La Xunta insiste en reclamar a la Administración General del Estado una reforma fiscal que discrimine positivamente a los agricultores, ganaderos y silvicultores para compensar su labor de gestores del territorio rural. Así lo reiteró hoy el conselleiro de Medio Rural, José González, durante su visita a la subasta de ganado frisón en el marco de la Semana Ganadera de Mazaricos. Esta demanda va en la misma línea que lo trasladado recientemente por carta desde el Gobierno gallego al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Se trata, según señaló González, de "primar ese trabajo de los productores primarios en la gestión territorial, como un servicio a la sociedad en su conjunto, facilitándoles ventajas fiscales que favorezcan la rentabilidad de sus explotaciones". En esta línea, el conselleiro avanzó también que la Xunta, dentro de sus competencias en esta materia, habilitará el próximo año un servicio de asesoramiento fiscal y de organización empresarial aconsejando a los productores, con expertos en la materia, la mejor fórmula para reducir su carga tributaria, siempre dentro de la legalidad.

Ayudas para certámenes de ganado bovino

Por otra parte, el titular de Medio Rural confirmó también que el Gobierno gallego convocará en las próximas semanas las ayudas para apoyar la realización de certámenes de ganado bovino selecto. El conselleiro explicó que la dotación de estas subvenciones, dirigidas a los ayuntamientos que organicen este tipo de certámenes, será de nuevo de 200.000 euros y que están enfocadas a impulsar la celebración de una red de eventos en diferentes puntos de la geografía gallega con una periodicidad acorde a la oferta de animales, incluyendo subastas y concursos oficiales como este de Mazaricos

El Distrito Forestal IX Lugo-Sarria acoge el curso “Fiscalidad forestal FC2023F127058” que se celebrará el jueves 16 de noviembre en la sala muralla de la Xunta de Galicia en Lugo de 16h a 20h. Esta acción formativa está incluida dentro del programa de otoño de “Cadeiras de Divulgación Forestal” organizado por el Distrito Forestal IX Lugo-Sarria, incluido en el plan de formación agroforestal 2023 de AGACAL-Consellería de Medio Rural. Cuenta con la colaboración de la AFG y USC. Destinada a las personas vinculadas profesionalmente con los sectores productivos relacionados con las agricultura, ganadería, industria agroalimentaria y cadena forestal-madera, o con expectativa de incorporación, en especial gente joven del medio rural gallego. El curso será impartido por Daniel Rodríguez Cebreiro (responsable económico de la Asociación Forestal de Galicia) y Santos Gabriel Arenas Ruiz (ingeniero de montes y doctorando de la USC), y contará con los siguientes aspectos a desarrollar: • La fiscalidad forestal en la actualidad: casos prácticos. • Elementos para una fiscalidad forestal más ajustada al sector forestal. Las personas interesadas pueden preinscribirse en la siguiente dirección: https://foagro.junta.gal/foagro/inscripcion/publica/accionsFormativas Más información en el teléfono 982 828 620, así como en el correo distrito.forestal9@junta.gal o en Twiter: @Dist_Forestal9

Los agricultores y ganaderos españoles podrán acogerse en este 2023 a deducciones en el rendimiento neto del Impuesto sobre la Renta para las Personas Físicas (IRPF) por la adquisición de gasóleo agrícola y de fertilizantes, como medida excepcional para paliar los efectos del encarecimiento de los costes de producción. Esta medida se contempla en la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se desarrollan para el año 2023 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado. El sistema de estimación objetiva agraria es el mayoritario entre los agricultores y ganaderos, al que se acogen voluntariamente cada año unos 850.000 declarantes en España. Como principal novedad cabe destacar la adopción de medidas excepcionales para paliar el efecto producido por el precio de los insumos de explotación en las actividades agrícolas y ganaderas, que incluyen la reducción del 35%del precio de adquisición del gasóleo agrícola y del 15% del de los fertilizantes. En todo caso, ambas reducciones únicamente procederán cuando se trate de adquisiciones realizadas en el ejercicio 2022, documentadas en facturas emitidas en dicho periodo Además, se mantienen los índices correctores aplicables al rendimiento neto minorado que se aplicaron excepcionalmente en la declaración de la renta de 2021 por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen energía eléctrica. Concretamente, se mantiene el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos para la alimentación adquiridos a terceros, siempre que representen más del 50 % del importe de los consumidos. El índice único para todos los sectores ganaderos será del 0,50. También se mantiene en los niveles de 2021 el índice por uso de electricidad para el riego, con una reducción de un 25 % del rendimiento neto extensible a todos los regadíos. Cabe destacar también que los agricultores y ganaderos, al igual que el resto de  contribuyentes que tributen en módulos, se beneficiarán de una reducción del rendimiento neto del 15% en 2022 y del 10% en 2023, frente al 5% en que se fija habitualmente esta reducción. Además, para el próximo año no se modifica el Régimen de Módulos, manteniéndose, por lo tanto, los límites existentes para la permanencia en el sistema, establecido en 250.000 euros anuales en volumen de ingresos. La orden puede consultarse en el siguiente enlace:  https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-20025-consolidado.pdf

Ante la próxima finalización del plazo para hacer la declaración de la renta, el Ministerio de Agricultura ha emitido una nota para recordar las deducciones de las que se pueden beneficiar los agricultores y ganaderos que tributen en el Régimen de Estimación Objetiva (módulos), que son la gran mayoría. En marzo, el Consejo de Ministros acordó una reducción del 20% del rendimiento neto para todo el sector agrario. El objetivo de la medida era paliar el aumento de costos de producción y los efectos de la sequía en determinadas zonas. A esa medida se suma la rebaja de los índices de rendimiento neto de todos los sectores ganaderos y de viñedo que se recogió en una orden publicada por el Ministerio de Hacienda el 11 de mayo, con minoración de índices sectoriales específicos por comunidades autónomas, provincias y municipios. Además, se aprobaron reducciones específicas para todos los ganaderos que compren productos de alimentación animal (piensos), así como para los agricultores que empleen electricidad para regadío. En el caso de los ganaderos, aquellos en los que las compras representen más del 50% del importe total de alimentación animal, se reduce el índice aplicable a las actividades ganaderas, que será de un 0,50. Plazo El plazo para presentar la declaración de la renta acaba con carácter general el 30 de junio, si bien aquellas declaraciones que den a ingresar, tendrán que ser presentadas el 27 de junio a más tardar. El Ministerio de Agricultura estima que el conjunto de reducciones implica una rebaja de la base imponible de alrededor de 1.093 millones de euros, que beneficiará a 900.000 agricultores y ganaderos.

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales de Galicia (Coetfg) ha renovado su junta de gobierno, que tomó oficialmente posesión de los cargos este pasado 18 de junio, tras el proceso electoral realizado en mayo. Desde el Colegio destacan que la nueva junta "integra experiencia y destreza con una visión renovada y cargada de ilusión y confianza". Señalan asímismo que el equipo está conformado por "profesionales en activo que ejercen desde áreas muy diversas y configurando de este modo un equipo multidisciplinar y con un amplio foco hacia la profesión". La nueva Junta de Gobierno está formada por:

• Santiago García, en calidad de Decano. Ingeniero Forestal y Técnico Superior en prevención de riesgos laborales, que actualmente desempeña funciones de Coordinación de Seguridad y Salud en obras relacionadas con las Energías Renovables. Promotor de la constitución del COETFG y socio cofundador de este colegio profesional; lideró la entidad desde el cargo de Decano durante distintas etapas, participando además en otros cargos a lo largo de la vida del Colegio.
• Mercedes Rois, en calidad de Secretaria. Ingeniera Forestal, Doctora Ingeniera de Montes, colegiada del COETFG desde 1999, cuenta con una amplia experiencia profesional en el Instituto Forestal Europeo, con sede en Finlandia, y actualmente ejerce la profesión en Galicia como consultora independiente en el campo de la bioeconomía forestal.
• Anxos Corral, en calidad de Tesorera. Ingeniera Forestal colegiada desde 2004, con experiencia profesional en el ámbito de la consultoría forestal en el campo de la construcción en madera y ejecución de obra. Actualmente compatibiliza su actividad profesional en el campo de los seguros con la labor docente. En distintas ocasiones ha participado activamente en la organización y diseño de distintas actividades puestas en marcha por el colegio.
• Beatriz Carrera, en calidad de Vocal. Ingeniera Forestal e Ingeniera de Montes, colegiada desde 2006, ejerce la profesión libre desde una consultoría técnica centrada en el campo de la Topografía. Colaboradora activa en numerosas actividades del COETFG.
• Francisco Javier Turrillo, en calidad de Vocal. Ingeniero Forestal, promotor de la constitución del COETFG y socio fundador de este colegio profesional. Desde hace mas de 25 años desempeña la profesión en la Administración Pública Gallega, y actualmente en el cargo de Jefe de Área Técnico del Servicio de Actuaciones Preventivas de la Subdirección General de Prevención, en la Dirección General de Defensa del Monte de la Consellería de Medio Rural.

El equipo directivo del COETFG, compuesto por la Xunta de Gobierno, está apoyado en el trabajo profesional de la Gerencia, a cargo de Patricia González, que cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el desarrollo de la entidad. Otra de las patas del Colegio es la Asesoría Jurídica. encabezada por Simón Carballal. con participación tanto en la constitución de la entidad como en su trayectoria. El Colegio apunta como retos más inmediatos de la nueva junta el de consolidar y reforzar la entidad, incrementar su presencia y líneas de colaboración con distintas administraciones y entidades representativas del sector y conseguir una mayor implicación del colectivo. Otro de los ejes se centrará en avanzar en la defensa de la profesión , en áreas como son las atribuciones profesionales, la defensa de condiciones de empleo dignas, fomentar vocaciones, conseguir una igualdad real en el desempeño de la profesión en cualquiera de sus áreas, así como la adecuación y adaptación de los servicios colegiales a las nuevas demandas y a la nueva realidad tecnológica. Por último, el Colegio recuerda que todo esto "sería imposible sin la confianza y el apoyo del colectivo de Enxeñeir@s Forestales, que en su día a día realiza una labor encomiable en defensa de la profesión, además de las aportaciones y colaboración que continuamente proporcionan a su colegio".

La Asociación Forestal de Galicia ha celebrado su XXXV Asamblea General en el Pazo de Toubes, en Cenlle (Ourense), un acto al que acudieron propietarios forestales y representantes de comunidades de montes vecinales de toda Galicia.

La jornada sirvió para poner de manifiesto algunas de las propuestas que tienen los silvicultores para mejorar la gestión del monte. En concreto, la Asamblea aprobó dos resoluciones sobre cuestiones que los propietarios consideran prioritarias: la mejora de la fiscalidad forestal y la actualización del Catastro de Rústica.

Sobre la fiscalidad, la Asociación Forestal de Galicia tiene principalmente tres propuestas:

1. Permitir que todos los propietarios forestales tributen las ventas de madera en el Régimen de Estimación Objetiva (módulos).

La actual fiscalidad forestal penaliza los aprovechamientos forestales de turnos largos, es decir, cuando los árboles tienen un turno de tala superior a los 30 años, como es el caso de los pinos y de las frondosas caducifolias.

En aprovechamientos de turnos largos, aquellos propietarios que estén en el Régimen de Estimación Directa -por ejemplo, la gran mayoría de las personas autónomas-, pagan hasta cuatro veces más impuestos en el Impuesto de la Renta que las personas que estén en el Régimen de Estimación Objetiva (como los trabajadores por cuenta ajena).

El problema de fondo es que los propietarios que tributan en el Régimen de Estimación Directa están tributando por un beneficio fiscal muy superior al real.

Se da el contrasentido de que estos propietarios pagan más cuanto más se alarga el turno de tala, cuando en la práctica, la tasa de retorno de inversiones de los pinares y de las plantaciones de frondosas es menor que en las especies de crecimiento rápido.

Esta es una circunstancia que la AFG entiende que desincentiva las plantaciones de especies de turno largo, por lo que, conjuntamente con la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), inició gestiones ante el Gobierno para modificar la fiscalidad.

Los silvicultores piden que todos los propietarios forestales particulares puedan tributar su actividad forestal en el Régimen de Estimación Objetiva.

2. En el caso de los montes vecinales y empresas que tributen en el impuesto sobre sociedades, proceder a una exención parcial del impuesto en los aprovechamientos forestales de turnos de más de 30 años.

Esta medida, igual que en el caso anterior, introduciría mayor justicia fiscal y le aportaría mayor atractivo económico a las plantaciones de frondosas caducifolias (castaños, cerezos, robles, etc.) y de coníferas.

3. Establecer deducciones en el IRPF de entre el 20% y el 40% de las inversiones hechas en el monte.

La deducción del IRPF incentivaría los trabajos de mejora y restauración de los montes, permitiendo una deducción del 20% del coste de esos trabajos, deducción que se duplica en el caso de inversiones en masas de carácter protector.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se reducen, para agricultores y ganaderos, los Índices de Rendimiento Neto para el periodo impositivo 2021 en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la RPF (o de módulos). Esta orden recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), tras recabar los informes de las comunidades autónomas, de minoración de dichos índices. Esta reducción de módulos se suma a la del 20 % en el rendimiento neto aprobada para todo el sector agrario en el Real Decreto-Ley 4/2022 de medidas para paliar los efectos de la sequía y el incremento de los costes de producción. Se estima que el conjunto de todas estas reducciones de módulos pueda implicar una rebaja de la base imponible del orden de los 1.093 millones de euros, que beneficia a los 900.000 agricultores y ganaderos de todo el Estado que eligen el sistema de módulos del IRPF para tributar. El sistema de estimación objetiva agraria es el mayoritario entre los agricultores y ganaderos de nuestro país. Las reducciones de módulos aprobadas en esta orden se traducen en una disminución proporcional de la base imponible derivada de los rendimientos de la actividad agraria. Estas reducciones reflejan la pérdida de rentabilidad derivada de los efectos negativos provocados por las adversidades climáticas de 2021, como la borrasca Filomena del mes de enero, las heladas en el mes de marzo y la falta de precipitaciones a lo largo del año y, en el caso de los ganaderos, el fuerte encarecimiento de los insumos. Precisamente, se reduce el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros, siempre que éstos representen más del 50 % del importe total de la alimentación animal. Se estima que la reducción por este concepto puede alcanzar 38 millones de euros. El índice único para todos los sectores ganaderos será del 0,50. Igualmente y de forma extraordinaria por las dificultades de la situación, se amplía en 5 puntos la reducción del coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego que se ha aplicado en años anteriores. Así los agricultores que utilizaran la electricidad para el riego se beneficiarán de una minoración del 25 % en el rendimiento neto para cultivos regables (el año anterior fue el 20 %), extensible a todos los regadíos, y no solo a los de consumo estacional. Se estima que esta medida supondrá una rebaja de unos 39 millones de euros. Las reducciones establecidas con carácter estatal para la declaración de la renta 2021 son las siguientes:

Sectores agrícolas:

- Uva para vino con D.O. de 0,32 a 0,22 - Uva para vino sin D.O. de 0,26 a 0,18

Sectores ganaderos:

- Avicultura de 0,13 a 0,09 - Bovino de leche de 0,20 a 0,14 - Bovino de carne de 0,13 a 0,09 - Bovino de cría de 0,26 a 0,18 - Cunicultura de 0,13 a 0,09 - Equino de 0,32 a 0,22 - Ovino y caprino de carne de 0,13 a 0,09 - Ovino y caprino de leche de 0,26 a 0,18 - Porcino de carne o de 0,13 a 0,09 - Porcino de cría de 0,26 a 0,18 - Apicultura de 0,26 a 0,13 La orden está disponible para su consulta en el siguiente enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7638.pdf

El Servicio de Explotaciones Agrarias de Ourense, dependiente de la Consellería de Medio Rural, organiza para este miércoles, 17 de noviembre, un taller formativo sobre el régimen fiscal de una explotación agraria,. La jornada continuará el día 22. La formación se impartirá en el Edificio administrativo del ISSGA y de Medio Rural en la calle Villaamil y Castro, en Ourense. La formación correrá a cargo de Alba María Novoa Pereira, de Lex Gestion@, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Se explicarán las formas jurídicas para la titularidad de una explotación agraria y el régimen tributario que se les aplica, así como cuestiones relacionadas con la afiliación a la Seguridad Social y el análisis contable de la actividad agraria. Las personas interesadas en asistir deben cubrir la solicitud y enviarla a gustavo.adolfo.rodriguez.varela@xunta.gal Para más información llamar al teléfono 988 385 557

Descarga aquí la solicitud

Estado de una pista forestal tras una reciente corta de madera en el ayuntamiento de Ribeira de Piquín Seis Ayuntamientos de la provincia de Lugo, los de Meira, Pol, Ribeira de Piquín, A Pontenova, Riotorto y A Pastoriza, acaban de aprobar el cobro de una tasa municipal de 60 céntimos por tonelada de madera cortada en sus municipios para con ese dinero mejorar el estado y el mantenimiento de la red viaria municipal. Pero la polémica está servida porque los maderistas, que serían los que tendrían que abonar este tributo, rechazan de plano asumir este coste y dicen que lo acabarán pagando los dueños de los montes porque repercutirá negativamente en el precio de la madera que cobran los propietarios forestales de esos ayuntamientos. De hecho, algunas empresas ya comenzarán a descontar, desde hoy mismo, el importe de la tasa en el precio final de los contratos. Los alcaldes, de diferentes colores políticos, alegan que la saca de madera de los montes perjudica el estado de las pistas y caminos y que después, en muchos casos, tienen que ser arreglados por las entidades locales, suponiéndoles importantes gastos a los que no pueden hacer frente.

Nos hemos visto obligados a tomar estas medidas por la irresponsabilidad de algunos, no queremos generalizar ni decimos que todo el mundo que saca madera haga lo mismo

Roberto Fernández, alcalde de Ribeira de Piquín, dice que se han visto obligados a adoptar medidas "por la irresponsabilidad de algunas empresas". "No queremos generalizar ni decimos que todo el mundo que saca madera haga lo mismo, pero a veces nos encontramos con vías municipales completamente destrozadas en las que invirtió dinero el Ayuntamiento poco antes de que se hubiese sacado la madera y vemos como la empresa responsable se marcha y se despreocupa de todo, no hace mucho incluso rompieron una traída de agua a los vecinos y estuvieron una semana sin suministro", lamenta. La nueva normativa, que incluye dos ordenanzas municipales, una de carácter fiscal y otra que regula las licencias de tala y el uso de los caminos, entró en vigor en Riotorto el día 15 de este mes, en A Pontenova el 21 y en Meira, Pol y Ribeira de Piquín lo hará hoy, día 25, mientras que en A Pastoriza está pendiente de publicación.

Somos conscientes de que el forestal es un sector potencial en nuestros ayuntamientos y defendemos que se sigan haciendo trabajos en los montes, pero debemos regular la actividad

Estos seis ayuntamientos limítrofes, que ya gestionan conjuntamente el punto limpio para la recogida de la basura, se han puesto de acuerdo en esta ocasión para la regulación de la actividad extractiva de madera en sus términos municipales. "Es un trabajo conjunto de seis Ayuntamientos con la misma problemática. Todos somos Ayuntamientos muy forestales de unas características semejantes, con parcelas pequeñas que en muchos casos los compradores subcontratan para la saca a otras empresas que trabajan a la tonelada y que no tienen cuidado ninguno a la hora de hacer los trabajos", asegura. Ordenar una actividad que genera riqueza Al igual que el resto de regidores de la zona, Roberto es consciente de que "el forestal es un sector potencial en nuestro ayuntamiento y defendemos que se sigan haciendo trabajos forestales, pero tenemos que exigir un ordenamiento de la actividad", defiende. Lo primero que pretenden con la nueva norma municipal es "localizar todos los puntos en los que se está sacando madera" porque "a veces son trabajos que son ejecutados en pocos días y las empresas se marchan sin tener constancia a nivel municipal de que se hicieron esos trabajos ni de quien los hizo", cuenta. "Entendemos que toda la madera que se saque por vías municipales tiene que tener un permiso del Ayuntamiento y tenemos muy claro que el desgaste de las vías y los estragos deben ser financiados por quien los hace, nos parecen legítimo exigir que quien hace el daño pague la reparación", defiende.

Hasta ahora no teníamos normativa ninguna que regulara la extracción de madera ni manera legal de reclamarle los daños a quien los hacía. Nos parece legítimo exigir que quien provoca el destrozo pague la reparación

Pone como ejemplo su propio municipio, con 70 km2 de superficie total y 600 km de vías de titularidad municipal, entre pistas alquitranadas y caminos forestales. "Tenemos más o menos 8 kilómetros y medio de vías por km2 y el coste de un kilómetro de alquitrán no sale por menos de 20.000 euros y uno de aglomerado en caliente se va a 30.000 euros. Hasta ahora no teníamos normativa ninguna que regulara la extracción de madera ni manera legal de reclamarle los daños a quien los hacía", justifica. 15 euros por camión de madera Pero la parte más polémica de la nueva norma, que se aplica también a las canteras con una cuota anual por metro de vía pública utilizada, es sin duda la nueva tasa por tonelada de madera extraída. Está fijada en 60 céntimos por tonelada, lo que equivaldría a unos 15 euros por camión. "Los cálculos que hemos hecho es que, teniendo en cuenta los precios medios de los últimos años, equivaldría a un 2% del valor de mercado de la madera cortada", explica.

El pago de la tasa municipal de 60 céntimos por tonelada no exime a los maderistas de hacer las reparaciones en los viales

Roberto defiende que "es una tasa asumible" y considera que este sistema es más justo que las fianzas que tienen establecidas otros municipios. "En este caso es progresiva, cuantas más toneladas de madera se saquen, más alta es la tasa. En mi opinión no tendría sentido poner una fianza fija porque 2.000 euros no llegan para arreglar un desperfecto que cuesta 30.000 euros arreglar y poner una fianza muy elevada penaliza mucho las talas en parcelas pequeñas", argumenta. "La tasa polémica puede ser, pero justa yo defiendo que sí. Los vecinos no tienen que dejar de disponer de otros servicios por desperfectos que ocasionan terceros", concluye el alcalde de Ribeira de Piquín.

Lugo: fianza de 1.000 euros por kilómetro

Otros ayuntamientos tienen aprobadas también ordenanzas reguladoras semejantes, aunque sin incluir tributos como los que estos seis municipios acaban de fijar. En otros casos, eso sí, se establecen fianzas previas al inicio de los trabajos que las empresas deben depositar, bien en metálico, bien en forma de aval bancario, como garantía de reparación de los daños provocados en los caminos o infraestructuras municipales.

Los Ayuntamientos que tienen fijados avales en concepto de garantía han ido incrementando su importe por no cubrir en muchos casos la totalidad de los daños y desperfectos causados

La cuantía de estos depósitos se ha ido incrementando en los últimos años en muchos Ayuntamientos, ya que en muchos casos los importes depositados no eran suficientes para cubrir la totalidad de los daños causados. Uno de los últimos Ayuntamientos en actualizar su normativa en este sentido ha sido el de Lugo. El pasado lunes 18 de enero entró en vigor una ordenanza municipal con condiciones para trabajos de poda y saca de madera en el término municipal, que cuenta con 54 parroquias rurales a mayores de la ciudad. La cuantía de la fianza es, en este caso, variable, en función de distintos parámetros: 50 céntimos por tonelada de madera extraída, 500€ por kilómetro de camino sin asfaltar utilizado, 1.000 por kilómetro de pista asfaltada y 800€ por cada puente o infraestructura semejante que sea necesario atravesar.

A Fonsagrada: suspender las talas en invierno

Otro de los Ayuntamientos de la provincia de Lugo que tiene establecida una fianza para la saca de madera es el de A Fonsagrada, que aprobó la ordenaza en el año 2014. La cuantía, en este caso, va de los 500 a los 5.000 euros para volúmenes de tala superiores a los 3.000 metros cúbicos. En el caso de empresas madereras que vayan a realizar numerosas cortas a lo largo del año dentro del término municipal tienen la opción de depositar una única fianza anual por importe de 7.000 euros. Pero su alcalde, Carlos López, propone una solución diferente para reducir el deterioro de los caminos a consecuencia de la saca de madera de los montes: paralizar o limitar las cortas durante el invierno u otros momentos del año en los que hay una climatología adversa que intensifica los daños producidos.

Tú vas a Cantabria, al País Vasco o a Navarra y no hay esas quejas ni esa polémica por parte de los maderistas y son tan competitivos como aquí

"Se podrían reducir las sacas cuando hace mal tiempo, igual que los ganaderos no echan el purín en las praderas o no entran a labrar las tierras porque las deshacen", compara. "Lo que no puede ser es que el beneficio de una actividad repercuta negativamente en el Ayuntamiento y que el arreglo de las pistas lo tengan que pagar luego todos los vecinos. Esos gastos son responsabilidad de los maderistas, entra dentro del negocio", considera, y rechaza que este tipo de medidas perjudiquen al sector: "Tú vas a Cantabria, al País Vasco o a Navarra y no hay esas quejas ni esa polémica y son tan competitivos como aquí", dice. En A Fonsagrada, el ayuntamiento más grande de España, con 470 km2, la red municipal de pistas pasa de los 1.000 km. El gasto en su mantenimiento se sitúa por encima de los 300.000 euros anuales. "En el presupuesto municipal tenemos 200.000 euros y no nos llega, siempre tenemos que andar buscando fondos para regeneración de firme", asegura.

En A Fonsagrada, donde de una esquina a otra del muniucipio se pueden recorrer 60 kilómetros, muchas veces no sabes quien está cortando y el Ayuntamiento no da llegado para arreglar todo al mismo tiempo

Carlos evidencia que "en los últimos 20 años la maquinaria que se usa en los montes ha dado un salto tecnológico muy grande, ahora no son las carrocetas y tractores que se usaban antes", dice, y su mayor peso se deja notar en los viales por los que pasan, mucho más cuando la lluvia ablanda el terreno. "Y en el momento en el que el camino queda deshecho hasta que se logra reparar a veces pasa un año o dos y en ese tiempo son los vecinos, que tienen que pasar por ellos todos los días, los que sufren los desperfectos y las incomodidades porque el Ayuntamiento no da llegado para arreglar todo al mismo tiempo", reconoce.

Barreiros: comisión mixta de maderistas y Ayuntamiento

Momento de la firma del convenio entre LugoMadera y el Concello de Barreiros el pasado mes de septiembre A Mariña es, junto a Ortegal y Ferrolterra, uno de los distritos forestales con más cortas de madera de Galicia y los regidores de la comarca optaron por distintas soluciones ante el deterioro de la pistas. En Barreiros, donde hay una ordenanza aprobada desde hace años que no ha surtido los efectos deseados, han decidido apostar por la vía del diálogo. El pasado mes de septiembre, la alcaldesa del municipio, Ana Ermida, firmaba con la Asociación de Empresarios de Primera Transformación de la Madera de Lugo, que reúne a la práctica totalidad de empresas vinculadas al sector forestal en la provincia, un convenio que no lleva aparejada fianza ni tasa de ningún tipo pero que recoge los compromisos por ambas partes y el protocolo de actuación para la protección del medio ambiente y la conservación de las vías municipales. El texto establece el deber de comunicación y señalización de los trabajos forestales realizados por las empresas madereras, incluyendo tanto la saca de madera como de las pacas de biomasa y restos de corta de los montes, al fin de facilitar a labor de seguimiento y comprobación por parte del Ayuntamiento del buen uso de las vías municipales, especialmente de los caminos y pistas forestales, e incluye un compromiso de reparación de desperfectos por parte de los maderistas.

Hay que buscar el equilibrio para que los usos sociales y económicos del monte y los recursos municipales no sean incompatibles

El convenio especifica que el arreglo de las vías debe realizarse, de ser preciso, en un plazo acordado entre las empresas y el Ayuntamiento, no pudiendo producirse dilaciones indebidas y comprometiéndose la Asociación a realizar las gestiones oportunas para el buen fin del acuerdo. En base a este convenio, existe una comisión mixta entre Ayuntamiento y Asociación al fin de analizar la situación y la resolución de posibles conflictos que puedan existir y la propia Asociación actúa de garante para el cumplimiento de lo acordado por parte de sus asociados. La alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, explica que se trata, mediante esta colaboración, de "facilitar los trabajos forestales, que indudablemente tienen un grande impacto en el territorio, y garantizar el menor perjuicio de los mismos en las vías municipales y, de ser el caso, agilizar los mecanismos de reparación". "Somos conscientes de la importancia que tiene el aprovechamiento del monte con la corta y saca de madera y la necesidad de adaptar las infraestructuras a tal uso, pero no es menos cierto que el impacto generado por dicha actividad no puede resultar negativo para el conjunto de la población; por eso hay que buscar el equilibrio para que los usos sociales y económicos del monte y los recursos municipales no sean incompatibles", defiende. A pesar de que han pasado solo tres meses desde la firma del convenio, desde el Ayuntamiento hacen un balance positivo. "La implementación está siendo paulatina. Supone un cambio de mentalidad porque implica que las empresas se corresponsabilicen del mantenimiento de las vías pero el acuerdo está funcionando razonablemente bien", dicen. El protocolo a seguir es el siguiente: las empresas comunican dónde van a cortar y envían fotografías del estado en el que se encuentran los caminos (si no lo hacen se entiende que están en perfecto estado) y ellos mismos son los que los arreglan después de sacar la madera. Un técnico municipal les va a hacer el seguimiento. "Estamos mucho más encima para vigilar", aseguran en el Ayuntamiento.

Las empresas del sector descontarán desde hoy en los contratos de compra el importe de la tasa

Los maderistas muestran su rechazo frontal a "tasas o fianzas desorbitadas" que impliquen grabar la actividad extractiva de madera en los montes gallegos. Miguel Vázquez, de la empresa Maderista Souto, asegura que estas medidas "llevarán a una bajada en el precio de la madera que reciben los propietarios forestales". "Al final a quien va a afectar es a los propietarios más que a nosotros. No es realista pensar que va a salir de los maderistas. La realidad es que la madera de Pol o de Meira va a valer un euro menos que la de los propietarios del resto de ayuntamientos vecinos y eso no es justo. A partir de ahora tendremos que tener en cuenta donde sacamos la madera para fijar el precio. No sé por qué desde las Administraciones locales tienen interés ahora en bajar la madera a sus vecinos", dice.

No es realista pensar que va a salir de los maderistas, la realidad es que la madera de Pol, de Meira o de A Pontenova va a valer un euro menos que la de los ayuntamientos vecinos. No sé por qué esos alcaldes tienen interés en bajar el precio de la madera a sus vecinos

Maderista Souto, que compra madera en las provincias de Lugo, Ourense y parte de A Coruña, está en este momento cortando en un de los Ayuntamientos que acaban de aprobar las nuevas tasas, aunque en este caso la licencia de tala fue anterior. "Esa madera fue pagada en noviembre, no tenía ese coste, pero a partir de ahora en el contrato se va a especificar que el precio no incluye cualquier tasa que imponga el Ayuntamiento y en el momento de pagar la madera se descontará directamente al propietario en el importe final a tasa municipal abonada", anuncia. Tanto esta como otras empresas del sector han decidido aplicar esta solución ya a partir de este lunes, 25 de enero, ofreciendo a la hora de comprar pino, eucalipto, castaño u otras especies a los dueños de los montes el precio de la madera menos el coste municipal, sea cuál sea en cada caso. Es una medida que está recomendando la Asociación Provincial de Empresarios de la Primera Transformación de la Madera de Lugo a todos sus asociados. "Desde Lugomadera entendemos que el abono de dicha tasa corresponde al titular de la parcela y debe trasponerse a las operaciones de compra-venta de madera", indican. Por eso, los contratos que sean firmados a partir de ahora incluirán una cláusula en la que se establece un "descuento por tasa a ingresar al Ayuntamiento por aprovechamiento especial de dominio público local con motivo de las operaciones de depósito, arrastre y transporte de madera" coincidente con el importe de la tasa municipal establecida. "Llevarán a que las pequeñas parcelas queden sin cortar" Las empresas forestales consideran que la aprobación de estas tasas a la saca de madera "tendrán repercusión sobre los vecinos de estos municipios y fomentarán el abandono entre los propietarios del monte". "Fincas pequeñas, que ya de por sí para los maderistas no son rentables, no las vamos a comprar y van a quedar sin sacar", alerta Miguel, que indica que "la madera de eucalipto está pagándose en estos momentos a 38 euros tonelada en el monte" después de que los precios se hayan vuelto a estabilizar, lo que supone que "una hectárea de monte con una selvicultura adecuada pueda suponer entre 16.000 y 18.000 euros y ese dinero iba para los propietarios", argumenta.

La tasa son 60 céntimos más gastos de gestión, se va a un euro en total, y en el caso de depósito de fianza hay que descontar un 1% en el precio de la madera para los avales

Miguel estima que la bajada de la madera en esos ayuntamientos será "como mínimo de un euro", ya que a los 60 céntimos por tonelada que fija la tasa municipal hay que añadir "los gastos de gestión y la burocracia que lleva aparejada", por lo que "se va a un euro en total", dice. "Yo se lo voy a descontar en el precio final al propietario y se lo voy a especificar así al dueño del monte", avanza. Otro tanto sucede en el caso de Ayuntamientos que fijan "avales desproporcionados", dice. "No estoy en contra de fianzas razonables para garantizar que todos cumplimos y no se produce competencia desleal entre los que reparamos después las pistas y los que no realizan ese gasto, siempre que el Ayuntamiento sea rápido a la hora de devolver el dinero. Pero una cosa es tener que depositar 3.000 o 5.000 euros y otra tener que pedir un aval por 20.000 euros, como va a pasar a partir de ahora en el Ayuntamiento de Lugo, por ejemplo. El aval te genera unos gastos y unos intereses, por lo que este tipo de fianzas desproporcionadas nos meten a todos en un coste financiero que acaba con los maderistas pequeños", asegura, por lo que defiende los convenios con los Ayuntamientos: "en Láncara entre 7 maderistas que habíamos sacado madera de una zona nos hicimos cargo entre todos del arreglo de un camino que habíamos usado para sacar la madera, esa es una solución mucho mejor para todos". "Los ganaderos no pagan" Miguel considera que esta tasa que están trasladando algunos Ayuntamientos a las empresas forestales "es una tasa manifiestamente injusta". Recuerda que el sector forestal "genera riqueza en medio rural y crea empleo estable y de calidad", por lo que no entiende, dice, "por qué lo atacan en estos Ayuntamientos". Sus empresas, Maderista Souto SL y Landmaschinen SL, por ejemplo, han hecho en los últimos dos años una inversión de más de dos millones de euros en maquinaria y tienen en total 11 trabajadores, más los empleos indirectos que generan por ejemplo en el transporte de la madera.

Encuentras una pista bien de cada 10 y no es lógico que tengamos que arreglar nosotros las pistas que no destrozamos nosotros

"Encuentras una pista bien de cada 10 y no es lógico que tengamos que arreglar nosotros las pistas que no destrozamos nosotros. Los ganaderos también usan las pistas y no tienen tasa. No estoy diciendo que se la pongan a ellos también, solo digo que es un agravio, porque van con maquinaria similar a la nuestra y con camiones igual de pesados a la hora de llevar los suministros a las granjas o a la hora de ensilar", argumenta. Aunque desde las entidades locales justifican que "la tasa va para el sector de la madera y el de las canteras por utilización de las vías municipales porque son los que más daños provocan en ellas", afirma el alcalde de Ribeira de Piquín. "Lo que no entiendo es porque hay que pagar en Meira y no en Guntín", rebate Miguel y "por qué hay municipios en los que se nos imponen a las empresas estas tasas injustas y otros que fijan avales desproporcionados, ya que al final todas estas cargas se reflejarán en el valor de la madera", insiste. Extralimitación de competencias Los maderistas asumen que los Concellos pueden obligarles a reparar los daños, pero no "inventar un nuevo impuesto", dicen Las asociaciones de la cadena de valor de la madera consideran que "estas ordenanzas suponen un impuesto más a la actividad forestal, discriminando al sector de la madera con respecto a otros sectores primarios que se desarrollan en el mismo territorio y que no sufren esta penalización". A través de un comunicado, desde Feamarga, que aglutina a las asociaciones provinciales de aserraderos y rematantes de madera, denuncian "la extralimitación de competencias de los Ayuntamientos en la aprobación de ordenanzas forestales y la imposición de tasas discriminatorias para la actividad forestal". Nuria Rodríguez, secretaria general de LugoMadera, la Asociación Provincial de Empresas de Primera Transformación de Madera de Lugo, confirma que una vez han sido rechazadas en el ámbito local las alegaciones presentadas por la Asociación, están estudiando con su departamento jurídico llevar estas ordenanzas a los tribunales por entender que los Ayuntamientos se estarían extralimitando de sus competencias al aprobar un nuevo tributo sin base legal en materia fiscal de carácter autonómico o estatal que lo ampare.

Desde Lugomadera, en la defensa de los intereses de nuestros asociados, seguiremos recurriendo este tipo de impuestos revolucionarios a la actividad forestal

LugoMadera rechaza la aprobación unilateral por parte de estos seis Ayuntamientos de estas tasas y defiende la colaboración mediante los convenios que tienen firmados con más de 20 Ayuntamientos en la provincia de Lugo. "Los convenios funcionan bien, son buenos para todos y no perjudican a una actividad tan importante para el medio rural y sus habitantes", dice Nuria. Reconoce que en algunos casos se produce "algún problema a la hora de la identificación de las empresas que trabajan en las vías municipales" y, para mejorar esto, desde la Asociación están desarrollando una herramienta informática que permita informar en tiempo real a los Ayuntamientos en qué lugares concretos se están realizando trabajos forestales o de saca de madera "sin que esto suponga una carga burocrática o de tiempo a las empresas". Adaptación de las vías a una maquinaria cada vez más grande Desde LugoMadera recomiendan a las empresas integradas en ella que comuniquen a los Ayuntamientos el inicio de los trabajos y el estado inicial de las vías y les piden "limpieza y buena praxis durante la actividad", identificando mediante carteles a quién pertenecen los acopios de madera e informando de la fecha en la que se va a proceder a la reparación en el caso de haber provocado daño o deterioro. A cambio, desde esta y otras organizaciones profesionales gallegas del ámbito forestal reclaman "la adaptación de las vías a la evolución de la maquinaria forestal, la creación de parques de madera, puntos de acopio y zonas de giro de camiones". Tampoco ven viable desde Feamarga la paralización de la actividad extractiva durante el invierno dado el "impacto que tendría esta medida en términos económicos y de empleo, afectando a toda la cadena de suministro y a la industria de transformación de la madera".

Un momento de las jornadas El Monte en el siglo XXI que se están celebrando estos días en Lugo Las jornadas El Monte del Siglo XXI analizan estos días en Lugo la situación actual de los montes gallegos, el nuevo Plan Forestal y el estado de los montes vecinales en man común, haciendo hincapié en las enormes posibilidades que el patrimonio forestal de Galicia ofrece. Pero los distintos expertos participantes están poniendo sobre la mesa también los problemas históricos que en Galicia se dan para una gestión más eficiente y multifuncional del monte y que figuras específicas de aprovechamiento colectivo, como las SOFOR, no están siendo capaces de superar. Profundizamos en esta cuestión con la ayuda de Santiago Fraga y José Ramón Pedreira. El 99% de los montes gallegos son de propiedad privada, tanto individual como colectiva (Galicia cuenta con figuras genuinas como son los montes vecinales en man común), lo que dificulta la ordenación y gestión forestal por parte de la Administración pública, que muchas veces ha hecho dejación de sus funciones en materia legislativa (y de vigilancia de su cumplimiento) para tratar de regular los usos del monte, su aprovechamiento y las especies en él plantadas. En Galicia hay unos 670.000 propietarios forestales, que poseen una superficie media inferior a dos hectáreas repartidas en varias parcelas y el 80% de ellas tiene menos de media hectárea. Además, solo el 3% de los propietarios forestales existentes en Galicia está asociado y 8 de cada 10 no mantienen otra actividad agraria.

En Galicia hay unos 670.000 propietarios forestales. Solo el 3% está asociado y 8 de cada 10 no mantienen otra actividad agraria

Según los datos de la Consellería de Medio Rural, de las 2.000.000 de hectáreas forestales de Galicia (que representan el 70% del territorio total de la comunidad) un 66% está en manos de particulares, un 33% son CMVMC y sólo el 1% son de propiedad pública. En España, por el contrario, existen unas 10.000.000 ha de montes públicos frente a 18.000.000 ha de montes privados, de las que 2.000.000 ha son vecinales en man común y montes de distintos socios o comunidades de propietarios. Constituidas tan sólo 22 SOFOR en 10 años En este momento están constituidas en Galicia 14 Sociedades de Fomento Forestal (SOFOR) con aprobación definitiva, más 8 que se encuentran pendientes de inscripción definitiva, sumando conjuntamente las 22 un total 4.370 hectáreas de superficie gestionada, pertenecientes a un millar de socios propietarios que aportan más de 12.000 parcelas de monte. "El asociacionismo forestal va lento con los instrumentos que hay. Las SOFOR pueden ser idoneas sobre todo para un perfil de grandes productores, que se verían favorecidos en la venta de madera y desde el punto de vista fiscal. Pero es un perfil de propietario que abunda poco en Galicia, y sólo por el hecho de la doble imposición es una figura que no encaja para propietarios pequeños. Llevamos constituidas alrededor de 20 SOFOR en una década, es mucho tiempo para unos resultados tan pequeños", reconoce José Ramón Pedreira, jefe de sección en el Servicio de Infraestructuras Agrarias de Lugo. "Algo pasa para que no prenda el asociacionismo forestal, porque potencial hay, pero los incentivos no son los suficientes o los adecuados. Y debería hacerse una revisión en ese aspecto", dice.

Los incentivos actuales son insuficientes para el fomento del asociacionismo y del liderazgo. Llevamos constituidas 20 SOFOR en una década, es mucho tiempo para unos resultados tan pequeños

"Las figuras de agrupación de la propiedad necesitan un impulso, que la Administración reoriente esas figuras imponiendo una planificación más organizada de muchos montes, para que eso no sea algo voluntario", concuerda también su compañero Santiago Fraga, miembro del área técnica del Servicio de Montes de Lugo. "Se necesitan vías de saca e infraestructuras defensivas contra el fuego. Con una propiedad atomizada eso es imposible. Igual que la plantacioón de franjas de frondosas para que el monte cumpla objetivos múltiples. Eso es más fácil lograrlo en una superficie de 300 hectareas que en una de 5 hectáreas", argumenta Santiago.

Las figuras de agrupación de la propiedad necesitan un impulso, que la Administración reoriente esas figuras imponiendo una planificación más organizada de muchos montes, para que eso no sea algo voluntario

Hay factores condicionantes que juegan en contra del desarrollo asociativo, como son el envejecimiento de la población, el abandono del medio rural y la desconexión de la sociedad rural y urbana y que constituyen un escenario social desfavorable. Muchas veces además, existen intereses contrapuestos entre la población urbana y la rural y entre población agraria y no agraria que vive en medio rural e incluso entre agricultores, ganaderos y silvicultores. Para José Ramón, es necesario aplicar un modelo de desarrollo integrado para el medio rural que incluya a los sectores productores agroganadero y forestal, a sus respectivas industrias transformadoras e incluso a otros actores como son el turismo rural o la artesanía para evitar el desmoronamiento del mundo rural. También otorga una importancia clave a contar con estructuras tecnológicas idóneas y a la puesta en marcha de un sistema de formación e información proactivo al estilo del antiguo Servicio de Extensión Agraria, ejemplifica. "Es bastante común que la inmensa mayoría de la gente y de los propietarios desconozca lo que es el asociacionismo agrario, tienen algunas referencias sobre las actuales cooperativas agroganaderas existentes pero no es un tema de conocimiento profundo de nuestra sociedad porque no forma parte tampoco de ningún curriculum", asegura. Se sigue dividiendo el monte El individualismo sigue siendo a día de hoy el modo de explotación más habitual de los montes particulares en Galicia, con una atomización de la propiedad que, lejos de revertirse, sigue produciéndose herencia tras herencia. "La realidad a día de hoy es que se siguen dividiendo los montes, algo que en el tema agrario parece que está superado, pues creo que a ningún labrador o ganadero se le ocurre en la actualidad dividir las fincas que tiene, porque sabe que es contraproducente, y la tendencia es a concentrar, pero en los montes no está ocurriendo eso. En el caso de los montes, el interés de los propietarios sigue siendo a día de hoy el de dividirlos. Mi explicación es que, con todo y a pesar del minifundio existente, hay aún una respuesta económica interesante que hace que el monte se divida, porque la productividad tan elevada que tenemos en nuestros montes hace que tampoco penalice excesivamente el tamaño de las parcelas, porque aún sigue siendo muy rentable poner eucaliptos, por ejemplo, en una pequeña propiedad que está abandonada", argumenta Santiago.

El eucalipto está dando una respuesta al modelo de propiedad minifundista que tenemos y que no está penalizando lo suficiente como para animar a los propietarios a la gestión conjunta

Las propiedades particulares atomizadas representan dos tercios de la masa forestal gallega y, aun a pesar del escaso tamaño de las parcelas, "este modelo de propiedad está produciendo madera a día de hoy", evidencia, ya que "el eucalipto está dando una respuesta a esta propiedad de pequeño tamaño", dice. "En parte tenemos lo que tenemos porque tenemos una estructura de propiedad que no da para otra cosa, porque tal como tenemos la propiedad es imposible plantar frondosas de ciclo largo a 60-70 años. Hay unas especies, el pino radiata en su momento y hoy el eucalipto, que dan respuesta la este modelo de propiedad minifundista, que no esta penalizando suficientemente como para animar a los propietarios a la gestión conjunta, otra cosa es que no estemos optimizando la producción", razona. "La existencia de un minifundio en el sistema de propiedad forestal con bajo nivel de articulación cooperativa, condiciona la constitución de explotaciones de tamaño suficiente para hacerlas técnica y económicamente viables, generando rentas mínimas o nulas en períodos de retorno excesivamente largos. Esto favorece el abandono", argumenta Santiago. Además de la división de los montes particulares, pone el foco también en la parcelación que se está dando en muchos casos nos montes de varas. A pesar de que no existe, por no estar aún constituido, un Registro de Montes de Varas, Abertales, de Voces, de Vocerío o de Fabeo, estas figuras de propiedad colectiva suman un total de 27 montes (21 de ellos en la comarca lucense de A Fonsagrada y Os Ancares), con una superficie total de 7.837 hectáreas. "En los montes fruto de convenios con la Administración que se están desconveniando debería ser obligatorio constituir una SOFOR para evitar que se pierda la gestión conjunta y se partan los montes, que en la realidad es lo que está pasando en muchos casos aunque legalmente no esté permitido", alerta este técnico del Servicio de Montes. Avanzar hacia el valor multifuncional del monte La CMVMC Monte Xalo, en A Coruña, está apostando en los últimos años por la diversificación de usos El valor del monte, y por tanto también el valor de la propiedad forestal ha ido cambiando hasta llegar a nuestros días. "Históricamente los montes o terrenos forestales han constituido una parte fundamental de la economía, cultura y paisaje gallegas (leñas, pastos, carbón, caza, madera, etc). En la actualidad tenemos que añadir un creciente valor de este tipo de terrenos en cuanto abastecedores de recursos ambientales básicos", defiende Santiago, que aboga por cambiar el paradigma productivista actual y conseguir un equilibrio entre producción, conservación y externalidades sociales a través de la ordenación forestal. El Plan Forestal Gallego, vigente hasta 2032, establece, de hecho, un esquema de monte centrado en la multiplicidad. Así pues, a las funciones económicas del monte como espacio generador de bienes y materias primas (madera, leña, corteza, resina, biomasa), se añadirían su función social (asentamiento y fijación de población rural, generación de empleo, usos recreativos y de ocio) y ambiental (mantenimiento de la biodiversidad y salvaguarda del resto de especies de flora y fauna, conservación del paisaje, freno a los procesos de desertificación, regulación del ciclo hidrológico, fijación de carbono). "A día de hoy se está buscando un objetivo meramente económico con la explotación forestal, no hay una busca equilibrada de la multiplicidad social, ambiental y económica del monte. Claro está que tener superficie arbolada que no arde es siempre mejor que tenerla desarbolada, pero no es lo óptimo, y aún con una estructura de propiedad muy precaria estamos solventando el aspecto económico, aunque sea muy mejorable, pero tenemos que apostar por un monte más diverso porque el monocultivo exclusivo de eucalipto en zonas costeras muy amplias, las talas totales cada 15 años y el movimiento de suelo que se produce es una pobreza ambiental. Falta entrar ahí, en los aspectos sociales y ambientales del monte y que no sea la producción económica la que condicione la planificación forestal", defiende.

Agrupar tiene que servir para obtener mejores multiplicidades del monte compensando equitativamente a los propietarios por las posibles pérdidas de rentas económicas que podría generar tener que plantar frondosas en una parte

La realidad, dice, es que "el mercado no valora los beneficios sociales y ambientales del monte porque son externalidades, por eso es donde las figuras públicas tienen que incidir. Ahí es donde está el reto y el futuro", considera, porque "en superficies pequeñas es más complejo atender esos tres factores (social, ambiental y económico) pero en montes grandes es más fácil de lograr", considera. "Las figuras de agrupamiento y de distribución de rentas entre los propietarios compensaría que en una parte del monte se hayan tenido que plantar frondosas porque se daría uno reparto equitativo de las necesidades y rentas para aumentar el valor social y ambiental de los montes. Agrupar tiene que servir para obtener mejores multiplicidades del monte, cuando se da un uso compartido y una gestión conjunta es más fácil que el monte no tenga solo una visión económica. Falta un empujón a través de políticas públicas que fuercen a eso, y se puede hacer de muchas maneras, primando fiscalmente o incluso penalizando al que no lo haga", propone. Modificar la fiscalidad del monte Las Sociedades de Fomento Forestal (SOFOR), las Sociedades Civiles y las Comunidades de Bienes son tres de las figuras jurídicas contempladas la legislación estatal y autonómica que podrían amparar una gestión conjunta del monte desde el punto de vista legal y fiscal, aunque tanto Santiago como José Ramón consideran que "la legislación está coja, ya que no hay una fiscalidad específica para el monte", dicen. "Los montes tienen un valor ambiental y social, no solo económico, pero la fiscalidad no mima todas esas externalidades que tiene el monte. Eso no está ayudando para que la gestión conjunta de la propiedad privada forestal sea el porvenir", considera Santiago. Pero es consciente de "en el tema impositivo la fiscalidad depende mayoritariamente del Estado, porque el gordo del IRPF y del Impuesto de Sociedades depende del Estado, tú puedes actuar en el tramo autonómico del IRPF pero es pequeño, y en el de Sociedades no tienes nada que hacer. La única solución sería la creación de un impuesto nuevo a nivel autonómico", propone.

Los mercados de derechos de plantación podrían servir para reequilibrar las rentas que obtienen los propietarios de bosques de frondosas con las que logran los propietarios de parcelas con especies de crecimiento rápido

"Los mercados de derechos me parece una solución muy interesante para lograr de alguna manera que se compense a propietarios cuyos montes tienen unas externalidades enormes y que en este momento no están recibiendo nada por ellos, para que ese beneficio social o ambiental que esos montes están produciendo generen también un valor de mercado para sus propietarios", defiende. Aunque es partidario de "compensar en cada distrito para que todas las comarcas geoforestales tengan multiplicidad en el monte", la compra de derechos de plantación en materia de biodiversidad, al igual que ya sucede con los derechos de emisiones de carbono en otros sectores como el industrial, podrían servir para reequilibrar los beneficios económicos que genera actualmente la plantación de especies de crecimiento rápido como el eucalipto en comarcas costeras de Galicia, como A Mariña o Ferrolterra, con los beneficios medioambientales que reportan los bosques de frondosas en sotos y robledales de comarcas de montaña o del interior, como es el caso de Os Ancares y O Courel.

Hay que mimar que el propietario siga ganando dinero para que siga invirtiendo en el monte, los cambios hay que hacerlos con cuidado para no disuadir y acabar en el abandono

Con todo, se muestra partidario de aplicar este tipo de medidas con cautela, ya que "en un territorio donde el 99% del monte está en manos privadas es más difícil llevar a cabo políticas públicas y hay que mimar que el propietario siga ganando dinero para que siga invirtiendo en el monte, por lo que estas cosas tienen que hacerse con cuidado para no disuadir y acabar en el abandono, pues hoy muchos propietarios forestales son herederos que no viven o dependen del monte y ese riesgo es real", admite Santiago. Planificación deficiente por parte de la Administración Aunque la Ley Básica de Montes estatal (Ley 43/2003) solo obliga a la ordenación de los montes de utilidad pública y montes protectores (artículo 33), la legislación específica gallega obliga a disponer de instrumentos de ordenación o de gestión forestal a todos los montes o terrenos forestales en función de su dimensión. Este deber vincula tanto a los propietarios forestales como a la propia Administración publica. Los Planes de Ordenación de Recursos Forestales (PORF) se crean por medio de la Ley Básica de Montes estatal (Ley 43/2003) y debe elaborarlos la Xunta de Galicia. Se trataría de instrumentos de planificación forestal como una herramienta más de ordenación territorial, en los que se deberían definir los terrenos forestales existentes en cada uno de los 19 Distritos Forestales en los que se divide el territorio gallego y establecer espacialmente los modelos selvícolas, determinando una zonificación de usos y de vocación de los distintos terrenos, pudiendo fijar incluso limitaciones y prohibiciones de plantaciones de determinadas especies. El primer defecto a nivel de planificación forestal es la falta general de los PORF. "No se hizo ni el primero después de más de 15 años, para establecer por distritos forestales qué especies se pueden plantar y cuales no y decirle al propietario aquí puedes plantar esto y no puedes plantar esto otro y que eso no sea en detrimento del propietario, porque los que tengan que plantar especies no tan rentables reciban una compensación aparte, de manera que el que plante eucaliptos tenga que comprar derechos de biodiversidad, es decir, metros cuadrados de frondosas a quién las tiene plantadas", explica Santiago. Proyectos de Ordenación El siguiente escalón tras los PORF, que debe elaborar la Xunta, serían los Proyectos de Ordenación Forestal, que están obligados a elaborar los propietarios de montes. Regulados por el Decreto 52/2014, de 16 de abril, por el que se regulan las instrucciones generales de ordenación y gestión de montes de Galicia; y por la Orden de 19 de mayo de 2014 por la que se establecen los modelos silvícolas o de gestión forestal orientativos y referentes de buenas prácticas forestales para los distritos forestales de Galicia, son documentos que recogen la caracterización del medio forestal así como una síntesis de la organización y de los aprovechamientos que se van a realizar a lo largo del tiempo en un determinado espacio. Son obligatorios para montes o superficies forestales superiores a 25 ha en coto redondo, así como montes públicos, protectores o de gestión pública y el plazo máximo para estar elaborados es el 31 de diciembre de 2028.

Las superficies forestales superiores a 25 hectáreas en coto redondo deben tener Proyectos de Ordenación aprobados antes del 2029

Además de los datos básicos del monte y de la descripción de aspectos como la orografía, la climatología o la edafología de la zona, los Proyectos de Ordenación deben recoger aspectos como la red viaria forestal y otras infraestructuras de prevención y defensa contra incendios, el inventario de recursos forestales como el número de pies por especies y edades, así como la planificación forestal y de aprovechamientos que se va hacer de ese monte. Pero el retraso en su elaboración y aprobación es notable. Según los datos del Anuario Forestal de Galicia, en el Registro de Montes Ordenados de la Xunta de Galicia figuran 811 montes con proyectos de ordenación aprobados, que abarcan una superficie total de 233.139 hectáreas, lo que representa poco más del 10% del territorio forestal gallego. La mayor parte de estos montes ya ordenados corresponden a CMVMC (81% del total de montes y 88% de la superficie) y las provincias con mayor porcentaje de montes con proyecto de ordenación son Lugo (36%) y Pontevedra (25%). Otros 18 montes, con una superficie total de 246 hectáreas, figuran en el registro bajo la tipología denominada Documentos Simples de Gestión (DSX), pensados para superficies inferiores a 25 hectáreas.

Ventajas y desventajas de las distintas fórmulas para la gestión conjunta más allá de las SOFOR

Monte de la Sofor Vilar de Frades, constituida por 24 propietarios de la parroquia de Ouselle, en Becerreá Un pequeño repaso por el acervo asociativo y por las dinámicas de trabajo en común en el ámbito forestal puede servir para abrir el abanico de posibilidades de trabajo en conjunto para la gestión de montes más allá de las SOFOR, sucesoras de las UXFOR, dos figuras creadas específicamente en Galicia para la concentración en el ámbito forestal. El jefe de sección en el Servicio de Infraestructuras Agrarias de Lugo propone distintas fórmulas, como la creación de secciones forestales dentro de las cooperativas agroganaderas existentes en la actualidad en las principales comarcas productoras de Galicia, una posibilidad amparada por la Ley de Cooperativas de Galicia.

Además de las SOFOR, creadas específicamente para la agrupación forestal, tendrían cabida para la gestión conjunta de montes las secciones forestales de las cooperativas agrarias o incluso las SAT

"Es un campo sin explorar ni explotar, el potencial es enorme y serviría para la diversificación de las cooperativas agrarias que tenemos. El hecho de contar con cooperativas agrarias fuertes facilitaría enormemente su arranque, ya que las cooperativas agrarias están ampliamente implantadas en el territorio y podrían aprovechar las sinergias con otras actividades, pues cuentan ya con recursos humanos técnicos y administrativos así como con maquinaria y equipaciones polivalentes, y están capitalizadas, que es uno de los problemas para la constitución desde cero de cooperativas con finalidad únicamente forestal", explica José Ramón. En la mayoría de los casos, los socios de las cooperativas agrarias cuentan con fincas agrarias pero poseen también parcelas forestales. "La potencialidad es enorme. Se habló de ese tema en Agaca en alguna ocasión e incluso se llegó a valorar, pero falta valentía, porque requiere una estructura y habría una dependencia patrimonial y de funcionamiento que asusta a los gestores de las cooperativas agrarias actuales", reconoce.

De las 350 cooperativas existentes en Galicia, tan sólo dos tienen finalidad específica forestal. La creación de secciones forestales es un campo sin explorar ni explotar, pero el potencial es enorme y serviría para la diversificación de las cooperativas agrarias que tenemos

Existe también en Galicia ya algún caso de cooperativas de carácter forestal específicamente, en concreto dos, creadas en el 2013 y en el 2015, que serían Promariña y Promagal, vinculada a la asociación de propietarios forestales del mismo nombre, centrada en la producción de madera de eucalipto en las comarcas de A Mariña y Ortegal, pero con un nivel de actividad muy limitado en este momento. "No han arrancado porque el nivel de capitalización de una cooperativa recién creada no permite hacer casi nada y los incentivos son casi nulos si no es por la vía de la creación de una SOFOR. No solo es constituir, luego el proyecto empresarial hay que trabajarlo a fondo", indica José Ramón. El asociacionismo forestal en la actualidad pasa por otras figuras existentes, como las Cooperativas de Trabajo Asociado (existen 16 con actividad forestal en Galicia, de las que dos son de recogida de frutos silvestres) o las Cooperativas de Servicios, como la Cooperativa de Rematantes de Pontevedra. Existen también 49 Cooperativas de Explotación Comunitaria de la Tierra y tendrían cabida las Sociedades Agrarias de Transformación con finalidad prioritaria forestal, como la SAT Montes de Trabada, "un ejemplo brillante", en opinión del jefe de sección del Servicio de Infraestructuras Agrarias de Lugo.

Figuras como las SOFOR no acaban de generalizarse y otro tipo de posibilidades asociativas son desconocidas y no cuentan con incentivos fiscales de ningún tipo

En opinión de José Ramón Pedreira "falta en Galicia una figura a mayores que sería el reconocimiento de una Agrupación Forestal Prioritaria al estilo de las Asociaciones de Productores Agrarios, las Organizaciones de Produtres de Frutas y Hortalizas o las Organizaciones de Productores de Leche, que no tienen en cuenta la figura base que tienen los asociados, sino las condiciones de mercado, porque el funcionamiento asociativo depende más del modo en que se gestione que de la figura en sí. Es algo que no está maduro en el ámbito forestal, mientras que en el agrario sí que lo está", compara. Principales diferencias con respeto a las SOFOR Las Sociedades de Fomento Forestal (SOFOR) son una fórmula específica de agrupación de propiedad forestal para la gestión conjunta, creadas mediante el Decreto 45/2011, de 10 de marzo, que regula el fomento de las agrupaciones de propietarios forestales (DOG núm. 58 de 23-3-2011). A diferencia del resto de fórmulas de asociacionismo forestal, donde cada socio tiene un voto, en las SOFOR el criterio para la toma de decisiones es el del capital aportado, dado que se trata de una sociedad de capital que debe constituirse exclusivamente bajo la forma de Sociedad Limitada. En cuanto a las características constitutivas de una SOFOR, se exige que la sociedad que se cree deberá gestionar una superficie mínima de 15 ha para plantaciones forestales de fruto, 25 ha para plantaciones o masas preexistentes de frondosas autóctonas y 50 ha para el resto de plantaciones o aprovechamientos forestales. Todas las SOFOR deberán disponer de un instrumento de ordenación o gestión forestal aprobado por la Administración forestal, actualmente la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia.

En las SOFOR el criterio para la toma de decisiones es el del capital aportado por cada miembro; en el resto de las fórmulas de asociacionismo, como cooperativas o comunidades de montes, cada socio tiene un voto

Se exige además que las superficies gestionadas por las SOFOR estén formadas por un máximo de 3 unidades de superficie en coto redondo, con una superficie mínima de cada una de ellas equivalente al 25% de la superficie total. Las unidades de superficie en coto redondo podrán contener hasta un 30% de superficies de enclavados y las unidades de superficie estarán en el mismo ayuntamiento o en ayuntamientos limítrofes. Las participaciones en la SOFOR de cada uno de los socios no podrán superar un tercio del total de participaciones de la sociedad, excepto que fuese la Comunidad Autónoma de Galicia, Entidades Locales o Sociedades Públicas, pudiendo en estos casos llegar hasta el 49% del capital. Existen, pues, dos tipos de socios: los que aportan derechos cedidos de usos sobre propiedades forestales, los denominados “clase forestal” y los que aportan solo capital, denominados “clase general”, y cuya cuantía debe ser inferior al 50% del capital total. La cesión del derecho de uso y aprovechamiento de las fincas no podrá ser inferior a 25 años y para la disolución de la SOFOR se necesita una mayoría cualificada que represente al 85% de la superficie forestal.

En las SOFOR existe la posibilidad de incluir a socios capitalistas con una aportación inferior al 50% del capital total de la sociedad, que debe constituirse obligatoriamente como una SL

A pesar de que axisten ayudas para su constitución y tienen preferencia en el acceso a fondos públicos forestales, la doble tributación es un impedimento para la proliferación de las SOFOR, ya que se trata de una sociedad de capitales en la que se paga por los beneficios que obtiene la propia sociedad y por los dividendos que después corresponden la cada socio. "La complejidad en la constitución y en la gestión de las SOFOR está siendo disuasoria para propietarios pequeños, porque implica una tecnificación. Si la administración apretara sería distinto, pero hoy el particular no tiene necesidad de meterse en ese lío y piensa para qué me voy a complicar en una organización compartida de la propiedad cuando yo puedo decidir y hacer lo que quiero con mi monte. De hecho, la SOFOR es una fórmula que solo se está planteando a día de hoy en montes muy productivos, que ya venían de una gestión conjunta o que pueden ir obteniendo rentas de manera inmediata porque ya están plantados y próximos al ciclo de tala", considera Santiago Fraga.

Las Sociedades Civiles y las Comunidades de Bienes son otras fórmulas más sencillas que se pueden emplear para la gestión de montes en conjunto

Otra fórmula para la gestión conjunta de montes serían las Sociedades Civiles, más sencillas que las SOFOR de constituir y que fiscalmente tienen un régimen semejante, ya que las dos pagan Impuesto de Sociedades. Existe también la alternativa de las Sociedades de Bienes, pero solo sirven para propiedades en proindiviso, como puede ser el monte abertal. En las Sociedades de Bienes la personalidad jurídica es de cada uno de los miembros y el reparto de los beneficios también. La única desventaja es que la responsabilidad también es directa e ilimitada de cada uno de los miembros y no de la sociedad de capitales, como ocurre en los otros casos.

Ganaderos y agricultores tendrán que pagar menos en la declaración de la renta 2019, que ya se puede presentar. El Gobierno publica hoy en el Boletín Oficial del Estado una rebaja de los módulos de IRPF en el campo que beneficia a la mayoría de sectores ganaderos y agrícolas. Será aplicable, entre otros, al vacuno de leche, a la ganadería extensiva de vacuno de carne, a la apicultura y a las ganaderías de ovino y caprino. Esta rebaja de los índices de rendimiento neto es aplicable en aquellos profesionales que tributen en el sistema de estimación objetiva del IRPF, conocido popularmente como de módulos. Es el mayoritario en España en el campo, pues suma un millón de declarantes en el sector. La bonificación, puesta en marcha a propuesta del Ministerio de Agricultura, trata de compensar al campo por diversas crisis de mercado (olivar, cítricos, etc.) e inclemencias meteorológicas que se sucedieron en el 2019 en distintas partes del país, como Dañas (lluvias torrenciales) o sequías. El Ministerio de Agricultura calcula que la aplicación de la orden supondrá una rebaja de la base imponible de alrededor de 614 millones de euros para el sector agrario, “la mayor cifra de los últimos cinco años”, aseguran. Las reducciones que se aplican a nivel estatal para la declaración de la renta en curso son las siguientes: Sectores ganaderos - Bovino de leche de 0,20 a 0,18 - Bovino de cría extensivo de 0,26 a 0,18 - Bovino de carne extensivo de 0,13 a 0,09 - Ovino de carne extensivo de 0,13 a 0,09 - Ovino de leche de 0,26 a 0,18 - Caprino de carne extensivo de 0,13 a 0,09 - Caprino de leche de 0,26 a 0,18 - Porcino de carne extensivo de 0,13 a 0,09 - Porcino de cría extensivo de 0,26 a 0,18 - Apicultura de 0,26 a 0,13 Sectores agrícolas - Cereales de 0,26 a 0,18 - Cítricos de 0,26 a 0,18 - Frutales no cítricos de 0,37 a 0,30 - Leguminosas de 0.26 a 0,18 - Oleaginosas de 0,32 a 0,22 - Olivar de 0,26 a 0,13

Una de las últimas reuniones mantenidas por Agromuralla fue con el alcalde de Láncara La asociación de ganaderos y ganaderas Agromuralla pide a los Ayuntamientos que apliquen "una tributación municipal que favorezca el mantenimiento de la actividad agroganadera e incentive la ampliación y mejora de las explotaciones existentes". La asociación surgida de las tractoradas de hace cuatro años en la ciudad de Lugo presentó una solicitud formal en todos los Ayuntamientos de las provincias de Lugo y de A Coruña donde tiene asociados para que las Corporaciones municipales de estos municipios acuerden una rebaja en la tributación de los inmuebles de naturaleza rústica y de las explotaciones agroganaderas y construcciones vinculadas a ellas que permita "aliviar la carga fiscal que soportan las granjas y favorecer su viabilidad y competitividad por la vía de la reducción de los costes de producción". La entidad que preside Roberto López recuerda que el conocido como "catastrazo", la actualización de los valores catastrales llevados a cabo en el año 2013, "incrementó de manera considerable los impuestos municipales que las explotaciones ganaderas pagan a través del IBI". Por eso, reclama Agromuralla, "es necesario que los Ayuntamientos arbitren las medidas necesarias para aminorar esta presión fiscal".

Solicitan que se bonifiquen también las licencias de obra destinadas a construcción, ampliación o mejora de explotaciones porque "cuando una granja se moderniza es una señal de continuidad y mantenimiento de la actividad que repercute en el territorio generando actividad económica y puestos de trabajo", afirma Roberto López

La asociación, que está manteniendo reuniones con los alcaldes y alcaldesas salidos de las elecciones municipales de este año para abordar con ellos este asunto, reclama de los Ayuntamientos donde no se tomaron medidas con anterioridad una modificación en las ordenanzas fiscales municipales para rebajar el tipo impositivo de las fincas rústicas al mínimo legal permitido (0,30%) y la aprobación de la bonificación máxima permitida legalmente (95%) en el Impuesto de Bienes Inmuebles para las edificaciones de uso agroganadero. Del mismo modo, Agromuralla pide que se bonifiquen las licencias de obra destinadas a la construcción, ampliación o mejora de explotaciones agroganaderas. "Cuando una granja se moderniza es una señal de continuidad y de mantenimiento de la actividad que repercute en el territorio generando riqueza y puestos de trabajo", argumenta Roberto López, que recuerda que las explotaciones agroganaderas son "fundamentales para mantener la actividad económica en el medio rural". Unificar criterios a través de la Fegamp Agromuralla explica que no existe "uniformidad" en la presión fiscal que soportan las granjas y que los impuestos municipales que pagan "varían mucho" en función del ayuntamiento en el que estén asentadas, lo que provoca "agravios comparativos claros". "En función del municipio en el que se encuentren, dos explotaciones de similares características pueden llegar a pagar el doble una de la otra, en función de si el Ayuntamiento aplica o no rebajas y bonificaciones en el IBI", explica Roberto López.

Dos explotaciones similares pagan impuestos muy diferentes en función del ayuntamiento en el que se encuentren

Agromuralla considera que "es una situación que no tiene ningún sentido", por lo que pide "que a través de la Fegamp se fijen unos criterios homogéneos que sean aplicados por todos los Ayuntamientos para evitar esta notable disparidad tributaria". En la provincia de Lugo, por ejemplo, son ya varios los Ayuntamientos (como es el caso de Friol, Ribadeo, Lugo, A Pontenova, Barreiros, Trabada, A Pobra do Brollón o Riotorto) que tienen ya aprobadas bonificaciones y rebajas en el IBI para las explotaciones agroganaderas, unas exenciones que varían entre el 40 y el 95% en función de cada caso y otros Ayuntamientos se mostraron dispuestos en las reuniones mantenidas con Agromuralla a estudiar distintas alternativas para rebajar la presión fiscal a las explotaciones. Disparidad notable entre Ayuntamientos También hay disparidad en el tipo impositivo fijado, que va desde lo 0,30% de Abadín o Lugo al 0,48% de Sober, el 0,50% de A Pobra do Brollón o el 0,80% de Meira. En la mayoría de los casos la tributación de las fincas rústicas está fijada en el 0,60% (Palas de Rei, A Pastoriza, Foz, Friol, Láncara, Begonte, Barreiros, Trabada) o en el 0,65% (Riotorto, A Pontenova).

La revisión catrastral llevada a cabo en el año 2013 multiplicó por cuatro las cuotas impositivas en la mayoría de los municipios

Como ejemplo de esta "desigualdad impositiva", Agromuralla aporta tres ejemplos reales del IBI pagado en este año 2019 por tres explotaciones lecheras en activo en tres ayuntamientos diferentes de la provincia de Lugo. En el Ayuntamiento de Guntín, donde no hay bonificación, una explotación pagó este año por un establo y un pajar 807 euros, lo que supone "un importante coste de producción añadido". Otra explotación del ayuntamiento de A Pastoriza, donde tampoco hay bonificación, pagó 556 euros por 18 parcelas rústicas. Antes del catastrazo esa misma explotación pagaba 121 euros, por lo que el recibo se multiplicó por cuatro a consecuencia de la revisión catrastral del año 2013, igual que sucedió en la mayoría de Ayuntamientos. También se cuadriplicó el recibo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barreiros, que sin embargo aprobó una bonificación del 95% para mitigar la subida. De este modo, una explotación que antes del catastrazo pagaba 60 euros y vio como la cuota subía hasta los 217 euros a consecuencia de la revisión catastral, paga ahora solo 11 euros como resultado de la entrada en vigor de la bonificación municipal.

Una vez aprobada, hay que solicitar la bonificación

Ganaderos en la última asamblea de Agromuralla, celebrada el mes pasado en Lugo El proceso para aplicar el descuento en el recibo del IBI a las explotaciones comienza con la aprobación y exposición pública de la modificación de la ordenanza fiscal correspondiente. Una vez en vigor, los ganaderos tienen que solicitar individualmente que se les apliquen esas bonificaciones. En base a la Ley de Haciendas Locales, las explotaciones agroganaderas tienen que solicitar el reconocimiento de su actividad como de especial interés municipal y una vez que el Pleno de la corporación municipal otorga este reconocimiento, es cuando se aplica la bonificación en el recibo del IBI correspondiente.

Muchos Ayuntamientos aprobaron la bonificación pero no está siendo aplicada por falta de información

Así, pues, en muchos casos, aunque los Ayuntamientos han modificado ya su ordenanza, no está siendo aplicada por falta de información por parte de los ganaderos. Por eso Agromuralla solicita a los Ayuntamientos que una vez efectúen los cambios en la ordenanza estos sean comunicados al conjunto de los vecinos y vecinas y en especial a las explotaciones ganaderas para que de este modo puedan verse beneficiadas por los descuentos en el recibo del IBI. "Una vez llevadas a cabo las modificaciones que proponemos, debe ser ampliamente informada la población de los Ayuntamientos para que los ganaderos, así como los vecinos y vecinas en su conjunto, puedan ejercitar sus derechos y acogerse la estas reducciones y bonificaciones", argumenta Roberto López en el escrito presentado en los Ayuntamientos de las provincias de Lugo y de A Coruña donde Agromuralla cuenta con ganaderos socios.

"En los últimos años los ganaderos vimos incrementada la presión fiscal sobre nuestras granjas, sin que se haya producido una subida pareja en el precio de venta de nuestra leche", indica el presidente de Agromuralla

Finalmente, Agromuralla considera que reducir la presión fiscal que soportan las explotaciones ganaderas repercute también en otros sectores, pues el sector primario es fundamental también para fomentar el asentamiento de población y nuevos negocios en las áreas rurales. "En los últimos años los ganaderos vimos incrementada la presión fiscal sobre nuestras granjas, sin que se haya producido una subida pareja en el precio de venta de nuestra leche, con lo cual, junto con otros factores, hace que se incrementen los costes de producción disminuyendo la viabilidad económica de las explotaciones y haciéndose más difícil la permanencia en la actividad, cuyo mantenimiento es fundamental para asentar población y generar actividad económica de todo tipo en los ayuntamientos rurales", concluye la asociación en el escrito remitido a los alcaldes.

El área de Servicios Agrarios de Lugo organiza una jornada técnica sobre las distintas formas de empresas societarias que se pueden crear para gestionar una empresa agraria.

La jornada «La empresa agraria: Análisis de fórmulas societarias» se llevará a cabo durante los días 4 y 5 de diciembre en el edificio Administrativo de la Xunta de Galicia, en Lugo. El primer día la formación tendrá lugar en la Sala Muralla, y el segundo día en la sala de informática. Las sesiones contarán con una parte teórica y un taller práctico en el que se abordarán ventajas e inconvintes de cada uno de los tipos de sociedad así como aspectos fiscales y contables de estas fórmulas.

Las personas interesadas en participar en la jornada deberán inscribirse enviando un email a jose.roca.grande(arroba)xunta.es o a oac.seca.lugo(arroba)xunta.gal. Las plazas son limitadas por el aforo de la sala donde se imparte.

La iniciativa formativa se encuadra dentro del Plan de Transferencia Tecnológica que programa la Consellería de Medio Rural, a través de la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria (Agacal).

Detallamos el programa de la jornada:

Día 4 de diciembre

Horario: 16.00 – 20.30 horas.

Presentación de la jornada.

Primera ponencia:
Tipología de sociedades adaptadas a las explotaciones agrarias gallegas.

Taller práctico:
Posibilidades efectivas de las distintas fórmulas societarias. Ventajas e inconvintes.

La formación correrá a cargo de la Asesoría Álvarez Real, de Lugo.

Día 5 de diciembre

Horario de 9.30 – 14.30 horas.

Presentación de la sesión

Aspectos prácticos fiscales de las sociedades.

Aspectos prácticos contables.

Impartida por la Asesoría Contaproga, de Lugo.

El Boletín Oficial del Estado publica hoy una Orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen los módulos agrarios para los agricultores y ganaderos que en 2018 se hayan visto afectados por circunstancias excepcionalmente desfavorables como las heladas o la situación del mercado. Las reducciones de módulos aprobadas en la Orden publicada hoy, se traducen en una disminución proporcional de la base imponible derivada de los rendimientos de la actividad agraria, y por tanto, del resultado de la declaración del IRPF. De esta forma, las reducciones establecidas con carácter nacional para la declaración de la renta 2018 de los agricultores y ganaderos, son las siguientes:

Sector agrícola:

Cítricos de 0,26 a 0,18

Sector ganadero:

Bovino de leche de 0,20 a 0,18 Apicultura de 0,26 a 0,18 El Ministerio ha optado por estas reducciones en el módulo de los cítricos para paliar la difícil situación que atraviesa dicho sector. Lo mismo ocurre con las reducciones en el bovino de leche que atienden también a la particular situación del mercado. Además de estas reducciones con carácter nacional, en la orden también se incluyen reducciones de módulos para aquellos municipios que afrontaron climáticas adversas para los cultivos. En especial, estas medidas se dirigen a zonas que sufrieron excesos de humedad en determinadas épocas del año o los episodios de frío que tuvieron lugar en los primeros meses de 2018. Según cálculos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, estas reducciones de módulos, pueden implicar una rebaja de la base imponible aproximada de 204 millones de euros.

Reducciones para el riego

Junto a las reducciones para los sectores agrícola y ganadero, la Orden HAP/2222/2014, de 27 de noviembre, introdujo con carácter permanente un coeficiente corrector que pueden seguir aplicando los agricultores que utilicen electricidad para el riego sobre el rendimiento neto de los cultivos regados. Esta medida supone una reducción de un 20%. Por otra parte, la Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, que regula el método de estimación objetiva del IFPF y el régimen especial simplificado del IVA, establece una reducción de un 5% del rendimiento neto para el 2018. Se trata de una medida extraordinaria de carácter horizontal que afecta a la totalidad de los agricultores y ganaderos que tributen en estimación objetiva.

La Orden puede consultarse aquí.