El incremento de los insectos perforadores de los pinos es una de las amenazas que se presentan tras los incendios forestales, ya que no solo afectarán a los ejemplares quemados sino a aquellas masas de arbolado colindantes, que quedan debilitadas. Para reducir estos riesgos en las zonas afectadas por los fuegos el pasado verano en O Courel y O Barco de Valdeorras, desde la Consellería de Medio Rural se colocaron cajas nido de pájaros y murciélagos junto con trampas de feromonas, para reducir la población de estos insectos. En concreto, en estos montes colocaron trampas de embudo cebadas con feromonas sexuales para así capturar insectos perforadores. En la Pobra de Brollón (Lugo), el Distrito IX procedió a colocar un total de 10 trampas. Mientras, en O Barco de Valdeorras (Ourense), el Distrito XIII se encargó de distribuir otras 5 trampas. En algunas de las trampas colocadas en O Barco de Valdeorras llegaron a recogerse entre mediados de septiembre y comienzos de octubre un total de 430 insectos, mientras que en diciembre cesaron las capturas. En las ubicadas en la Pobra de Brollón hubo trampas que llegaron a acumular alrededor de 2.500 ejemplares entre los meses de octubre y noviembre. Hace falta tener como referencia, que la población de estos insectos en zonas no afectadas por los fuegos es mucho menor y también las capturas. Así es que en una trampa colocada en Bóveda en el mes de octubre solo se contabilizó un centenar de ejemplares.

Pájaros y murciélagos, los aliados naturales

Otra de las medidas de control biológico de la plaga llevadas a cabo en estas zonas ha sido la colocación de cajas nidos para pájaros y murciélagos, depredadores naturales de estos insectos. Así es que, una pareja de herrerillos con sus crías pueden llegar a comer más de 50.000 orugas y más de 15 millones de insectos. Mientras, un murciélago puede consumir más de 3.000 insectos en una noche. Una de las cajas nido de pájaros colocadas. Como señalan desde Medio Rural, en las zonas afectadas por los fuegos se dan las condiciones para colocar este tipo de cajas-nido, puesto que tanto aves como murciélagos carecen de zonas de refugio o para anidar. Además, dispondrán de alimento a la par que reducen la población de insectos que pueden provocar plagas forestales. En concreto, colocaron cajas nido de pájaro indicadas para páridos y otras pequeñas aves insectívoras. Están ubicadas a una altura de entre 4-5 metros y tienen un agujero de entrada orientado entre el Norte y el Sureste. Mientras, en el caso de las cajas para murciélagos están situadas como mínimo a 4 metros de altura y la entrada está dispuesta por la parte inferior.

El Servicio de Montes de Ourense organiza un curso de formación para la mejora de la comunicación forestal. Tendrá lugar en el Salón de Actos Casa de Chocolate (Ourense) durante el próximo martes 25 de octubre en horario de tarde, de 16.00h a 21.00h. El código del curso es el FC2022F132075 y su asistencia requiere de preinscripción a través de este enlace. El objetivo de esta jornada es transmitir la importancia del monte en Galicia así como enseñar a los forestales “a contar su trabajo” ya que “este infernal verano dejó claro que es imprescindible comunicar de manera fiable y profesional”, detalla la jefa del área técnica III María José Alberte. Para esto, en esta jornada intervendrá Ismael Muñoz, director de Osbodigital -una plataforma especializada en gestión forestal- y de la revista Floresta. Además, también impartirá una parte del curso Lois pardo, gestor cultural. Para obtener más información está habilitado el teléfono 988 386 706 y el correo maria.jose.alberte.rivera@xunta.gal. Cartel de presentación de la jornada de formación

Las olas de fuegos en los montes gallegos son uno de los males endémicos que año tras año afectan a estos espacios naturales, poniendo en riesgo incluso vidas humanas o refugios para la fauna y montes de un elevado valor paisajístico como aconteció a finales del pasado año con los fuegos que arrasaron el corazón del Parque del Xurés (Ourense). Pero, ¿qué se puede hacer para recuperar estos montes arrasados y qué políticas de prevención hace falta impulsar? Estas son dos de las preguntas sobre las que están trabajando en el proyecto europeo 'EpyRIs' financiado dentro de la convocatoria SUDOE, en el que participa la Xunta de Galicia y que cuenta con la colaboración de la Universidad gallega, junto con la Universidad de Valencia, el Centro de Investigación Forestal de Lourizán y las firmas Tragsa y Tragsatec, entre otros. En la Universidad gallega, el grupo multidisciplinar integrado por la catedrática de Análisis Económico de la Universidad de Santiago María Luz Loureiro García, así como por el catedrático del área de Proyectos de Ingeniería en la Universidad de Santiago de Compostela, Manuel Marey, y el investigador Pablo Coello, está trabajando sobre las políticas de restauración de los espacios afectados por estos fuegos. "Para ver qué espacios debemos priorizar en la restauración, no sólo se valoran las pérdidas económicas, sino también las ambientales o aquellas puramente sociales", explica la investigadora María Loureiro.

"Se trata de ver el impacto global de los fuegos desde una perspectiva multicriterio": María Luz Loureiro, investigadora involucrada en el proyecto

Para decidir que acciones priorizar para minimizar estas pérdidas (o restaurar los espacios afectados) están echando mano de herramientas empleadas por los servicios federales de protección de bosques americanos. "Se trata de ver el impacto global de los fuegos desde una perspectiva multicriterio", detalla Loureiro. Buscan de este modo estimar también aquellos costos de los fuegos que no siempre tienen una cantidad económica asignada, pero que son importantes para la sociedad. Es el caso por ejemplo, del impacto que los fuegos tienen sobre los daños a las infraestructuras o el déficit de inversiones en el rural que los incendios provocan. "Ya no es sólo las pérdidas económicas directas, sino que la gente deja de invertir por miedo a que el fuego arrase con las plantaciones o con otras actividades como los colmenares, o que el paisaje se deteriore y deje de atraer visitantes", concreta la experta. Para estimar los valores de los montes ardidos más allá de la madera, también están utilizando nuevas fuentes de datos, muchas de ellas en abierto, como pueden ser las fotografías compartidas en redes sociales por turistas, que dan cuenta del valor de estos espacios.

El caso de As Neves

Uno de los casos que ya han estudiado es el fuego que se produjo en el 2017 en As Neves (Pontevedra) donde la virulencia de las llamas y el avance del fuego arrasó varias viviendas y se aproximó a núcleos importantes de población con una gran virulencia. "Ahora estamos en proceso de ampliar la información que obtuvimos de manera directa y completarla con otras fuentes que nos ayuden a estimar los costos que tuvo este fuego", explica Loureiro. Además de los daños más obvios tras estos fuegos, el equipo también concreta que se produjeron otras pérdidas derivadas de ellos como fue la reducción de capturas en la campaña de la lamprea, con una honda tradición en esta zona y que se vio afectada por la merma de la calidad del agua. "Un elemento que en Galicia no se había valorado mucho como es la pérdida de la calidad del agua, en un contexto de cambio climático creciente, comienza a tomar mucha relevancia", concreta la investigadora.

Los daños sobre la calidad del agua tras los incendios comienza a tomar mayor relevancia

Los primeros trabajos para conocer los daños de estos fuegos se basaron en encuestas con la población afectada y que había vivido de primera mano los incendios. Ahora, en esta segunda fase están realizando de nuevo encuestas, pero esta vez con personal involucrado en actuaciones de recuperación de los espacios quemados, como los técnicos encargados de planificar las acciones a realizar, como puede ser las construcciones de diques o presas para evitar corrimientos de tierra o la cobertura de suelo con paja. Una de las prácticas para evitar mayores daños ambientales en las zonas quemadas está siendo el reparto de paja. Estas encuestas le ayudan a determinar aquellas acciones que debieran de ser prioritarias pala conseguir la recuperación de espacios quemados dentro de la zona SUDOE. Aunque luego estas pautas deberán ajustarse a las necesidades específicas de cada monte, buscan establecer un catálogo de acciones rápidas generales. "La orografía en sí, así como los asentamientos poblacionales ya van a determinar en gran medida las actuaciones específicas", concreta.

Todas las técnicas propuestas desde el CIF Lourizán para la recuperación de espacios superaban ampliamente cualquier estudio de rentabilidad hecho con criterios costo-beneficio

En el proyecto, iniciado en el 2018 y que se prolongará durante todo este 2021, también están evaluando el costo de estas políticas de recuperación para que las técnicas recomendadas realmente tengan un impacto mayor a su costo. "Por el momento, todas las técnicas propuestas desde el CIF Lourizán para la recuperación de espacios superaban ampliamente un estudio sobre rentabilidad, en términos de costo y los beneficios asociados", detalla Loureiro. Hace falta tener en cuenta que buena parte de las actuaciones propuestas desde Lourizán se realizaron en zonas con graves problemas de erosión. Con el final de la investigación esperan publicar unas recomendación generales para aplicar en buena parte del territorio y que luego deberán adaptarse a las características específicas de los montes quemados.

El impacto ambiental, cada vez más presente

Al margen del caso de As Neves, en el marco de este proyecto también realizaron encuestas entre la población para conocer el grado de implicación y concienciación sobre los daños de los fuegos. Estas consultas les mostraron que  se está teniendo más en cuenta el daño ambiental que producen los fuegos. "Los incendios acarrean cada vez mayores pérdidas ambientales, en gran medida por la virulencia de algunos episodios que resulta muy complicado controlar, y la población se está haciendo más consciente de estas pérdidas medioambientales profundas", comenta la investigadora.

Echaron mano de encuestas para conocer el impacto más social y global de los fuegos

Estas primeras encuestas las realizaron a través de la web y a nivel estatal, por lo que ahora contemplan ampliar la muestra para contar con otros sectores de la población a los que le fue más difícil acceder de este modo, como las zonas rurales y la gente de mayor edad. En estas consultas buscaban conocer la opinión sobre el impacto del incendio o aquellas acciones que estarían dispuestos a realizar para reducir los daños y el riesgo asociados a los fuegos forestales. "Las encuestas son muy útiles para conocer un impacto más social y global de los incendios", indica.

La insuficiencia de las políticas de prevención

El análisis y las consultas a la población también permiten evaluar hasta qué punto las políticas de prevención cuentan con apoyo de la ciudadanía, tal y como comprobaron en el marco de otro proyecto. "Comprobamos que aquellas personas que ya habían vivido los incendios de cerca eran las que más dudas tenían sobre los logros que se podían conseguir con determinadas políticas de prevención", apunta la investigadora.

La población reclama políticas de prevención que tengan más en cuenta los conocimientos de las personas vinculadas al monte y a las áreas concretas en las que se pretenden aplicar

En estas encuestas, los entrevistados también inciden en que para conseguir una mayor efectividad de las políticas de prevención es preciso lograr acciones que tengan más en cuenta los conocimientos y la experiencia de las personas vinculadas con el monte y con las zonas en las que se pretenden desarrollar estas acciones. "Apuntan la importancia de contar con acciones codiseñadas con los propietarios del monte y con la gente que vive y tiene cerca el monte para conseguir su compromiso en la prevención", concreta Loureiro. Otro de los aspectos que se señalan en estas encuestas es el elevado costo que para muchos propietarios puede suponer las políticas de prevención y gestión de los montes. "Muchos sienten que no se está valorando como debiera los beneficios ambientales y sociales que produce el monte para toda la sociedad, mientras que a ellos se les exige un mantenimiento con un coste económico y en algunos casos sin obtener un rendimiento económico compensatorio", comenta la investigadora.

El conselleiro de Medio Rural, José González, presentó este martes en el Consejo Forestal el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) 2022, paso previo a su aprobación por el Consello da Xunta, que se prevé para esta misma semana. El plan vuelve a señalar un total de 35 parroquias de alta actividad incendiaria, una distinción que señala los territorios en los que es preciso avanzar en la prevención de los fuegos. Este año repiten 31 parroquias consideradas de alto riesgo respeto del listado del año pasado y entran cuatro parroquias nuevas, debido a que tuvieron dos incendios o más con más de 200 hectáreas afectadas en los últimos 10 años y en los que la superficie total promedio por incendio fuera igual o superior a 9 hectáreas. También aquellos que tuvieran al menos 7 incendios anuales de media los últimos cinco años. Así, se suman a esta lista la parroquia de Meiraos, del ayuntamiento lucense de Folgoso do Courel. Además, se incluyen las parroquias ourensanas de A Gudiña, situada en el ayuntamiento homónimo, O Pereiro, del ayuntamiento de A Mezquita; y Calvos, de Calvos de Randín. Salen de la lista otras cuatro parroquias en las que en los últimos 2 años la superficie quemada fue inferior a 3 hectáreas. Son las parroquias ourensanas de Covas, en San Cristovo de Cea; Soutipedre, en Manzaneda y A Ponte, en el ayuntamiento de A Veiga. Además, también se excluye del listado la parroquia de Ribasieira, en el ayuntamiento coruñés de Porto do Son. Dejamos, a continuación, el listado de las 35 Parroquias de Alta Actividad Incendiaria neste 2022: Es de destacar que de las 35 parroquias de alta actividad incendiaria, 27 corresponden a la provincia de Ourense, que representa un auténtico Expediente X en materia de fuegos. Además, en la presentación del Pladiga 2022 destacaron una serie de novedades como la creación del Sistema Estructural de Mando Operativo, para ahondar en la mejora de la organización, de la coordinación y de la eficacia del dispositivo. Otra clave del Pladiga de este año es el refuerzo e impulso de la labor de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO), que desde su creación en la campaña pasada ha realizado un total de 242 diligencias de investigación. También mejoraron el parque de motobombas del Servicio de Prevención de incendios con la renovación, este año, de 13 de estos vehículos. A mayores, el conselleiro recordó que el operativo antiincendios estará integrado por más de 7.000 personas, contabilizando tanto a los profesionales propios de la Xunta como a los adscritos a otras administraciones y movilizarán hasta 30 medios aéreos, aportados tanto por la Xunta como por el Estado, así como cerca de 380 motobombas.

Programa estratégico del castaño

En esta junta del Consejo Forestal, la Xunta expuso el Programa estratégico del castaño y de la producción de la castaña. Con este plan pretenden recuperar 8.000 hectáreas de sotos tradicionales y plantar otras 16.000 hectáreas nuevas para la producción de madera y de fruto de esta especie. En la primera fase de ejecución, hasta 2025, disponen un presupuesto de cerca de 22 millones de euros -incluyendo fondos públicos y privados- para la plantación de 3.500 hectáreas de castaño para fruto y de otras 2.000 para la producción de madera, así como la restauración de 2.000 hectáreas de sotos. Entre este año y el que viene cuentan llegar ya las 1.100 hectáreas de plantación y a las 500 hectáreas de recuperación.

La Consellería de Medio Rural acaba de anunciar que desde este martes quedan prohibidas las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares en Galicia. Sin embargo, quedan excluidas de esta prohibición las quemas controladas que ejecuta el Servicio de prevención y defensa contra los incendios forestales debidamente planificadas y que disponen de los medios de extinción precisos. Esto implica que, desde este martes, no se darán más permisos y los ya concedidos quedarán en suspenso a partir de este momento. Como informan desde la Consellería, la decisión se tomó tras evaluar la evolución de la situación meteorológica y una vez analizados al detalle los diferentes indicadores técnicos que inciden en el riesgo de fuego. También toda vez que la normativa –Decreto 105/2006, por el que se regulan medidas relativas a la prevención de incendios forestales, a la protección de los asentamientos en el medio rural y a la regulación de aprovechamientos y repoblación forestales– prohíbe las quemas cuando las condiciones meteorológicas puedan dificultar su control. Asimismo, la Consellería de Medio Rural pide colaboración de la ciudadanía para que extreme las precauciones y denuncie cualquier actividad delictiva incendiaria de la que tenga conocimiento, dado que desde este momento y hasta nuevo aviso no está permitido el uso del fuego para ninguna actividad agrícola y forestal para particulares. Además, la Consellería recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal.

El balance de los incendios forestales de este 2021 en Galicia deja un total de 954 incendios con una superficie afectada de 4.371,9 hectáreas. El conselleiro de Medio Rural, José González, en su comparecencia a petición propia en el Parlamento para informar sobre el tema, destacó que es la primera vez en la serie histórica que se baja de los mil fuegos. Además, sólo un 14% de ellos, un total 135, llegaron a convertirse en incendios, y el resto quedaron en conatos. Con todo, González insistió en que "mientras en Galicia arda una sola hectárea no estaremos conformes". En 2020 habían ardido en Galicia 14.800 hectáreas, en tanto en los dos años anteriores, los resultados son semejantes a los de este ejercicio (6.800 hectáreas en el 2019 y 2.500 en el 2018), si bien hay que recordar que en octubre del 2017, un otoño seco acompañado de fuertes vientos dejó en dos días alrededor de 50.000 hectáreas quemadas, para un total anual de 62.000. Sobre los buenos resultados de 2021, el conselleiro los atribuyó al buen hacer del dispositivo antiincendios, a la mayor concienciación ciudadana y al efecto que están produciendo medidas como la puesta en marcha del teléfono de denuncias de los comportamientos incendiarios 900 81 50 85, el incremento de los medios técnicos (caso de las cámaras de vídeo vigilancia o los drones) y la creación de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO), formada por 15 agentes ambientales. También recordó la ampliación de la red de cámaras de vigilancia, hasta llegar a abarcar con ellas alrededor del 70% del territorio gallego, así como la dotación de 12 drones para el servicio. González recordó, como otra de las causas de esta mejora en las cifras, que desde el año 2018 se aumentó el tiempo anual de actividad del personal fijo discontinuo, pasando de tres meses de trabajo en 2017 a seis meses en la actualidad. En esta misma línea, mencionó además la creación de la subdirección de prevención dentro de la Dirección General de Defensa del Monte, con la presencia en el territorio de 250 operarios, 41 tractores y otra maquinaria destinada a acondicionar las pistas de cara al próximo verano. También puso en valor iniciativas como Interlumes, que permitirá la creación de la primera base aérea transfronteriza anti incendios forestales entre Galicia y Portugal, o el Centro integral de lucha contra el fuego que se está desarrollando en la localidad ourensana de Toén y en el que ya se están iniciando las obras en este 2021. Por otra parte, José González destacó que su departamento destina el 33% del presupuesto global a la prevención de incendios. Así, manifestó que, de las cuentas de Medio Rural, más de 207 millones de euros corresponden la prevención, frente a los casi 91 millones más destinados a la extinción.

Fajas de protección de las aldeas

Entre las medidas de prevención de los fuegos, González informó sobre el convenio de protección de las aldeas, firmado entre la Xunta, la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) y Seaga. En este contexto se completó la comprobación de la totalidad de las fajas secundarias de 92 ayuntamientos gallegos y se comprobó el estado de 685.000 parcelas, que suman casi 44.000 hectáreas. De esa superficie está gestionada el 65%, es decir, cerca de 29.000 hectáreas repartidas en 432.000 parcelas.

Medio Rural leva realizadas más de 35.000 notificaciones a propietarios por no tener limpias las parcelas ante el riesgo de incendio

Al amparo de este convenio, con datos de 30 de noviembre, desde Medio Rural llevan generadas un total de 35.326 notificaciones y 33.129 publicaciones en diarios oficiales, para advertir a los propietarios de las parcelas no gestionadas de que en caso de que no hagan la limpieza se procederá a la ejecución por parte de la Administración pública, con la consiguiente repercusión del costo y la correspondiente sanción. También en relación con el convenio, la Consellería de Medio Rural entregó 242 planes municipales anti incendios a otros tantos ayuntamientos. De ellos, ya están aprobados un total de 158. En este año, decidieron implantar un piloto de ocho ayuntamientos en los que se acometen los trabajos de limpieza por parte de la Xunta. Medio Rural tiene previsto extender estas labores a otros cuatro municipios en los próximos meses, para completar un total de 12 ayuntamientos, escogidos en base a criterios técnicos y de incendios. En estos municipios prevén tener sus franjas secundarias, las más próximas a las viviendas, completamente gestionadas antes de la temporada de máximo riesgo del próximo año 2022. En su intervención, el conselleiro hizo especial hincapié en el hecho de que, en Galicia, la lucha contra los incendios forestales pasa ineludiblemente por la gestión del territorio, partiendo, eso sí, de la base de que el monte arde porque lo queman los incendiarios. Por eso defendió un uso agrícola, ganadero y forestal sostenible de la tierra, como fórmula de generación de actividad económica, pero también como el mejor cortafuegos natural frente el fuego. González destacó tanto la Ley de recuperación de la tierra como el Plan forestal 2021-2040, así como las nuevas leyes de lucha integral contra los incendios forestales y de calidad alimentaria, esta última como mecanismo de valorización de la producción agroganadera gallega.

Los propietarios forestales tienen hasta finales de este mes de mayo para realizar la limpieza de las parcelas más próximas a las viviendas. Así lo recordó el conselleiro de Medio Rural, José González, durante una visita a la parroquia compostelana de Figueiras, donde acompañado del director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, hizo un llamamiento para que se lleven a cabo estas tareas de desbroce. A partir del 31 de mayo, fecha que recoge la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, la responsabilidad subsidiaria de la gestión de la biomasa cerca de las casas corresponde ya a los ayuntamientos. González incidió que la Xunta lleva años apoyando a los consistorios en este cometido. En concreto, el conselleiro se refirió al convenio de protección de las aldeas suscrito en 2018 entre la Xunta, la Federación gallega de municipios y provincias (Fegamp) y la empresa pública Seaga. En el marco de este proyecto se desplegó, entre otras, la plataforma Xesbío, desarrollada por la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega). Esta iniciativa permite a los ayuntamientos gestionar toda la tramitación administrativa de la limpieza de franjas y comunicarse con los dueños de las fincas que están dentro de esas fajas. La herramienta permite gestionar y elaborar diferentes tipos de notificaciones que los ayuntamientos les envían a los titulares de parcelas en estas franjas y ofrece también la posibilidad de generar un documento de adhesión de los particulares al contrato de gestión de la biomasa. "Gracias a este sistema de información creado ex profeso para este fin por la Xunta, se les facilita a los gobiernos locales la ejecución de sus competencias en este ámbito, algo con lo que se había comprometido la Xunta al amparo del acuerdo", explican desde la Consellería. La aplicación se complementa con una herramienta móvil que facilita la consulta de la base de datos para el apoyo a las tareas a realizar sobre el terreno, en lo relativo al control de las actuaciones en campo que contempla el convenio. José González también recordó a los propietarios con terrenos en parroquias priorizadas que pueden incorporarse a este convenio firmando el correspondiente contrato de gestión de la biomasa. De este modo, es la Xunta la que se hace cargo de la limpieza de sus parcelas por un precio de 35 euros por cada mil metros cuadrados, es decir, 350 euros por hectárea. En estos momentos hay un total de 157 parroquias en 81 ayuntamientos gallegos catalogadas como parroquias priorizadas y en las que se puede solicitar este convenio.

Anticipación a los incendios forestales

El conselleiro de Medio Rural recordó que, a día de hoy, ya hay 269 ayuntamientos gallegos adheridos al convenio de protección de las aldeas, casi el 86% de los municipios de la comunidad. En el marco del acuerdo, la Xunta entregó 232 Planes municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales y, a lo largo de este año han previsto completar la elaboración de los restantes hasta llegar al total de 269 ayuntamientos incorporados. A mayores de la aplicación Xesbío, José González recordó que estos municipios adheridos cuentan con un manual de uso para entender el funcionamiento de las distintas herramientas que se les facilitan. Asimismo, los que tienen su Plan preventivo aprobado por la Xunta disponen también de un visor de las franjas con última tecnología del Gobierno gallego, en el que se pueden ver las parcelas que están en las fajas de los 50 metros más próximos a las viviendas con la referencia catastral. Para avanzar en el objetivo de la anticipación a los incendios forestales, el titular de Medio Rural se refirió también a la figura de las iniciativas estratégicas, que serán aquellos proyectos de movilización de tierras en franjas secundarias que, aunque no cumplen los requisitos exigidos para convertirse en una aldea modelo por razones que tienen que ver con elementos geográficos, físicos o técnicos, se considera de especial trascendencia su movilización, con el objetivo prioritario de reducir el riesgo de fuegos forestales. Asimismo, aludió a que se amplió de 5 a 10 hectáreas la superficie en la que los ayuntamientos adheridos pueden realizar ejecuciones subsidiarias con cargo al convenio y que los municipios también pueden realizar, con cargo al convenio, actuaciones de gestión de biomasa en las vías de titularidad municipal hasta un máximo de 10 kilómetros por ayuntamiento y año. Más información - Granja Fondevila, protección contra incendios con un sistema de aspersión de agua.

Técnicos del Departamento Regional de Gestão e Valorização da Floresta del Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas de Portugal se desplazaron a Galicia para formarse en el empleo de la técnica del helimulching para contribuir a evitar la erosión del suelo tras los incendios forestales. En concreto, visitaron con un grupo de investigadores del Centro de Investigación Forestal de Lourizán la parroquia de Río Caldo, en el ayuntamiento ourensano de Lobios, para ver los trabajos de recuperación llevados a cabo en más de 80 hectáreas. En la jornada formativa, los responsables de la gestión del monte del gobierno portugués destacaron la importancia del protocolo de actuación promovido por la Xunta para regenerar de forma operativa los terrenos afectados por los fuegos, así como la implicación del personal encargado de desarrollar estas tareas. También se analizaron los criterios de selección de las áreas a tratar en función del daño en la vegetación y en el suelo, por ser prioritarios para programar y presupuestasr de manera idónea las actuaciones necesarias.

Actuaciones en más de 200 hectáreas de terreno afectadas por incendios forestales

El Gobierno gallego está ejecutando trabajos de recuperación para paliar las consecuencias de los incendios de septiembre en el municipio ourensano de Lobios, pero también en los de Verín, Monterrei, Cualedro, Vilar de Barrio, Vilariño de Conso y Manzaneda. En total, se está actuando en más de 200 hectáreas de terreno, creando una cubierta protectora del suelo con materiales como la paja de cereales, con el fin de evitar la escorrentía superficial y la erosión. Estos trabajos se llevan a cabo con un helicóptero -helimulching- en las zonas de más pendiente, como es el caso de Lobios, y de forma manual -mulching- en las áreas accesibles a pie, siempre bajo las directrices de los técnicos especialistas del Centro de Investigación Forestal de Lourizán. La Xunta está desarrollando estas tareas novedosas de regeneración desde el año 2010, sirviendo de referente para otras regiones españolas e incluso europeas, como es el caso de la portuguesa. Así, durante la visita de los representantes lusos a Ourense también se trataron los aspectos logísticos a tener en cuenta en la implementación de este tipo de labores, así como los buenos resultados obtenidos en años pasados. Tras este encuentro entre técnicos portugueses y gallegos, el objetivo es continuar con la colaboración y el intercambio de experiencias para mejorar la gestión y la conservación de los montes.

El Parque Natural Baja Limia - Serra del Xurés se ha vuelto a convertir estos días en una nueva víctima de los fuegos. De las más de 10.000 hectáreas ardidas en la ola de fuegos de la provincia de Ourense, 3.000 pertenecen tanto al espacio protegido en tierras gallegas como al transfronterizo Xurés-Gerés. Así es que gran parte de la reserva integral del parque ha quedado totalmente arrasada. Además de los daños a la flora y a la fauna en uno de los espacios naturales de mayor valor ecológico, los incendios volvieron a reactivar las protestas vecinales y de distintas entidades sociales por la gestión que se está haciendo de la reserva natural. El impacto de los incendios, en una de las zonas con mayor protección de Galicia, deja importantes daños medioambientais, pero también a nivel económico para ayuntamientos como los de Lobios y Muíños. Restricciones Resuenan de nuevo las críticas por las restricciones existentes en el espacio del parque, así como por las carencias en la vigilancia y las actuaciones llevadas a cabo para atajar los focos que se localizaron en pleno corazón del Xurés. "Los vecinos están realmente cabreados por la falta de gestión que se está viendo del parque. Después de volver a ver el monte arrasado, muchos están pensando en que es preciso salir a la calle para denunciar esta situación", comenta Domingo González presidente del Tecor de Lobios y miembro de la junta directiva de las comunidades de montes Serra de Lobios y Nichos y de la de Bouzas, y que estos días participó de forma activa en las labores de extinción del fuego en el monte.

"Los vecinos están realmente cabreados por la falta de gestión que se está viendo del parque" (Domingo González, comunero y presidente del Tecor de Lobios)

"Aquí ha habido un desastre, que es el fuego: un acto criminal, con un efecto devastador a nivel medioambiental, puesto que han ardido los valles profundos del Xurés, la zona con mayor protección, la reserva de animales como el lobo o la cabra; y que también supone un drama económico para esta zona", valora José Yañez Barros, miembro de la junta directiva de la Comunidad de Montes de Río Caldo (Lobios). A las importantes pérdidas en el patrimonio medioambiental se añaden las dificultades que se presentan para buena parte de los núcleos que tenían en el Parque del Xurés un medio de vida por su atractivo turístico y que se encuentran ahora con que algunas de las mejores rutas, que atraían a un mayor número de visitantes hasta la zona, quedaron arrasadas por el fuego.

A las pérdidas medioambientales se suman el impacto que los fuegos tendrán en la actividad económica de algunos ayuntamientos y la contaminación de puntos de abastecimiento de agua

Comienzan también a verse otros daños que causaron los fuegos, como es la contaminación de algunos de los principales riachuelos que abastecen núcleos como los de Vilameá, A Devesa o Os Baños. Ante esta situación, se valora que se declare zona catastrófica para poder asumir su recuperación.

Sin instrumentos de gestión adecuados

Junto con las críticas de los vecinos, distintos grupos ecologistas como Adega o Verdegaia denuncian que el Parque Natural del Xurés lleva 27 años esperando por su Plan Rector de Uso y Gestión. "La Xunta sigue abandonando sus funciones en su gestión de los espacios naturales protegidos, sin dotarlos de los necesarios instrumentos de gestión", afirman.

"No puede ser qué ni se permitan hacer cortafuegos para intentar proteger de alguna manera estos montes del fuego" (Domingo González, comunero)

Por su parte, entre los vecinos de los lugares más vinculados con el Parque acusan las carencias que van constatando en su día a día. "No puede ser qué ni se permitan hacer cortafuegos para intentar proteger de alguna manera estos montes del fuego. En su afán por proteger algunas especies al máximo están propiciando que acaben arrasadas como ha acontecido ahora", valora Domingo González que evidencia la descoordinación existente entre administraciones. "Medio Rural te da el permiso y te obliga a desbrozar para mantener limpias algunas zonas y llegas aquí y no te dejan hacerlo", indica. "Durante años, las culpas de los incendios las llevaron los ganaderos y los cazadores, pero hace tiempo que la gente se concienció y saben de los problemas de las zonas quemadas. Los ganaderos saben bien que se pueden enfrentar a multas de 100 euros por vaca si las encuentran en las zonas quemadas a lo largo de los próximos años, por lo que no tienen ningún interés en eso", apunta el comunero. La falta de mantenimiento de los viales que transcurren por los montes es otra de las críticas que hacen los vecinos de la zona. "Tanto los cortafuegos como los caminos de acceso no están limpios y no se mantienen en buenas condiciones, por lo que es imposible que luego sirvan de cortafuegos", valora Álvaro González, un joven apicultor del lugar de Torneiros, en la parroquia de Río Caldo (Lobios). "El monte tiene que valer más estando lleno de vida, y ahora casi parece que valiera más muerto. Yo quiero que siga habiendo el parque, que se mantenga el espacio protegido, pero no abandonado", indica. "Hay muchas zonas de estos montes que se están volviendo totalmente inaccesibles. Incluso hay dificultades para encontrar empresas que se encarguen de venir a hacer desbroces", apunta Davide Outeiro, veterinario y apicultor en la parroquia de San Mamede de Grou. "El fuego es solo la bandera visible del abandono que está sufriendo el rural, y en especial la provincia de Ourense, con la supresión de servicios y las continuas trabas, que no hacen más que invitarte a marcharte de él", valora.

"El fuego nos afecta a todos. Este año mis abejas se han salvado, pero tendrán más dificultades para pecorear (Álvaro González y Davide Outeiro, abejeros)

Los apicultores miran con preocupación la superficie arrasada por el fuego. Aunque esta vez los colmenares de estos dos profesionales no se vieron afectadas directamente por las llamas, los incendios también le pasarán factura. "El fuego nos afecta a todos. Este año las abejas se han salvado, pero tendrán más dificultades para encontrar polen. Este año se han librado, pero da miedo pensar que para el año puede tocarle a mis colmenas", reflexionan. En las comunidades de montes también acusan a las trabas que encuentran para realizar acciones, en muchos casos, de protección a masas boscosas. "Es difícil comprender cómo la mayor parte de las ayudas europeas que vienen para la gestión de los montes van a parar a los ayuntamientos, en vez de ser las comunidades de montes las que puedan acceder a ellas, para poder invertirlas en el monte", explica Domingo González. Uno de los focos localizados en el Xurés en días pasados. Los operativos de vigilancia y extinción de incendios de los días pasados tampoco sirvieron para aplacar las quejas de los vecinos, que asistieron incrédulos a la aparición de focos en algunos de los puntos de mayor protección y con mayores medidas restrictivas, incluso con acceso restringidos. Además, numerosas voces cuestionan las decisiones tomadas para conseguir apagar los fuegos. "Había una total descoordinación y falta de comunicación entre los equipos de tierra y aire. Se hicieron descargas en puntos donde ya no se precisaba mientras en otros puntos donde había graves problemas no llegó la ayuda de los medios aéreos", valora Domingo González. Se trata de una opinión que comparten muchos vecinos que asistieron incrédulos a las decisiones de movilizar los efectivos en otros puntos, ante las alertas que se vivieron a lo largo de varios días en la provincia de Ourense, y que permitieron el avance del fuego. "No podemos estar gastando siempre en extinción, la Xunta tiene que darse cuenta de que sólo cabe prevención y organización", replican.

Sumar esfuerzos para la recuperación

Tras los destrozos por el paso del fuego, comienzan a darse en estos días los primeros pasos para la recuperación del espacio. "Tenemos que sumar esfuerzos entre todos para intentar recuperar lo perdido e intentar proteger lo que queda", explica José Yañez, miembro de la Comunidad de Montes de Río Caldo. De hecho, en estos días trabajan ya para conformar una mancomunidad de comunidades de montes, un órgano que esperan sirva para sumar esfuerzos para la preservación y la organización de estos montes. De las 18 comunidades de montes que se integran en los montes del Xurés, 11 de ellas ya  han comprometido su apoyo a esta propuesta.

Pretenden crear una mancomunidad de comunidades de montes con la que trabajar en la organización del territorio e incidir en la prevención 

Buscan establecer una mesa de trabajo en la que puedan colaborar las distintas entidades y organismos en la búsqueda de soluciones tanto a corto como a medio plazo para la gestión de estos montes. De manera inmediata proponen recuperar los espacios quemados y realizar acciones que eviten corrimientos en las laderas más pronunciadas para evitar nuevos episodios de contaminación. Además, pretenden crear más fajas de protección tanto para los núcleos como en los montes y afrontar una nueva organización y planificación del monte.  "La emigración, la orientación hacia una explotación forestal de estos montes o el abandono del pastoreo propiciaron el abandono del monte. Vemos que la gestión que se hizo no está funcionando, por lo que habrá que probar nuevas estrategias para evitar que se repitan los fuegos año tras año", apunta Yañez. "Hay mucha gente que ha retornado y que tiene interés en mantener vivos los montes. Es necesario que la Administración también escuche a los propietarios y vecinos de la zona, que no sigan trabajando de espaldas a nosotros", explica. En estos días también la consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, así como la directora general de Patrimonio Natural, Belén del Campo, mantuvieron una junta por videoconferencia con los alcaldes de Lobios y Muíños para comenzar a trazar la estrategia de recuperación del parque. Por el momento, los agentes medioambientales tanto de la consellería de Medio Ambiente como de Medio Rural continúan a colaborar con las fuerzas de seguridad para esclarecer las causas de estos fuegos y localizar a sus responsables.

Más información - Unións Agrarias pide un plan de gestión del territorio de Ourense frente a los incendios.

Los incendios registrados en los últimos días en Ourense vuelven a dejar un reguero de pérdidas tras de sí en un rural herido y cansado de los embistes de las llamas. Los incendios suponen un duro revés e incluso marcan el final para algunas de las iniciativas que se estaban llevando a cabo en la provincia. Pepe Barroso, propietario de Olivas Eidos de Iria, lleva tiempo sufriendo en sus olivos los incendios que año tras año arrasan Ourense. En los fuegos de los pasados días en Monterrei acaba de sumar nuevas bajas. "Eran las últimas parcelas que nos quedaban en zona de monte. Los fuegos nos dejaron heridos de muerte", explica desolado Barroso. Ni tan siquiera ha querido acercarse aún hasta el olivar para ver los daños. "Fue hasta allí el empleado y me recomendó no ir... Ya he sufrido bastante", comenta.

Acaba de perder los últimos olivos que le quedaban en montes de Monterrei en los incendios de los días pasados

Lleva años arrastrando las pérdidas de los fuegos que cada verano arrasan el monte ourensano. "Nos quedan 214 olivos de los casi 19.000 que teníamos censados en el 2011", apunta. En estos 9 años el goteo de daños ha sido constante. "En el 2012 perdimos 500, en el siguiente 400, luego 600, otro año perdimos 1.000 y ahora ya no podemos más", reconoce. Sabe que sus olivos no eran el objetivo de los que prendieron el fuego, pero al igual que muchos otros productores de la zona, sus cosechas acaban siendo daños colaterales de los incendios. "No es que quieran arrasar con los olivos o con los viñedos, pero una vez que encienden el fuego en el monte y se descontrola arrasa todo lo que pilla a su paso", indica. Una de las plantaciones que Barroso tenía en la zona de Ourense.

El apego al rural ourensano

Olivas Eidos de Iria cuenta con olivares también en la huerta de Madrid y de Castilla, pero los de Galicia eran los que tenían un mayor valor sentimental tanto para Barroso como para su familia, dado que estaban en su tierra natal, repartidos por distintos montes de la provincia de Ourense. "Hubo quien no llegó a comprender mi tesón por tener olivos en los montes de Ourense, pero yo siempre quise producir aquí por el cariño que tengo por esta tierra, pese a que no es fácil hacerlo por las condiciones climáticas", detalla. Tras los últimos fuegos tiene claro que no seguirá apostando por Galicia, tanto por las pérdidas económicas que le suponen como por el desgaste mental que provoca ver las plantaciones arrasadas año tras año. "Al igual que se hace con los viñedos, hay olivos que pueden recuperarse con muchos esfuerzos tras los incendios. Con una buena poda, un buen riego y abonado además de muchos cuidados puedes conseguir recuperar un porcentaje de esos ejemplares, pero si dentro de 2 años vuelves a estar en las mismas, ¿para qué vas a hacer ese esfuerzo?", se pregunta.

"Tardé mucho en querer verlo, pero la realidad es que si no es un año será otro, pero va a terminar ardiendo"

La desconfianza a que el fuego vuelva a arrasar los olivares en los próximos veranos lo ha llevado a tomar la decisión de no plantar en estas tierras. "Tardé mucho en querer verlo, pero la realidad es que si no es un año será otro, pero va a terminar ardiendo", reconoce. Barroso reconoce con pena que no volverá a llenar las cestas con aceitunas de los olivares de los montes de Ourense, como había hecho en años pasados. Ahora conserva sólo 214 olivos en plantaciones que fue realizando en zonas más próximas a viviendas o que incluso se sitúan en el agro de las aldeas. "Si ahora arrasan con esas significará que el fuego también se ha llevado por delante viviendas", comenta. Son parcelas con un riesgo mucho menor y que espera poder seguir manteniendo. Este mismo invierno también trasladó la última plantación que tenía en la Sierra del Xurés y de este modo consiguió salvar los ejemplares de los incendios que se produjeron en estos días. Ahora estos olivos, cerca de unos 1.400 ejemplares, están en Allariz, tras vendérselos a un amigo. Sin embargo, espera seguir procesando él la producción que tengan.

Sin opciones de seguros

A lo largo de estos años lleva invertido en las plantaciones de olivos en Ourense alrededor de 80.000 euros, un gasto que no puede volver a afrontar sin garantías. Además, se encuentran totalmente desprotegidos de los daños que provocan los fuegos . "Las compañías de seguros no te ofrecen ningún tipo de cobertura contra los incendios en estas zonas al haber incendios un año sí y otro también", indica.

"Las compañías de seguros no te ofrecen ningún tipo de cobertura contra los fuegos en estas zonas al haber incendios un año sí y otro también"

Pese a las pérdidas económicas que le suponen los fuegos, Barroso apunta a que lo peor está siendo encontrar los olivos queimados y la carga mental de ver el monte arrasado de este modo cuando regresan a Galicia desde Madrid, donde residen. "Antes mi familia, mis niños, subían ilusionados al monte, por la diversidad que allí encontrabas, ahora cada vez querían ir menos al encontrar siempre zonas quemadas", apunta. El productor se muestra muy crítico con las politicas de gestión de los montes y del rural que se están llevando a cabo y que no están siendo efectivas para evitar los fuegos. "Hay muchas causas detrás de estos fuegos, muchos intereses detrás de que arda el monte y a todo esto se suma la despoblación, que también está contribuyendo a que sean más difíciles las labores de prevención", valora. "Esto sólo parará dentro de 7 o 8 años, cuando ya no queden más que peñascos y no haya nada que quemar", sentencia.

Galicia registró en el último mes 568 incendios forestales, de los cuales 255 se produjeron en un horario en el que los medios aéreos no pueden actuar y 29 se iniciaron con dos o más focos simultáneos. Estos fueron los datos que destaca el conselleiro de Medio Rural en funciones, José González, quien señaló que la mitad de estos fuegos -un total de 284- muestran así claros indicios de intencionalidad, al igual que el hecho de que se hayan registrado en condiciones de temperaturas elevadas o viento fuerte. El conselleiro adelantó estas cifras en la localidad ourensana de Monterrei, uno de los distritos forestales más castigados por esta acción delictiva. González acudió para comprobar el trabajo de tres drones utilizados por los agentes ambientales del Servicio de Prevención y Defensa Contra Incendios Forestales (SPDCIF) de la Xunta en labores de vigilancia, disuasión y persecución de la actividad incendiaria. "Frente a esta intencionalidad incendiaria, la combinación del trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la profesionalidad de los agentes y demás personal del Servicio y de la colaboración ciudadana está dando resultados en la investigación", afirma González. El conselleiro puso como ejemplo de esto los dos presuntos responsables de varios incendios pillados in fraganti durante el fin de semana, uno de los cuales ya ingresó en prisión por orden del juez.

Anticipación a los fuegos

En esta misma línea, José González reafirmó el compromiso de la Xunta de seguir trabajando para anticiparse a los fuegos y para reforzar la vigilancia, la disuasión y la persecución de esta actividad delictiva. Para eso, también están incorporando las últimas tecnologías, como pueden ser los drones o las cámaras de vigilancia, que cubren ya el 60% del territorio gallego. Sobre estos aparatos no tripulados, González señaló que están controlados mediante una emisora con un alcance de 3,5 kilómetros de distancia. Además, especificó que cuentan con una cámara dual con varios modelos de visualización, entre otras características, por lo que "los incendiarios están totalmente vigilados tanto de día como de noche", concluyó. El conselleiro reiteró su agradecimiento y reconocimiento a la labor de los profesionales antiincendios de la Xunta por su compromiso y profesionalidad en defensa del patrimonio forestal y, sobre todo, de las personas. En este sentido, destacó que su trabajo permitió que más del 75% de los fuegos registrados en lo que va de campaña de alto riesgo, desde el 1 de julio, hayan quedado en conatos. Por último, en este acto José González animó una vez más a todos los ciudadanos a denunciar cualquier movimiento o actividad delictiva de la que tengan sospecha o conocimiento que pueda ayudar a identificar a estos delincuentes, algo que pueden hacer, entre otras vías, a través del número de teléfono anónimo 900 815 085.

La Comunidad de Montes Vecinales en man Común de O Viso, en Redondela (Pontevedra), acaba de inscribir su monte en el registro de proyectos de absorción de dióxido de carbono (CO2) del Ministerio para la Transición Ecológica. La iniciativa, presentada por la comunidad de montes a finales del 2019, fue inscrita el pasado 16 de abril y se prolongará durante un plazo de 30 años. El proyecto consiste en 4,55 hectáreas donde la comunidad ya procedió a la realización de labores de regeneración de una masa natural de pino del país que había sido destruida en los incendios del año 2016. A medida que la masa vaya creciendo en los próximos 30 años, los árboles absorberán de la atmósfera dióxido de carbono, uno de los principales gases responsables del cambio climático. Al inscribirse en el registro, la comunidad de O Viso pone a disposición de entidades, administraciones o empresas la posibilidad de mitigar el carbono que se desprenda de sus actividades habituales, pudiendo compensarlas apoyando el desarrollo de arbolado y la restauración de montes. Una vez la entidad calcula la huella de carbono de su actividad, podrá compensarla a través del registro de absorciones del ministerio, donde los montes de O Viso inscribieron sus primeras 4,55 hectáreas. Las actividades susceptibles de compensar sus emisiones pasarían tanto por las propias industriales, los transportes y logística, la construcción y también aquellas ligadas a otros campos, como pueden ser eventos socio-culturales, iluminación viaria, sistemas de calefacción y climatización o vehículos propios de servicio, ligados a la labor cotidiana de muchas entidades y administraciones públicas. "Es una oportunidad para que tanto industrias como Administraciones sean consecuentes medioambientalmente y con la responsabilidad social corporativa, al tiempo que contribuyen con una iniciativa local", explican desde la entidad vecinal. La comunidad calcula que en 30 años la masa inscrita absorberá 1.416 toneladas de CO2, de las que en la actualidad puede ya poner unas 257 toneladas de CO2 a disposición de interesados, y así ayudar con la gestión sostenible del monte. Aunque en el mercado no hay unos precios medios fijados para estas emisiones, se estima que a lo largo del proyecto la comunidad pueda percibir en torno a 14.000 euros por esas 1.416 toneladas, una cuantía que contribuirá al mantenimiento de la masa forestal. La junta rectora de la propiedad comunal espera que en los próximos años, a medida que se vayan realizando nuevas labores de regeneración de las superficies dañadas por los incendios del año 2016, se puedan inscribir en el registro hasta unas 40 hectáreas. "Es una manera de apostar por nuevos servicios ecosistémicos y obtener apoyos económicos para poder desarrollar la ingente labor de mejora y puesta en valor de los Monte de O Viso", apuntan desde la comunidad de montes.

Requisitos

Existen dos vías para que los montes puedan inscribirse en el registro de proyectos de absorción de CO2 del Ministerio para la Transición Ecológica. Por una parte pueden incluirse aquellas masas recién plantadas en zonas de monte que hayan estado sin arbolado desde el año 1989. Zonas de la alta montaña o de matorral que fueron repobladas podrían encontrarse dentro de esta situación. Por otra parte, aquellos montes que fueron devastados por catástrofes naturales como pueden ser los incendios forestales también se podrían acoger a este proyecto, de tal manera que estos ingresos puedan contribuir mínimamente a los gastos de recuperación de estas zonas.

La decisión del Gobierno de eludir cualquier mención al sector forestal en el real decreto sobre actividades esenciales generó en las últimas horas incertidumbre y desconcierto en las asociaciones del sector, que pidieron sin éxito un documento oficial que aclarase la situación. Así las cosas, hacemos a continuación un resumen del escenario actual por rama de actividad, con indicación de las recomendaciones que están dando distintas entidades. Desde el sector son conscientes de que las limitaciones de actividad buscan salvar vidas, por lo que se muestran dispuestos a cumplir con las restricciones, pero piden que haya una aclaración de las Administraciones sobre qué actividades forestales se consideran esenciales y cuáles no.

Las medidas de limitación de actividad se dirigen a salvar vidas. El sector acepta las restricciones, pero pide una aclaración de qué es esencial y qué no

Trabajadores autónomos

Sea cuál sea su actividad, el Real Decreto no restringe su trabajo, pues se explicita que la normativa "no es aplicable a trabajadores por cuenta propia", que en teoría pueden continuar operando, teniendo en cuenta, eso sí, el resto de normas dictadas en el marco del estado de alarma.

Cadena del eucalipto

El punto 4 del anexo del Real Decreto establece que podrán mantener la actividad las empresas de producción de productos higiénicos y sanitarios, así como las que prestan servicios en toda la cadena de producción. En base a eso, las dos plantas de Ence en Galicia y Asturias mantienen la actividad, igual que las empresas dedicadas a la tala y transporte del eucalipto hasta estas factorías, tal y como confirman tanto desde Fearmaga (Federación de Aserraderos y Rematantes de Galicia) como desde la Asociación de Empresas de Primera Transformación de la Madera de Lugo.

Biomasa

Biomasa Forestal (As Pontes), la principal empresa de producción de pellets de biomasa en España, sigue operativa, igual que la mayoría de empresas del sector, pues el artículo 17 del real decreto contempla que el suministro de energía está garantizado. Desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, que emitió una nota aclaratoria sobre el real decreto, interpretan el texto en la misma línea y consideran que toda la cadena de aprovisionamiento de las plantas de biomasa puede continuar en marcha.

Aserraderos y cadena del pino

Los aserraderos que elaboran cajas, embalajes, palets o envases que son utilizados en la cadena alimentaria o en otros servicios esenciales (material higiénico, sanitario, etc.) pueden en teoría mantener la actividad, de acuerdo con los puntos 4 y 5 del anexo del real decreto, que establece que aquellas empresas que presten servicios o suministros a las actividades esenciales pueden proseguir. Así lo interprestan desde la Federación de Aserraderos y Rematantes de Galicia y desde la Asociación de Empresas de Primera Transformación de la Madera de Lugo. "Los aserraderos que trabajan tabla para construcción o para mobiliario pararon esas líneas, pues entendemos que no se consideran esenciales, pero se mantienen operativas las instalaciones o líneas ligadas a cajas, envases, embalajes o palets", explica Ana Oróns, la secretaria general de Fearmaga. La situación, de todas las maneras, no está clara. "Hay una inseguridad jurídica grande porque no logramos por el momento que ninguna Administración haya emitido una instrucción oficial sobre qué actividad es esencial y cuál no, por lo que queda todo a expensas de la interpretación de las fuerzas de seguridad en cada circunstancia", reconoce Ana Oróns. En Lugo, la Asociación de Empresas de Primera Transformación apunta que parte de los aserraderos cerraron, bien porque no pueden demostrar que son una actividad esencial, bien por miedo a posibles multas: "La incertidumbre es grande porque no hay ningún documento oficial que aclare la situación, pero la cadena de la celulosa se mantiene activa y también los aserraderos que elaboran suministros para la cadena alimentaria", explica Nuria Rodríguez, secretaria general de la Asociación. El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes también considera, en la nota aclaratoria publicada hoy, que las empresas que se dedican a la fabricación de palets, embalajes de madera o ataúdes, entre otros productos, tienen garantizada la continuidad de su actividad en el marco del real decreto. Administraciones Para el sector, la interpretación de la norma está meridianamente clara, pero por el momento las distintas entidades no lograron que ninguna Administración ratifique esa visión. Desde la Delegación del Gobierno se informó ayer, a una consulta de Campo Galego, de que aserraderos y rematantes podían mantener la actividad. Hoy se matiza que pueden continuar toda empresa forestal que produzca para una actividad esencial, con independencia de que hubiese incidentes el lunes con fuerzas de seguridad. La Delegación emitió una nota indicando que tanto el delegado del Gobierno como los cuatro subdelegados provinciales y la Abogacía del Estado están a disposición de las empresas para solventar las posibles dudas. Consultado sobre el tema el Ministerio de Transición Ecológica, con competencias en el ámbito forestal, tampoco ofreció por el momento ninguna aclaración a la petición de Campo Galego. Fuerzas de seguridad Durante la jornada de ayer, desde Fearmaga se trasladó que la Guardia Civil le estaba solicitando a aserraderos y rematantes la paralización de la actividad bajo amenaza de multa, si bien a lo largo de la jornada de hoy se constató un cambio de actitud, pues las fuerzas de seguridad se limitan a recibir las explicaciones de las empresas sobre el porqué consideran su actividad esencial, siendo tolerada por el momento, a la espera de una decisión final, según señalan desde Fearmaga. El sector espera que en las próximas horas las Administraciones aclaren en qué casos se puede mantener la actividad y en cuáles no, de cara a facilitar las decisiones de las empresas y el trabajo de las fuerzas de seguridad. Desde el sindicato CIG, sin embargo, su Federación de Construcción y Madera se pronunció en nota de prensa en contra de la continuidad del trabajo de aserraderos y rematantes. Consideran que el pronunciamiento de la Delegación del Gobierno sobre su continuidad viola el espíritu del real decreto y que las empresas "no tratan de garantizar suministros básicos, sino continuar con su normal funcionamiento, sin colaborar en atajar la expansión del Covid 19".

Trabajos silvícolas

Desde el sector forestal se interpretó ya en un principio que los trabajos silvícolas (desbroces, podas, clareos) estaban cubiertos por el real decreto, ya que el punto 7 del anexo considera actividad esencial la prevención de incendios. Así lo valoraban ayer desde la Asociación de Empresas de Servicios Forestales de Galicia (Serfoga) o desde la Asociación Forestal de Galicia, una visión que ratificó la Consellería de Medio Rural. Xosé Covelo, de la Asociación Forestal de Galicia, explica la situación: "El punto 7 del anexo le da cobertura a los trabajos silvícolas de prevención de incendios, si bien hay comunidades de montes con personal propio que están optando por parar, como medida de prudencia. También hay cuadrillas de trabajos forestales que por las limitaciones de movilidad (máximo de 2 personas por vehículo), optaron hace días por suspender la actividad".

Viveros forestales

Desde la Delegación del Gobierno, se interpretaba ayer que los viveros forestales podían continuar la actividad, si bien es una cuestión que suscita dudas en el sector, pues en principio el real decreto no da cobertura a la actividad de producción de planta forestal -más allá de trabajos de mantenimiento- ni de plantación en monte. Así lo entiende el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en la nota aclaratoria que publicó hoy. El Colegio advierte, no obstante, de que esa decisión va a provocar la pérdida de "millones de plantones de especies forestales como eucalipto, pino radiata o chopos, dispuestos en envases y preparados para ser plantados, que se van a malograr irremediablemente". Desde el Colegio critican el perjuicio económico que esto le va a suponer a los viveros forestales y señalan que esta restricción vulnera el espíritu del real decreto, "que considera esencial la reactivación de la actividad económica una vez superada la crisis sanitaria", valoran.

Otras actividades forestales

En cuanto a otras actividades forestales, como la extracción de resina, el Colegio de Ingenieros señala que se encuentra en una situación dudosa, pues se puede interpretar que parte de la resina va destinada a usos farmacéuticos, con lo que podría mantener la actividad. Actividades alimentarias como la producción de miel o recogida de frutos del bosque y plantas aromáticas, en cambio, serían actividades que quedarían cubiertas sin duda por el decreto, ya que forman parte de la cadena alimentaria.

La Consellería de Medio Rural ha convocado hoy dos líneas de ayudas orientadas a financiar tratamientos silvícolas en pinares y en masas de frondosas (sotos de castaños, robledas, alcornocales, etc.). La línea para actuaciones en pinares está dotada de 9 millones de euros, de los que 1 millón corresponde al 2020 y 8 millones a acciones en el 2021. En cuanto a la línea para masas de frondosas, cuenta con 4 millones de euros, de los que 3,5 se ejecutarán en el 2021.

Pinares
Las actuaciones subvencionables en pinares son desbroces, podas y clareos que contribuyan a reducir el combustible en el monte, mejorando así la prevención contra incendios y la calidad maderera de la masa.

Los clareos se deberán ejecutar en pinares con un mínimo de 2.000 pies por hectárea y con un diámetro medio inferior a 15 centímetros. Respecto a las podas en las masas de coníferas, deberán conseguir una altura mínima de 2 metros y máxima de 4 metros. Después de los tratamientos silvícolas, en ningún caso podrá haber en las superficies objeto de la ayuda pies puntuales de eucalipto ni de acacia negra, mimosa o pseudoacacia.

Masas de frondosas caducifolias
La segunda de las líneas de actuación se centra en tratamientos silvícolas en masas de frondosas caducifolias, en las que también se podrán acometer plantaciones puntuales de determinados árboles con el objetivo de mejorar los valores ecológicos de bosques sin carácter productivo.

Los tratamientos en masas de frondosas caducifolias (castaños, robles) y alcornocales podrán incluir acciones como claras, podas de formación o desbroces, entre otros. Las masas objeto de actuación deberán tener una densidad mínima de 400 pies por hectárea, a excepción de los sotos de castaños, donde se pide una densidad mínima de 80 pies por hectárea.

Superficies mínimas
Los solicitantes pueden ser propietarios individuales, comunidades de montes, montes de varas, cooperativas agrarias, Sofor o agrupaciones de propietarios particulares formalmente constituidas.
Para los propietarios particulares, la superficie mínima de actuación será de una hectárea en coto redondo. Para las Sofor y agrupaciones de propietarios se pide también un mínimo de una hectárea, pero que puede estar dividida hasta en 3 cotos redondos. El resto de solicitantes deberán contar con un mínimo de 3 hectáreas, con una superficie mínima en cada coto de 1 hectárea.

Distribución de fondos
La Administración estableció un sistema de puntuación para priorizar las solicitudes presentadas. Este año, como novedad, se le da una puntuación extra de 40 puntos a todos los montes que estén en la zona demarcada por el nematodo del pino, que abarca toda la parte sur de la provincia de Pontevedra.

Del total de fondos consignados para estas ayudas, un 45% se destina a montes vecinales, otro 45% a Sofor, agrupaciones de propietarios y cooperativas agrarias y un 10% a propietarios particulares. Si no existieran solicitudes suficientes en alguna de las divisiones, los fondos sobrantes pasarían a las otras.