El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, firmó este martes con el conselleiro de Medio Rural, José González, un protocolo de colaboración para la prevención y defensa contra los incendios forestales. Un acuerdo a través del cual la Deputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia aportan 300.000 euros cada una para ratificar el compromiso compartido en la lucha contra los incendios forestales y para realizar actuaciones conjuntas dirigidas al mantenimiento y conservación de las infraestructuras preventivas y del entorno agroforestal, dotando de medios materiales a los ayuntamientos de la provincia. Se trata del primer convenio de este tipo firmado entre la Deputación y la Xunta de Galicia. López destacó que “los ayuntamientos serán los beneficiarios de esta medida”. El acuerdo, firmado este martes en el Pazo provincial con la presencia del director general de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, sienta las bases para ejecutar acciones concretas en este ámbito en los que la Deputación y la Xunta cooperarán para adquirir nueva maquinaria, poner a disposición del gobierno autonómico el material de titularidad provincial, formar al personal de los ayuntamientos en el uso de estas herramientas y en estrategias de prevención y extinción de incendios. Unos objetivos que se llevarán a cabo posteriormente a través de convenios específicos entre la Deputación, la Xunta y los ayuntamientos de la provincia. Después de firmar el convenio, Luis López señaló que los fuegos son una de las grandes amenazas que afectan al medio rural. “Amenazas que provienen del despoblamiento rural contra el que luchamos a través del departamento creado por este gobierno para el Reto Demográfico, amenazas que provienen del cambio climático que tratamos de combatir y amenazas como esas acciones imprudentes o intencionadas, pero siempre injustificables de algunas personas que dañan nuestro patrimonio natural”, subrayó el mandatario provincial. Además, López recordó que la colaboración entre Xunta y Deputación en materia de prevención de incendios es un ejemplo más de la cooperación entre ambas instituciones, como la cesión de la Escola de Cantaría, el Pazo de Lourizán o los centros educativos de Príncipe Felipe, así como el compromiso para la reforma de Santa Clara. En este sentido, el presidente de la Deputación agradeció al conselleiro José González y a la Xunta de Galicia el compromiso con la conservación del patrimonio natural. “En la lucha contra los incendios no cabe otra cosa que no sea la máxima colaboración y cooperación entre instituciones”, finalizó Luis López. Este convenio se enmarca en los acuerdos que Medio Rural está firmando con las diputaciones provinciales en materia de prevención de incendios.

El Consello da Xunta ha aprobado la firma de un convenio con la pastera portuguesa Altri por medio del que la firma lusa aportará 2 millones de euros a un fondo público – privado creado por la Xunta para mejorar la prevención de incendios forestales. El acuerdo tendrá una duración de cuatro años e incluye objetivos ligados con la ordenación de los montes, la restauración de zonas afectadas por fuegos, la potenciación de agrupaciones forestales y el fomento de recursos forestales, incluidos resina, miel y otros aprovechamientos, según detalla la Xunta en nota de prensa. La aportación de Altri se suma a la que ya había hecho Inditex, de 9 millones de euros. La Xunta aspira a captar en total 18 millones de euros de las empresas privadas, a los que sumará otros 18 millones de dinero público. El acuerdo con Altri, aparte de aspectos ligados con la prevención de incendios y la restauración de zonas afectadas, incluye cuestiones sobre mejora genética forestal. La Xunta señala que las actuaciones en este ámbito pueden consistir, entre otras, “en el establecimiento de huertos semilleros, parcelas de investigación, estudios de campo, determinación de rodales selectos o transferencia tecnológica de diferentes especies forestales”. Otro de los ejes de actuación será el fomento de agrupaciones conjuntas de gestión forestal, con el fin de reducir el minifundio del monte. Programa para fomentar el manejo de ganado en la prevención de incendios En relación con los fuegos, el Consello da Xunta valoró también un programa de Medio Rural para fomentar el manejo de ganado como sistema complementario a los desbroces mecanizados en la prevención de los fuegos. Para este 2024 se anuncia una experiencia piloto, si bien no se concretó aún donde se hará. Asimismo, se abordó en el Consello otro proyecto piloto para crear áreas cortafuegos en la comarca de Monterrei, afectada por incendios que en ocasiones son transfronterizos.

La Xunta trabaja en diferentes medidas en la línea de la recuperación y gestión de las áreas afectadas por los incendios registrados en 2022, con iniciativas como la plantación y reforestación con coníferas y frondosas autóctonas, la apertura y mejora de pistas y caminos, la construcción y mejora de puntos de agua, la mejora e implantación de fajas secundarias, la creación, recuperación y mantenimiento de praderas y pastos o el impulso de los instrumentos de recuperación, como los polígonos agroforestales, las aldeas modelo, los castañares tradicionales o los pastos. Así lo explicó el conselleiro del Medio Rural, José González, en la mesa de agentes sociales que tuvo lugar ayer en el Pazo de Quián, en el ayuntamiento coruñés de Boqueixón. El objetivo de esta reunión, a la que también asistieron el director general de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, y el director general de Planificación y Ordenación Forestal, José Luis Chan, fue a presentar las conclusiones obtenidas durante las primeras fases del proceso participativo para la recuperación y gestión de áreas de concurrencia de fuegos forestales. Durante su intervención, el conselleiro hizo hincapié en la importancia de la prevención de los fuegos forestales y se refirió a ella cómo “una de nuestras líneas estratégicas”. En este sentido, José González afirmó encontrarse “totalmente satisfecho de las conclusiones las que pudimos llegar codo a codo”, agradeciendo de nuevo la participación colectiva que permitió avanzar en el proyecto y en la recuperación del territorio afectado por los fuegos. Cinco ámbitos geográficos Esta colaboración con agentes sociales -señaló el conselleiro- implica cinco comarcas afectadas por los fuegos de 2022: O Courel, Valdeorras, Macizo Central, Monterrei y Barbanza. En este sentido, la Consellería de Medio Rural colabora con 26 ayuntamientos para buscar soluciones las más de 245.000 hectáreas que requerían de medidas para su recuperación. De sucesivo, José González reafirmó su apuesta por la recuperación de tierra abandonada ya que “es la mejor forma de evitar que se produzcan los fuegos y de limitar su afectación una vez que se producen”, aseveró. Con respeto al proceso, se realizaron encuentros con agentes de estas áreas, como cargos y técnicos de diferentes administraciones, empresas gestoras, agentes forestales, profesionales de la madera, ganaderos, comuneros y ciudadanía en general. Los principales objetivos de este proceso son la compilación de propuestas de uso y gestión del territorio, desde los puntos de vista forestal, agroganadero, ambiental y social-recreativo, identificar los agentes interesados en llevar a cabo propuestas, así como priorizar las áreas de actuación de cara a mejora de la resiliencia frente a la lumbre. Siguiendo esta línea, el titular de Medio Rural trasladó la importancia de los instrumentos que ofrece la Ley de recuperación de la tierra agraria en la anticipación a los fuegos. De este modo, dijo, se trabaja mediante las aldeas modelo, los polígonos agroforestales, el Banco de Terras, los polígonos cortafuegos o las agrupaciones forestales de gestión conjunta. Además, se refirió también la herramientas como el Plan Forestal de Galicia, el Plan de Pastos, el Programa estratégico del castaño y de la producción de castaña de Galicia o el Plan Gallego de valorización sostenible de maderas frondosas caducifolias. Fondo público-privado El conselleiro hizo hincapié en la planificación estratégica puesta en marcha por el Gobierno gallego, que implicará una acción integral en el territorio. Para llevar esto a cabo, tal y como indicó José González, se cuenta con la colaboración abierta por la Xunta para crear un nuevo fondo público-privado para anticiparse a los incendios. En este sentido, agradeció de nuevo la incorporación de Inditex a este fondo, con una aportación de 9 millones de euros que se suman al esfuerzo inversor de la Xunta y que permitirá intervenir en dichas comarcas y beneficiar a unas 118.000 personas y trasladó que próximamente se añadirán más empresas. Este fondo nació con el fin de crear un territorio resiliente al fuego, restaurar los espacios afectados y llevar a cabo una política de gestión del paisaje centrado en la prevención.

Cuando se produjo el gran incendio de O Courel, en verano del 2022, la mayor parte de las tierras quemadas en Vilar fueron monte comunal y sotos de castaños privados, ubicados alrededor de la aldea. Entonces, los castaños no frenaron el incendio por su situación de abandono y por la extraordinaria potencia del fuego, por lo que las llamas llegaron a las casas e incluso quemaro el museo etnográfico de Xan de Vilar. Hablamos con Emilio Río, uno de los pocos vecinos que quedan en la aldea, para conocer la situación actual de la recuperación del monte.

La recuperación del soto

“El soto es propiedad de todos los vecinos, así como el monte comunal. El incendio afectó a todo el soto y al monte comunal, aquí no quedó nada, ardió todo. Sólo se salvaron cuatro casas. Ahora pretendemos recuperar los sotos y el monte quemado, quitando toda la maleza, los castaños quemados, y replantando con castaños nuevos. Se dejará alguno que quedó vivo y se harán injertos en otros”, explica Emilio. La idea de los vecinos es centrarse en primer lugar en una zona de 20 hectáreas alrededor de la aldea. “Todo esto  -añade- lo hacemos en común todos los vecinos y la Xunta. De momento, todos los vecinos están de acuerdo. Estamos haciendo una asociación de propietarios para que la Xunta pueda actuar. La Xunta contrató una empresa para que haga todo el papeleo e investigue los propietarios de los sotos, pero esto es imposible sin ayuda de los vecinos, que conocemos el territorio. No es fácil porque muchos vecinos están fuera y hay que ir hablando con todos. Muchos vecinos saben que tienen sotos pero no pueden identificarlos pues llevan mucho tiempo sin venir por aquí”. “Esto sería inviable particularmente, tiene que ser en conjunto. De momento estamos implicados 11 propietarios, pero solo 4 viven aquí en la aldea, los otros andan por Madrid, Barcelona… Es difícil conseguir concretar un día y hora para reunirnos, aunque sea telemáticamente, pero de momento vamos avanzando. También estuvimos plantando árboles frutales en las fincas anexas a la aldea, nos faltan por plantar más y hacemos un llamamiento a la gente que pueda donarnos árboles frutales, que serían bienvenidos”, señala. El proceso de recuperación avanza lento. Lo que se hizo hasta ahora fue la creación de una pista forestal, por parte de la Xunta, y la retirada de parte de los troncos quemados.

Los sotos del Courel, alimento y protección

De siempre, los sotos alrededor de las aldeas siempre actuaron como sistema preventivo frente a los incendios, ya que son espacios ideales para poder apagarlos por la menor velocidad de propagación de las lapas, en comparación con zonas de monte bajo o pinares. Pero en este caso, debido a las grandes dimensiones del fuego y a la situación de abandono de los sotos, el de Vilar no funcionó como sistema preventivo y los castaños ardieron con facilidad, algo nunca visto por los vecinos hasta entonces. “Los sotos siempre fueron vitales para nuestra aldea, pues aprovechábamos todo, las castañas y la madera, que se vendía o se usaba en las casas. Era una gran riqueza para nuestra aldea. Hay bastantes variedades de castaña y se trabajaban todas las que había porque eran todas buenas, aquí no quedaba una castaña abandonada. Los sotos siempre estaban limpios. Parte de las castañas se vendían y las otras las consumíamos en verde y en seco, había castañas todo el año. Ahora los sequeiros también ardieron todos, no quedó ninguno. Dicen que los quieren recuperar, a ver si es cierto”, cuenta Emilio.

Los problemas del minifundio

La falta de marcos en el soto es uno de los problemas que se están encontrando a la hora de poner en marcha la agrupación forestal de gestión conjunta. “El soto nunca estuvo en el catastro ni limitado por marcos, los vecinos sabían cuáles eran los de cada uno, pero muchos de esos vecinos están fuera o murieron, entonces ahora es muy difícil el proceso de identificación de los propietarios. Había familias que tenían un castaño o varios, y sabían identificarlos, pero no había marcos. Ahora mismo aún queda alguno por identificar o hablar con el propietario”, señala el vecino. El proceso de puesta en marcha de la agrupación, así como trabajos asociados, como la apertura de una pista y la retirada de madera quemada, cuentan con el apoyo de la Xunta. Folgoso do Courel está enmarcado en el ámbito de actuación de un fondo público-personal impulsado por la Administración autonómica para anticiparse a los incendios forestales. Este fondo opera en 26 ayuntamientos -con una población total de 118.000 personas- de las comarcas del Courel, Valdeorras, Monterrei, O Barbanza y el Macizo Central de Ourense, afectados habitualmente por los incendios forestales.

Venta de carbono

Los vecinos de Vilar mantuvieron también una reunión reciente con la Asociación Forestal de Galicia para valorar la posiblidad de financiar parte de la restauración de su monte a través de la venta con el carbono que vayan a capturar las masas forestales. El Registro estatal de proyectos de Absorción de CO2 le da entrada a los montes restaurados tras un incendio forestal, a fin de que puedan captar fondos en el mercado voluntario de carbono, por medio de la venta del CO2 de las masas regeneradas.

Quico Ónega presentando o proxecto Terractiva El verano del 2022 Galicia sufrió en O Courel su mayor incendio forestal de la última década, con más de 11.700 hectáreas afectadas y una aldea arrasada por el fuego. El avance de las llamas sólo se detuvo por completo en los pastos y prados, como constataron las ganaderías y vecinos de la comarca. Para divulgar esa potencialidad de la ganadería extensiva, la Sociedad Gallega de Pastos y Forrajes organizaó este sábado una jornada en Pobra de Brollón en la que se presentaron las experiencias de distintos productores e investigadores. Fue el caso de Quico Ónega, ingeniero agrónomo del Laboratorio de Territorio de la USC centrado en la creación de herramientas y materiales para “nuevos entrantes” en el medio Rural a través de su proyecto “Terra Activa”, con el que pretende dar apoyo y soporte a la gente del rural, pero especialmente a los que se incorporan al sector agroganadero. Los directivos de la Comunidad de Montes de Pinzás (Tomiño) Natividad González y Francisco J. López continuaron la jornada con su experiencia de recuperación de pastos a través de vacas cachenas, con las que consiguieron generar un nuevo puesto de trabajo y los primeros beneficios por la venta de la carne.

 “Aumentar los pastos es mucho más viable que desbrozar cada año” (Marcos Ferreira, Parada dos Montes)

Después de la pausa para el café, Marcos Ferreira, ingeniero de montes expuso su modelo de recuperación de zonas de pastoreo en montes del Courel y Pobra del Brollón cómo “herramienta viable y sostenible, frente a los cortafuegos tradicionales que, en este nuevo tipo de incendios, no funcionan e implican una gran inversión en mantenimiento. "Aumentar los pastos es mucho más viable que desbrozar cada año”, valora. Continuó la jornada María Virginia Rodríguez y su explotación familiar de cabras en Sobredo (Courel), enfatizando en la dificultad y soledad de comenzar en la ganadería, y en la importancia de que este tipo de proyectos puedan tener apoyos, como el del programa “O que non arde” del Área de Medio Rural de la Diputación de Lugo. A xornada celebrada na Pobra do Brollón congregou a numeroso público Siguió “Fernandín”, una granja de vacas de carne en Seceda (Courel) que consiguió recuperar pastos y casas, fijando población a través de Javier Carballo, quien recuperó la tradición familiar tras años de inactividad ganadera. Roi Estévez, ingeniero de montes, habló de su experiencia como “nuevo entrante” en el mundo de las ovejas en Vieiros (Quiroga, Courel), resaltando las dificultades de ser novato y sufrir un mal asesoramiento en un inicio. Después de la comida Xosé Manuel Iglesias habló de la gestión multifuncional y diversificada de la comunidad de montes vecinales de Carballo-Friol, donde trabaja como asesor y técnico forestal. En la comunidad, cuentan actualmente cuentan con caballos, porco celta, cabras y colmenas. La última experiencia fue la de Alex Villa, técnico de incendios y vecino de Marcón (A Pobra do Brollón), donde está recuperando tierras abandonadas con vacas cachenas, de las que ya están comercializando la carne bajo encargo de forma directa. “ Queríamos recuperar tierras abandonadas y pensamos que podría ser un negocio rentable. Decidimos apostar por la cachena porque es una carne que gusta mucho y para los partos es una maravilla”, destacó Alex.

“Queríamos recuperar tierras abandonadas y pensamos que podría ser un negocio rentable. Decidimos apostar por la cachena porque es una carne que gusta mucho y para los partos es una maravilla” (Alex Villa, Marcón)

Por último hubo un breve debate en el que se enfatizó en la importancia del apoyo de las instituciones públicas y privadas a las explotaciones agroganaderas, especialmente a las de nueva creación y, concretamente, en la creación de infraestructuras. También se habló sobre la importancia del valor añadido que generan las ganaderías, capaces de fijar población generando nuevos puestos de trabajo, al tiempo que sirven para conservar el paisaje y aumentar la biodiversidad, mitigar los efectos del cambio climático y son una gran prevención contra incendios, quizás una de las más eficientes y viables que tenemos a día de hoy. En próximas entregas ofreceremos información más en profundidad de las distintas iniciativas de aprovechamiento agroganadero que se presentaron en esta jornada

La Sociedade Galega de Pastos e Forraxes (SGPF) organiza para el próximo 2 de diciembre la segunda edición de la jornada sobre "Las actividades agroganaderas frente a los incendios en la montaña. Experiencias". La jornada se celebrará en la Casa da Cultura de A Pobra do Brollón (Lugo) y en ella se expondrán distintos estudios y experiencias sobre actividades agrícolas y ganaderas en zonas de montaña de los Ancares y del Courel que actúan como freno a los fuegos forestales al tiempo que mantienen el paisaje e incrementan la biodiversidad. La participación en la reunión es gratuíta pero es preciso inscribirse antes del 28 de noviembre, por correo electrónico sgpf.galicia@gmail.com o mediante llamada o WhatsApp a los teléfonos 686620154 (Eloi) o 628713263 (Victor), indicando si va a participar o no en la comida. El coste de la misma será de 20 euros. En esta formación colaboran el Ayuntamiento de A Pobra do Brollón, Vicepresidencia de la Diputación de Lugo, Consellería de Medio Rural y USC -Campus Terra. He aquí el programa completo:

Parroquia de Barreiros, en Trabada, una de las primeras zonas del incendio, en una foto tomada el jueves 12 a las 19:00h Una semana después de que el fuego arrasase los montes de Trabada, los afectados tratan de asimilar lo sucedido, valorar los daños y planificar los trabajos de repoblación y recuperación de la superficie quemada. Nadie duda de la intencionalidad en el origen del fuego y todos aseguran que las condiciones climatológicas que se daban el pasado jueves día 12, con viento fuerte de sur y altas temperaturas, fueron determinantes para el fatal desenlace. El eucalipto es la especie predominante (prácticamente la única) en los montes de A Mariña. Desde hace más de 50 años los propietarios han apostado por su potencial de crecimiento. Las cortas de eucalipto, que alcanzan en la comunidad 5,6 millones de metros cúbicos anuales, suman 1 millón de toneladas solo en A Marina lucense.

Alrededor de un 20% de las cortas de eucalipto gallegas se producen en A Mariña

La zona de Trabada cuenta, a diferencia de lo que sucede en el resto de la comarca, con concentración parcelaria en los montes, buenas pistas de acceso, balsas de agua, cortafuegos y otras medidas antiincendios, pero que se mostraron totalmente inservibles para frenar el avance de las lapas. El fuego cruzó al vecino ayuntamiento de Ribadeo y obligó a cortar la autovía A-8, que incluso llegó a atravesar debido a su virulencia. De nada sirvieron los medios aéreos desplegados ni las cisternas de los ganaderos. Porque al contrario de lo que sucede en otros lugares de Galicia donde arde el monte, en esta zona no hay abandono: sigue habiendo explotaciones lácteas y al monte se le saca rentabilidad económica. Todo lo contrario a Ourense, el tradicional agujero negro en incendios forestales en la comunidad. El mayor fuego del año en Galicia Las más de 2.300 ha ardidas, según el recuento provisional de la Xunta, equivalen a más de una cuarta parte de la superficie total del ayuntamiento de Trabada (82,71 km cuadrados). Solo la quemada en este fuego es casi la misma superficie que había ardido hasta el momento en toda Galicia este año: 2.600 ha. No es el primero fuego importante que se produce en el municipio de Trabada, pero sí el más devastador de su historia. A comienzos de la década de los 80 otro incendio había arrasado 400 hectáreas en tres horas en Fórnea y Vilar. El del pasado fin de semana se inició en la zona de O Bizarro y avanzó hacia el lugar de Barreiros y desde ahí el viento de sur lo llevó hacia Penacova (donde se desalojaron las viviendas a causa del humo y la cercanía del incendio) y Trabadela, en la parroquia de Sante; hacia O Castro en la de Vidal; y San Fernando, en Valboa; para luego irse extendiendo hacia las parroquias de Cedofeita y Arante, ya en Ribadeo, con conatos y focos secundarios también en Alto de Fórnea y Noceda.

Trabada es un ayuntamiento eminentemente forestal y ganadero y también ardieron pastos

Por parte de la Xunta fueron desplegadas 114 brigadas, 78 motobombas, 6 aviones y 3 helicópteros pero las fuertes rachas de viento obligaron a los medios aéreos a dejar de volar y los tractores con las cisternas del purín de los ganaderos de la zona tomaron el protagonismo para luchar por tierra contra las llamas, que avanzaban sin control. Ardieron también numerosos pastos y la discontinuidad que estos provocan en la masa forestal no fue suficiente en esta ocasión para detener el avance del fuego. El cambio climático cambia el perfil de los incendios La riqueza generada por el monte y la humedad habitual de A Mariña habían alejado hasta ahora el peligro del fuego de los montes de la comarca. Pero las circunstancias han cambiado. “Estamos ante un cambio climático que afecta también aquí”, reconoce la alcaldesa de Trabada, Mayra García. “Evidentemente, nada tiene que ver como era antes el clima, cuando la especie llegó a esta zona, con como es ahora”, afirma en relación a las plantaciones de eucalipto que hay en el municipio. Por eso la regidora espera que la Xunta de Galicia, junto con los propios ayuntamientos afectados, que han solicitado una reunión con Medio Rural, hagan “un trabajo conjunto de planificación y de ordenación de las plantaciones en el territorio”.

En la mayor parte de las zonas había concentración parcelaria, por lo que han ardido grandes piezas de monte

La inmensa mayoría del monte quemado eran plantaciones de eucalipto, excepto en Valboa, donde también ardió pino, perteneciente a la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de la parroquia. El monte en la mayor parte del territorio está concentrado. De hecho, excepto en Vidal, el resto de zonas ardidas eran zonas de concentración parcelaria, por lo que han ardido grandes piezas de monte, como una de 400 ha entre O Castro y Vidal y otra de 200 ha en Mondigo.

Trabada es un ayuntamiento eminentemente forestal, pero también ganadero, con un buen número de ganaderías lácteas, concentradas sobre todo en la parroquia de Sante

La alcaldesa no tiene dudas de la intencionalidad del fuego y confía en que “la investigación dé sus frutos y pueda caer el peso de la ley sobre quien originó este daño tan grande”. El fuego también afectó a infraestructuras como traídas de agua y desde el Ayuntamiento temen ahora que los trabajos de saca de la madera quemada de los montes puedan provocar daños en las pistas y carreteras municipales.  La saca no va a ser inmediata Javier Barcia, de Maderas Barcia, de Lourenzá, tenía madera comprada en varios de los montes que ardieron, tanto en la zona de Trabadela, O Bizarro y Vidal, en Trabada, como en Vilaframil, en Ribadeo. El monte afectado, en su caso, eran superficies grandes todas, compradas a particulares. “Menos en Vidal las otras zonas de Trabada eran zonas de concentración de monte. En Ribadeo, sin embargo, eran fincas más pequeñas; tenía varias compradas en la zona de Vilaframil, donde el fuego llegó a cruzar la autovía. Estuve casi toda la noche e impresionaba ver el fuego. Entre la fuerza del viento y la temperatura, de 25 grados de madrugada, eso era una bomba”, relata. Es muy temprano aún para decidir el uso final de la madera quemada. “Algún monte que igual estaba más limpio y en el que pasó rápido el fuego quizás puedan salvarse los eucaliptos”, confía. En los casos en los que hay que cortar la plantación, dice, la saca no va a ser inmediata.

La normativa exige una espera de dos meses para poder cortar madera en un monte quemado

“Hay que tramitar los permisos y la normativa exige un mínimo de dos meses desde que pasó el fuego para entrar en el monte a cortar”, explica. Además, “la madera quemada tiene que ir pelada y para pelarla hay que esperar a que retoñen los eucaliptos para que pelen mejor, sino pelan mal”, dice. La saca se convierte también en mucho más “engorrosa” en un monte ardido. “No da gusto trabajar con las máquinas en lo quemado, porque hay que andar limpiando filtros todos los días”, asegura Javier. Destino de la madera quemada “Esa madera tiene que ir muy limpia para que te la quieran para celulosa”, dice. “La que es maderable hay que pelarla pero la pérdida de valor en esos casos no es muy grande si se da aprovechado toda. El problema es que si está muy quemada, la primera troza se pierde en algún árbol”, explica.

Para que la quieran para celulosa la madera quemada tiene que ir pelada y muy limpia

En caso de que el eucalipto no sirva todo para celulosa y tenga que ir para tablero ya supone un 30% menos de valor. “Es distinto que tenga que ir para astillar o para biomasa, que vale tres veces menos”, admite. El problema de la salida para biomasa es también de capacidad. “Esas fábricas recogen mucho menos y ese mercado ahora se va a saturar, porque asume menos cantidad de madera que el de la celulosa”, cuenta.

Si el destino es hacer tablero el precio cae un 30% y si va para biomasa vale tres veces menos

“Esto es malo para todos, es malo para el propietario y es malo para las empresas forestales. Asta cuadró todo fatal, porque coincide con la bajada de precio que ha tenido el eucalipto en los últimos meses”, concluye. Pero los propietarios más afectados son aquellos con plantaciones más jóvenes. “Si tiene menos de 5 o 7 años pierdes todo, el coste de la plantación más el valor del tiempo, porque son años de crecimiento que pierdes”, enfatiza Javier. Fincas no maderables que hay que reponer Sara Montero es gerente de Edelmiro López SL, una de las empresas forestales asentadas en el ayuntamiento de Trabada y a la que le han ardido más de 50 ha, entre ellas una finca grande en O Castro. “Nosotros en particular tenemos un recuento de entre 54 y 57 hectáreas afectadas, 37 de ellas en una sola pieza hacia Valboa que ya nos ha ardido tres veces, una de ellas, cuando aún vivía mi abuelo, por un chispazo en la línea eléctrica”, cuenta.

La madera de menos de 10 años no es por lo general maderable en esta zona y su extracción supone unos costes importantes

“En esa finca la plantación podía tener unos 6 años, por lo que no es maderable, pero para volver a plantar hay que cortar primero. Vamos a esperar a ver si hay rebrote, porque los trabajos forestales de tala y saca de esos árboles suponen un coste importante”, dice. Sara calcula un mínimo de 20€ por tonelada extraída el coste de sacar esa madera delgada a un parque, por lo que el importe total de sacar y reponer la plantación ascendería a unos 3.000 €/ha. “Sería el coste de volver a poner a producir ese monte”, indica.

Los turnos de tala en esta zona son más largos que en A Terra Chá y se logran buenas producciones, de 400 o 450 toneladas por hectárea

“Estamos esperando a ver si la Xunta saca algún fondo de compensación, o si se tramita por parte de los ayuntamientos afectados una solicitud de zona catastrófica para poder acceder a dinero de la Unión Europea para que todo el monte que se quemó se pueda volver a poner en producción”, propone. “En Vidal no hay concentración como en otras parroquias, tenemos minifundio y el fuego nos ha afectado a todos los vecinos en mayor o menor medida. Las plantaciones de eucalipto aquí son muy importantes para la economía de las familias”, destaca. “El monte estaba limpio” Sara insiste en que el monte que ardió estaba cuidado. “Los vecinos en Trabada estamos concienciados de que hay que tener el monte limpio. Estaba desbrozado y había cortafuegos pero era un incendio de copa que se propagaba saltando por arriba, eso es muy difícil de parar”, dice.

Fue un incendio de copa que se propagaba saltando por arriba; eso es muy difícil de parar

No tiene tampoco dudas en la intencionalidad del origen del fuego porque “hubo ya un conato de incendio en agosto en Barreiros que lograron apagar”, recuerda. Pero esta vez, dice, “se dio la tormenta perfecta por las condiciones climatológicas que había”. Con afán constructivo, para evitar nuevos fuegos en el futuro, Sara propone mejorar el mantenimiento de las infraestructuras de agua y la creación de nuevos depósitos. También que por parte del Ayuntamiento se compren mangueras y conectores para poder engancharlas a las cisternas agrícolas “porque se demostró que fue el recurso más válido para apagar el fuego”, dice.

Las cisternas de los ganaderos demostraron ser el recurso más válido para apagar el fuego

“La ayuda de los vecinos fue la más importante, incluso más que los medios públicos profesionales desplegados. Fue increíble la unión y la movilización de la gente. El fuego empezó a las 3 de la tarde y los hidroaviones volaron hasta las 7 pero después pararon por el viento y ya no volvieron”, recuerda. Entre 12 y 15 millones de euros en pérdidas directas El ayuntamiento de Trabada llevaba 40 años sin un incendio forestal importante. El último gran fuego se produjo en el año 1982, recuerda Daniel Villapol, de Maderas Villapol SA, y fue el detonante de las concentraciones de monte llevadas a cabo en el municipio. “Aquel incendio tuvo lugar en la zona de Vilar y saltó a Arante. Eran fincas muy largas pero muy estrechas. A raíz de aquel fuego decidimos ordenar el monte y hacer las cosas de otra manera. Fue indirectamente lo que nos llevó a hacer la primera concentración privada, donde se creó la SAT Costa e Granda, con 250 ha. Fue el primer ejemplo de concentración privada y se hizo en 14 meses”, destaca.

El 67% del término municipal de Trabada es monte y el fuego ha calcinado el 15% de la superficie forestal del ayuntamiento

Hoy, la mayor parte del monte del municipio está ordenado. “Esta zona de A Mariña es la número uno a la hora de trabajar el monte en Galicia. Lo que ardió estaba ordenado a todos los efectos, con pistas, cortafuegos, balsas de agua y todas las medidas que hay que tener”, asegura. Como mínimo, calcula Daniel, las pérdidas directas por parte de los propietarios forestales afectados por el fuego, unos 1.000, estarían entre los 12 y los 15 millones de euros. “La desgracia es muy grande, una verdadera pena”, lamenta. Afectada un 10% de la SAT Monte de Trabada En la parroquia de Trabada el fuego afectó a unas 130 ha, de las 1.250 totales de la SAT Monte de Trabada, constituida en su día por 302 propietarios. De ellos medio centenar se habrían visto afectados por el fuego del pasado fin de semana, ya que dentro de la superficie de la SAT hay parcelación individual y cada uno conserva la propiedad sobre las sus fincas, aunque el plan de cultivos y toda la plantación tras la concentración se hizo en conjunto. La mayor parte de la superficie quemada de la SAT estaba plantada del año 2007 y 2008, unas 100 ha con clon de eucalipto glóbulus y 30 con pino pinaster. “El pino no queda otra que cortarlo, ya que al pasar el fuego se muere, porque aunque no se queme, el calor colapsa la sabia y el árbol se acaba muriendo", explica Daniel. Con los años que tenía, unos 15 de un turno de tala total de 24-25 años, el aprovechamiento que se va a poder hacer de él va a ser limitado. “Se había hecho una poda baja y una limpieza hace 2 o 3 años y estaba prevista hacer una clara ahora. En el momento del torno en el que está casi todo va a tener que ir destinado a trituración, porque no da aún madera de calidad para aserrado, por lo que pierde mucho valor, aproximadamente entre 7.000 y 8.000€ por hectárea”, calcula.

Las pérdidas en el valor de la madera en plantaciones de 15 años son de unos 7.000 euros por hectárea, tanto en el caso del pino como del eucalipto

En el caso del eucalipto, “puede vivir tras el incendio, pero si se ha visto muy afectado por el calor vuelve a brotar por él arriba y no se desarrolla bien, por lo que hay que cortarlo también", dice. “Le faltaban como mínimo 4 o 5 años para la corta, porque el clon de glóbulos en la costa necesita entre 18 y 22 años para llegar al punto adecuado de rendimiento y en estos últimos años es cuando realmente acumula más toneladas, por lo que las pérdidas son también importantes, de entre 6.000 y 7.000€ por hectárea”, indica. A mayores, dice, cortar este eucalipto “tiene mayor coste de aprovechamiento”. “No va a descortezar hasta la primavera que viene y va a perder peso. Y parte de él no valdrá para celulosa, que es muy exigente con que no vaya nada manchado. Si tiene que ir para tablero el valor es entre un 20 y un 30% menor”, aclara. Deterioro en el suelo para la próxima plantación Daniel teme también que el fuego producido y el miedo a que se repita un incendio de estas características en los próximos años puedan llevar al “abandono” del monte. “La gente joven está menos vinculada al monte y la gente mayor no sé si se va a animar a plantar. El temor a que se repita el fuego va a estar ahí y al ser intencionado más aún, porque el riesgo es mayor, por lo que mucha gente es posible que deje de plantar al verlo como una inversión insegura”, dice. Plantar una hectárea de monte con eucalipto cuesta en este momento entre 1.600 y 2.000 euros, dependiendo de la dificultad, una cantidad importante a la que hacer frente por parte de los propietarios. “Va a ser difícil acceder a ayudas de la Administración para volver a plantar eucalipto por lo que va a haber abandono del monte, porque va a haber gente que va a desistir de hacer una inversión importante ante el riesgo. El fuego va a desanimar a la gente y el monte va a perder valor”, considera.

El monte va a tener una productividad menor cuando se vuelva a plantar en ese suelo quemado

Al hecho de tener que esperar al menos 20 años para recuperar la inversión realizada, se suma la menor productividad del monte tras el incendio. “El suelo en esta zona no es muy rico y hay un deterioro importante en el suelo por el fuego, por lo que la plantación posterior va a tener menor crecimiento. Algunas zonas pendientes van a tener pérdida de suelo, eso va a conllevar que la siguiente producción sea menor”, advierte Daniel. El valor de la madera puede multiplicar por 10 el coste de la plantación, en función de la especie plantada, su crecimiento, la ubicación de la parcela y el precio que tenga la madera en ese momento de venta, pero habrá que alargar más años el turno de corta para compensar el déficit de crecimiento de la nueva planta en un suelo desnudo y sin materia orgánica.  

 “El eucalipto non tiene la culpa; no arde por sí solo”

Vacas en un pasto de la zona de Barreiros (Trabada) con el incendio al fondo el pasado viernes día 13 Desde la otra punta de la comarca de A Mariña, Manuel Galdo, presidente de la Asociación de Productores de Madera de Viveiro (PROMAVI) pone el foco en no culpabilizar al eucalipto de lo sucecido. “El eucalipto no es el culpable, no arde por sí solo, pero si se prende fuego cuando está todo seco, el monte de eucalipto también arde. Ese sambenito de que el eucalipto arde más siempre lo tenemos los productores, aunque el eucalipto no es la razón de que arda el monte, más bien es la razón de que no arda”, argumenta. “Afortunadamente en esta zona llevábamos mucho tiempo sin lo que se considera un gran incendio, que es aquel que supera el límite de las 500 ha; llevábamos en A Mariña más de 20 años, cerca de 30, sin un fuego de esta consideración”, explica. Crear discontinuidad en el monte Según la información aportada por el Pladiga 2023, el año pasado ardieron en Galicia un total de 51.642 hectáreas, de las que 34.876 eran superficie de monte raso y las restantes 16.766 se trataban de zonas arboladas, una parte mínima de ellas con eucalipto. En este sentido, el informe forestal sobre el eucalipto en la cornisa cantábrica, editado por la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (Cose), desmonta el mito sobre los supuestos riesgos asociados a la especie y centra la cuestión: el riesgo no es la especie, sino la falta de gestión del monte o un mal manejo técnico. Por eso, desde las asociaciones de propietarios forestales se aboga por optimizar su cultivo, integrándolo en paisajes rurales más resilientes ante los incendios y los riesgos asociados al cambio climático.

Las masas continuas de eucaliptales deberían tener otras franjas intermedias de caducifolias que amortigüen el avance del fuego. Pero, ¿es eso factible con el actual modelo de propiedad del monte?

El manejo de las plantaciones de eucalipto, considera Manuel, es compatible con el mantenimiento de franjas de frondosas caducifolias allí donde técnicamente sea aconsejable (vertientes hacia cauces de agua, entorno de viviendas y núcleos de población, cercanías de vías de comunicación, etc.), que ejercerían una función de atenuación del fuego. Pero advierte, “en una zona de concentración parcelaria se puede pedir que haya eso, pero donde no hay concentración no. La parcela media en Galicia es de 2.000 metros cuadrados; no se puede pedir habiendo ese parcelario que haya franjas de protección de frondosas”, argumenta. Cumplir la normativa en cuanto a distancias de plantación Manuel destaca la ordenación forestal de Trabada. “Las plantaciones que hay allí son el ejemplo para toda Galicia. Hubo concentración parcelaria y las fincas son todas de 1 hectárea para arriba, cuando el resto de propietarios de monte estamos contando aún por ferrados”, compara. Otro de los aspectos en los que hace hincapié es en el respeto a las necesarias distancias de plantación que marque la normativa en cada momento. “La legislación que hay en vigor por parte de la Xunta de Galicia estamos de acuerdo en que se aplique. Las administraciones, en plural, tienen que velar porque se cumpla”, insiste.

El Ayuntamiento de Ribadeo llevó a cabo en los últimos años campañas de limpieza de las franjas de protección alrededor de las casas

El Ayuntamiento de Ribadeo llevó a cabo en los últimos años importantes campañas de cumplimiento de la normativa de distancias de plantación y limpieza de las franjas secundarias en el entorno de los núcleos de población, viviendas aisladas, vías de comunicación y demás infraestructuras, mientras en el caso de Trabada “había franjas de separación creadas por los pastizales, porque es una zona de fuerte implantación ganadera”, destaca Manuel. “La distancia a las viviendas es lo que debe primar. En este caso hubo desalojos pero no ardió ninguna casa, como ardieron en otras zonas de Galicia en años pasados”, compara.

El monte en A Mariña arde sobre todo en octubre, que es cuando la maleza está seca

“El monte en esta zona de A Mariña no estaba descuidado o abandonado pero eso no evita que si el incendio fue provocado, con temperaturas de 30 grados, vendaval y todo seco después de un mes sin llover, el monte arda”, reconoce Manuel. “El otoño es en esta comarca la época más complicada”, asegura. Y considera que con las condiciones que se dieron el incendio era imposible de frenar. “Las pistas de acceso son fundamentales a la hora de hacer gestión forestal y también a la hora de apagar el fuego y aquí las había. También había cortafuegos, aunque no hay cortafuegos mejor que la autovía y la cruzó. Por eso lo que podemos decir es que afortunadamente llovió”, resume.  

Imágenes que deja el incendio

Terreno forestal varios días después del comienzo del incendio. Estas tomas reflejan una de las primeras zonas devastadas, comprendiendo principalmente Barreiros, parte del Bizarro y Trabadela. El vídeo finaliza en dirección al avance del incendio hacia zona de Penacova, la cual tuvo que se desalojada en su momento. Continuación del avance del fuego desde los puntos de partida del Bizarro y Barreiros. En esta ocasión se ven parcelas comprendidas entre Vidal y O Castro en paralelo a la carretera LU-132. Esta toma finaliza en una casa de Trabadela, una más de las afectadas por la cercanía al fuego. El incendio continuó hacia las zonas de Valboa, San Fernando, Cedofeita o Arante, por lo que en el vídeo tan sólo aparece una parte de su magnitud. Vista a pie de la LU-132, a laaltura de Chao do Sevil, sobre el avance por viento de sur-sureste en la primera hora del incendio.

Dos de cada tres hectáreas de Galicia son forestales. El resto del territorio se divide entre tierras agrarias y más de 30.000 núcleos de población. Durante décadas, las tierras agrarias constituían una frontera natural entre aldeas y monte, pero la progresiva pérdida de actividad agraria, unida a la pérdida de población en el interior gallego, difuminó la barrera de prados y tierras de cultivo. Otro fenómeno paralelo fue el acercamiento de urbanizaciones y viviendas al monte en áreas periurbanas, con el consentemento de las Administraciones. Ese escenario explica la situación actual, en la que la gestión de las alrededor de 85.000 hectáreas forestales que se ubican en franjas de seguridad de viviendas se ha convertido en una tarea titánica. ¿Cómo afrontan montes vecinales y propietarios particulares ese desafío?. Hablamos con técnicos del sector que trabajan con las comunidades de montes y propietarios particulares. Hay coincidencia en dos apreciaciones. Primera, las comunidades de montes están adaptándose de manera progresiva a las exigencias de prevención, básicamente con inversiones propias. Segundo, sería preciso un mayor apoyo público para la gestión de la red seguridad. Xosé Covelo. Director técnico de la Asociación Forestal de Galicia (AFG)

“Las comunidades de montes están invirtiendo en una labor de protección civil que no les corresponde”

La Asociación Forestal de Galicia destaca en primer lugar su trabajo de información y asesoramiento a los propietarios y montes vecinales, “que en general tienen poca información de la Administración, en muchos casos solo por vía de propuestas de sanción”, señala el director técnico de la AFG, Xosé Covelo. En cuanto a las comunidades de montes, Covelo apunta que la mayoría de las redes de prevención figuran en los instrumentos de ordenación de las comunidades. De acuerdo con esos instrumentos, los montes vecinales están procediendo a eliminar pinos y eucaliptos en las fajas de seguridad establecidas (50 metros alrededor del límite de suelo urbano o viviendas). Un segundo paso es la plantación en las franjas de corredores verdes de frondosas caducifolias, “principalmente abedules y robles”, señala Covelo. Tras la plantación, queda el deber de acometer periódicos desbroces del matorral, “que representan un gasto permanente”. “Es un trabajo que con frecuencia se hace en exclusiva con fondos propios, ya que las ayudas de la Xunta para forestación con frondosas obligan al propietario a elegir sólo una línea de forestación: o bien plantaciones en parcelas forestales no ubicadas en redes de seguridad o bien la plantación en fajas de seguridad” -cuestiona Covelo-. Así las cosas, “las comunidades de montes están asumiendo el peso del gasto de una labor de protección civil que no les corresponde”, valora. A pesar de las dificultades, la mayoría de montes vecinales está acometiendo la gestión de las franjas, a excepción, en algunos casos, de algunas zonas que, por su orografía, tienen complicada mecanización. Aumentar la biodiversidad “Para la gestión de las franjas de seguridad alrededor de viviendas, estamos recomendando en general la plantación de frondosas, salvo algunas zonas que no tienen suelo apto para estas especies”, apunta Covelo. “Son una vía para aumentar la diversidad del monte y en 15-20 años, cuando su copa impida el paso de la luz, se reducirá el coste del mantenimiento, pues no crecerá el matorral”, explica. La recomendación principal de especies pasa por el abedul, un árbol pionero que suele implantarse bien, con el complemento del roble autóctono. “En zonas con suelo profundo de orientación norte u oeste, también puede plantarse castaño, pero en orientación sur no tendría sentido”, señala el director técnico de la AFG. “Para zonas de exposición sur, en algunos casos se emplean alcornoques”. Franja plantada con frondosas en una zona de orografía difícil. / Imagen: AFG. Propiedades particulares Entre los propietarios particulares, en zonas marcadas por el minifundio, las actuaciones son más complicadas. Hay que tener en cuenta que una parte de las parcelas es de propietarios desconocidos o ausentes, en tanto en el resto del monte, los propietarios suelen actuar, en general, a requerimiento de la Administración. Alejandro Oliveros. Director de ordenación forestal de Ence.

“Estamos animando a los propietarios a respetar las franjas de seguridad, para las que les entregamos de manera gratuita planta de abedul”

Ence, la principal consumidora de eucalipto en la comunidad, inició este verano una campaña para incentivar la plantación de frondosas caducifolias en las franjas de protección de viviendas y núcleos de población. “Estamos regalándole planta de abedul a los propietarios forestales que nos venden madera de eucalipto y, en esta primera fase, estamos corriendo además con los costes de plantación”, explica Alejandro Oliveros, director de ordenación forestal de Ence. Plantación de abedules por Ence. Oliveros considera que el abedul es una especie que además puede proporcionarle a los propietarios una renta futura, si deciden cortarlo. En Galicia, en la actualidad el principal destino del abedul es para leñas y tableros, si bien se trata de una especie que en países del norte de Europa se emplea también para pasta de papel. Preguntado sobre esa posibilidad, Oliveros no la descarta, si bien precisa que Ence en la actualidad trabaja en exclusiva con eucalipto. La pastera valora también introducir otras frondosas caducifolias en la oferta de planta para las franjas de prevención de los propietarios que les vendan madera. Manuel Méijome. H20 Iniciativa en medio rural

“Los montes con proyectos de ordenación aprobados están dejando las distancias exigidas en todas las repoblaciones”

Manuel Méijome, de la consultora forestal H20 Iniciativa en medio rural, apunta a que la mayoría de comunidades de montes con proyectos de ordenación aprobados están cumpliendo los deberes derivados de las franjas, tanto en el caso de las secundarias, alrededor de núcleos de población, como de las primarias, alrededor de carreteras. “En las carreteras, la idea de la normativa es crear cortafuegos verdes con frondosas en las dos orillas de la carretera. En general, se están empleando para eso abedules y robles. Es un sistema que para tener eficacia, está condicionado a que las frondosas no mueran y a que esa superficie se mantenga desbrozada, lo que es complicado”, apunta. En los propietarios particulares, la gestión de las franjas difiere de unos ayuntamientos a otros, según la experiencia de Méijome. “En el interior de Lugo, tenemos casos como el de O Incio, que cumple al pie de la letra a normativa, con notificaciones a los propietarios en el caso de incumplimiento, en tanto otros Concellos tienen una actitud más flexible”, valora. En cuanto a las dificultades que se están encontrando comunidades de montes y propietarios para cumplir con la normativa, aparte de las económicas, Méijome apunta la carencia de plantas de frondosas de origen gallego. “La orden de ayudas obliga a emplear planta de origen gallega, pero nos encontramos con que no existe suficiente roble de origen gallego”, cuestiona. Ante esa situación, la alternativa que queda es el abedul y el castaño, este último en el caso de suelos profundos con humedad suficiente. “Si el castaño se planta en un sitio equivocado, en un verano seco puede morir la mitad de la planta”, advierte. José Manuel Iglesias. Xesforest Ingeniería

“Los corredores de frondosas alrededor de las carreteras tienen un coste laborioso”

Otro técnico que trabaja en el interior de Lugo es José Manuel Iglesias, de Xesforest Ingeniería, que analiza lo que sucede en el entorno de Friol. “Las comunidades de montes y propietarios están gestionando por sí mismas en gran medida las áreas lindantes con las casas, tanto por iniciativa propia como por requerimientos de los Concellos”, explica. En cuanto a las orillas de las carreteras, donde hay que cortar pinos y eucaliptos y se pueden implantar frondosas, “es un trabajo muy laborioso que exige una inversión anual de desbroces. Es más complicado, sobre todo cumplir en tiempo y forma con los desbroces del matorral cada año”, valora José Manuel. “Lo ideal sería hacer allí una selección de brotes de frondosas, para regenerarlas, pero es un trabajo que tiene un coste laborioso y que no ofrece rendimiento económico”, explica. En cuanto a las especies con las que más se trabaja, José Manuel coincide en señalar el abedul, “que tiene fácil implantación, incluso en terrenos malos” y el castaño para fruto en zonas que fueron tierras de cultivo en su día.

La Xunta de Galicia tiene en marcha el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) 2023 que tiene como objetivo evitar que se produzcan incendios forestales o, en caso de que se registre alguno, que su propagación sea la menor posible. Como principales novedades, en el marco del Pladiga 2023, se crea una unidad de directores de extinción que, en fuegos con elevado potencial de convertirse en gran incendio forestal, podrán ser movilizados por el Centro de Coordinación Central de Incendios, con la intención de facilitar y favorecer el correcto desarrollo del dispositivo. Estará formada por personal de diferentes categorías (técnicos, agentes, bomberos forestales, emisoristas...), que tendrán dependencia funcional directa de la Dirección General de Defensa del Monte. De este modo, se partirá de un equipo mínimo de dos integrantes en el que cuando menos uno de ellos tenga facultades para erigirse en director de extinción a su llegada al incendio. Las características del fuego y su potencialidad serán las que determinen la composición de la unidad, no habiendo límite de personal y categoría a incorporar en función de las necesidades y disponibilidad. Para el correcto desarrollo del equipo, se dispondrá además de los medios materiales necesarios. En ese sentido, este año se crean tres nuevas brigadas públicas helitransportadas en las bases de O Barco de Valdeorras, en el Xurés (Muiños) y en Queimadelos (Mondariz) -con medio centenar de efectivos para cubrir los diferentes turnos- y que se sumarán a las ya existentes en las bases de Marroxo (Monforte), Campiño (Pontevedra) y Vilamaior (Verín). Dichas brigadas helitransportadas serán un apoyo fundamental para el desarrollo de la unidad, con la garantía de disponer de medios durante todo el año y con personal que integrará parte del equipo, a mayores de la versatilidad que ofrece disponer de un medio aéreo como herramienta para determinadas acciones. Por otro lado, como mayor refuerzo de los medios materiales que también servirán de apoyo a esta unidad para facilitar el correcto desarrollo de su trabajo, se prevé este ejercicio la compra de 15 motobombas y de otros 12 batracios, que consisten en un tractor con cisterna, trituradora multifunción y polidozer. Además, a lo largo de este año se podrán adquirir otros tres vehículos motobombas y otros dos batracios, que -en este último caso- pueden ser claves también en la extinción, más allá de los trabajos preventivos que están capacitados para desarrollar.

Vigilancia y mejoras tecnológicas

Otra novedad del Pladiga 2023 tiene que ver con la vigilancia fija. Así, dentro de esta red se incrementan en cinco las cámaras disponibles, en dos nuevas localizaciones, con lo que se consigue la cifra de 153 unidades en 76 localizaciones. Estas cámaras cuentan con una tecnología de última generación, especialmente diseñada para exteriores y vigilancia forestal, con zoom remoto, movimiento horizontal y vertical, rotación en los 360º automática y bajo demanda, visión panorámica y altas capacidades de grabación. En el campo tecnológico, se introducen mejoras y nuevas aplicaciones para facilitarle el trabajo al dispositivo de lucha contra incendios. Así, se adquirirán nuevos terminales de altas prestaciones y amplias capacidades de procesamiento, con el fin de distribuir la última versión de XeoCode Lite entre todos los técnicos forestales, agentes ambientales y personal del Servicio de prevención y extinción de incendios. Hace falta señalar que el XeoCode Lite es una herramienta de información e incorporación de los datos relativos al punto de inicio y avance del fuego, fotografías georreferenciadas, perímetro y aquellos otros datos que puedan ser de interés. También se desplegará una nueva aplicación web que facilitará la gestión, supervisión y control de los lotes de maquinaria pesada y de otra maquinaria pesada contratada. También se actualizan las plantillas de los portófonos y mobilófonos Tetra, incorporando canales de intercomunicación con otros dispositivos que usan este sistema -061, policía, 112, bomberos urbanos- en las emisoras de técnicos forestales y agentes ambientales, de cara a una mejor coordinación durante los incendios.

Parroquias de alta actividad incendiaria y medios

En relación con las parroquias de alta actividad incendiaria, el Pladiga 2023 eleva el número de parroquias a 40, frente a las 35 del año pasado. Así, del total de parroquias, 26 repiten respecto a la anterior campaña, 14 entran en el listado y 10 salen de él. Concretamente, las nuevas parroquias que entran son las de Ribasieira (Porto do Son), Quins (Melón), Padrenda (Padrenda), Casaio (Carballeda de Valdeorras), A Xironda (Cualedro), Chaguazoso (A Mezquita), Oímbra y A Granxa (Oímbra), Grixoa (Viana do Bolo), Vilamaior da Boullosa (Baltar), Prado de Limia (Muiños), Mourentán (Arbo), San Salvador de Budiño (O Porriño) y Saiar (Caldas de Reis). Mientras, salen del listado la del Pindo (Carnota), Ourense (Ourense), Paradela (Manzaneda), San Millao (Cualedro), A Esculqueira (A Mezquita), A Fraga (Lobeira), San Paio de Araúxo y Río Caldo (Lobios), Guillamil (Rairiz de Veiga) y Rebordechau (Vilar de Barrio). En cuanto a los medios humanos y materiales movilizados, estos se mantienen, en líneas generales, en valores semejantes a los de las últimas campañas. Así, el operativo estará integrado en total por más de 7.000 personas, contabilizando tanto los profesionales propios de la Xunta como los adscritos a otras administraciones. En este apartado, cabe recordar que los trabajadores de nueve meses pasan a ser de 12 meses desde este mismo año. En relación con el parque de maquinaria, se mantiene el despliegue de cerca de 380 vehículos motobomba y se movilizarán una treintena de 30 medios aéreos, aportados tanto por la Xunta cómo por el Estado, una cantidad semejante a la de las últimas temporadas de alto riesgo.

Planes de formación y de prevención

Sigue vigente el Plan de formación aprobado en el 2021 para el período 2021-2024 y cuyo objetivo principal es planificar la formación que se imparte al personal que forma el dispositivo de prevención y defensa contra los incendios forestales de la Xunta, de forma que se adapte a las necesidades operativas del Servicio y vinculado a las diferentes categorías profesionales que lo conforman. El presupuesto previsto para financiar el Plan de formación dirigido al Servicio en este año 2023 es de 700.000 euros, frente a los 400.000 euros del año 2022. Dicho Plan consta de cuatro programas, dos de ellos dirigidos al Servicio, el tercero diseñado para el personal de los ayuntamientos que participa en la extinción y el cuarto para la sociedad del rural. Así, en el apartado de la formación para el Servicio, se prevé para el año 2023 impartir 33 cursos en 602 ediciones, con aproximadamente 13.444 plazas, que suponen un total de 443.373 horas de formación en las modalidades presencial, telemática o mixta (casi el cuádruplo de las 115.000 horas del anterior Pladiga). El objetivo es, por una parte, reforzar la profesionalización de los efectivos contraincendios de todas las categorías existentes y, por otra, prepararlos de cara a la eventual acreditación de sus capacidades mediante los certificados de profesionalidad relacionados con los incendios forestales. Además, sobre la actualización de conocimientos y entrenamiento del servicio para perfeccionar la organización y la eficiencia en el trabajo, se van a desarrollar diversas iniciativas relacionadas con la seguridad laboral, con los cada vez más habituales grandes incendios y fuegos de interface o con el manejo de equipaciones de trabajo como los equipos de comunicación Tetra o los nuevos vehículos de extinción. Este programa eminentemente práctico será de obligado cumplimiento para los efectivos y contará con una estructura a tres niveles: autonómico, provincial y de distrito. En el apartado para los trabajadores adscritos a la Administración local que participan en el operativo de extinción, para que puedan desarrollar sus funciones contando con la adecuada calificación profesional y coordinados con los medios disponibles a nivel autonómico. La intención es continuar con las formaciones eminentemente prácticas ya impartidas en los años 2021 y 2022, donde se impartieron 75 jornadas de siete horas de formación cada año, centrada sobre todo en temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, así como con la prevención de riesgos.

Mayor implicación de las brigadas forestales para revisar las franjas cerca de las casas

Por otra parte, en esta campaña destaca el refuerzo de la vigilancia para garantizar que las parcelas más próximas a la vivienda estén limpias y desbrozadas. En este sentido, es de destacar que 89 % de los ayuntamientos gallegos están integrados en el sistema de gestión de la biomasa impulsado por la Xunta de Galicia. Ademáis, al amparo del convenio de protección de las aldeas, este año se pone en marcha un visor público on line para que cualquier ciudadano sepa que parcelas deben estar acondicionadas; así como la mayor implicación de las brigadas forestales en la revisión de las franjas cerca de las casas para que la gestión de la biomasa sea la correcta, ya que hasta ahora sólo se encargaban de las labores de desbroce y extinción. Por otra parte, dentro de las actuaciones dirigidas a concienciar a la población que se recogen en el Plan de prevención de incendios forestales, hace falta subrayar las más de 300 charlas en centro educativos de Galicia o acciones de formación en 40 parroquias de alta actividad incendiaria del rural.

Con una aportación de 9 millones de euros, Inditex es la primera empresa en sumarse al nuevo fondo público-privado puesto en marcha por la Xunta para anticiparse a los incendios forestales de la comunidad. Este proyecto tendrá una duración de tres años y beneficiará 118.000 personas de 26 ayuntamientos de las comarcas de Courel, Valdeorras, Monterrei, O Barbanza y el Macizo Central Ourensano, donde las estadísticas muestran una concentración recurrente de incendios forestales. Los impactos sociales, económicos y medioambientales de los incendios forestales se incrementaron en las últimas décadas a nivel mundial. Cada vez existe un mayor consenso técnico y científico sobre la necesidad de actuar para estar preparados ante uno nuevo escenario de incendios extremos. El nuevo acuerdo alcanzado hoy busca promover paisajes resilientes, vivos y menos vulnerables, así como la restauración de los territorios afectados por los efectos del fuego y el desarrollo de una política de prevención centrada en la gestión del territorio. La Xunta realizará una planificación transversal del área rural afectada delimitada por su perímetro natural, dando prioridad a las labores de prevención de incendios, al tiempo que se procurará la implantación de actividad agroganadera y forestal sostenible para apoyar a la población local. Este proyecto también contempla actuaciones para impulsar la creación de discontinuidades en la vegetación y en las masas arbóreas de las zonas rurales afectadas por el fuego, para evitar incendios futuros y reducir su impacto ambiental y socioeconómico. También se trabajará en la silvicultura preventiva y en la diversificación de especies. Además, se acometerá el diseño de infraestructuras defensivas, que faciliten la lucha contra los incendios forestales, según señala la Xunta en nota de prensa.

Antonio Rigueiro Rodríguez es el presidente de la Asociación Forestal de Galicia (AFG) y un gran conocedor de la realidad del monte gallego. Desde el año pasado que se jubiló, es catedrático emérito del Departamento de Producción Vegetal y Proyectos de Ingeniería de la Universidad de Santiago. Además, durante 14 años ejerció como director de la Estación Científica del Courel (USC), lo que le permitió estar en contacto directo con la realidad de la montaña lucense. Con él abordamos algunas de las cuestiones que preocupan a los propietarios forestales y comunidades de montes, como el anteproyecto de ley de incendios, el minifundio que predomina aún en muchas zonas de Galicia, así como los problemas del Catastro o las limitaciones que hay en las zonas de Red Natura. -Desde la Asociación Forestal de Galicia (AFG) han presentado una serie de alegaciones al anteproyecto de la Ley de Lucha contra los incendios forestales de Galicia, en concreto por la gestión de las fajas de seguridad alrededor de los núcleos de población. ¿En qué se basan? -Comprendemos que lo primero que hay que proteger son los pueblos, las casas y la vida de las personas, pero también entendemos que es un tema de protección civil. Es decir, que esa necesidad de mantener limpias estas fajas no es responsabilidad de los propietarios, mientras que tal y como está redactado el anteproyecto de ley se consagra esa responsabilidad solo para el propietario forestal. Las estimaciones apuntan a que el importe de mantener limpias todas las fajas secundarias costaría unos 85 millones de euros, aunque hay algunas que se encuentran ya con una actividad agropecuaria que las mantiene limpias, con lo que esta inversión se reduciría a 30 millones de euros. Nuestra propuesta es que esto sea financiado por las Administraciones y que no recaiga esa obligación en los propietarios forestales.

“Es un agravio para el resto de propietarios que solo se subvencione la limpieza de fajas secundarias de las parroquias con riesgo alto de incendios. Se penalizan las zonas con menos fuegos”

- En la actualidad, las Administraciones (Xunta y Fegamp) realizan desbroces bonificados en alrededor de 150 parroquias consideradas prioritarias. ¿Cómo ven esta situación? - Es un agravio para aquellos propietarios de terrenos en fajas secundarias de parroquias con un riesgo de fuego bajo, que deben asumir su limpieza. Mientras, a los propietarios con parcelas en parroquias prioritarias (aquellas que registran mayor número de fuegos) la Administración les subvenciona estos desbroces. Es un agravio para el resto de los propietarios que se subvencione la limpieza de fajas secundarias de estas parroquias y que no se haga lo mismo con el resto de parroquias, ya que de este modo las que menos fuegos tienen se están castigando, en vez de salir favorecidas. -Otro de los temas sobre los que se lleva mucho tiempo debatiendo es el minifundismo forestal y ahora vuelve a estar de actualidad con la creación de las agrupaciones de gestión conjunta. ¿Qué perspectivas tienen sobre ellas desde la AFG? -Tenemos esperanzas puestas en ellas, después de que haya habido otros intentos por afrontar el minifundio, como fueron las UXFOR (en el bipartito) o más recientemente las SOFOR, que no han dado mucho resultado. Ahora estamos esperando que el día 23 de este mes de junio, en el Consello Forestal, se presente el borrador de los estatutos de estas agrupaciones de gestión conjunta y un borrador del tipo de contrato que deberán firmar los propietarios. La superficie mínima son 10 hectáreas, como mínimo deben ser 3 propietarios y tienen que estar de acuerdo los propietarios del 75% de la superficie. Este es un requisito muy importante, ya que en Galicia hay bastante rechazo al asociacionismo para la gestión de la tierra, por lo que el hecho de que no tenga que ser el 100% de la superficie puede ser decisivo para que puedan ir adelante. También suponemos que las ayudas de las Administraciones irán encaminadas a este tipo de agrupaciones, por lo que también puede ser un incentivo para su creación.

“Estamos esperando a que se presenten los estatutos para poder crear las agrupaciones de gestión conjunta”

-¿Qué trabajo están realizando con sus socios para fomentarlas? - Nuestra intención es fomentar su creación entre nuestros asociados porque creemos que puede ser una manera de superar el minifundismo. Ya lo estamos haciendo con iniciativas como las desarrolladas con Promas de A Mariña y en la provincia de A Coruña, que de alguna manera ya casi son agrupaciones de gestión conjunta. Falta darle la forma legal, para lo cual es preciso que se presenten esos estatutos, que ya llegan con casi dos años de retraso.

“En algunas zonas de Ourense se desconoce el propietario de cerca del 40% de la superficie forestal”

-Junto con el minifundio, una de las trabas para la gestión de los montes es la problemática del Catastro en Galicia, que presenta errores, falta de actualización, propietarios desconocidos... ¿Qué impacto tiene en los propietarios? -Es una reclamación recurrente, de hecho el tema se volvió a tratar en la última asamblea de la Asociación, que celebramos a finales del mes de abril. Volveremos a enviar una petición para entrevistarnos con el delegado del Catastro, al no tener por el momento contestación, ya que queremos poder tratar la situación con él. Hubo muchas revisiones del Catastro, pero seguramente la que está vigente sea una de las peores. Hay un gran número de parcelas con errores en la cartografía o en la identificación del propietario e incluso muchas de ellas de propietarios desconocidos. En algunas zonas de Ourense se desconoce el propietario de entre el 35 y 40% de la superficie de monte, según datos del Agader. En Galicia tampoco es un porcentaje nada despreciable, puesto que posiblemente se encuentre entre un 20 y un 30%. Estos errores generan a los propietarios un importante perjuicio, ya que incluso se están dando casos de venta de madera por parte de personas que no son los propietarios de la parcela. -¿Cómo se podría solucionar esta problemática? -Hay distintas medidas que se pueden tomar. Por un lado tratar de aclarar la propiedad y actualizar el catálogo en cuanto a los propietarios, para que figuren los propietarios actuales y no sus antepasados. También habría que mejorar la cartografía, echando mano de las nuevas tecnologías, que pueden contribuir a tener referencias de gran calidad. Y sin dilatarlo mucho en el tiempo, sería conveniente hacer un nuevo Catastro. - La demanda de una mejora de la fiscalidad de los propietarios particulares y comunidades de montes es otra de las líneas de trabajo de la AFG de los últimos años. ¿En qué se basa la propuesta que se hace desde la Asociación? -Uno de los aspectos más importantes tiene que ver con el tratamiento fiscal que tienen muchos propietarios forestales. Aquellos propietarios que se deben acoger al sistema de estimación directa para la venta en madera, al tener ya ese régimen para su actividad principal, tienen un agravio frente a los propietarios que para la venta de madera pueden hacer una estimación objetiva (funcionarios, pensionistas...). A aquellos que lo hacen por estimación directa solo se les permite desgravar los gastos que tuvieron a lo largo de los años (podas, desbroces...). Toda vez que se trata de turnos de tala que pueden llegar a varias generaciones, es difícil que se guarden los recibos durante este tiempo. Mientras, los que pueden acogerse a una estimación objetiva, simplemente se les aplica un coeficiente en función del tipo de especie (de crecimiento rápido es el 0,26% y para las de crecimiento lento del 0,13%). Realmente es un tratamiento muy favorable y buscamos que se pueda extender a todos los propietarios. -¿Hay posibilidades de lograrlo? ¿Han tenido respuesta a esta petición? -El Ministerio de Transición Ecológica se muestra partidario, pero las reticencias vienen por parte de Hacienda, que ya rechazó la propuesta. Seguiremos trabajando para conseguir un trato más justo para los propietarios. -La sequía es un aliado para los fuegos en el monte, pero ¿qué efectos puede tener el estrés hídrico en las enfermedades y plagas forestales? -Tanto la sequía como efecto del cambio climático, así como la globalización, se relacionan con la expansión de plagas y de especies invasoras. Un ejemplo de eso es que en los últimos años hubo una elevada afectación de banda marrón, que afecta sobre todo al pino insigne, aunque esta campaña hay menos incidencia. Tenemos que estar alerta y no podemos bajar la guardia. En el eucalipto se vio en los últimos años en determinadas comarcas una explosión del hongo Mycosphaerella, pero también se está teniendo ya alguna planta resistente. Aunque aparecen problemas sanitarios, también se está avanzando en investigación y en la obtención de plantas mejoradas y resistentes. Cada vez se trabaja más con soluciones respetuosas con el medio, como en el caso de la avispilla del castaño o el gorgojo del eucalipto, contra los que se están consiguiendo resultados favorables mediante la lucha biológica.

“Debería priorizarse la investigación aplicada, que responda a los problemas que se detectan desde el sector, dada la importancia que tiene en Galicia”

- ¿Cuáles deberían ser los objetivos prioritarios en la investigación forestal en Galicia? -Aunque es importante la investigación básica, también debería priorizarse la investigación aplicada al sector, es decir, que responda a los problemas que se detectan desde el sector, dada la importancia que tiene en Galicia. Sería interesante que la Administración estableciese un plan de investigación agroganadero y forestal para atender los problemas de estos tres subsectores.

La Xunta gestionará directamente la biomasa cerca de las viviendas de siete ayuntamientos piloto seleccionados al amparo del convenio de defensa de las aldeas, firmado con la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) y la empresa pública Seaga. En estos municipios, las franjas secundarias comprenden una superficie total de 2.500 hectáreas cerca de las casas, distribuidas en más de 50.000 parcelas de los ayuntamientos de Carnota, en la provincia de A Coruña; As Nogais, en la de Lugo; Cualedro, A Gudiña, Monterrei y Lobios, en la provincia de Ourense; y Gondomar, en la de Pontevedra. Precisamente hoy el conselleiro del Medio Rural, José González, realizó una visita a una zona en la que se están ejecutando trabajos de gestión de la biomasa cerca de las viviendas en el ayuntamiento de Carnota. Estuvo acompañado por el director general de Defensa del Monte, Manuel Rodríguez, por el alcalde en funciones de la localidad, Juan Manuel Saborido, y por la directora-gerente de Seaga, María Luisa Piñeiro. El conselleiro recordó que el principal objetivo del dicho convenio es apoyar a los particulares y a los municipios en su cumplimiento de la normativa sobre prevención de incendios, pero que la Xunta quiso ir más allá y por eso se planificaron estas actuaciones integrales en los siete ayuntamientos mencionados, como complemento a la labor hecha por los propios titulares de los terrenos.

Refuerzo de la prevención

Además, el titular de Medio Rural recordó que se introdujeron mejoras en la normativa sobre incendios forestales para reforzar dicha prevención. Así, con una disposición adicional se modificó la Ley de prevención y defensa contra incendios forestales de Galicia para facilitar y agilizar la ejecución de las labores de gestión de la biomasa. De esta forma, señaló José González, con dicha modificación se precisó mejor que la obligación de gestión de biomasa es durante todo el año, aunque desde finales de mayo se intensifiquen los controles y desde principios de abril para aquellos que incumplieron nos últimos cuatro años sus obligaciones de gestión. Del mismo modo, clarificó el conselleiro, el apercibimiento a los particulares es válido por cuatro ejercicios, lo cual soluciona el problema de tener que apercibir todos los años y se abrió la posibilidad de proceder directamente a la ejecución subsidiaria por parte de la Administración competente en aquellas parcelas de propietarios que habían desatendido dichos avisos. Por último, también se solucionó el problema del cobro de los costes de la ejecución subsidiaria, ya que hasta el momento no se podía recaudar por la Administración autonómica, por corresponder a una competencia municipal, matizó el titular de Medio Rural.

Actuaciones en Carnota

En el caso concreto de Carnota, según explicó González, las franjas secundarias comprenden una superficie de cerca de 377 hectáreas cerca de las casas, distribuidas en algo más de 9.600 parcelas, y añadió que cerca de 46 hectáreas ya fueron contratadas a Seaga para la suya adecuada gestión. Además, en este municipio también se está trabajando en un Perímetro de Alto Risco de Incendios (PARI), una figura que tiene por objeto anticiparse a los fuegos forestales adecuando las infraestructuras preventivas y la red de franjas de gestión de biomasa ubicadas cerca de las viviendas. Así, se están llevando a cabo actuaciones preventivas en casi 12 hectáreas y 10 kilómetros de superficie donde el estado de abandono significa un alto riesgo de propagación de incendios forestales. En esta línea, estas labores se enmarcan en el Plan preventivo impulsado por la Xunta y que estará en vigor hasta marzo de 2024. Esta planificación prevé actuar cuando menos en 60.000 hectáreas y en unos 5.600 kilómetros de vías, además de en más de 4.800 puntos de agua, en toda la geografía gallega. En este contexto, destaca como novedad este año la #poner# a disposición de un visor de fajas secundarias de gestión de biomasa (las que rodean las viviendas), accesible para toda la ciudadanía. Mediante esta herramienta es posible delimitar las dichas fajas de aquellos ayuntamientos que tengan el plan de prevención de incendios aprobado. De esta forma, cualquier persona podrá visualizar las parcelas incluidas en estas franjas, con indicación de la parroquia, referencia catastral, superficie total y área afectado por la franja.

Convenio con la Fegamp y Seaga

En relación con el convenio firmado con la Fegamp y Seaga, a lo que están adheridos el 89 % de los ayuntamientos gallegos -entre ellos lo de Carnota-, José González puso en valor el hecho de que entre 2021 y 2022 se habían inspeccionado cerca de 85.000 hectáreas y más de 1,2 millones de parcelas incluidas en la red de fajas secundarias y que la superficie gestionada -bien por los propietarios, bien de manera subsidiaria- pasó de representar la mitad del total en 2019 a superar el 70% en 2022.

El rural gallego presenta una vulnerabilidad creciente ante los incendios forestales por factores como la pérdida de población en amplias zonas del interior, el envejecimiento y la reducción de la actividad agroganadera. En definitiva, hay una menor actividad sobre el territorio, lo que lleva a que se pierda la protección natural que proporcionaban prados y tierras de labor en torno a los más de 30.000 núcleos de población que tiene Galicia. Ante este escenario, colectivos como la Asociación Forestal de Galicia (AFG) o la Asociación Sectorial Forestal Galega (Asefoga) abogan por declarar de utilidad pública la intervención en las fajas de seguridad, como medida de protección civil frente a los incendios forestales. Ambos colectivos, que representan a propietarios forestales y comunidades de montes, entienden que la futura Lei de Loita Integral contra os Incendios Forestais de Galicia, de la que la Xunta presentó un anteproyecto, es la ocasión para buscar una solución realista de seguridad ciudadana ante los fuegos, que están agravando sus riesgos por el cambio climático. Esa solución -entienden- pasa por que la Administración asuma la responsabilidad del mantenimiento de las fajas de seguridad alrededor de núcleos de población. Situación legislativa La actual Lei 3/2007 de Prevención de Incendios Forestais de Galicia y el anteproyecto de Lei de Loita Integral contra os Incendios Forestais mantienen un enfoque que los colectivos forestales consideran “errado”, pues cargan con el coste del mantenimiento de las fajas a comunidades de montes y propietarios forestales, “a los que se les pide que financien de su bolsillo medidas de protección civil para garantizar la seguridad colectiva”. La Asociación Forestal de Galicia insiste en que no es de recibo que se les pida a propietarios y comunidades de montes que financien la seguridad pública. “El anteproyecto de la Ley ahonda además en el montaje de un sistema punitivo orientado a culpabilizar a propietarios forestales y comunidades de montes, pues se prevén multas coercitivas, multas punitivas, ejecución subsidiaria de trabajos de prevención, repercusión de gastos de extinción en terrenos afectados por el fuego (con carga de biomasa) e incluso expropiaciones, en caso de que el valor de los trabajos ejecutados supere a los de la propiedad”, enumeran. Estas exigencias legislativas y amenazas de sanciones “pecan de falta de realismo” -al entender de la Asociación Forestal de Galicia-. “Puede comprobarlo la propia Administración en las más de 295.000 hectáreas de monte que gestiona en virtud de convenios o consorcios con comunidades de montes y propietarios. De mantenerse esta línea legislativa -afirman- la propia Xunta de Galicia estaría incurriendo en graves responsabilidades en las superficies forestales de gestión pública, ante cualquier falla en el cumplimiento de las disposiciones preventivas de fuegos”. Ordenación del territorio Los colectivos de propietarios advierten además de que la legislación premia el desorden urbanístico, “pues responsabiliza a los propietarios forestales de la defensa de viviendas y construcciones sin licencia que invaden zonas forestales o su perímetro”. Así las cosas, la Asociación Forestal de Galicia emplaza a la Administración a buscar soluciones prácticas de consenso con el conjunto del sector forestal. La cuestión es que Galicia tiene alrededor de 85.000 hectáreas en zona de interfaz urbana – forestal, las llamadas fajas secundarias de seguridad, sin tener en cuenta las fajas primarias y terciarias alrededor de vías de comunicación y de caminos. En el caso de las fajas secundarias, el sector estima que alrededor de un 30% de ellas precisa de desbroces periódicos, en tanto el resto de la superficie se está manteniendo despejada por la actividad agraria y ganadera. El coste del desbroce de ese 30% de fajas secundarias que lo requieren rondaría unos 32 millones de euros anuales, según estiman desde Asefoga. Los colectivos forestales apuntan que buena parte de estas franjas que precisan de desbroce se corresponden con parcelas minifundistas, con escasa superficie y, con frecuencia, faltas de gestión por ese mismo minifundismo. Sistema público de gestión de la biomasa de terrenos rústicos incluidos en fajas secundarias El sistema público de gestión de biomasa actualmente en vigor desde 2018 viene regulado en la propia Ley 3/2007 de prevención de incendios de Galicia. Engloba a la Consellería de Medio Rural, a la Federación Gallega de Municipios y Provincias y a la empresa pública SEAGA como órgano instrumental para la ejecución de los trabajos de mantenimiento en las fajas. Actualmente agrupa a 273 de los 315 Concellos de Galicia y cuenta con un presupuesto anual de 12.250.000 euros. Las intervenciones que contempla este convenio para los ayuntamientos adheridos son de dos tipos:

1. Ejecuciones subsidiarias en parcelas de desconocidos y propietarios que no compren en plazo y forma sus deberes de gestión. Hay un tope de 10 hectáreas por ayuntamiento, por lo que esta parte del Convenio intervendría en 2.730 ha.
2. Ejecuciones a través de convenio con personas propietarias para la ejecución de los trabajos de mantenimiento, únicamente en las 154 parroquias clasificadas como prioritarias, y que suman 10.287 hectáreas totales, de las que 1.378 ha (13 % del total) suscribieron convenio sus propietarios a través de los Concellos, para el desbroce de sus fajas, a un coste bonificado para las personas propietarias de 350 euros/ha.

En la actualidad, apuntan las asociaciones de propietarios, solo se le está dando una solución de gestión pública a las fajas de 154 parroquias declaradas de alta prioridad por el riesgo de incendio. En estas parroquias, los propietarios pueden acceder a unadesbroce de sus terrenos a un precio bonificado de 350 euros / hectárea, que se puede estimar, como media, que representa un 25-30% del precio real de los trabajos. “Esta situación representa una grave discriminación en relación al resto de propietarios y comunidades de montes vecinales de Galicia, por lo que es preciso que la Xunta busque una solución de gestión pública para el conjunto de fajas de seguridad”, cierra la Asociación Forestal de Galicia.

La Xunta está firmando convenios con cerca de 250 Concellos gallegos para que puedan constituir las brigadas municipales contraincendios que este año se encargarán también -como novedad- de revisar el estado de gestión de la biomasa en las franjas secundarias, esto es, en las de los 50 metros más próximos a las viviendas. Asimismo, en el mes de junio un grupo de supervisores de la empresa pública Seaga comenzará a encargarse también de este tipo de trabajos. En cuanto a las brigadas municipales, con la firma de los pertinentes convenios entre la Xunta y los respectivos ayuntamientos, los consistorios están en disposición de constituir brigadas de cinco componentes cada una, para el desarrollo de labores de vigilancia y defensa contra los incendios forestales, así como de actuaciones preventivas de control de combustible. La mayores, este año también se contempla en el marco de los convenios que se puedan encargar de la inspección del estado de gestión de biomasa de las parcelas incluidas en la red de fajas secundarias, como tarea prioritaria de cara a la anticipación de los fuegos. Esta labor de revisión de las franjas más próximas las casas será también cometido del grupo de supervisores de la empresa pública Seaga, que comenzarán a operar en el mes de junio en el marco del convenio de protección de las aldeas, firmado entre la Xunta, la Federación gallega de municipios y provincias (Fegamp) y Seaga. Un convenio a lo que están adheridos un total de 279 ayuntamientos, que representan el 89% de los municipios gallegos. Cabe recordar que en el marco de este acuerdo este año también se implementó como novedad un visor público para que los ciudadanos de los ayuntamientos que cuentan ya con su plan municipal de prevención aprobado puedan consultar las parcelas incluidas en las fajas secundarias, con motivo de impulsar su prioritaria limpieza.