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La Xunta espera agilizar este año la movilización de parcelas a través del Banco de Terras

La Consellería de Medio Rural finalizó este viernes el proceso de revisión del catálogo del Banco de Terras con el traspaso de un último lote de 957 parcelas a 73 municipios de toda Galicia. El final de este filtrado de predios sin utilidad agraria permitirá, según el departamento que dirige Ángeles Vázquez, “que el Banco de Terras intensifique y optimice los recursos disponibles y, así, centrarse en el arrendamiento de tierras válidas para usos agrícolas, ganaderos y forestales y poner en valor grandes áreas”. Desde la Xunta destacan que en total, en menos de un año (el primer traspaso fue a Vedra en mayo de 2017) se revisaron en torno a 2.500 parcelas y finalmente se traspasaron 2.194 a 110 ayuntamientos. Estos espacios podrán ahora ser utilizados por los vecinos bien directamente o a través de servicios municipales. Muchos de ellos ya tienen construcciones como cementerios, depuradoras, depósitos de incendios, etc., ya que procedían de masas comunes de zonas de concentración parcelaria transferidas en su momento al Banco de Terras. El Banco de Terras traspasó 2.194 parcelas a 110 ayuntamientos El acto de entrega formal se llevó a cabo en la Cidade da Cultura, allí la consejera de Medio Rural, Ángeles Vázquez, formalizó con los alcaldes la cesión de estos últimos predios que pueden ser traspasados directamente a los gobiernos locales gracias a la Ley de Mejora de la Estructura Agraria de Galicia (Metaga). Esta norma contempló el reconocimiento de la titularidad municipal de una manera más ágil y con menos carga burocrática que la tradicional cesión de tierras para aquellos espacios que, en realidad, no podían ponerse a producir. Hasta ese momento, suponía pasar por 36 pasos administrativos. Por provincias, en esta última entrega, 549 predios fueron a parar a 32 ayuntamientos de la provincia de A Coruña, otros 218 a 22 municipios de Lugo, 107 a 13 localidades de Ourense y por último seis ayuntamientos de Pontevedra recibieron 83 terrenos.

La Xunta proyecta incorporar al Banco de Terras montes vecinales en abandono

En Galicia, alrededor del 10% del monte vecinal, unas 70.000 hectáreas, permanece en estado de abandono, según los datos que maneja la Xunta. Se trata de comunidades de montes que están inactivas, bien porque nunca tuvieron juntas rectoras en algún caso, bien porque la despoblación o la falta de relevo generacional las dejaron fuera de juego. La Administración proyecta ahora incorporar estas comunidades al Banco de Terras para su puesta en producción. La legislación de montes vecinales ya permitía que la Xunta declarara montes vecinales en estado de grave abandono, paso previo a asumir temporalmente su gestión, pero nunca hasta el momento se había echado mano de esta posibilidad, que se venía reivindicando desde hace años por parte del sector agrario y forestal. El Gobierno gallego prevé ahora, tras la última ola de fuegos, activar la declaración de grave abandono en los montes vecinales que carezcan de gestión. Esos montes en grave abandono pasarán a ser incorporados de manera temporal al Banco de Terras, siempre y cuando no haya una junta rectora dispuesta a hacerse cargo del monte y a gestionarlo. En cualquier caso, si en un futuro se crea y se activa esa junta rectora, podrá recuperar el control del monte. Esta fue una de las medidas contra los incendios anunciadas hoy en el Parlamento gallego por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que desgranó una treintena de propuestas ligadas a la prevención, ordenación y dinamización del monte. Parte de ellas ya se habían anunciado con anterioridad. Propiedades particulares Feijoo también señaló que aquellas fincas particulares que estén sin propietario conocido o ilocalizable podrán pasar de forma cautelar al Banco de Terras, en tanto se investiga su titularidad. Cifró estas propiedades en 300.000, si bien el minifundio rústico tradicional en Galicia -salvo en las zonas de concentración parcelaria- abre interrogantes sobre las posibilidades reales de aprovechar esas parcelas. Otras de las propuestas del presidente de la Xunta son las siguientes: Prevención - La Xunta negociará un acuerdo económico con los Concellos para incentivar la limpieza de las áreas de monte que circundan los núcleos de población. El objetivo es que los propietarios puedan delegar en el Concello el desbroce básico de sus parcelas a un precio fijo y que las Administraciones cubran la parte restante en los casos en que sea preciso. - Anuncio de un plan (Aprol Rural 2018), dotado con 7 millones de euros, para que los Concellos del rural contraten personal dedicado a tareas de silvicultura, limpieza de montes y otros trabajos forestales. La Xunta quiere aumentar también las 195 brigadas forestales municipales que funcionaron este año. - Se crearán fajas de protección -pendientes de concretar- en torno a las subestaciones eléctricas e instalaciones de telecomunicaciones (como antenas de telefonía móvil). - Se obligará a la gestión de la biomasa en torno a las viviendas en suelo rústico, aunque estén a más de 400 metros del monte. - Se ampliarán las limitaciones en las llamadas fajas secundarias de monte en torno a los núcleos de población, es decir, en las áreas de monte más próximas la zonas habitadas. Hasta el momento, con carácter general, se permitía tener pinos y eucaliptos hasta a 30 metros de los núcleos o de casas aisladas. La Xunta proyecta ahora que de los 30 a los 50 metros, pinos y eucaliptos tengan que guardar una distancia entre sí de 10 metros. También prevé endurecer la normativa en zonas de especial riesgo, por factores como “viento” o “altitud”. Habrá que esperar por la concreción del anuncio de Feijoo para analizar el cambio normativo, si bien hasta el momento el control de oficio sobre el cumplimiento de la Lei de Montes en lo tocante a las fajas de protección fue escaso. - El presidente de la Xunta anuncia ahora que se crearán Equipos de Vigilancia de Incumplimientos para velar por la aplicación en la práctica de las medidas incluidas en la normativa forestal y de defensa contra incendios. Estos equipos serán los encargados de hacer cumplir las distancias de seguridad que debe haber entre arbolado con vías de comunicación y núcleos habitados. También localizarán parcelas abandonadas o que incumplan la normativa. Habrá dos agentes destinados a este fin en cada uno de los 19 distritos forestales de Galicia. - La Xunta destinará un mínimo de 3 agentes por distrito forestal para investigar las causas de los fuegos. Formarán parte de los llamados Equipos Forestales de Investigación, que sustituirán a las actuales Brigadas de Investigación de Incendios. Ordenación del monte y dinamización - Creación de planes de ordenación a nivel de Distrito Forestal. El objetivo es tener para los montes unos planes semejantes a los planes urbanísticos de los ayuntamientos, según señala la Xunta. Se quiere comenzar en el 2018 por los 9 distritos de Ourense y Pontevedra, por ser los que concentran mayores fuegos. - Se anuncia un plan de actuaciones de mejora de las zonas de pastoreo extensivo en las provincias de Ourense y Pontevedra. Feijoo señaló que las zonas de actuación incluirán todas las sierras y terrenos forestales con aprovechamientos ganaderos extensivos de relevancia. La Xunta señala que las infraestructuras a diseñar incluyen cierres ganaderos, mejora de accesos, mangas de manejo del ganado, pasos, comederos, bebederos, etc. - Modificación de las Sociedades de Fomento Forestal (Sofor), la figura promovida por la Administración autonómica para incentivar el asociacionismo forestal. Desde la aprobación de la Lei de Montes, en el 2012, sólo se constituyeron 5 Sofor en Galicia. La Xunta anuncia ahora que quiere flexibilizar su normativa, mejorar su fiscalidad y facilitar la entrada de nuevos inversores.

Medio Rural proyecta un plan piloto para recuperar tierras agrarias abandonadas

Galicia lleva décadas perdiendo tierras agrarias. Parte de la superficie que venían utilizando las explotaciones que cesan en la actividad queda en el abandono, sobre todo en las comarcas en las que continúan pocos agricultores y ganaderos en activo, como sucede en buena parte de la provincia de Ourense. La Consellería de Medio Rural proyecta un plan piloto con el que emprender la recuperación de tierras para la producción agraria. La iniciativa se centrará en poner en producción superficies agrarias abandonadas procedentes de concentraciones parcelarias. La inversión pública en concentraciones parcelarias, orientadas a dimensionar las fincas agrarias, queda en muchas comarcas sepultada por el matorral e incluso por incendios forestales. Fue lo que sucedió en Cualedro (Ourense) en el 2015, donde un gran incendio arrasó cientos de hectáreas agrarias abandonadas. Medio Rural se marca el reto de recuperar las tierras abandonadas de concentraciones, para lo cual estudia posibles fórmulas que impliquen a los propietarios en la recuperación. El director xeral de Ordenación e Producción Forestal, Tomás Fernández Couto, destaca que las alternativas para poner en valor esas tierras abandonadas son muchas. Desde el cultivo de cereales, pastos o forrajes hasta la plantación de castaños para fruto u olivos, especies autorizadas para tierras agrarias. La cuestión es aprovechar las tierras, de forma que generen valor para sus propietarios y para agricultores y ganaderos en activo. La Consellería baraja desarrollar una iniciativa piloto en la provincia de Ourense con un objetivo de demostración, que sirva de ejemplo para las comarcas en las que existe el problema del abandono.

El abandono de parcelas concentradas, prohibido por Lei

La Lei de Mobilidade de Terras de Galicia recoge expresamente la prohibición de que los terrenos resultantes de concentración parcelaria queden abandonados. “Si se diese esa situación, existe un procedimiento para la declaración de abandono de las parcelas concentradas, concediéndole un plazo al propietario para ponerla en producción o para alquilarla, bien a través del Banco de Terras o a un tercero”, señaló el director xeral de Ordenación e Producción Forestal, Tomás Fernández Couto, durante unas jornadas organizadas recientemente en Melide por la Asociación Agraria de Galicia (sucesora de Asaja Galicia).
"En las parcelas que sean declaradas en estado de abandono, el propietario tiene dos opciones, ponerlas a producir o alquilarlas"
El proceso para la declaración del estado de abandono de una parcela puede iniciarse bien por denuncia de un particular, bien por iniciativa de la Administración. “Cualquier parcela que constituya un riesgo por posibles incendios forestales que se acerquen a las casas, por ser un refugio de fauna problemática para el campo o por criar enfermedades y plagas, como puede suceder a veces en los viñedos, puede ser denunciada”, destaca Fernández Couto. La Administración autonómica, por el momento, es partidaria de una actitud informativa, no directamente sancionadora, si bien para el caso de fuegos forestales que se acerquen a las viviendas sí inició en el 2016 la investigación post-incendio. El objetivo es sancionar a los propietarios de parcelas abandonadas que incumplan el deber de mantenerlas despejadas de matorral en el entorno de los núcleos de población. Forestación ilegal Otro problema que se registra con las parcelas agrarias abandonadas es su forestación ilegal con especies como el eucalipto o el pino, prohibidos expresamente desde 2012 en tierras agrarias por la Lei de Montes de Galicia. Fernández Couto asegura que la Administración está denunciando de oficio las parcelas forestadas de manera ilegal, acumulando ya 1.600 propietarios denunciados, según publicaba recientemente el Faro de Vigo. El sector agrario considera insuficiente esa actuación, que achaca en buena parte de los casos a denuncias de terceros, y destaca que en Galicia hay más de 30.000 hectáreas agrarias forestadas de forma ilegal. La dimensión del problema -se valora desde Unións Agrarias- no sería tal si la Administración hubiera actuado con eficacia. Preguntado sobre esta cuestión, Fernández Couto relativiza el tamaño del problema y valora que hay comarcas en las que existen tierras catalogadas como forestales que pueden parecer agrarias a simple vista. Insiste además en que la Xunta está denunciando de oficio la forestación ilegal.

Medio Rural proyecta recuperar 400 hectáreas abandonadas en Lemos

La Consellería de Medio Rural fue escenario hoy de una reunión del grupo de trabajo que se había creado hace casi un año para abordar la situación del sector lácteo. Era la primera reunión desde la primavera pasada, por lo que se esperaba con expectación, pero la ausencia de las industrias, que no enviaron representación, dejó con escaso contenido el encuentro. Las únicas noticias llegaron de dos anuncios realizados por parte de la Consellería. Tras la reunión, la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, apuntó a la reducción de los costes de producción como una de las prioridades de futuro, una cuestión para la que resulta clave el factor tierra. Vázquez destacó que el Banco de Terras trabajará conjuntamente con la Fundación Juana de Vega y con la Universidade de Santiago para identificar superficies improductivas que se puedan poner en valor.
La ausencia de las industrias de la reunión impidió analizar las perspectivas de precios y contratos
La primera experiencia ya se ha iniciado en el último trimestre del año en la comarca de Lemos, según detalló la titular de Medio Rural, que avanzó que su departamento prevé facilitar la puesta en producción de 400 hectáreas productivas del valle de Lemos que ahora mismo están abandonadas. Durante el primer trimestre del 2017, el Banco de Terras tratará de incorporar esas superficies para ofertárselas a ganaderos y cooperativas de la comarca. Ayudas para personas jóvenes El segundo anuncio por parte de la Consellería correspondió a la convocatoria 2017 de las ayudas de incorporación de personas jóvenes y de planes de mejora. Medio Rural asegura que se convocarán en el mes de febrero con una cuantía disponible de 65 millones de euros, cinco millones más que este año. Sobre las ayudas solicitadas en el anterior ejercicio y que fueron denegadas por falta de fondos, la Consellería anuncia que facilitará que los afectados vuelvan a tramitar la solicitud sin tener que aportar otra vez toda la documentación que ya acompañaron la primera vez. Por último, en cuanto a la reunión de hoy, la Consellería señala que tendrá continuidad en reuniones trimestrales y que se crearán grupos de trabajo específicos para abordar cuestiones como la base territorial o la calidad. Al encuentro, asistieron organizaciones agrarias, la Asociación Galega de Cooperativas (Agaca), y dos representantes de asociaciones de supermercados, así como otras entidades ligadas a la investigación y a la producción. Falta de soluciones Por parte de las organizaciones agrarias, se consideró positivo el encuentro, pero se lamentó la falta de soluciones. “Hay cuestiones como la regulación de los primeros compradores que ya se nos dijo hace casi un año que se iba a poner en marcha, pero seguimos esperando. Son cosas que hay que implementar de inmediato”, señaló Óscar Pose, de Unións Agrarias.
"Hay cuestiones, como la regulación de los primeros compradores, que ya se dijo hace un año que estaba a punto, y seguimos igual" (Óscar Pose)
Unións aseguró también que estará vigilante sobre la situación de precios de los lácteos en la distribución, pues uno de los representantes de los supermercados que asistió a la reunión advirtió de bajadas en determinadas cadenas. Esa bajada podría terminar por afectar a las granjas, según se valora desde el sector. Incógnita sobre los precios La organización agraria cuestionó también la ausencia de las industrias. “Nos parece incomprensible y preocupante, ya que no pudimos entrar a valorar la situación de precios de cara a primavera. Lo único que sabemos es que la famosa subida de precios se quedó en el céntimo que anunció Lactalis, y nos temimos que pueda arrastrar a otras industrias”, criticó Óscar Pose. El representante de Asaja, Francisco Bello, que también hizo declaraciones al final, valoró en positivo el aumento de aportaciones para ayudas de incorporación que anunció Medio Rural. Bello apuntó también la necesidad de dotar de mayor transparencia a la cadena de valor de la leche.

Piden que la Xunta haga cumplir la ley para que las ganaderías puedan ampliar su base territorial

Entre 1999 y 2009 en Galicia se abandonaron, según los datos del Instituto Gallego de Estadística (Ige), alrededor de 49.000 hectáreas de Superficie Agraria Útil (Sau), una cifra que los sindicatos agrarias elevan desde el 2009 hasta la actualidad en otras 40.000 hectáreas, situándose la Sau en Galicia en poco más de las 600.000 hectáreas, un 20% del territorio gallego, uno de los porcentajes más bajos de España y de Europa. De hecho, según los datos de un estudio elaborado por la Fundación Juana de Vega, una de las entidades más activas en el estudio de la movilidad de tierras en la comunidad, en Galicia hay unas 114.000 hectáreas de tierras agrícolas abandonadas, de las que 46.000 hectáreas son de máxima aptitud para la producción agraria. Una situación que, paradójicamente, contrasta con la carencia de tierra -con garantías jurídicas y con unos precios de mercado- tanto para las explotaciones ganaderas y agrícolas existentes cómo para las personas o empresas que desean poner en marcha proyectos de negocio en el sector agroganadero. Sirva como ejemplo la necesidad que, según un informe del profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Edelmiro López Iglesias, tienen las explotaciones lácteas gallegas de aumentar su base territorial en los próximos años si quieren reducir los costes de alimentación del ganado y ser competitivas en el mercado. En concreto, este experto considera “un objetivo realista” y necesario que, manteniendo la cabaña ganadera gallega en 350.000 vacas en ordeño, las ganaderías aumenten su base territorial en unas 130.000 hectáreas en los próximos años hasta situarse en las 350.000 ha. En este sentido, consultamos a diversos representantes del sector para que ofrezcan sus propuestas:

Roberto García (Unións Agrarias): “La Xunta no puede delegar en los ayuntamientos para que denuncien las plantaciones forestales ilegales en tierras agrarias”

Para el secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, “en los últimos años el cierre de explotaciones ganaderas llevó a que se hayan perdido más de 90.000 hectáreas de Sau”. Según él, la falta de una política por parte de la Xunta para intervenir sobre el uso de la tierra, “llevó a que se incrementaran los costes de las explotaciones ganaderas que quedan, y a que en muchos casos se hicieran plantaciones de eucaliptos en esos terrenos agrarios”. Unas ilegalidades que, según critica el representante de Unións, “la Xunta delegó en los alcaldes para que denunciaran, algo que en la práctica no hacen porque la mayoría de sus votantes no son ganaderos”. Ante esta situación, Roberto García reclama, por una parte, que “la Xunta ponga en marcha medidas fiscales que incentiven los arrendamientos de las tierras, y a unos precios aceptables de mercado, que se correspondan con su valor agrario”. En segundo lugar, reclama “que las ayudas de la Pac se destinen únicamente a agricultores y ganaderos en activo”. “En España el 30% de los perceptores de las ayudas de la PAC son jubilados y pensionistas, que en muchos casos están interesados en mantener las tierras improductivas, o hacer plantaciones forestales en ellas, y seguir cobrando las ayudas”. “Es imprescindible para las explotaciones ganaderas y agrícolas de Galicia aumentar su superficie, pero para eso el gobierno de la Xunta tiene que tomar medidas, y algunas de ellas que pueden ser impopulares, porque va a ser imposible quedar bien con todos”, concluye Roberto García.

José Manuel Andrade (Fundación Juana de Vega): “Hay herramientas legales para controlar los usos de la tierra, pero la Administración tiene que hacer que se cumplan”

El director de la Fundación Juana de Vega, José Manuel Andrade, subraya que “en este momento ya hay mecanismos legales en Galicia para movilizar las tierras y ponerlas a producir, pero falta voluntad política para aplicar la ley”. “La Administración autonómica ya tiene herramientas para ser ella la que haga el control del uso de las tierras; se debe hacer cumplir la normativa evitando la forestación de tierras agrarias y hay que hacer del Banco de Terras un elemento útil y ágil para movilizar las tierras agrarias en Galicia”, explica José Manuel Andrade. Precisamente, como uno de los principales obstáculos de los jóvenes que cada año participan en el Programa de Emprendimiento de la Fundación Juana de Vega, su director destaca el pequeño tamaño de las fincas pero, sobre todo, que “sigue habiendo propietarios que son reacios a formalizar un contrato de alquiler de sus fincas, porque piensan que pueden perder derechos sobre su propiedad”, algo que espera que mude con el cambio generacional.

Higinio Mougán (AGACA): “En Galicia es preciso un gran pacto social y un cambio cultural sobre el uso de la tierra”

El gerente de la Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias (Agaca), Higinio Mougán, considera que “en Galicia hay espacio suficiente para usos agrarios, ganaderos y forestales”. “Tenemos alrededor de 400.000 hectáreas de monte bajo y de tierras abandonadas que se podrían rentabilizar sin necesidad de hacer plantaciones forestales en tierras agrarias”, subraya. En este sentido, también considera un error que “se delegue en los alcaldes las denuncias de las forestaciones ilegales, porque al final se inhiben para no buscar conflictos con sus vecinos y posibles votantes, que mayoritariamente no se dedican a la ganadería y a la agricultura”. Para el gerente de Agaca el problema de fondo “es que en Galicia falta una cultura de buen aprovechamiento de la tierra”. “Y la Administración autonómica -añade- debe tener la voluntad política de poner en marcha un sistema ágil para que no se foresten tierras agrarias, evitando que haya conflictos entre los habitantes del rural”. Por último, Higinio Mougán también reclama que a los propietarios de estos terrenos se le ofrezcan alternativas a la plantación de eucaliptos, que también le supongan un incentivo económico. “Es cierto que las ganaderías precisan más base territorial para ser competitivas, pero también que tienen que pagar un precio razonable a los propietarios por su alquiler, lo que no puede ser es que se estén utilizando terrenos a coste cero simplemente a cambio de tenerlos limpios”, subraya.

Isabel Vilalba (Sindicato Labrego): “Las ayudas de la PAC las deberían cobrar únicamente los agricultores y ganaderos en activo”

Por su parte, Isabel Vilalba, secretaria general del Sindicato Labrego Galego (Slg) defiende la necesidad de que “la Xunta apruebe un plan de protección de la tierra agraria para que, como mínimo un tercio del territorio gallego se dedique a usos agrarios o ganaderos”. “Pasar de un 20% de superficie agraria útil a un 33% debería ser un objetivo realista”, subraya. Para la representante del Slg “es un contrasentido que en Galicia uno de los principales obstáculos de la gente joven que se quiere incorporar al campo sea la falta de tierra, al mismo tiempo que hay miles de hectáreas abandonadas o tierras agrarias de calidad que se están plantando con eucaliptos o dedicándose a usos extractivistas, como minas”. En este sentido, Isabel Vilalba, pide también un cambio en la aplicación de la PAC en España para que, al igual que hicieron otros países, caso de Francia, las ayudas se destinen exclusivamente a los agricultores y ganaderos en activo. “El gobierno español decidió a la hora de negociar la PAC que también beneficiara a las personas no activas, de manera que hoy nos encontramos con la paradoja de que mucha gente joven que se instala en el sector agroganadero percibe una PAC mínima”, explica la secretaria general del Sindicato Labrego. “La gestión de los fondos de la PAC en Galicia y en España favorece que no se movilice la tierra para la gente joven que se incorpora y para las explotaciones que están en activo y que precisan ampliar su base territorial”, concluye.

“En 2017 el Banco de Terras va a empezar a movilizar tierra abandonada de grandes áreas”

El Banco de Terras de Galicia es un instrumento creado por la Consellería de Medio Rural en el año 2008 para evitar el abandono de las fincas con vocación agraria y ponerlas a disposición de las personas que las precisen para su puesta en producción. Creado por el Gobierno Bipartito PsdeG-BNG, este instrumento se mantuvo por el gobierno del PP, a pesar de sus críticas iniciales de intervencionismo público, y hoy es un instrumento público de referencia a nivel internacional en cuanto a la intervención y mediación pública para dinamizar el uso del suelo agrario y evitar su abandono. Entrevistamos a Alejandro Sánchez de Dios, desde hace algo más de dos años subdirector de Movilidad de Tierras de Agader y responsable del Banco de Terras de Galicia. Se acaba de abrir la campaña de solicitudes de arrendamientos en el Banco de Tierras. ¿Cuáles son las novedades? Hay dos campañas anuales de solicitudes: de marzo a abril y de octubre a noviembre. Las novedades se produjeron en el primero período de este año, arbitrando medidas, por ejemplo, de discriminación positiva para parados de larga duración y para entidades de lucha contra la exclusión social. Hay que tener en cuenta que el Banco de Terras trabaja con alrededor de 12.000 fincas y 5.000 hectáreas, de las que unas 11.000 parcelas son de titularidad pública de la Xunta de Galicia y el resto son fincas de particulares. Ese volumen nos requiere un enorme esfuerzo de gestión. Sirva como referencia que la Bolsa Nacional de Terras de Portugal, que además de arrendamientos también gestiona ventas, tiene un catálogo de solo 650 parcelas. ¿Cuál es el nivel de actividad del Banco de Terras? ¿Qué porcentaje de las parcelas se arrendan? Tenemos unas 12.000 fincas, de las que unas 3.000 están arrendadas o en proceso de arrendamiento. La gran mayoría de las parcelas que están en el Banco de Terras son de titularidad pública pero no todas ellas son fincas agrarias. Así, ahora estamos trabajando en un proyecto muy ambicioso de transferencia a los ayuntamientos de fincas que están en el Banco y que no tienen un uso agrario, un proceso que esperamos comenzar a finales de este año y que afectará a unas 2.500 parcelas. Sirva como ejemplo que tenemos en el Banco de Terras incluso parcelas en las que existen cementerios. Por otra parte, tenemos fincas de uso agrario pero que no se arriendan por su reducida superficie. En este sentido, la ley permite su venta directa y a precio tasado a los propietarios límítrofes, lo que permitiría mejorar el tamaño de las explotaciones a las que se incorporen. Estamos hablando de alrededor de las 2.000 fincas en esa situación.
“Transferiremos a los ayuntamientos unas 2.500 fincas sin uso agrario y pondremos a la venta unas 2.000 de reducida superficie”
Llevando adelante estas dos medidas, estaríamos hablando de la retirada de unas 4.500 fincas no arrendables, lo que nos permitiría aliviar nuestro trabajo burocrático. De este modo quedaríamos con unas 6.500 fincas públicas, y el Banco de Terras se podría centrar en lo realmente importante y que hasta ahora no pudo hacer debido a esa carga: dedicarnos a actuar como un elemento de mediación activa entre demandantes de tierra y propietarios de parcelas. Podremos empezar a mediar, por ejemplo, entre una cooperativa que precise gran cantidad de tierras para producir forrajes: nosotros como Banco de Terras localizaremos terrenos con buena aptitud agrícola en situación de abandono, e intentaremos convencer a los propietarios para que los arrienden gracias a las garantías públicas que ofrece el Banco. Pero si queremos trabajar en ese campo eficazmente tenemos que depurar antes el catálogo del Banco de Terras. Nuestro objetivo es comenzar las acciones de movilización de grandes áreas en el año 2017. Es un objetivo promovido activamente por la Consellería: el Banco de Terras tiene que asumir un papel mucho más activo, acercarse a los propietarios y convencerlos de las ventajas de incluir las parcelas en el Banco de Terras en vez de esperar pasivamente a que estos incorporen sus parcelas al Banco. Una de las críticas que se le hace al Banco de Terras es que toda la tramitación es muy lenta...¿Comparte esta crítica? Es cierto que los procedimientos tardan demasiado. Pero hay que recordar que somos un instrumento público y que tenemos que ofrecer toda una serie de garantías, (por ejemplo, un proceso regulado cuando hay concurrencia entre dos personas por una parcela), y eso resta rapidez. En condiciones normales de una finca para usos agrícolas y con un sólo demandante sería imposible que tardáramos menos de tres meses, para cumplir todos los procedimientos de garantías. Y si la finca es forestal o está pedida para uso forestal y tiene varios solicitantes, el procedimiento se alargaría, siendo optimistas, un mínimo de seis meses, también para cumplir todos los procedimientos de garantías. En este sentido, uno de nuestros objetivos es agilizar los plazos, pero garantizando siempre la transparencia y la igualdad de condiciones de los demandantes cuando compiten por una misma parcela. ¿En que zonas tiene más actividad de arrendamiento el Banco de Terras? Hay que diferenciar. En los usos agrícolas las zonas de mayor actividad coinciden con el peso del sector agrícola en el ayuntamiento. Así, en la Terra Cha, Arzúa, Ordes, Melide,.... hay una alta demanda de parcelas. En cuanto al uso forestal, la demanda es más homogénea en el territorio gallego. A este respecto, se ha acusado al Banco de Terras de ser un instrumento para forestar tierras agrarias con eucalipto. ¿Que responde? No es cierto en absoluto, todo lo contrario. Cuando se creó el Bantegal en el año 2008 este sólo arrendaba tierras agrícolas, pero en las parcelas que les traspasó Patrimonio de la Xunta había también tierras forestales, que estaban inmovilizadas y no se podían arrendar para ese uso. En este sentido, a partir de la entrada en vigor de la ley de movilidad de tierras, en el año 2011, se permite el arrendamiento de fincas para uso forestal. Y en las tierras en estado de abandono evidente, la Ley de Montes permite la forestación tras la permanencia de las fincas en el Banco un mínimo de dos años, y tenemos que cumplir la ley. Pero si sobre una parcela que puede tener uso agrícola o forestal hay dos solicitudes, una para uso agrícola y otra para uso forestal, la solicitud para uso agrícola tiene absoluta preferencia en el arrendamiento.
“En el 2017 vamos a empezar a movilizar grandes áreas”
¿Va a aumentar su personal el Banco de Terras? Es cierto que tenemos escasez de medios humanos, pero yo destacaría dos fortalezas del Banco: su personal, que tiene un nivel muy elevado de dedicación y de formación específica; y por otra parte disponemos de Sitegal, una herramienta informática de gestión de las tierras que, además de servir para la relación con nuestros clientes, resulta enormemente útil en nuestra tarea administrativa diaria. Esta herramienta es lo que más le interesa a los visitantes que vienen de otros países y que están interesados en nuestro funcionamiento. Por otra parte, los estatutos de la nueva Agader están en fase de tramitación y en la relación de personal se incluye una fuerte potenciación, sobre todo de personal técnico, para el Banco de Terras. Un informe de la fundación Juana de Vega cifra en 46.000 las hectáreas de alta calidad agrícola y que están abandonadas.... Estamos trabajando conjuntamente con la Fundación Juana de Vega y en breve se pondrá en marcha, junto con otros actores, el Observatorio de Movilidad de Terras, que permitirá compartir información de distintas administraciones (Consellería de Hacienda, Consellería de Medio Rural, Instituto de Estudios del Territorio,...) sobre transmisión de tierras en Galicia. Este proyecto, que pilotará el Banco de Terras, será un paso muy importante para disponer de información actualizada y fiable sobre el mercado de la tierra en Galicia. En todo caso, uno de los primeros pasos del nuevo Observatorio será obtener datos más precisos sobre el total de tierras en abandono y, dentro de estas, las que tengan elevada aptitud agrícola; hasta ahora no tenemos más que estimaciones. Los arrendamientos en el Banco de Terras son por cinco años. ¿No se deberían ampliar para plantaciones de frutales, por ejemplo? La ley establece que el plazo general de arrendamiento para las fincas del Banco de Terras es de 5 años para cultivos agrícolas y de 15 años para forestales. Pero para cultivos de frutales o de viñedo se pueden acordar plazos de arrendamiento de 15 años o más, y para arrendamientos forestales de caducifolias los plazos pueden llegar hasta 70 años. Eso para fincas públicas; en el caso de fincas de particulares son las personas titulares las que fijan los plazos.
“No queremos ser una competencia desleal al mercado privado de tierras”
Y aun más: si la persona que arrenda una finca tiene que hacer una labor de mejora fuera de lo habitual para ponerla en producción puede solicitar ampliar el plazo e incluso, excepcionalmente, puede recibir una ayuda al arrendamiento. Pero también tenemos que tener claro que las fincas del Banco de Terras no son un fondo a largo plazo y a bajo precio. No queremos ser competencia desleal del mercado privado de tierras y tampoco queremos que se incorporen al Banco fincas que no se pueden arrendar. ¿Que le diría a un propietario que tiene una parcela para que la incorpore al Banco de Terras? Primero, recordar que la parcela no tiene por que estar abandonada, sino que puede estar en producción. Además, la ley nos permite incorporar y arrendar explotaciones completas. Hace poco se incorporó, por ejemplo, una explotación de manzanos de sidra en plena actividad. Las ventajas para una persona que incorpore las fincas son, por una parte, que el Banco de Terras aporta la garantía de que somos una administración pública. Además, somos nosotros quienes le pagamos el arrendamiento al propietario, después de cobrárselo al arrendatario. Es decir, somos intermediarios y damos la garantía de que cuando finalice el contrato la parcela va a estar, como mínimo, en iguales condiciones que cuándo la incorporó al Banco, y generalmente mejor. Además, garantizamos al propietario el cobro del alquiler al precio de referencia, aunque el arrendatario no pague, al tiempo que nosotros como Banco nos encargamos de reclamarle los pagos pendientes. Y en cuanto a los precios de arrendamiento ¿va a haber novedades? Desde el año 2008, y hasta 2014, los precios no habían sufrido ningún tipo de modificación. Quien propone anualmente al Consello da Xunta los precios de arrendamiento para las fincas públicas es la llamada Comisión Técnica de Precios y Valores. En este sentido, en el año 2014 habíamos detectado que había una diferencia entre los precios medios de partida y los que la gente ofertaba, y decidimos proponer para 2015 una subida de un 25% de esa diferencia, que fue aceptada por unanimidad por la comisión. También propusimos la subida de los arrendamientos de las tierras forestales, que estaban a precios excesivamente bajos. En el año 2016 los precios no sufrieron variación. Una causa que a veces ocasiona incrementos en los precios es el cambio de uso de las fincas que son objeto de mejoras. Por ejemplo, una finca de matorral que fue cultivada durante un período de cinco años termina por ser una finca de labor, y por consiguiente su precio, al ser ofertada de nuevo, pasará a ser sensiblemente mayor. Pero también es cierto que la productividad de la finca será mucho mayor, y, en cualquiera caso, los precios de arrendamiento de las nuestras fincas son siempre inferiores a los de mercado.

El Banco de Terras oferta alrededor del 5% de la tierra abandonada en Galicia

El Banco de Terras, la principal herramienta de la Xunta de Galicia, para movilizar las tierras abandonadas en la Comunidad y darle un uso productivo ofertará para esta campaña de arrendamientos que se acaba de abrir un total de 12.355 hincas, con algo más de 5.785 ha, prácticamente la misma cifra que en 2015 y en 2014. Esto supone alrededor del 5% de la superficie agraria que, según los expertos, está abandonada en Galicia. Así, según los datos de la Consellería de Medio Rural, a fecha 1 de agosto de 2016 figuran incorporadas al Banco de Terras de Galicia para su alquiler el siguiente número de fincas y de superficies:
PROVINCIA

TOTAL DE FINCAS NO BANCO

Nº de Fincas

Superficie (ha)

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Media (ha)

A Coruña

5.028

2.420,42

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0,48

Lugo

2.769

1.875,78

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0,68

Ourense

2.611

952,25

0,36

Pontevedra

1.947

536,58

0,28

TOTAL GALICIA

12.355

5.785,03

0,47

Cómo se puede observar, A Coruña es la provincia que concentra mayor número de parcelas y de superficie ofertada, algo más del 40% del total gallego, seguida de Lugo. Por su parte, Ourense y Pontevedra concentran la menor oferta en superficie. El promedio de las parcelas ofertadas por el Banco de Terras está en 0,47 hectáreas por parcela. Desde el 2014 apenas aumenta la superficie incorporada al Banco de Terras En el siguiente cuadro se aprecia la evolución en el número de fincas incorporadas al Banco de Terras y la superficie total desde la fecha de creación, apreciándose un estancamiento en cuanto a la superficie desde el año 2014:
ANO (Datos a 31/12)

2008

2009-2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nº de Fincas

6.722

8.139

8.202

9.410

11.358

12.176

12.343

Superficie total (ha)

3.159

3.458

3.647

3.985

5.657

5.750

5.784

En Galicia hay unas 114.000 hectáreas de tierras abandonadas, de las que 46.000 son de máxima aptitud agraria Estos datos contrastan con los de la superficie agrícola abandonada en Galicia, que según la Fundación Juana de Vega, una de las entidades más activas en el estudio de la movilidad de tierras en Galicia, es de unas 114.000 hectáreas de tierras agrícolas abandonadas, de las que 46.000 hectáreas son de máxima aptitud para la producción agraria. Es decir, la oferta del Banco de Terras vendría a suponer alrededor del 5% de la superficie agraria abandonada en Galicia y alrededor del 15% de las tierras abandonadas de mejor calidad agraria. A esto hay que añadir que la Superficie Agraria Útil (SAU) en la Comunidad no llega al 25% del territorio, una de los porcentajes más bajos de Europa, y que aún fue reduciéndose en los últimos años como consecuencia del abandono del rural.

Se abre el plazo para arrendar parcelas en el Banco de Terras de Galicia

Desde este sábado, 1 de octubre, y hasta el 30 de noviembre, está abierto el plazo para realizar solicitudes de arrendamiento de parcelas del Banco de Terras de Galicia. Los arrendamientos son por un período de 5 años, y en caso de desear arrendar por un período mayor, el propietario deberá dar su consentemento. Si un propietario desea incorporar una parcela al Banco de Terras puede realizar los trámites a lo largo de todo el año. Existen unos precios de refererencia para cada parroquia, según sea terreno de labradío, de prado, forestal, inculto o de pasto y matorral o de cultivos leñosos. Estos precios se pueden consultar en este enlace para las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. El Banco de Terras de Galicia es un instrumento creado por la Consellería de Medio Rural con el que se pretende regular el uso y aprovechamiento de fincas con vocación agraria, con el doble objetivo de evitar su abandono y de ponerlas a disposición de todas aquellas personas que necesiten tierra para usos agrícolas, ganaderos o forestales, entre otros. La función principal del Banco de Terras es la de dinamizar y mediar entre las personas propietarias y aquellas que precisan tierras, así como dar a ambas partes garantías, confianza y seguridad en la gestión y en el uso de las fincas. Tanto la incorporación de parcelas como la solicitud de arrendamientos se pueden realizar a través de la página web del Bantegal o bien dirigiéndose a su sede: Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) Subdirección de Movilidad de Tierras Lugar de A Barcia, nº 56, Laraño 15897 - Santiago de Compostela (A Coruña) Para cualquier duda se puede llamar al teléfono 881 997 193 o enviar un correo electrónico a la dirección bancodeterras@xunta.gal

¿Qué cambia en el agro con la nueva Lei do Solo de Galicia?

La nueva Lei do Solo de Galicia (Lei 2/2016), en vigor desde marzo, introduce cambios en los usos agrarios y forestales en el rural. Una de las mayores novedades radica en que se veta la ampliación de granjas en suelo de núcleo rural, en tanto en suelo rústico continúan los mismos criterios a la hora de autorizar ampliaciones. En cuanto a los usos agrarios y forestales sobre suelo rústico, en los Concellos con un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) ya aprobado o en tramitación, no cambia nada. En aquellos Concellos sin PGOM aprobado ni en tramitación en la fecha de entrada en vigor de la Ley sí habrá significativas modificaciones.
Hay un centenar de Concellos en el rural sin Plan Xeral que acometerán su planeamiento con las directrices de la nueva Lei
En la actualidad, hay más de un centenar de Concellos del rural sin PGOM. Estos municipios podrán optar por dotarse de un Plan General convencional o, siempre que el Concello no supere los 5.000 habitantes, de un plan básico municipal, de tramitación más sencilla. Repasamos la normativa que ya estaba vigente y las novedades que introduce la Lei do Solo en el agro con la ayuda del responsable de Desenvolvemento Rural de UniónsAgrarias, Jacobo Feijoo. Tipos de suelo en el rural y usos En general, el suelo del rural se divide en suelo rústico y suelo de núcleo rural. La figura del suelo rústico puede llevar incorporada a mayores una especial protección, agraria, forestal, de aguas, costas, infraestructuras, paisajística, patrimonial o natural. Las de mayor relevancia para el sector son las protecciones agraria y forestal, ya que regulan la convivencia en el territorio de estos dos tipos de uso, en ocasiones en conflicto.
En suelo rústico de especial protección agropecuaria está prohibida la plantación de pinos y eucaliptos
De acuerdo con la normativa que ya estaba vigente y que continúa sin cambios, en el suelo rústico de especial protección agropecuaria está absolutamente prohibida la plantación de pinos o eucaliptos. Sólo se podrían plantar directamente especies forestales destinadas a la producción de fruto (castaños, nogales, cerezos). Para plantar otras frondosas (robles, fresnos, abedules, etc.), únicamente se podría si se meten las fincas durante dos años en el Banco de Terras y en ese plazo nadie las pide en arrendamiento. En cuanto a los suelos de especial protección forestal, según la Lei de Montes de Galicia (Lei 7/2012), se pueden pasar a uso agrario cuando se cortan menos de 5 hectáreas de pinos, eucaliptos o frondosas menores de 10 años, o hasta 15 hectáreas si el terreno está a matorral o con mimosas. El propietario tendrá que comunicar el cambio de uso a Medio Rural, pero en estos casos no precisará de autorización. Lo que sí necesitará siempre es un informe de impacto ambiental para la Consellería de Medio Ambiente.
Para transformar suelo de protección forestal en agrario, es necesario un informe de impacto ambiental
La necesidad del informe de impacto ambiental para pasar un suelo de forestal a agrícola constituye un trámite que es considerado excesivo por el sector agrario. Contrasta esa exigencia con la impunidad que se percibe en el rural en torno a la forestación ilegal de tierras agrarias. Novedades ¿Cuáles son entonces los cambios y novedades que implicará la entrada en vigor de la nueva Lei do Solo? Pues va a depender básicamente de si existía en los Concellos un PGOM aprobado o en tramitación a fecha del 6 de marzo de 2015. Asimismo, hay novedades en los suelos de concentración parcelaria y en los montes vecinales en mancomún. Desglosamos a continuación cinco cuestiones a tener en cuenta.

1) Usos del suelo rústico en Concellos sin PGOM aprobado ni en tramitación

En municipios sin Plan General en vigor a día de hoy, el Concello, a través del PGOM o plan básico municipal, será el que fije el suelo rústico, sin asignarle ningún rango de especial protección. Después, sobre ese suelo rústico será la Xunta la que especifique cuál es suelo rústico de especial protección agropecuaria -reservado para usos agrarios-, y cuál es suelo rústico de especial protección forestal, reservado para usos forestales. Como novedad, la Xunta dejará parte del suelo simplemente como suelo rústico, sin asignarle por tanto ninguna especial protección adicional.
La Xunta dejará parte del suelo sin especial protección, lo que le permitirá mayor flexibilidad de usos al propietario
Sobre este suelo rústico, sin especial protección, el propietario tendrá margen para decidir si lo dedica a usos agrícolas o forestales, sin más limitaciones que las que pueda establecer la legislación sectorial existente. Esta clasificación permitirá una mayor flexibilidad para que el propietario valore el uso más conveniente del suelo en aquellos casos en los que la Administración no vea de interés reservarlo para usos agrarios o forestales. Las actuales catalogaciones del suelo rústico como de especial protección agraria o forestal venían generando problemas en las ocasiones en que la clasificación no se correspondía con los usos reales del suelo. Había por ejemplo parcelas arboladas que se clasificaban como de especial protección agropecuaria, con los conseguintes problemas para los propietarios. Pese a las polémicas, Unións recuerda que la protección del suelo agrario era la única defensa del sector frente a la plantación masiva de prados , pastizales y tierras de labor que cesaban en la agricultura.

2) Usos del suelo rústico en Concellos con PGOM aprobado o en tramitación en marzo del 2016

En los Concellos que ya tuvieran su PGOM aprobado o en tramitación, la clasificación del suelo rústico continúa como antes, según el Plan General vigente. Es decir, que hasta el momento de la revisión del PGOM, lo que puede llevar muchos años, estos Concellos seguirían con la actual delimitación de suelos de especial protección agropecuaria y forestal hecha por el Concello en su momento.

3) Usos del suelo en los terrenos de concentraciones parcelarias

Los terrenos que estén en concentración parcelaria quedarán clasificados automáticamente como suelo rústico de especial protección agropecuaria. ¿Podrían plantarse con especies forestales? Desde Unións Agrarias entienden que no, salvo que así lo reconozca y autorice el plan de cultivos de la concentración.

4) Usos del suelo en comunidades de montes vecinales

En Concellos aún sin PGOM, los terrenos de las comunidades de montes vecinales se catalogarán siempre como suelo rústico de especial protección forestal. ¿Qué sucede entonces con los usos agrarios y ganaderos en los montes vecinales? En Unións Agrarias advierten de posibles conflictos, si bien entienden que los planes de ordenación de cada comunidad de montes podrán regular estos usos. El sector espera a que salga adelante el decreto de aplicación de la Lei do Solo, un documento de alrededor de 400 páginas que estuvo recientemente a exposición pública, para comprobar si se resuelven estos vacíos legales.
El sector espera a que salga adelante el decreto de aplicación de la Lei do Solo, de 400 páginas, para ver si se resuelven los vacíos legales
El responsable de Desenvolvemento Rural de Unións, Jacobo Feijoo, considera que son precisos ajustes legislativos para clarificar la situación y aportar seguridad jurídica tanto en el caso del uso del suelo en concentraciones parcelarias como en montes vecinales. “De lo contrario, habrá casos que finalicen en los juzgados y se legislará en la práctica a base de sentencias judiciales”, advierte.

5) Ampliación de explotaciones agrarias existentes

En suelo de núcleo rural, no se permitirá en ningún caso la ampliación de granjas, que era una posibilidad que sí permitía la anterior Lei do Solo, del 2003.
"Propusimos que se mantuviese la posibilidad de ampliar granjas en núcleo rural, pero la Xunta se negó" (Jacobo Feijoo, Unións)
“Es una decisión que tiene la lógica de sacar la producción del entorno de las casas, pero por otro lado Galicia es como es, con la producción ganadera organizada normalmente en torno a las viviendas. También convivimos ya con una ordenación sectorial que regula determinadas cuestiones, como puede ser el alejamiento de las explotaciones de porcino” -valora Jacobo Feijoo.- “Entonces, desde nuestro punto de vista, es una decisión equivocada”. “Propusimos que la normativa continuara como hasta ahora y conseguimos que así se lo recomendara el Consello Económico e Social a la Xunta de Galicia, pero finalmente en el trámite parlamentario no se tuvo en cuenta esa propuesta”. En suelo rústico, pero fuera del núcleo rural, las autorizaciones de ampliaciones continúan como hasta ahora, con los límites de volúmenes que marcaba la anterior Lei do Solo.

La movilidad de tierras en Galicia, 10 veces inferior a la francesa

Buena parte de la superficie de las explotaciones agroganaderas que dejan la actividad se pierde para la agricultura, mayormente porque se forestan o quedan abandonadas. En Galicia, la superficie agraria útil se redujo en una cuarta parte en los últimos 30 años, un proceso que no consiguió frenar la puesta en marcha del Banco de Terras. Un informe del Laboratorio del Territorio analiza la movilidad de tierras en Galicia y concluye que es diez veces inferior a la francesa o a la italiana. El Parlamento de Galicia volvió debatir ayer sobre cómo ponerle freno a la pérdida de tierras agrícolas. El aprovechamiento de la tierra en Galicia se presenta como un problema complejo. El debate político y del sector agrario parte de la base de que resulta necesario que la superficie agrícola de las explotaciones que abandonan sea transferida a agricultores y ganaderos activos, bien vía arrendamiento, bien vía venta. Sin embargo, esa movilidad de las tierras está dándose de manera muy reducida.
El grado de transferencia de parcelas presenta una gran diversidad. En Ourense y Pontevedra es menor
El informe 'Propiedad, movilidad de tierras y valorización territorial', elaborado por el Laboratorio do Territorio (Universidade de Santiago), concluye que en Galicia sólo hay una tasa de transferencia de la superficie agraria del 0,10% año, diez veces inferior a la tasa francesa o italiana. El problema, a mayores, va unido a altos precios medios de 1,5 euros por metro cuadrado en caso de venta, una cotización ligeramente superior a la media española y equiparable a la de Reino Unido o Dinamarca. Mientras tanto, la pérdida de superficie agraria útil (SAU) en Galicia no para. Si en el periodo 1985-2005 se redujo en 145.000 hectáreas, desde aquella hasta hoy se perdieron en torno a 120.000 hectáreas. Debate en el Parlamento El problema de la falta de SAU volvió ayer al debate parlamentario, tras la reciente aprobación de la Ley de Mejora de la Estructura Agraria de Galicia. Desde la oposición se entiende que la aprobación de leyes o instrumentos como el Banco de Terras son insuficientes si no van acompañados de recursos y medios. El Bloque presentó una proposición no de ley por la que demandaba una actitud más proactiva de la Xunta en la movilización de tierras y también apuntaba la posibilidad de una ley que ordenara los usos de la tierra en la comunidad. La propuesta de la diputada nacionalista Tareixa Paz fue apoyada por los otros grupos de la oposición, Alternativa Galega de Esquerda y PSdeG. "Este es un problema complejo que no se soluciona con leyes", valoró al diputado socialista Pablo García. "Hay multitud de casos de tierras agrarias que se abandonan y que se plantan con eucaliptos, incluso cerca de las aldeas, sin que se haga nada para evitarlo”, criticó García, una queja compartida por los otros grupos.
"Saben de sobra que la permisividad de la forestación de tierras agrarias no es cierta" (Isabel García, grupo popular)
El grupo popular, sin embargo, entiende que las medidas en vigor, como el Banco de Terras o la Ley de Mejora de la Estructura Agraria, son suficientes. "Las actuaciones que demandan ya se están realizando", sostuvo a la diputada Isabel García. "Saben de sobra que la permisividad de la forestación en tierras agrarias no es cierta. Estamos tramitando sanciones y expedientes día a día", aseguró. Los datos de Medio Rural indican que la Consellería puso 44 sanciones al año por forestación de tierras agrarias desde el 2009, si bien desde el sector agrario se advierte de que la Administración sólo actúa cuando hay denuncias previas, pero no de oficio. Diferencias por comarcas La movilidad de superficie agraria en Galicia se presenta en general baja, aunque existen escenarios diversos dentro de Galicia. El documento 'Propiedad, movilidad de tierras y valorización territorial', elaborado por el Laboratorio do Territorio (USC) en colaboración con la Fundación Juana de Vega y con el Banco de Terras, revela que hay grandes diferencias entre las distintas comarcas. En las provincias del norte, A Coruña y Lugo, las transacciones son mucho mayores que en Ourense y Pontevedra.
Un informe del Laboratorio do Territorio (USC) sugiere la creación de unidades comarcales del Banco de Terras
El mayor nivel de movilidad está asociado a comarcas con un sector agrario potente, en tanto aquellas con mayor absentismo y mayor parcelación, registran menos transacciones. En cuanto a los precios, en un marco de precios elevados, las cotizaciones más bajas se registraron en Lugo y las más altas en las Rías Baixas y en el entorno de las siete grandes ciudades, en parte por posibles expectativas de urbanización. Recomendaciones para la mejora de la movilidad El informe del Laboratorio do Territorio, concluido a finales del pasado año, también hace una serie de recomendaciones para la mejora de la movilidad de tierras. La mayoría de las acciones que propone el documento apuntan en la dirección de la potenciación del Banco de Terras, un organismo para el que incluso se sugiere la creación de unidades territoriales a nivel comarcal -apoyándose en organismos ya existentes-, dada la particularidad de problemas que se da en cada comarca. Entre las acciones propuestas por el documento, figuran las siguientes: - Caracterizar la aptitud productiva de la tierra agraria y su estado actual, especialmente aquella infrautilizada. Se trata de que aflore el "capital muerto". - Aumento y refuerzo de los servicios de intermediación en el mercado de tierras rústicas. Debe mejorarse la información sobre la oferta y su difusión a los posibles interesados. - Promoción de servicios de asesoramiento específicos para los nuevos emprendedores agrarios que compaginen búsqueda de tierras con el apoyo al desarrollo del plan de negocio agroganadero o agroalimentario. - Potenciar instrumentos como las permutas o la reorganización de usos. Son acciones que permiten superar en parte algunas limitaciones estructurales (como tamaño y forma de la parcela) sin acometer grandes procesos de reforma. - Abordar los conflictos por concurrencia de usos en tierras rústicas, en especial en las zonas de mayor demanda y en las de mayor aptitud productiva, donde en ocasiones los usos forestales y urbanísticos compiten con el agrario.

Aprobada la Lei de Mellora da Estrutura Agraria de Galicia

El Parlamento gallego aprobó la Lei de Mellora da Estrutura Agraria de Galicia, un proyecto, que busca agilizar los procesos de concentración parcelaria, que se pasan a llamar de reestructuración parcelaria. La iniciativa parte también con el objetivo de reducir el abandono de la tierra en Galicia, para lo que establece sanciones e incentivos fiscales que promuevan el uso o arrendamiento de las parcelas agrarias. El proyecto salió adelante solo con los votos del grupo popular, en tanto la oposición votó en contra, molesta por la denegación de más de 150 enmendas que había presentado a la ley. Las medidas más conocidas que incluye la nueva normativa tratan de fomentar la movilidad de tierras por dos vías, las sanciones contra superficies abandonadas y los incentivos fiscales al arrendamiento de fincas a personas agricultoras profesionales. Sanciones al abandono de tierras En cuanto a las sanciones, la ley establece que la Administración podrá declarar como perímetros abandonados un conjunto de predios cuando existan evidentes riesgos de fuegos forestales o cuando haya demanda de tierra agraria en la zona. En tales casos, la Admnistración le propondrá de oficio a los propietarios que pongan a producir la tierra, que la arrienden o que cedan su uso al Banco de Tierras. De no dar ninguno de estos pasos, el régimen sancionador -ya previsto en la Lei de Mobilidade de Terras- incluye multas entre los 300 y los 3.000 euros. Beneficios fiscales por arrendamiento El otro mecanismo con el que se quiere promover la movilidad de tierras agrarias es el de los incentivos fiscales, tanto en caso de herencias como de compraventas. En las herencias, la transmisión de las parcelas mediante venta o arrendamiento a una explotación agrícola supondrá deducciones del 99% en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Lo mismo sucederá si las fincas se ponen a disposición del Banco de Tierras. En ambos casos, el titular de la parcela tendrá seis meses para hacer la transmisión. El plazo mínimo de cesión de las parcelas será de cinco años. Para las compraventas, habrá también deducciones del 99%, tanto en el caso de explotaciones agrarias como en el de parcelas sueltas. Con estas medidas, la Administración trata fundamentalmente de evitar que los herederos con actividad no agraria dejen las parcelas abandonadas o infrautilizadas. Reestructuración parcelaria La Ley de Mejora de la Estructura Agraria de Galicia dedica la mayor parte de su texto a definir los procesos que se seguirán en las reestructuraciones parcelarias, que hasta ahora se venían llamando concentraciones parcelarias. La nueva normativa aspira a simplificar y reducir el tiempo de realización de las parcelarias, que a menudo venían siendo proyectos farragosos que se dilataban en exceso en el tiempo. En el articulado de la Ley se detallan los procesos a seguir en el caso de las reestructuraciones parcelarias públicas y también en las de carácter privado, bien agrario o forestal. Se establece también la posibilidad de planes de permutas voluntarias de fincas. Debate parlamentario La aprobación parlamentaria de la Ley de de Mellora da Estrutura Agraria de Galicia (Metaga) se hizo con los únicos votos a favor del grupo popular, en tanto los grupos de la oposición criticaron que sólo se hayan aceptado una decena de las más de 150 enmiendas que habían presentado a la norma. En concreto, el Bloque destacó que ninguna de sus 90 propuestas fue tenida en cuenta. Entre las medidas presentadas por el Bloque, figuraba la de evitar la forestación de tierras agrarias o la de crear polígonos de uso en común de las tierras. “La Lei es sólo un 'lífting' de las concentraciones parcelarias. Si no se ponen más recursos y personal, no se va a conseguir agilizar las concentraciones", pronosticó la nacionalista Tareixa Paz. El grupo de Alternativa Galega de Esquerda también criticó que la normativa, a su entender, no pusiera freno a la forestación de tierras agrarias y señaló que no se abordaban asuntos sustantivos para el rural. De similar manera se expresó el grupo socialista, que subrayó que no hay "nada nuevo": "Esta Lei es sólo una aspirina de las concentraciones parcelarias, pero no servirá de mucho más", señaló el diputado socialista Pablo García. El grupo popular, por su parte, consideró que la oposición carecía de fundamentos para no apoyar la Ley y la acusó de espíritu poco colaborador.

Se abre el plazo para solicitar fincas en el Banco de Terras

Desde el día 1 de marzo está abierto el plazo para hacer solicitudes de fincas incorporadas en el Banco de Terras de Galicia. El plazo estará abierto hasta el 30 de abril. La incorporación de fincas por sus propietarios así como los arrendamientos pactados se pueden tramitar a lo largo de todo el año. Más información en las oficinas del Banco en Santiago de Compostela y en las Oficinas Agrarias Comarcales de la Xunta de Galicia. Novedades de la nueva versión de SITEGAL La nueva versión de SITEGAL ya está operativa. Con ella se mejoran aspectos de la gestión del Banco y se incorporan nuevas funcionalidades, como la búsqueda de parcelas por sus coordenadas. Información:  En la web del Banco de Terras: http://sitegal.xunta.es/ Dirección: Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) Subdirección de Mobilidade de Terras Lugar da Barcia, nº 56, Laraño 15897 - Santiago de Compostela (A Coruña) Para cualquier duda puede llamar al teléfono 881 997 193.