La nueva conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, mantuvo un primer encuentro con las organizaciones agrarias para presentarles los presupuestos de su departamento para 2016 y para escuchar las inquietudes del sector. Asistieron a la reunión Roberto García, por Unións Agrarias, Isabel Vilalba, por el Sindicato Labrego, y Francisco Bello, por Asaja Galicia. Entre las principales demandas que los representantes de los productores le trasladaron a la conselleira, destaca la petición de una mayor intervención de Medio Rural en el sector lácteo.

"Hay un gran número de primeros compradores ausentes del acuerdo y que además en algunos casos son insolventes" (Roberto García)

Las organizaciones agrarias entienden que Galicia, con más de la mitad de las explotaciones lácteas del Estado, presenta particularidades que quedan desatendidas en las negociaciones del sector gestionadas por el Ministerio de Agricultura o en el trabajo de la Interprofesional Láctea (Inlac). “Esperamos una próxima reunión monográfica para seguir la marcha del acuerdo lácteo en Galicia, donde tenemos situaciones particulares como un gran número de primeros compradores (intermediarios) que están ausentes de la firma del acuerdo y que en algunos casos son insolventes”, subrayó tras el encuentro Roberto García, de Unións Agrarias. El Sindicato Labrego compartió un análisis similar tras la reunión y añadió nuevos aspectos que precisan un abordaje gallego. “En Galicia tenemos un 30% de primeros compradores (intermediarios) que no están representados en la Inlac y a mayores, tenemos los precios de la leche más bajos de España. Parece que hay un intento de las industrias por repartirse áreas de producción próximas a los grandes centros de consumo en detrimento de la producción gallega. Se quiere reducir la recogida en Galicia, haciéndola además a precios más bajos”, cuestiona la secretaria general del Sindicato Labrego, Isabel Vilalba.

"Tenemos los precios más bajos de España y a mayores, hay un intento de las industrias por reducir la recogida en Galicia" (Isabel Vilalba)

Acuerdo lácteo La conselleira del Medio Rural, por su parte, les solicitó tanto a Unións Agrarias como al Sindicato Labrego que se sumen al acuerdo lácteo -Asaja ya lo firmó-. Vázquez entiende que la firma del acuerdo y la integración de ambas organizaciones agrarias en el comité de seguimiento del mismo es “lo mejor que podrían hacer por Galicia”. En relación a la evolución de los precios de la leche, la conselleira consideró un paso positivo la subida de 0,6 céntimos experimentada en septiembre en Galicia. Cuestionada por los contratos a seis meses que están trasladando empresas como Leche Río sin ninguna subida para los ganaderos, la titular de Medio Rural matizó que era posible que las mejoras estuvieran llegando por ahora sólo a parte de las explotaciones.

"Lo mejor que podrían hacer por Galicia las organizaciones agrarias es firmar el acuerdo lácteo" (Ángeles Vázquez)

El representante de Asaja Galicia, Francisco Bello, que habló con los medios antes de la reunión, se manifestó también esperanzado en relación a posibles mejoras del precio en noviembre y diciembre. “El acuerdo entraba en vigor a comienzos de octubre y las mejoras se deberían ver ya en la leche de octubre -que se cobra a mediados de noviembre- y en la de meses próximos”, indicó. Consello Agrario Otra cuestión abordada por las organizaciones agrarias en el encuentro fue el marco de relación institucional entre la Consellería y el sector. Desde Unións Agrarias se le reclamó a Ángeles Vázquez que vuelva a dotar de contenido al Consello Agrario, un órgano consultivo en el que participan las organizaciones agrarias y que Unións entiende que debe ser consultado más a menudo por la Administración autonómica en todo lo relativo a normativas y ayudas. Sector forestal En cuanto a los presupuestos, presentados esta semana por la conselleira en el Parlamento, las organizaciones agrarias cuestionaron el impulso al sector forestal. “Nos preocupa que esa apuesta por el forestal se haga en detrimento de la superficie agraria”, apunta Roberto García. “Es preciso un control de oficio por parte de la Xunta de la superficie agraria que se está forestando”, valoró. Por parte del Sindicato Labrego, Isabel Vilalba echó de menos en los presupuestos una apuesta mayor por sectores como la huerta, la fruticultura o el viñedo.

El Parlamento gallego aprobó la Lei de Mellora da Estrutura Agraria de Galicia, un proyecto, que busca agilizar los procesos de concentración parcelaria, que se pasan a llamar de reestructuración parcelaria. La iniciativa parte también con el objetivo de reducir el abandono de la tierra en Galicia, para lo que establece sanciones e incentivos fiscales que promuevan el uso o arrendamiento de las parcelas agrarias. El proyecto salió adelante solo con los votos del grupo popular, en tanto la oposición votó en contra, molesta por la denegación de más de 150 enmendas que había presentado a la ley. Las medidas más conocidas que incluye la nueva normativa tratan de fomentar la movilidad de tierras por dos vías, las sanciones contra superficies abandonadas y los incentivos fiscales al arrendamiento de fincas a personas agricultoras profesionales. Sanciones al abandono de tierras En cuanto a las sanciones, la ley establece que la Administración podrá declarar como perímetros abandonados un conjunto de predios cuando existan evidentes riesgos de fuegos forestales o cuando haya demanda de tierra agraria en la zona. En tales casos, la Admnistración le propondrá de oficio a los propietarios que pongan a producir la tierra, que la arrienden o que cedan su uso al Banco de Tierras. De no dar ninguno de estos pasos, el régimen sancionador -ya previsto en la Lei de Mobilidade de Terras- incluye multas entre los 300 y los 3.000 euros. Beneficios fiscales por arrendamiento El otro mecanismo con el que se quiere promover la movilidad de tierras agrarias es el de los incentivos fiscales, tanto en caso de herencias como de compraventas. En las herencias, la transmisión de las parcelas mediante venta o arrendamiento a una explotación agrícola supondrá deducciones del 99% en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Lo mismo sucederá si las fincas se ponen a disposición del Banco de Tierras. En ambos casos, el titular de la parcela tendrá seis meses para hacer la transmisión. El plazo mínimo de cesión de las parcelas será de cinco años. Para las compraventas, habrá también deducciones del 99%, tanto en el caso de explotaciones agrarias como en el de parcelas sueltas. Con estas medidas, la Administración trata fundamentalmente de evitar que los herederos con actividad no agraria dejen las parcelas abandonadas o infrautilizadas. Reestructuración parcelaria La Ley de Mejora de la Estructura Agraria de Galicia dedica la mayor parte de su texto a definir los procesos que se seguirán en las reestructuraciones parcelarias, que hasta ahora se venían llamando concentraciones parcelarias. La nueva normativa aspira a simplificar y reducir el tiempo de realización de las parcelarias, que a menudo venían siendo proyectos farragosos que se dilataban en exceso en el tiempo. En el articulado de la Ley se detallan los procesos a seguir en el caso de las reestructuraciones parcelarias públicas y también en las de carácter privado, bien agrario o forestal. Se establece también la posibilidad de planes de permutas voluntarias de fincas. Debate parlamentario La aprobación parlamentaria de la Ley de de Mellora da Estrutura Agraria de Galicia (Metaga) se hizo con los únicos votos a favor del grupo popular, en tanto los grupos de la oposición criticaron que sólo se hayan aceptado una decena de las más de 150 enmiendas que habían presentado a la norma. En concreto, el Bloque destacó que ninguna de sus 90 propuestas fue tenida en cuenta. Entre las medidas presentadas por el Bloque, figuraba la de evitar la forestación de tierras agrarias o la de crear polígonos de uso en común de las tierras. “La Lei es sólo un 'lífting' de las concentraciones parcelarias. Si no se ponen más recursos y personal, no se va a conseguir agilizar las concentraciones", pronosticó la nacionalista Tareixa Paz. El grupo de Alternativa Galega de Esquerda también criticó que la normativa, a su entender, no pusiera freno a la forestación de tierras agrarias y señaló que no se abordaban asuntos sustantivos para el rural. De similar manera se expresó el grupo socialista, que subrayó que no hay "nada nuevo": "Esta Lei es sólo una aspirina de las concentraciones parcelarias, pero no servirá de mucho más", señaló el diputado socialista Pablo García. El grupo popular, por su parte, consideró que la oposición carecía de fundamentos para no apoyar la Ley y la acusó de espíritu poco colaborador.

En tanto las organizaciones agrarias estaban anunciando la hoja de ruta hacia una huelga de entregas de leche, la conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, intervenía ayer en el Parlamento para analizar la marcha del llamado paquete lácteo, el conjunto de medidas legislativas que tratan de equilibrar la relación entre ganaderos e industrias. Quintana considera que las medidas implementadas deben ser suficientes y que ahora es el momento de que ganaderos e industrias busquen un entendimiento. La conselleira defiende que la posición de Medio Rural debe ser neutral entre las dos partes, por lo que no es partidaria de convocar la Mesa de la Leche, tal y como le demandan las organizaciones agrarias. Quintana sostuvo en el Parlamento que Xunta y Gobierno central hacen una defensa efectiva del sector lácteo que se plasma en normativas como la modificación del paquete lácteo. "No es papel mojado. Son iniciativas que están en los boletines oficiales", defendió. Una vez aprobada la modificación del paquete lácteo, la conselleira aboga por una posición neutral de su Consellería entre sector productor, industria y distribución. Quintana entiende que la actual legislación refuerza la capacidad de negociación de los ganaderos y recuerda que la industria anunció que quiere recurrir el decreto de modificación del paquete lácteo por entender que sale perjudicada. Organizaciones de productores Al entender de la conselleira, la pelota está ahora sobre el tejado de las organizaciones de productores, que son, dice, las que tienen la responsabilidad de negociar con las industrias, ya que advierte que serían inviables negociaciones individuales entre millares de ganaderos e industrias. En Galicia operan dos organizaciones de productores, Ulega y Aprolact, que agrupan a alrededor de 3.500 ganaderos, pero que hasta ahora no fueron capaces de negociar con la industria sobre contratos y precios. Ulega incluso ha aportado escritos de algunas industrias que le comunicaban que no querían tener ninguna reunión. Debate estatal En el Congreso, en Madrid, la diputada del BNG, Olaia Fernández Davila, interpeló ayer a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, sobre la situación del sector lácteo, haciendo énfasis en la caída de los precios en origen y en el uso de la leche como producto reclamo en la distribución. Al entender de Davila, "de nada vale que el Ministerio tenga abiertas 300 inspecciones a la distribución si continúa permitiendo que haya cadenas que comercialicen la leche a pérdidas". La ministra, por su parte, hizo un repaso por todas las medidas implementadas por su departamento e indicó que estaba trabajando para implantar la figura del intermediario, cuya función sería la mediación entre organizaciones de productores e industrias.

El Parlamento de Galicia está siendo escenario este último mes del debate en torno a la supresión de 130 puestos de trabajo dependientes de la Consellería de Medio Rural. Los grupos de la oposición critican la desaparición de empleo en centros de investigación, agencias de extensión agraria, distritos forestales y servicios contraincendios. El grupo Alternativa Gallega de Esquerda presentó distintas propuestas contrarias a esa situación tanto en el pleno como también en la última comisión de Agricultura, pero todas fueron descartadas por el grupo de gobierno. El conjunto de los grupos de la oposición coincidió en el debate en criticar lo que entienden un proceso de desmantelamiento de los servicios públicos de investigación agraria y de asesoramento a las explotaciones. La nueva relación de puestos de trabajo de Medio Rural incluye la amortización de 130 puestos, 80 de personal funcionario y 50 de personal laboral. La oposición instó a la Xunta a cubrir esas vacantes. Transporte forestal En la última comisión de Agricultura, gobierno y los tres grupos de la oposición sí estuvieron de acuerdo en apoyar una propuesta para instar al Parlamento estatal a regular un aumento de la carga permitida en los transportes de troncos procedentes de cortas forestales. La propuesta partió del grupo socialista, si bien el grupo popular incidió en que esa cuestión ya se estaba trabajando en el Parlamento estatal.

El Valedor do Pobo está acostumbrado a recibir reclamaciones sobre las concentraciones parcelarias, bien por el retraso en su ejecución, bien por disconformidades en torno a las fincas de reemplazo o por otros aspectos del proceso, pero una de las últimas quejas que le llegó en la zona de Cobas y Esmelle, en Ferrol, sorprende por su lentitud. Treinta y dos años después del inicio, la parcelaria sigue sin culminarse. El Valedor, que consultó el estado del proceso con la Xunta, pronostica que la entrega de títulos se hará en mayo de este año. La ejecución de las parcelarias en Galicia se dilata unos 16 años de media, según los datos de fines del 2011 que maneja el Valedor. De aquella se habían concluido en Galicia 747 procesos de concentración que habían agrupado más de 350.000 hectáreas y se iniciaran otros 171 proyectos, que afectaban a más de 120.000 propietarios. La duración media de los procesos de concentración es considerada un problema por el Valedor do Pobo, que advierte también de un aspecto aún más grave que la lentitud: algunas de las concentraciones finalizadas perdieron su potencialidad agroganadera por ubicarse en áreas periurbanas o despobladas del interior de Galicia. “Se debe modificar la vigente ley de concentración parcelaria para priorizar su ejecución en aquellas zonas de vocación agrícola y ganadera”, valora el Valedor do Pobo en su informe 2014, que ha entregado en los últimos días en el Parlamento de Galicia. Sobre la concentración parcelaria de la zona de Cobas, el Valedor consultó la situación con la Xunta, que justificó los retrasos de los últimos años en circunstancias derivadas de la Red Natura, de la Ley de Costas e incluso de las obras del puerto exterior de Ferrol. Los más de 2.000 propietarios que concurren en el proceso de esta parcelaria recibirán en principio sus títulos esta primavera, según las previsiones de la Administración autonómica. Distancias de las plantaciones forestales En temas agrícolas, otro motivo frecuente de quejas al Valedor fueron las distancias mínimas entre plantaciones forestales y otros terrenos e infraestructuras. En siete expedientes de los 35 abiertos en el área de agricultura y ganadería, se solicitaba la intervención del Valedor por la existencia de eucaliptos, matorral o masa forestal que incumplía las distancias mínimas fijadas en la Ley de Prevención de Incendios (Ley 3/2007) y en la Ley de Montes de Galicia (Ley 7/2012). El Valedor indica que puso en conocimiento de la administración forestal y de los Concellos afectados la existencia de estos casos. Otras dos reclamaciones recibidas en el ámbito forestal se referían la quejas de comunidades de montes vecinales por la liquidación de gastos derivados de convenios forestales de aprovechamiento con la Administración. Examinados los expedientes, el Valedor concluye que no se detectan irregularidades administrativas que justifiquen la estimación de la reclamación.