Agraria por medio del Plan Leader. "Es un enfoque de arriba abajo que mucho nos tememos que tiene el principal objetivo de beneficiar a alguna gran empresa agraria", sostuvieron.
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