La provincia de Ourense concentra 17 de los 26 polígonos agroforestales y 14 de las 21 aldeas modelo que hay en GaliciaEn esta línea, el titular de Medio Rural destacó que esta iniciativa se sumará a los 26 polígonos que actualmente se encuentran en distintas fases de ejecución en Galicia y que suponen la puesta en valor de más de 9.100 hectáreas distribuidas en casi 30.000 parcelas propiedad de más de 8.200 vecinos. Subrayó, al mismo tiempo, que 17 de estos polígonos corresponden a la provincia de Ourense, sumando más de 5.200 hectáreas de terreno, o lo que es lo mismo, casi el 60% de la superficie total movilizada en Galicia. A mayores, el conselleiro remarcó, dentro de las herramientas de movilización de tierras, la existencia de 21 aldeas modelo aprobadas en la comunidad. De ellas, recordó, 14 están en la provincia de Ourense.
El precio de venta o alquiler será negociado por las partes con la mediación de Agader“Pondremos en marcha una aplicación informática ya desarrollada que permitirá la gestión de la información de todas las granjas e incluirá un visor geográfico donde se podrá consultar su ubicación y características”, indicó Santé, que compareció en el Parlamento a petición del grupo popular. Incorporación obligatoria de explotaciones que recibiesen ayudas La puesta en marcha del Banco de Explotaciones centró también una Proposición no de Ley presentada por el BNG, en la que se solicitaba su articulación “de manera inmediata” y la difusión de su existencia a través de las oficinas agrarias comarcales. El PP apoyó la propuesta y el diputado José Antonio Armada avanzó que este año se pondrá en marcha un proyecto piloto del Banco de Explotaciones en una comarca, explicando además que “el precio será negociado por las partes con la mediación de Agader”. Al Banco de Explotaciones se incorporarán las granjas de manera voluntaria, excepto todas aquellas que tengan una ayuda activa en el momento del cierre o en los años previos. “Las explotaciones sin relevo que hayan recibido planes de mejora de la Xunta se incluirán automáticamente en el Banco de Explotaciones”, explicó. El sector lechero pierde entre 30 y 40 granjas por mes El encargado de defender la iniciativa del BNG fue el diputado Xosé Luis Rivas, Mini, que indicó que “el año pasado, pese a ser un buen año para el sector lácteo, cerraron 344 explotaciones lecheras en Galicia, 1.600 sumando las de carne”. Alertó además de que “empiezan a cerrar granjas grandes, bien dimensionadas, rentables pero sin sucesión”. “El sector lácteo, que es el mejor remunerado en este momento, pierde entre 30 y 40 granjas por mes. Muchas veces está el hijo pero dice yo no la cojo porque se me viene encima un lío tremendo. Si es chica buscará trabajo de cajera de supermercado y si es chico de camarero en un bar”, describió.
Ustedes echan para atrás a cualquiera. Este año hubo 73 solicitudes de incorporación denegadas por falta de presupuesto (Xosé Luis Rivas, BNG)“Ustedes echan para atrás a cualquiera. Este año hubo 73 solicitudes de incorporación denegadas por falta de presupuesto y estamos asistiendo a una gran amenaza de apocalipsis que es la nueva PAC, pronunciada en charlas oficiales por un director general que es un conseguidor”, denunció. “Los 13 años de política somnolienta del Gobierno del PP están siendo letales para el campo gallego. Se ha producido una pérdida de 20.000 explotaciones y la tendencia de abandono no se frena porque no se van a incorporar 400 jóvenes al año en leche, que sería lo necesario para mantener el número actual de explotaciones”, alertó. “El abandono llama por el fuego” “El abandono llama por el fuego, hasta que la Consellería se dedique únicamente a eso”, dijo Mini, que criticó la estrategia de la Xunta para el sector de la carne: “Solo las explotaciones profesionales tienen derecho a la existencia, este es un mantra que se repite y que cala, pero la realidad es que tenemos más de la mitad del territorio gestionado por pequeñas explotaciones a tiempo parcial, de menos de 10 vacas. La reestructuración lechera se hizo así, a base de abandono inducido”, denunció. El PSOE apoyó la iniciativa presentada por el BNG. El diputado Martín Seco expuso que “los datos hablan de que 5 de cada 6 ganaderos pueden estar jubilados en el año 2030 sin que tengan relevo” y advirtió a la Xunta de que “no estamos en tiempo de propaganda, sino de actuar” porque “dos años después el Banco de Explotaciones está puesto en la Ley pero sigue sin estar en funcionamiento”.
En Muimenta (Carballeda de Avia) se ofertarán fincas con invernadero para tres explotaciones de huerta ecológicaEn lo que respecta a los polígonos agroforestales, uno de los instrumentos de referencia de la ley para la movilización de una mayor superficie de tierra, se está trabajando en 21 de estos polígonos de iniciativa pública, de los cuales 13 cuentan con acuerdo de inicio y 8 se encuentran en fase de actuaciones previas. Precisamente el Consello de la Xunta, en su última reunión, declaró de utilidad pública y de interés social tres polígonos agroforestales en Larouco, Montederramo y Bóveda para poner en valor cerca de 300 hectáreas. En total, son cerca de 8.900 hectáreas movilizadas gracias a esta herramienta de los polígonos en toda la comunidad gallega, con más de 26.400 parcelas y casi 7.250 personas beneficiadas.
La Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia entró en vigor el 22 de mayo de 2021. Desde entonces, con los diferentes instrumentos creados al amparo de esta norma, se están movilizando más de 9.300 hectáreas en toda Galicia.
De este total de hectáreas, 8.788 ha corresponden a polígonos agroforestales y 574 ha a aldeas modelo. Entre ambos instrumentos de recuperación se está beneficiando a más de 9.600 propietarios de más de 35.000 parcelas.
Estas iniciativas se ponen en marcha en aplicación de esta norma, con el fin de recuperar grandes espacios productivos según el tipo de cultivo más apropiado o de mayor tradición en cada zona. El objetivo es dinamizar el territorio y generar actividad económica, al tiempo que se avanza en la anticipación a los incendios forestales.
A día de hoy, de los 21 polígonos de iniciativa pública existentes en Galicia, 10 están ya iniciados y 11 se encuentran en fase de actuaciones previas. Estos 10 polígonos ya iniciados suponen la recuperación de 4.114 ha.
Así, los más adelantados son los de Cualedro (con 64 hectáreas y unas 72 parcelas de 70 propietarios) y Oímbra (cerca de 22 hectáreas y unas 72 parcelas de 73 propietarios), para los que ya se tramitó la declaración de utilidad pública. En ella se establecen como usos y actividades admisibles para el polígono de Oímbra los cultivos agrícolas de ciclo corto y la ganadería en extensivo, además de árboles frutales como actividad secundaria. En el caso de Cualedro, se establecen como actividades a ganadería en extensivo y los cultivos complementarios.
En los otros ocho polígonos, se tienen prácticamente finalizados los estudios de viabilidad, en los que se proponen diferentes usos o actividades para cada uno de ellos, destacando los cultivos de huerta, viñedo y forestal. Estos polígonos son los de Remuiño, en Arnoia (224 ha y 6.753 parcelas), Barzamedelle, en Leiro (146 ha y 183 parcelas), Pousada, en Riós (94 ha y 663 parcelas), Vences, en Monterrei (22 ha y 535 parcelas), Solbeira, en Paderne de Allariz (43 ha y 317 parcelas), Vilalén-Tomonde, en Cerdedo-Cotobade (68 ha y 1.534 parcelas), Mandelos, en Crecente (45 ha y 391 parcelas) y Santaia-Foxado, en Curtis (3.386 ha y 6.161 parcelas).
Además, hay otros 11 polígonos de iniciativa pública en los que se ha iniciado un procedimiento de actuaciones previas, los cuales suman 4.674 hectáreas y 9.750 parcelas de 5.013 propietarios. Se trata de los de Ver, en Bóveda; Barcia, en Navia de Suarna; Prado, en Castrelo de Miño; Freixido, en Larouco; Panascos, en Tomiño; Alta Limia, Corno do Monte y Lamas Ganade (todos ellos en Xinzo de Limia); San Salvador de Sabucedo (Porqueira); A Graña de Seoane (Montederramo) y Soutopenedo (San Cibrao das Viñas).
En cualquier caso, hace falta matizar que la Xunta busca desarrollar polígonos en zonas en las que exista voluntad e interés por parte de los propietarios y de la gente del lugar, ya que la Ley de recuperación establece como un tipo de zonas preferentes para el desarrollo de polígonos agroforestales de iniciativa pública aquellas en las que desde el inicio se cuenta con el acuerdo de los propietarios de más del 70% de la superficie. Por este motivo, la Xunta colabora con las distintas administraciones locales con el fin de localizar ámbitos en los que se pueda dar esta condición.
Se da prioridad a las explotaciones gallegas instaladas que demanden base territorial
Al amparo de los polígonos, se reestructurarán las parcelas para que tengan un tamaño suficiente que garantice la rentabilidad en función de los cultivos, dando prioridad a las explotaciones gallegas instaladas que demanden base territorial.
También, en el caso de los polígonos agroforestales de iniciativa pública, serán zonas prioritarias aquellas de concentración o reestructuración parcelaria finalizadas que presenten un abandono superior al 50%; las áreas cortafuegos, que se delimitarán con criterios técnicos con el fin de generar discontinuidades de la biomasa que frenen o atenúen el avance de los incendios mediante la implantación de la actividad agrícola, ganadera o forestal; aquellas en las que se acredite la disposición de compromisos de adhesión al proyecto, que deberán suponer una superficie mínima del 70% de las tierras incluidas en el perímetro propuesto del polígono agroforestal.
Entre las restantes zonas, se dará carácter preferente al desarrollo de proyectos de polígonos agroforestales cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias:
-Zonas de elevada aptitud agropecuaria delimitadas en el catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia que se encuentren en situación de especial abandono.
-Ampliación de la base territorial de las explotaciones existentes mediante el acceso a tierras límites en situación de abandono o infrautilización o con usos u orientaciones no conformes con la cualificación hecha en el catálogo de suelos agropecuarios y forestales de Galicia.
-Y recuperación y puesta en valor de tierras apropiadas para producciones acogidas a Indicaciones Geográficas Protegidas y Denominaciones de Origen Protegida, así como para producciones que estén optando a ese reconocimiento o cualquier otra marca de garantía de calidad.
En abril del año pasado, la Consellería de Medio Rural lanzó una Manifestación de Interés en la que se preguntaba expresamente por la necesidad de tierra para el desarrollo de las actividades agrarias.
A través de esta convocatoria se recibieron un total de 1.244 encuestas simplificadas sobre demanda de tierra agraria y 255 proyectos completos para el sector agrario gallego. A partir de los datos incluidos en estas propuestas se pudieron geolocalizar 991 solicitantes y 21.321,7 ha delimitadas geográficamente. En este sentido, cabe señalar que un total de 34 iniciativas mostraron interés por desarrollar polígonos agroforestales de iniciativa privada, que suponen más de 1.300 hectáreas a movilizar.
Asimismo, cabe indicar que otro instrumento de movilización y recuperación de tierras que ofrece la Ley de recuperación son las aldeas modelo.
La Agencia Gallega de Desarrollo Rural, dependiente de la Consellería de Medio Rural, acaba de resolver la declaración de tres nuevas aldeas modelo, en el marco de la Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia. Se trata de las de Soutogrande, en el ayuntamiento ourensano de Vilariño de Conso; Cortegazas, en el también municipio ourensano de Avión; y Ferreiros, en la localidad coruñesa de Ames.
Así, la aldea modelo de Soutogrande, en Vilariño de Conso, tiene una superficie de 33,50 hectáreas, distribuidas en 99 parcelas de 46 titulares catastrales. Cuanto a la de Cortegazas, en avión, abarca 15,11 ha, repartidas en 727 parcelas de 99 propietarios. Por último, la de Ferreiros, en Ames, tiene una superficie de 8,55 hectáreas, con 128 parcelas implicadas de 52 titulares catastrales.
Las nuevas aldeas modelo se declaran en colaboración con los ayuntamientos correspondientes, todos ellos situados en zonas de alto riesgo de incendios (ZAR) y adheridos al sistema público de gestión de la biomasa en las franjas secundarias.
Cabe recordar que el objetivo principal de esta figura recogida en la Ley de recuperación es devolver a la producción tierras con buena aptitud agronómica que se encuentren en estado de abandono o infrautilización, impulsando de este modo nueva actividad económica agroforestal que no solo fije población y genere riqueza en el entorno, sino que -al tiempo- reduzca el riesgo de incendios forestales y mejore la calidad de vida de los vecinos de los núcleos que se busca poner en valor.
Las nuevas aldeas modelo declaradas se suman a las ya en marcha y hacen un total de 21. Por provincias, hay una en A Coruña, otra en Pontevedra, cinco en Lugo y 14 en Ourense que, conjuntamente, alcanzan las 574,27 ha de superficie de actuación, 9.346 parcelas y 2.359 titulares catastrales.
Las aldeas modelo de Lugo son las de Trascastro (O Incio), Parada dos Montes (A Pobra de Brollón), Moreda (Folgoso do Courel), Bustelo de Fisteus (Quiroga) y Francos de Proendos (Sober). La ubicada en la provincia de Pontevedra es la de Mouteira-Parado, en el municipio de Cerdedo-Cotobade.
A mayores, se sigue con los trabajos de recogida de firmas de otras siete aldeas modelo de cara a su aprobación: una en A Coruña, otra en Lugo, una más en Pontevedra y cuatro en Ourense. En total, representarán otras 194,84 ha de superficie de actuación, 3.395 parcelas y 901 titulares catastrales.
Todos estos instrumentos de movilización de tierras regulados por la Ley de recuperación, entre ellos los polígonos agroforestales y las aldeas modelo, contribuyen a un uso más eficiente y sostenible de la tierra agraria a través de la ordenación de los usos del suelo rural y de la minoración de los predios abandonados (con el beneficio que esto supone para la lucha contra incendios y el medio ambiente). De esta forma, se contribuye a la orientación de las explotaciones hacia una producción competitiva y sostenible que eleve, consecuentemente, el nivel de vida de los profesionales del sector primario de Galicia.
En definitiva, se trata de distintas fórmulas, pero todas con un mismo objetivo: dinamizar el territorio y generar actividad económica para que sea posible vivir en el y del rural. Y también para anticiparse a los incendios y disminuir los daños que puedan causar.