Cuando se produjo el gran incendio de O Courel, en verano del 2022, la mayor parte de las tierras quemadas en Vilar fueron monte comunal y sotos de castaños privados, ubicados alrededor de la aldea. Entonces, los castaños no frenaron el incendio por su situación de abandono y por la extraordinaria potencia del fuego, por lo que las llamas llegaron a las casas e incluso quemaro el museo etnográfico de Xan de Vilar. Hablamos con Emilio Río, uno de los pocos vecinos que quedan en la aldea, para conocer la situación actual de la recuperación del monte.

La recuperación del soto

“El soto es propiedad de todos los vecinos, así como el monte comunal. El incendio afectó a todo el soto y al monte comunal, aquí no quedó nada, ardió todo. Sólo se salvaron cuatro casas. Ahora pretendemos recuperar los sotos y el monte quemado, quitando toda la maleza, los castaños quemados, y replantando con castaños nuevos. Se dejará alguno que quedó vivo y se harán injertos en otros”, explica Emilio. La idea de los vecinos es centrarse en primer lugar en una zona de 20 hectáreas alrededor de la aldea. “Todo esto  -añade- lo hacemos en común todos los vecinos y la Xunta. De momento, todos los vecinos están de acuerdo. Estamos haciendo una asociación de propietarios para que la Xunta pueda actuar. La Xunta contrató una empresa para que haga todo el papeleo e investigue los propietarios de los sotos, pero esto es imposible sin ayuda de los vecinos, que conocemos el territorio. No es fácil porque muchos vecinos están fuera y hay que ir hablando con todos. Muchos vecinos saben que tienen sotos pero no pueden identificarlos pues llevan mucho tiempo sin venir por aquí”. “Esto sería inviable particularmente, tiene que ser en conjunto. De momento estamos implicados 11 propietarios, pero solo 4 viven aquí en la aldea, los otros andan por Madrid, Barcelona… Es difícil conseguir concretar un día y hora para reunirnos, aunque sea telemáticamente, pero de momento vamos avanzando. También estuvimos plantando árboles frutales en las fincas anexas a la aldea, nos faltan por plantar más y hacemos un llamamiento a la gente que pueda donarnos árboles frutales, que serían bienvenidos”, señala. El proceso de recuperación avanza lento. Lo que se hizo hasta ahora fue la creación de una pista forestal, por parte de la Xunta, y la retirada de parte de los troncos quemados.

Los sotos del Courel, alimento y protección

De siempre, los sotos alrededor de las aldeas siempre actuaron como sistema preventivo frente a los incendios, ya que son espacios ideales para poder apagarlos por la menor velocidad de propagación de las lapas, en comparación con zonas de monte bajo o pinares. Pero en este caso, debido a las grandes dimensiones del fuego y a la situación de abandono de los sotos, el de Vilar no funcionó como sistema preventivo y los castaños ardieron con facilidad, algo nunca visto por los vecinos hasta entonces. “Los sotos siempre fueron vitales para nuestra aldea, pues aprovechábamos todo, las castañas y la madera, que se vendía o se usaba en las casas. Era una gran riqueza para nuestra aldea. Hay bastantes variedades de castaña y se trabajaban todas las que había porque eran todas buenas, aquí no quedaba una castaña abandonada. Los sotos siempre estaban limpios. Parte de las castañas se vendían y las otras las consumíamos en verde y en seco, había castañas todo el año. Ahora los sequeiros también ardieron todos, no quedó ninguno. Dicen que los quieren recuperar, a ver si es cierto”, cuenta Emilio.

Los problemas del minifundio

La falta de marcos en el soto es uno de los problemas que se están encontrando a la hora de poner en marcha la agrupación forestal de gestión conjunta. “El soto nunca estuvo en el catastro ni limitado por marcos, los vecinos sabían cuáles eran los de cada uno, pero muchos de esos vecinos están fuera o murieron, entonces ahora es muy difícil el proceso de identificación de los propietarios. Había familias que tenían un castaño o varios, y sabían identificarlos, pero no había marcos. Ahora mismo aún queda alguno por identificar o hablar con el propietario”, señala el vecino. El proceso de puesta en marcha de la agrupación, así como trabajos asociados, como la apertura de una pista y la retirada de madera quemada, cuentan con el apoyo de la Xunta. Folgoso do Courel está enmarcado en el ámbito de actuación de un fondo público-personal impulsado por la Administración autonómica para anticiparse a los incendios forestales. Este fondo opera en 26 ayuntamientos -con una población total de 118.000 personas- de las comarcas del Courel, Valdeorras, Monterrei, O Barbanza y el Macizo Central de Ourense, afectados habitualmente por los incendios forestales.

Venta de carbono

Los vecinos de Vilar mantuvieron también una reunión reciente con la Asociación Forestal de Galicia para valorar la posiblidad de financiar parte de la restauración de su monte a través de la venta con el carbono que vayan a capturar las masas forestales. El Registro estatal de proyectos de Absorción de CO2 le da entrada a los montes restaurados tras un incendio forestal, a fin de que puedan captar fondos en el mercado voluntario de carbono, por medio de la venta del CO2 de las masas regeneradas.

Quico Ónega presentando o proxecto Terractiva El verano del 2022 Galicia sufrió en O Courel su mayor incendio forestal de la última década, con más de 11.700 hectáreas afectadas y una aldea arrasada por el fuego. El avance de las llamas sólo se detuvo por completo en los pastos y prados, como constataron las ganaderías y vecinos de la comarca. Para divulgar esa potencialidad de la ganadería extensiva, la Sociedad Gallega de Pastos y Forrajes organizaó este sábado una jornada en Pobra de Brollón en la que se presentaron las experiencias de distintos productores e investigadores. Fue el caso de Quico Ónega, ingeniero agrónomo del Laboratorio de Territorio de la USC centrado en la creación de herramientas y materiales para “nuevos entrantes” en el medio Rural a través de su proyecto “Terra Activa”, con el que pretende dar apoyo y soporte a la gente del rural, pero especialmente a los que se incorporan al sector agroganadero. Los directivos de la Comunidad de Montes de Pinzás (Tomiño) Natividad González y Francisco J. López continuaron la jornada con su experiencia de recuperación de pastos a través de vacas cachenas, con las que consiguieron generar un nuevo puesto de trabajo y los primeros beneficios por la venta de la carne.

 “Aumentar los pastos es mucho más viable que desbrozar cada año” (Marcos Ferreira, Parada dos Montes)

Después de la pausa para el café, Marcos Ferreira, ingeniero de montes expuso su modelo de recuperación de zonas de pastoreo en montes del Courel y Pobra del Brollón cómo “herramienta viable y sostenible, frente a los cortafuegos tradicionales que, en este nuevo tipo de incendios, no funcionan e implican una gran inversión en mantenimiento. "Aumentar los pastos es mucho más viable que desbrozar cada año”, valora. Continuó la jornada María Virginia Rodríguez y su explotación familiar de cabras en Sobredo (Courel), enfatizando en la dificultad y soledad de comenzar en la ganadería, y en la importancia de que este tipo de proyectos puedan tener apoyos, como el del programa “O que non arde” del Área de Medio Rural de la Diputación de Lugo. A xornada celebrada na Pobra do Brollón congregou a numeroso público Siguió “Fernandín”, una granja de vacas de carne en Seceda (Courel) que consiguió recuperar pastos y casas, fijando población a través de Javier Carballo, quien recuperó la tradición familiar tras años de inactividad ganadera. Roi Estévez, ingeniero de montes, habló de su experiencia como “nuevo entrante” en el mundo de las ovejas en Vieiros (Quiroga, Courel), resaltando las dificultades de ser novato y sufrir un mal asesoramiento en un inicio. Después de la comida Xosé Manuel Iglesias habló de la gestión multifuncional y diversificada de la comunidad de montes vecinales de Carballo-Friol, donde trabaja como asesor y técnico forestal. En la comunidad, cuentan actualmente cuentan con caballos, porco celta, cabras y colmenas. La última experiencia fue la de Alex Villa, técnico de incendios y vecino de Marcón (A Pobra do Brollón), donde está recuperando tierras abandonadas con vacas cachenas, de las que ya están comercializando la carne bajo encargo de forma directa. “ Queríamos recuperar tierras abandonadas y pensamos que podría ser un negocio rentable. Decidimos apostar por la cachena porque es una carne que gusta mucho y para los partos es una maravilla”, destacó Alex.

“Queríamos recuperar tierras abandonadas y pensamos que podría ser un negocio rentable. Decidimos apostar por la cachena porque es una carne que gusta mucho y para los partos es una maravilla” (Alex Villa, Marcón)

Por último hubo un breve debate en el que se enfatizó en la importancia del apoyo de las instituciones públicas y privadas a las explotaciones agroganaderas, especialmente a las de nueva creación y, concretamente, en la creación de infraestructuras. También se habló sobre la importancia del valor añadido que generan las ganaderías, capaces de fijar población generando nuevos puestos de trabajo, al tiempo que sirven para conservar el paisaje y aumentar la biodiversidad, mitigar los efectos del cambio climático y son una gran prevención contra incendios, quizás una de las más eficientes y viables que tenemos a día de hoy. En próximas entregas ofreceremos información más en profundidad de las distintas iniciativas de aprovechamiento agroganadero que se presentaron en esta jornada

La Sociedade Galega de Pastos e Forraxes (SGPF) organiza para el próximo 2 de diciembre la segunda edición de la jornada sobre "Las actividades agroganaderas frente a los incendios en la montaña. Experiencias". La jornada se celebrará en la Casa da Cultura de A Pobra do Brollón (Lugo) y en ella se expondrán distintos estudios y experiencias sobre actividades agrícolas y ganaderas en zonas de montaña de los Ancares y del Courel que actúan como freno a los fuegos forestales al tiempo que mantienen el paisaje e incrementan la biodiversidad. La participación en la reunión es gratuíta pero es preciso inscribirse antes del 28 de noviembre, por correo electrónico sgpf.galicia@gmail.com o mediante llamada o WhatsApp a los teléfonos 686620154 (Eloi) o 628713263 (Victor), indicando si va a participar o no en la comida. El coste de la misma será de 20 euros. En esta formación colaboran el Ayuntamiento de A Pobra do Brollón, Vicepresidencia de la Diputación de Lugo, Consellería de Medio Rural y USC -Campus Terra. He aquí el programa completo:

Dos de cada tres hectáreas de Galicia son forestales. El resto del territorio se divide entre tierras agrarias y más de 30.000 núcleos de población. Durante décadas, las tierras agrarias constituían una frontera natural entre aldeas y monte, pero la progresiva pérdida de actividad agraria, unida a la pérdida de población en el interior gallego, difuminó la barrera de prados y tierras de cultivo. Otro fenómeno paralelo fue el acercamiento de urbanizaciones y viviendas al monte en áreas periurbanas, con el consentemento de las Administraciones. Ese escenario explica la situación actual, en la que la gestión de las alrededor de 85.000 hectáreas forestales que se ubican en franjas de seguridad de viviendas se ha convertido en una tarea titánica. ¿Cómo afrontan montes vecinales y propietarios particulares ese desafío?. Hablamos con técnicos del sector que trabajan con las comunidades de montes y propietarios particulares. Hay coincidencia en dos apreciaciones. Primera, las comunidades de montes están adaptándose de manera progresiva a las exigencias de prevención, básicamente con inversiones propias. Segundo, sería preciso un mayor apoyo público para la gestión de la red seguridad. Xosé Covelo. Director técnico de la Asociación Forestal de Galicia (AFG)

“Las comunidades de montes están invirtiendo en una labor de protección civil que no les corresponde”

La Asociación Forestal de Galicia destaca en primer lugar su trabajo de información y asesoramiento a los propietarios y montes vecinales, “que en general tienen poca información de la Administración, en muchos casos solo por vía de propuestas de sanción”, señala el director técnico de la AFG, Xosé Covelo. En cuanto a las comunidades de montes, Covelo apunta que la mayoría de las redes de prevención figuran en los instrumentos de ordenación de las comunidades. De acuerdo con esos instrumentos, los montes vecinales están procediendo a eliminar pinos y eucaliptos en las fajas de seguridad establecidas (50 metros alrededor del límite de suelo urbano o viviendas). Un segundo paso es la plantación en las franjas de corredores verdes de frondosas caducifolias, “principalmente abedules y robles”, señala Covelo. Tras la plantación, queda el deber de acometer periódicos desbroces del matorral, “que representan un gasto permanente”. “Es un trabajo que con frecuencia se hace en exclusiva con fondos propios, ya que las ayudas de la Xunta para forestación con frondosas obligan al propietario a elegir sólo una línea de forestación: o bien plantaciones en parcelas forestales no ubicadas en redes de seguridad o bien la plantación en fajas de seguridad” -cuestiona Covelo-. Así las cosas, “las comunidades de montes están asumiendo el peso del gasto de una labor de protección civil que no les corresponde”, valora. A pesar de las dificultades, la mayoría de montes vecinales está acometiendo la gestión de las franjas, a excepción, en algunos casos, de algunas zonas que, por su orografía, tienen complicada mecanización. Aumentar la biodiversidad “Para la gestión de las franjas de seguridad alrededor de viviendas, estamos recomendando en general la plantación de frondosas, salvo algunas zonas que no tienen suelo apto para estas especies”, apunta Covelo. “Son una vía para aumentar la diversidad del monte y en 15-20 años, cuando su copa impida el paso de la luz, se reducirá el coste del mantenimiento, pues no crecerá el matorral”, explica. La recomendación principal de especies pasa por el abedul, un árbol pionero que suele implantarse bien, con el complemento del roble autóctono. “En zonas con suelo profundo de orientación norte u oeste, también puede plantarse castaño, pero en orientación sur no tendría sentido”, señala el director técnico de la AFG. “Para zonas de exposición sur, en algunos casos se emplean alcornoques”. Franja plantada con frondosas en una zona de orografía difícil. / Imagen: AFG. Propiedades particulares Entre los propietarios particulares, en zonas marcadas por el minifundio, las actuaciones son más complicadas. Hay que tener en cuenta que una parte de las parcelas es de propietarios desconocidos o ausentes, en tanto en el resto del monte, los propietarios suelen actuar, en general, a requerimiento de la Administración. Alejandro Oliveros. Director de ordenación forestal de Ence.

“Estamos animando a los propietarios a respetar las franjas de seguridad, para las que les entregamos de manera gratuita planta de abedul”

Ence, la principal consumidora de eucalipto en la comunidad, inició este verano una campaña para incentivar la plantación de frondosas caducifolias en las franjas de protección de viviendas y núcleos de población. “Estamos regalándole planta de abedul a los propietarios forestales que nos venden madera de eucalipto y, en esta primera fase, estamos corriendo además con los costes de plantación”, explica Alejandro Oliveros, director de ordenación forestal de Ence. Plantación de abedules por Ence. Oliveros considera que el abedul es una especie que además puede proporcionarle a los propietarios una renta futura, si deciden cortarlo. En Galicia, en la actualidad el principal destino del abedul es para leñas y tableros, si bien se trata de una especie que en países del norte de Europa se emplea también para pasta de papel. Preguntado sobre esa posibilidad, Oliveros no la descarta, si bien precisa que Ence en la actualidad trabaja en exclusiva con eucalipto. La pastera valora también introducir otras frondosas caducifolias en la oferta de planta para las franjas de prevención de los propietarios que les vendan madera. Manuel Méijome. H20 Iniciativa en medio rural

“Los montes con proyectos de ordenación aprobados están dejando las distancias exigidas en todas las repoblaciones”

Manuel Méijome, de la consultora forestal H20 Iniciativa en medio rural, apunta a que la mayoría de comunidades de montes con proyectos de ordenación aprobados están cumpliendo los deberes derivados de las franjas, tanto en el caso de las secundarias, alrededor de núcleos de población, como de las primarias, alrededor de carreteras. “En las carreteras, la idea de la normativa es crear cortafuegos verdes con frondosas en las dos orillas de la carretera. En general, se están empleando para eso abedules y robles. Es un sistema que para tener eficacia, está condicionado a que las frondosas no mueran y a que esa superficie se mantenga desbrozada, lo que es complicado”, apunta. En los propietarios particulares, la gestión de las franjas difiere de unos ayuntamientos a otros, según la experiencia de Méijome. “En el interior de Lugo, tenemos casos como el de O Incio, que cumple al pie de la letra a normativa, con notificaciones a los propietarios en el caso de incumplimiento, en tanto otros Concellos tienen una actitud más flexible”, valora. En cuanto a las dificultades que se están encontrando comunidades de montes y propietarios para cumplir con la normativa, aparte de las económicas, Méijome apunta la carencia de plantas de frondosas de origen gallego. “La orden de ayudas obliga a emplear planta de origen gallega, pero nos encontramos con que no existe suficiente roble de origen gallego”, cuestiona. Ante esa situación, la alternativa que queda es el abedul y el castaño, este último en el caso de suelos profundos con humedad suficiente. “Si el castaño se planta en un sitio equivocado, en un verano seco puede morir la mitad de la planta”, advierte. José Manuel Iglesias. Xesforest Ingeniería

“Los corredores de frondosas alrededor de las carreteras tienen un coste laborioso”

Otro técnico que trabaja en el interior de Lugo es José Manuel Iglesias, de Xesforest Ingeniería, que analiza lo que sucede en el entorno de Friol. “Las comunidades de montes y propietarios están gestionando por sí mismas en gran medida las áreas lindantes con las casas, tanto por iniciativa propia como por requerimientos de los Concellos”, explica. En cuanto a las orillas de las carreteras, donde hay que cortar pinos y eucaliptos y se pueden implantar frondosas, “es un trabajo muy laborioso que exige una inversión anual de desbroces. Es más complicado, sobre todo cumplir en tiempo y forma con los desbroces del matorral cada año”, valora José Manuel. “Lo ideal sería hacer allí una selección de brotes de frondosas, para regenerarlas, pero es un trabajo que tiene un coste laborioso y que no ofrece rendimiento económico”, explica. En cuanto a las especies con las que más se trabaja, José Manuel coincide en señalar el abedul, “que tiene fácil implantación, incluso en terrenos malos” y el castaño para fruto en zonas que fueron tierras de cultivo en su día.

Antonio Rigueiro Rodríguez es el presidente de la Asociación Forestal de Galicia (AFG) y un gran conocedor de la realidad del monte gallego. Desde el año pasado que se jubiló, es catedrático emérito del Departamento de Producción Vegetal y Proyectos de Ingeniería de la Universidad de Santiago. Además, durante 14 años ejerció como director de la Estación Científica del Courel (USC), lo que le permitió estar en contacto directo con la realidad de la montaña lucense. Con él abordamos algunas de las cuestiones que preocupan a los propietarios forestales y comunidades de montes, como el anteproyecto de ley de incendios, el minifundio que predomina aún en muchas zonas de Galicia, así como los problemas del Catastro o las limitaciones que hay en las zonas de Red Natura. -Desde la Asociación Forestal de Galicia (AFG) han presentado una serie de alegaciones al anteproyecto de la Ley de Lucha contra los incendios forestales de Galicia, en concreto por la gestión de las fajas de seguridad alrededor de los núcleos de población. ¿En qué se basan? -Comprendemos que lo primero que hay que proteger son los pueblos, las casas y la vida de las personas, pero también entendemos que es un tema de protección civil. Es decir, que esa necesidad de mantener limpias estas fajas no es responsabilidad de los propietarios, mientras que tal y como está redactado el anteproyecto de ley se consagra esa responsabilidad solo para el propietario forestal. Las estimaciones apuntan a que el importe de mantener limpias todas las fajas secundarias costaría unos 85 millones de euros, aunque hay algunas que se encuentran ya con una actividad agropecuaria que las mantiene limpias, con lo que esta inversión se reduciría a 30 millones de euros. Nuestra propuesta es que esto sea financiado por las Administraciones y que no recaiga esa obligación en los propietarios forestales.

“Es un agravio para el resto de propietarios que solo se subvencione la limpieza de fajas secundarias de las parroquias con riesgo alto de incendios. Se penalizan las zonas con menos fuegos”

- En la actualidad, las Administraciones (Xunta y Fegamp) realizan desbroces bonificados en alrededor de 150 parroquias consideradas prioritarias. ¿Cómo ven esta situación? - Es un agravio para aquellos propietarios de terrenos en fajas secundarias de parroquias con un riesgo de fuego bajo, que deben asumir su limpieza. Mientras, a los propietarios con parcelas en parroquias prioritarias (aquellas que registran mayor número de fuegos) la Administración les subvenciona estos desbroces. Es un agravio para el resto de los propietarios que se subvencione la limpieza de fajas secundarias de estas parroquias y que no se haga lo mismo con el resto de parroquias, ya que de este modo las que menos fuegos tienen se están castigando, en vez de salir favorecidas. -Otro de los temas sobre los que se lleva mucho tiempo debatiendo es el minifundismo forestal y ahora vuelve a estar de actualidad con la creación de las agrupaciones de gestión conjunta. ¿Qué perspectivas tienen sobre ellas desde la AFG? -Tenemos esperanzas puestas en ellas, después de que haya habido otros intentos por afrontar el minifundio, como fueron las UXFOR (en el bipartito) o más recientemente las SOFOR, que no han dado mucho resultado. Ahora estamos esperando que el día 23 de este mes de junio, en el Consello Forestal, se presente el borrador de los estatutos de estas agrupaciones de gestión conjunta y un borrador del tipo de contrato que deberán firmar los propietarios. La superficie mínima son 10 hectáreas, como mínimo deben ser 3 propietarios y tienen que estar de acuerdo los propietarios del 75% de la superficie. Este es un requisito muy importante, ya que en Galicia hay bastante rechazo al asociacionismo para la gestión de la tierra, por lo que el hecho de que no tenga que ser el 100% de la superficie puede ser decisivo para que puedan ir adelante. También suponemos que las ayudas de las Administraciones irán encaminadas a este tipo de agrupaciones, por lo que también puede ser un incentivo para su creación.

“Estamos esperando a que se presenten los estatutos para poder crear las agrupaciones de gestión conjunta”

-¿Qué trabajo están realizando con sus socios para fomentarlas? - Nuestra intención es fomentar su creación entre nuestros asociados porque creemos que puede ser una manera de superar el minifundismo. Ya lo estamos haciendo con iniciativas como las desarrolladas con Promas de A Mariña y en la provincia de A Coruña, que de alguna manera ya casi son agrupaciones de gestión conjunta. Falta darle la forma legal, para lo cual es preciso que se presenten esos estatutos, que ya llegan con casi dos años de retraso.

“En algunas zonas de Ourense se desconoce el propietario de cerca del 40% de la superficie forestal”

-Junto con el minifundio, una de las trabas para la gestión de los montes es la problemática del Catastro en Galicia, que presenta errores, falta de actualización, propietarios desconocidos... ¿Qué impacto tiene en los propietarios? -Es una reclamación recurrente, de hecho el tema se volvió a tratar en la última asamblea de la Asociación, que celebramos a finales del mes de abril. Volveremos a enviar una petición para entrevistarnos con el delegado del Catastro, al no tener por el momento contestación, ya que queremos poder tratar la situación con él. Hubo muchas revisiones del Catastro, pero seguramente la que está vigente sea una de las peores. Hay un gran número de parcelas con errores en la cartografía o en la identificación del propietario e incluso muchas de ellas de propietarios desconocidos. En algunas zonas de Ourense se desconoce el propietario de entre el 35 y 40% de la superficie de monte, según datos del Agader. En Galicia tampoco es un porcentaje nada despreciable, puesto que posiblemente se encuentre entre un 20 y un 30%. Estos errores generan a los propietarios un importante perjuicio, ya que incluso se están dando casos de venta de madera por parte de personas que no son los propietarios de la parcela. -¿Cómo se podría solucionar esta problemática? -Hay distintas medidas que se pueden tomar. Por un lado tratar de aclarar la propiedad y actualizar el catálogo en cuanto a los propietarios, para que figuren los propietarios actuales y no sus antepasados. También habría que mejorar la cartografía, echando mano de las nuevas tecnologías, que pueden contribuir a tener referencias de gran calidad. Y sin dilatarlo mucho en el tiempo, sería conveniente hacer un nuevo Catastro. - La demanda de una mejora de la fiscalidad de los propietarios particulares y comunidades de montes es otra de las líneas de trabajo de la AFG de los últimos años. ¿En qué se basa la propuesta que se hace desde la Asociación? -Uno de los aspectos más importantes tiene que ver con el tratamiento fiscal que tienen muchos propietarios forestales. Aquellos propietarios que se deben acoger al sistema de estimación directa para la venta en madera, al tener ya ese régimen para su actividad principal, tienen un agravio frente a los propietarios que para la venta de madera pueden hacer una estimación objetiva (funcionarios, pensionistas...). A aquellos que lo hacen por estimación directa solo se les permite desgravar los gastos que tuvieron a lo largo de los años (podas, desbroces...). Toda vez que se trata de turnos de tala que pueden llegar a varias generaciones, es difícil que se guarden los recibos durante este tiempo. Mientras, los que pueden acogerse a una estimación objetiva, simplemente se les aplica un coeficiente en función del tipo de especie (de crecimiento rápido es el 0,26% y para las de crecimiento lento del 0,13%). Realmente es un tratamiento muy favorable y buscamos que se pueda extender a todos los propietarios. -¿Hay posibilidades de lograrlo? ¿Han tenido respuesta a esta petición? -El Ministerio de Transición Ecológica se muestra partidario, pero las reticencias vienen por parte de Hacienda, que ya rechazó la propuesta. Seguiremos trabajando para conseguir un trato más justo para los propietarios. -La sequía es un aliado para los fuegos en el monte, pero ¿qué efectos puede tener el estrés hídrico en las enfermedades y plagas forestales? -Tanto la sequía como efecto del cambio climático, así como la globalización, se relacionan con la expansión de plagas y de especies invasoras. Un ejemplo de eso es que en los últimos años hubo una elevada afectación de banda marrón, que afecta sobre todo al pino insigne, aunque esta campaña hay menos incidencia. Tenemos que estar alerta y no podemos bajar la guardia. En el eucalipto se vio en los últimos años en determinadas comarcas una explosión del hongo Mycosphaerella, pero también se está teniendo ya alguna planta resistente. Aunque aparecen problemas sanitarios, también se está avanzando en investigación y en la obtención de plantas mejoradas y resistentes. Cada vez se trabaja más con soluciones respetuosas con el medio, como en el caso de la avispilla del castaño o el gorgojo del eucalipto, contra los que se están consiguiendo resultados favorables mediante la lucha biológica.

“Debería priorizarse la investigación aplicada, que responda a los problemas que se detectan desde el sector, dada la importancia que tiene en Galicia”

- ¿Cuáles deberían ser los objetivos prioritarios en la investigación forestal en Galicia? -Aunque es importante la investigación básica, también debería priorizarse la investigación aplicada al sector, es decir, que responda a los problemas que se detectan desde el sector, dada la importancia que tiene en Galicia. Sería interesante que la Administración estableciese un plan de investigación agroganadero y forestal para atender los problemas de estos tres subsectores.

El rural gallego presenta una vulnerabilidad creciente ante los incendios forestales por factores como la pérdida de población en amplias zonas del interior, el envejecimiento y la reducción de la actividad agroganadera. En definitiva, hay una menor actividad sobre el territorio, lo que lleva a que se pierda la protección natural que proporcionaban prados y tierras de labor en torno a los más de 30.000 núcleos de población que tiene Galicia. Ante este escenario, colectivos como la Asociación Forestal de Galicia (AFG) o la Asociación Sectorial Forestal Galega (Asefoga) abogan por declarar de utilidad pública la intervención en las fajas de seguridad, como medida de protección civil frente a los incendios forestales. Ambos colectivos, que representan a propietarios forestales y comunidades de montes, entienden que la futura Lei de Loita Integral contra os Incendios Forestais de Galicia, de la que la Xunta presentó un anteproyecto, es la ocasión para buscar una solución realista de seguridad ciudadana ante los fuegos, que están agravando sus riesgos por el cambio climático. Esa solución -entienden- pasa por que la Administración asuma la responsabilidad del mantenimiento de las fajas de seguridad alrededor de núcleos de población. Situación legislativa La actual Lei 3/2007 de Prevención de Incendios Forestais de Galicia y el anteproyecto de Lei de Loita Integral contra os Incendios Forestais mantienen un enfoque que los colectivos forestales consideran “errado”, pues cargan con el coste del mantenimiento de las fajas a comunidades de montes y propietarios forestales, “a los que se les pide que financien de su bolsillo medidas de protección civil para garantizar la seguridad colectiva”. La Asociación Forestal de Galicia insiste en que no es de recibo que se les pida a propietarios y comunidades de montes que financien la seguridad pública. “El anteproyecto de la Ley ahonda además en el montaje de un sistema punitivo orientado a culpabilizar a propietarios forestales y comunidades de montes, pues se prevén multas coercitivas, multas punitivas, ejecución subsidiaria de trabajos de prevención, repercusión de gastos de extinción en terrenos afectados por el fuego (con carga de biomasa) e incluso expropiaciones, en caso de que el valor de los trabajos ejecutados supere a los de la propiedad”, enumeran. Estas exigencias legislativas y amenazas de sanciones “pecan de falta de realismo” -al entender de la Asociación Forestal de Galicia-. “Puede comprobarlo la propia Administración en las más de 295.000 hectáreas de monte que gestiona en virtud de convenios o consorcios con comunidades de montes y propietarios. De mantenerse esta línea legislativa -afirman- la propia Xunta de Galicia estaría incurriendo en graves responsabilidades en las superficies forestales de gestión pública, ante cualquier falla en el cumplimiento de las disposiciones preventivas de fuegos”. Ordenación del territorio Los colectivos de propietarios advierten además de que la legislación premia el desorden urbanístico, “pues responsabiliza a los propietarios forestales de la defensa de viviendas y construcciones sin licencia que invaden zonas forestales o su perímetro”. Así las cosas, la Asociación Forestal de Galicia emplaza a la Administración a buscar soluciones prácticas de consenso con el conjunto del sector forestal. La cuestión es que Galicia tiene alrededor de 85.000 hectáreas en zona de interfaz urbana – forestal, las llamadas fajas secundarias de seguridad, sin tener en cuenta las fajas primarias y terciarias alrededor de vías de comunicación y de caminos. En el caso de las fajas secundarias, el sector estima que alrededor de un 30% de ellas precisa de desbroces periódicos, en tanto el resto de la superficie se está manteniendo despejada por la actividad agraria y ganadera. El coste del desbroce de ese 30% de fajas secundarias que lo requieren rondaría unos 32 millones de euros anuales, según estiman desde Asefoga. Los colectivos forestales apuntan que buena parte de estas franjas que precisan de desbroce se corresponden con parcelas minifundistas, con escasa superficie y, con frecuencia, faltas de gestión por ese mismo minifundismo. Sistema público de gestión de la biomasa de terrenos rústicos incluidos en fajas secundarias El sistema público de gestión de biomasa actualmente en vigor desde 2018 viene regulado en la propia Ley 3/2007 de prevención de incendios de Galicia. Engloba a la Consellería de Medio Rural, a la Federación Gallega de Municipios y Provincias y a la empresa pública SEAGA como órgano instrumental para la ejecución de los trabajos de mantenimiento en las fajas. Actualmente agrupa a 273 de los 315 Concellos de Galicia y cuenta con un presupuesto anual de 12.250.000 euros. Las intervenciones que contempla este convenio para los ayuntamientos adheridos son de dos tipos:

1. Ejecuciones subsidiarias en parcelas de desconocidos y propietarios que no compren en plazo y forma sus deberes de gestión. Hay un tope de 10 hectáreas por ayuntamiento, por lo que esta parte del Convenio intervendría en 2.730 ha.
2. Ejecuciones a través de convenio con personas propietarias para la ejecución de los trabajos de mantenimiento, únicamente en las 154 parroquias clasificadas como prioritarias, y que suman 10.287 hectáreas totales, de las que 1.378 ha (13 % del total) suscribieron convenio sus propietarios a través de los Concellos, para el desbroce de sus fajas, a un coste bonificado para las personas propietarias de 350 euros/ha.

En la actualidad, apuntan las asociaciones de propietarios, solo se le está dando una solución de gestión pública a las fajas de 154 parroquias declaradas de alta prioridad por el riesgo de incendio. En estas parroquias, los propietarios pueden acceder a unadesbroce de sus terrenos a un precio bonificado de 350 euros / hectárea, que se puede estimar, como media, que representa un 25-30% del precio real de los trabajos. “Esta situación representa una grave discriminación en relación al resto de propietarios y comunidades de montes vecinales de Galicia, por lo que es preciso que la Xunta busque una solución de gestión pública para el conjunto de fajas de seguridad”, cierra la Asociación Forestal de Galicia.

La Comunidad de Parada dos Montes (A Pobra do Brollón) resultó seriamente afectada por el gran incendio de la Serra do Courel de este pasado verano, en el que ardieron más de 12.000 hectáreas. El fuego llegó al monte comunal y les calcinó 950 hectáreas de terreno forestal, de las que unas 500 estaban destinadas al aprovechamiento maderero. Ahora, la comunidad quiere repensar su proyecto para lo monte. Distribución del territorio, proyecto futuro y problemas de base El proyecto forestal de Parada dos Montes se conecta con la propia aldea, que desde hace dos años se ha convertido en una aldea modelo con la idea de recuperar los terrenos personales que la rodean, ahora transformados en un espacio cercado y limpio. Los terrenos de la aldea modelo son mayoritariamente pastizales destinados a la única hacienda del lugar. “Ahora incluso tengo ocho vacas que son las que pacen todo el pueblo, como quien dice. Yo le pago una cantidad a la Xunta por su uso, que luego reparten entre todo el vecindario propietario. A cambio de eso tenemos las parcelas de cerca de nuestras casas limpias y cercadas, una cuestión que evita que el fuego llegue a las viviendas”, afirma Marisol Martínez, ganadera en Parada dos Montes.

“Con la aldea modelo tenemos las parcelas de cerca de nuestras casas limpias y cercadas, una cuestión que evita que el fuego llegue a las viviendas” (Marisol Martínez)

“Más allá de las viviendas y de las fincas que rodean la aldea, se encuentran, en un círculo más abierto, los terrenos personales que ya no tienen uso y que fueron los primeros en quedar abandonados; sobre estos no tenemos actualmente capacidad de gestión. A partir de ahí, ya sería el territorio de la Comunidad de Montes de Parada dos Montes”, explica Marcos Ferreira, secretario de la comunidad y vecino. El monte vecinal está conformado por 950 hectáreas de monte clasificado, que estaban en distintas situaciones. “Las 600 hectáreas que estaban conveniadas con la Xunta se destinaron a aprovechamiento maderero, por lo que hay diferentes especies de pino -pinaster, sylvestris y radiata- de distintas edades. El resto del monte está sobre todo a raso y otras zonas pequeñas tienen frondosas, aunque la mayor parte de las frondosas corresponden a propiedades personales. Por eso, cuando la Comunidad cogió la gestión directa del monte, lo que se encontró fue una superficie muy grande dedicada a la madera de pino”, detalla Marcos Ferreira.

“Cuando la Comunidad cogió la gestión directa del monte, lo que se encontró fue una superficie muy grande dedicada a la madera de pino” (Marcos Ferreira)

Tras la gran ola de incendios de este verano, las 950 hectáreas de los vecinos de Parada ardieron por completo. “El proceso que se siguió a partir de esto fue llorar, luego cubicar la madera quemada de diferentes formas -manualmente y con tecnología lidar- y luego subastarla. Una vez se venda y si corte, toda la cantidad obtenida se destinará a regenerar el monte de la Comunidad y a intentar gestionar aquellos terrenos que están abandonados para darles un uso, como por ejemplo, para frutales”, amplía sobre el proyecto futuro comunal el secretario.

“Toda la cantidad obtenida se destinará a regenerar el monte de la Comunidad e intentar gestionar aquellos terrenos que están abandonados para darles un uso, como por ejemplo, para frutales” (Marcos Ferreira)

El problema que se encuentra la comunidad de montes es la falta de población. “En el núcleo no hay gente, por lo tanto, si queremos mantener gestionado el territorio y pretendemos resolver el tema de los incendios es fundamental que haya gente que tenga ganado para controlar el territorio que nos rodea. Hay que pensar en un proyecto integral”, comenta Ferreira. Por este motivo, Marisol Martínez critica la falta de apoyos que ve para el rural, “ya que dicen que lo apoyan pero seguimos teniendo estos problemas; la gente no quiere venir para los pueblos y la actividad ganadera es necesaria, pero en este caso, soy la única ganadera que queda aquí en Parada, y para llegar el fin de mes solo con el ganado es muy complicado porque estamos vendiendo a pérdidas”, valora. “De seguir así, el futuro pinta muy complicado”.

Desde la entrada en vigor en 2018 del convenio de protección de las aldeas firmado entre la Consellería de Medio Rural, la Federación gallega de municipios y provincias (Fegamp) y la empresa pública Seaga, el porcentaje tanto de parcelas como de superficie gestionada en las franjas secundarias -las más próximas a las viviendas- de las parroquias priorizadas como de mayor riesgo de incendios pasó de representar la mitad del total en 2019 a situarse cerca del 70% en este año 2021.

Desde la Consellería de  Medio Rural de la Xunta de Galicia se valora el buen funcionamiento del convenio, que es resultado, entre otras cosas, de los trabajos de la comisión parlamentaria creada tras los incendios de 2017, por lo que se da así cumplimiento a un mandato de la Cámara gallega.

Precisamente al amparo de este acuerdo, la Xunta acaba de finalizar los trabajos de comprobación de cerca de 180.000 parcelas de parroquias priorizadas, donde los titulares pueden ejecutar la limpieza por su cuenta o contratarla directamente a Seaga por un precio ventajoso de 350 euros por hectárea limpia. En esa inspección, la Xunta constató el incremento en el grado de cumplimiento de las obligaciones de gestión de la biomasa para la prevención de incendios forestales, alcanzándose tres de cada cuatro parcelas gestionadas.

Mientras, a unos 65.000 titulares la Consellería de Medio Rural les enviará una notificación para que procedan a la limpieza advirtiéndoles que, de no hacerla, cada ayuntamiento procederá subsidiariamente y luego les trasladará el coste correspondiente. A día de hoy, ya están advertidos unos 8.000 propietarios y personas jurídicas de los 81 ayuntamientos priorizados mientras unos 31.500 son ilocalizables, por lo que se publicarán las notificaciones en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tras la revisión de las parroquias priorizadas, la Consellería de Medio Rural procederá este año a la revisión de las parroquias no priorizadas de esos 81 ayuntamientos priorizados. Así, se contrataron un total de 30 capataces que se están encargando de la supervisión del estado de gestión de la biomasa, sumados a otras 15 personas que ya venían trabajando en el territorio de las parroquias priorizadas. En esta revisión se están priorizando los ayuntamientos de Porto do Son, Guitiriz, Cualedro, Oímbra, A Gudiña, Verín, Sandiás, Boborás, Arbo y Mondariz.

Operario realizando traballos de desbroce

El convenio

Además de las acciones en las franjas secundarias, el acuerdo contempla la gestión de la biomasa en vías de titularidad municipal hasta un máximo de 10 kilómetros por ayuntamiento y año, con cargo al convenio, así como 10 ha de ejecución subsidiaria, también por ayuntamiento y año.

A mayores, está incluida la puesta en marcha de iniciativas estratégicas, es decir, de proyectos de movilización de tierras en franjas secundarias que se consideren de especial trascendencia, así como de aldeas modelo para recuperar parcelas alrededor de núcleos de población. En esa dirección, hay ya 44 figuras de este tipo en diferentes etapas o fases de ejecución y 14 declaradas en toda Galicia.

Otra actuación viene dada por el refuerzo a actuaciones preventivas mecanizadas en los ayuntamientos adheridos, que permitirá alcanzar una superficie de actuación en áreas cortafuego próxima a las 1.500 ha. También se trabaja en el marco de las iniciativas vecinales para el cumplimiento de las medidas preventivas en las franjas secundarias, como la que supuso la entrega a la Asociación medioambiental «Axuge» de Lobios de media docena de motosierras, una decena de «batelumes y otros utensilios como aserraderos y tijeras cortarramas.

Asistencia técnica

En lo que alcanza a la asistencia técnica a los ayuntamientos, la Xunta sigue apoyando a los consistorios para la tramitación de sus planes de prevención y defensa contra incendios, llegando ya a los 232 planes enviados a otros tantos municipios. De ellos, 130 ya están aprobados y 41 cuentan con informe favorable de la Consellería y están pendientes de la aprobación en el Pleno de los ayuntamientos.

En cuanto a las herramientas tecnológicas la disposición de los 270 ayuntamientos adheridos, el convenio contempla un visor de trabajo que permite determinar y visualizar las parcelas afectadas por franjas secundarias y la aplicación Xesbío, para la gestión de los numerosos registros que genera el convenio.

El pino está en la línea de salida de un proceso de recuperación en Galicia. Tras dos décadas de fuerte declive en monte, las coníferas gallegas ven la luz al final del tunel. Los precios de la madera de pino están disparándose a nivel mundial, de la mano de una demanda que todo apunta a que será muy superior a la oferta a lo largo de las próximas décadas. Ese escenario se une al impulso que la Fundación Arume, conjuntamente con la Consellería de Medio Rural, trata de lograr para las plantaciones de pino en monte. Desde la crisis del 2008, cuando el precio del pino se desplomó, los pinares gallegos pasaron por una travesía del desierto. La especie perdió atractivo económico para los propietarios y un cúmulo de factores se sumó en contra. Se dispararon las plantaciones de eucalipto nitens, una especie más adaptada al interior gallego que el eucalipto globulus; y en el sur de la comunidad los incendios y la llegada de la plaga del nematodo a la provincia de Pontevedra mermaron las perspectivas de futuro de la especie. El panorama ahora está cambiando, no sólo por la moratoria a nuevas plantaciones de eucalipto, sino por el atractivo económico que comienza a tener de nuevo el pino para los propietarios particulares y comunidades. Los retos para el pino en el monte se centran en tres puntos, según expuso hoy el presidente de la Fundación Arume, José Carballo, en la reunión del Patronato de la entidad: mejora genética, sanidad forestal y apoyo a la silvicultura. A esas tres demandas respondió en la clausura de la reunión del Patronato el conselleiro de Medio Rural, José González, quien anunció un plan de acción a partir de septiembre para promover la plantación de coníferas y frondosas en el monte. Ese plan, según detalló el conselleiro, incluirá apoyos a la mejora genética y a la sanidad forestal. En cuanto a las ayudas a los propietarios, la Xunta quiere replantearlas y que la financiación privadas gane también protagonismo. Intervención el conselleiro de Medio Rural, José González, en la clausura de la reunión de la Fundación Arume.

Mejora genética

Galicia perdió el tren de la mejora genética frente a otras grandes regiones del mundo productoras de coníferas. Es una realidad que afecta tanto al pino del país ("Pinus pinaster") como al pino insigne ("Pinus radiata") y al pino silvestre. El sector tiene ante sí el desafío de lograr plantas con mejora genética que ofrezcan mayores productividades y calidades, menores turnos de tala y garantías sanitarias frente a enfermedades y plagas. Preocupa en especial el nematodo del pino, ya presente en la zona sur de Pontevedra. El Centro de Investigación Forestal de Lourizán logró seleccionar pinos del país con mayor resistencia frente al nematodo, pero ahora toca transferir esa planta al monte. La vía más ágil es la obtención de planta clonal, si bien eso requiere un importante esfuerzo económico y tecnológico. Para lanzar la mejora genética del pino en Galicia, la Fundación Arume, que agrupa a toda la cadena del pino de Galicia, diseñó un proyecto de 4,6 millones de euros que opta a fondos Next Generation. Entre tanto, el conselleiro de Medio Rural, José González, que hoy participó en la reunión del Patronato de la Fundación Arume, anunció la inminente firma de un convenio con Arume por importe de 200.000 euros para iniciar acciones de mejora genética de los pinos de Galicia. Otra de las carencias en genética que se quiere afrontar de manera prioritaria es la mejora del pino insigne. Ante las dificultádes administrativas para importar semillas de los grandes países productores de pino insigne, como Nueva Zelanda o Chile, con genéticas más avanzadas, el camino a tomar apunta a desarrollar la mejora a partir de las masas implantadas en Galicia de pino insigne.

Apoyos a los propietarios y restauración de montes

Reunión del Patronato de la Fundación Arume. El tercer pilar del plan de acción que la Fundación Arume trata de impulsar, conjuntamente con Medio Rural, es el apoyo a los propietarios en la plantación de coníferas, así como en la restauración de montes degradados por incendios o plagas. Para la restauración ambiental de montes, una vía que se está comenzando a emplear es la participación de empresas interesadas en compensar de manera voluntaria su huella de carbono. Es un mecanismo que ya permitió la restauración de montes afectados por incendios en los últimos años, como es el caso de las comunidades de montes de Saiar y de Paradela, en el monte Xiabre (Caldas de Reis). La Fundación Arume aspira a fondos Next Generation para cofinanciar ese proceso de restauración con fondos públicos. En concreto, el objetivo es plantar 12.000 hectáreas en los próximos 5 años, 7.000 de pino del país, 3.000 de pino insigne y 2.000 de frondosas. La idea es que 5.000 de esas hectáreas se implanten en zonas afectadas por el nematodo y con planta que presente mayores resistencias frente a la plaga. Al respecto de las frondosas, el conselleiro de Medio Rural anunció hoy también su intención de impulsar un plan específico para promover la silvicultura del roble, aparte del plan ya anunciado para el castaño. Balance de las líneas de ayudas De cara a promover la plantación de coníferas y frondosas en monte, la Consellería proyecta continuar con las líneas de ayudas de los últimos años, pero se anuncian cambios. La cuestión es que se está constatando que esas ayudas no funcionan correctamente. El subdirector de recursos forestales, Jacobo Aboal, presentó hoy en el Patronato de la Fundación Arume un análisis de algunos de los principales defectos que se detectan en las líneas de ayuda a la plantación de coníferas y frondosas. Un punto analizado es que son ayudas que apenas llegan a los propietarios forestales particulares, pues las grandes beneficiadas suelen ser comunidades de montes vecinales. Llama la atención además que sistemáticamente los montes vecinales de Ourense aparecen entre los grandes beneficiarios de las ayudas, pero sin embargo el volumen de talas de pino es residual en esa provincia desde hace años. El problema radica en que gran parte de las plantaciones no llegan a turno de tala a causa de los incendios forestales. Es una cuestión que la Consellería pretende afrontar con mayor esfuerzo en prevención. González anunció hoy que el Distrito Forestal de Verín - Monterrei acogerá en el 2022 un plan piloto para la creación polígonos forestales cortafuegos. "En esa comarca tenemos más de 50.000 hectáreas de montes vecinales en convenio y se trata de una zona en la que nos preocupa el impacto de los incendios", explicó el conselleiro. Los polígonos forestales cortafuegos son una de las figuras de agrupación que aparecen en la nueva Lei de Recuperación da Terra Agraria. En el marco de la Lei, el conselleiro considera imprescindible que los propietarios forestales se impliquen en la puesta en marcha de agrupaciones de gestión conjunta para reducir el minifundio e impulsar trabajos silvícolas y de prevención conjuntos. La Consellería anuncia que pondrá énfasis en priorizar las ayudas destinadas a propietarios que participen en figuras de gestión conjunta. En la Consellería, por último, preocupa también la escasez de parcelas con certificación forestal PEFC o FSC en Galicia. "Tenemos alrededor de un 8% de la superficie forestal certificada. En Alemania están en el 70% y en Francia casi en el 50%" -comparó Jacobo Aboal-, que advirtió que "sin certificación no se llega a los mercados".

Hermanas Granja Fondevila, en el concello pontevedrés de Lalín, se ha dotado de un sistema de protección frente a los fuegos diseñado por un grupo del Servicio de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia. Se trata de una red de aspersión de agua que se activa en caso de incendio, siendo capaz de impulsar 15.000 litros por hora, a una presión de 5,5 bares, alrededor de la estructura de la granja, que alberga normalmente a 30.000 pollos. El sistema dispone de dos vías de alimentación, de forma que si hay un error en la red eléctrica, se activaría de modo automático un generador diésel. Los rociadores de agua actúan en un perímetro de 14 metros y tienen también un segundo mecanismo ,que llega a los 4 metros, para reducir la entrada de calor en la instalación. El conselleiro de Medio Rural, José González, que ayer visitó la instalación, se felicitó de que ya haya demostrado su eficacia en un incendio reciente.

Técnicos del Departamento Regional de Gestão e Valorização da Floresta del Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas de Portugal se desplazaron a Galicia para formarse en el empleo de la técnica del helimulching para contribuir a evitar la erosión del suelo tras los incendios forestales. En concreto, visitaron con un grupo de investigadores del Centro de Investigación Forestal de Lourizán la parroquia de Río Caldo, en el ayuntamiento ourensano de Lobios, para ver los trabajos de recuperación llevados a cabo en más de 80 hectáreas. En la jornada formativa, los responsables de la gestión del monte del gobierno portugués destacaron la importancia del protocolo de actuación promovido por la Xunta para regenerar de forma operativa los terrenos afectados por los fuegos, así como la implicación del personal encargado de desarrollar estas tareas. También se analizaron los criterios de selección de las áreas a tratar en función del daño en la vegetación y en el suelo, por ser prioritarios para programar y presupuestasr de manera idónea las actuaciones necesarias.

Actuaciones en más de 200 hectáreas de terreno afectadas por incendios forestales

El Gobierno gallego está ejecutando trabajos de recuperación para paliar las consecuencias de los incendios de septiembre en el municipio ourensano de Lobios, pero también en los de Verín, Monterrei, Cualedro, Vilar de Barrio, Vilariño de Conso y Manzaneda. En total, se está actuando en más de 200 hectáreas de terreno, creando una cubierta protectora del suelo con materiales como la paja de cereales, con el fin de evitar la escorrentía superficial y la erosión. Estos trabajos se llevan a cabo con un helicóptero -helimulching- en las zonas de más pendiente, como es el caso de Lobios, y de forma manual -mulching- en las áreas accesibles a pie, siempre bajo las directrices de los técnicos especialistas del Centro de Investigación Forestal de Lourizán. La Xunta está desarrollando estas tareas novedosas de regeneración desde el año 2010, sirviendo de referente para otras regiones españolas e incluso europeas, como es el caso de la portuguesa. Así, durante la visita de los representantes lusos a Ourense también se trataron los aspectos logísticos a tener en cuenta en la implementación de este tipo de labores, así como los buenos resultados obtenidos en años pasados. Tras este encuentro entre técnicos portugueses y gallegos, el objetivo es continuar con la colaboración y el intercambio de experiencias para mejorar la gestión y la conservación de los montes.

La recuperación y prevención de incendios en los montes del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés centrará la "I Xornada de Traballo Xurés Vivo" que este sábado, 28 de noviembre, se celebra de forma online. La iniciativa, promovida por la Comunidad de Montes de Riocaldo (Lobios) con el apoyo de los seis concellos que integran el parque, persigue involucrar a expertos para definir un plan de acción que ayude a recuperar el monte quemado, así como identificar acciones de prevención para evitar futuros incendios, un problema que afecta cíclicamente a esta comarca. La jornada está previsto que se desarrolle entre las 10,30 y las 13,00 horas y contará con la participación de los presidentes de la Sociedade Galega de Historia Natural, Serafín González; de la Asociación Portuguesa de Geógrafos, Antonio Bento Gonçalves, y de la Organización Galega de CCMM, Xosé Alfredo Pereira, además del director de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, Juan Picos.

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El Parque Natural Baja Limia - Serra del Xurés se ha vuelto a convertir estos días en una nueva víctima de los fuegos. De las más de 10.000 hectáreas ardidas en la ola de fuegos de la provincia de Ourense, 3.000 pertenecen tanto al espacio protegido en tierras gallegas como al transfronterizo Xurés-Gerés. Así es que gran parte de la reserva integral del parque ha quedado totalmente arrasada. Además de los daños a la flora y a la fauna en uno de los espacios naturales de mayor valor ecológico, los incendios volvieron a reactivar las protestas vecinales y de distintas entidades sociales por la gestión que se está haciendo de la reserva natural. El impacto de los incendios, en una de las zonas con mayor protección de Galicia, deja importantes daños medioambientais, pero también a nivel económico para ayuntamientos como los de Lobios y Muíños. Restricciones Resuenan de nuevo las críticas por las restricciones existentes en el espacio del parque, así como por las carencias en la vigilancia y las actuaciones llevadas a cabo para atajar los focos que se localizaron en pleno corazón del Xurés. "Los vecinos están realmente cabreados por la falta de gestión que se está viendo del parque. Después de volver a ver el monte arrasado, muchos están pensando en que es preciso salir a la calle para denunciar esta situación", comenta Domingo González presidente del Tecor de Lobios y miembro de la junta directiva de las comunidades de montes Serra de Lobios y Nichos y de la de Bouzas, y que estos días participó de forma activa en las labores de extinción del fuego en el monte.

"Los vecinos están realmente cabreados por la falta de gestión que se está viendo del parque" (Domingo González, comunero y presidente del Tecor de Lobios)

"Aquí ha habido un desastre, que es el fuego: un acto criminal, con un efecto devastador a nivel medioambiental, puesto que han ardido los valles profundos del Xurés, la zona con mayor protección, la reserva de animales como el lobo o la cabra; y que también supone un drama económico para esta zona", valora José Yañez Barros, miembro de la junta directiva de la Comunidad de Montes de Río Caldo (Lobios). A las importantes pérdidas en el patrimonio medioambiental se añaden las dificultades que se presentan para buena parte de los núcleos que tenían en el Parque del Xurés un medio de vida por su atractivo turístico y que se encuentran ahora con que algunas de las mejores rutas, que atraían a un mayor número de visitantes hasta la zona, quedaron arrasadas por el fuego.

A las pérdidas medioambientales se suman el impacto que los fuegos tendrán en la actividad económica de algunos ayuntamientos y la contaminación de puntos de abastecimiento de agua

Comienzan también a verse otros daños que causaron los fuegos, como es la contaminación de algunos de los principales riachuelos que abastecen núcleos como los de Vilameá, A Devesa o Os Baños. Ante esta situación, se valora que se declare zona catastrófica para poder asumir su recuperación.

Sin instrumentos de gestión adecuados

Junto con las críticas de los vecinos, distintos grupos ecologistas como Adega o Verdegaia denuncian que el Parque Natural del Xurés lleva 27 años esperando por su Plan Rector de Uso y Gestión. "La Xunta sigue abandonando sus funciones en su gestión de los espacios naturales protegidos, sin dotarlos de los necesarios instrumentos de gestión", afirman.

"No puede ser qué ni se permitan hacer cortafuegos para intentar proteger de alguna manera estos montes del fuego" (Domingo González, comunero)

Por su parte, entre los vecinos de los lugares más vinculados con el Parque acusan las carencias que van constatando en su día a día. "No puede ser qué ni se permitan hacer cortafuegos para intentar proteger de alguna manera estos montes del fuego. En su afán por proteger algunas especies al máximo están propiciando que acaben arrasadas como ha acontecido ahora", valora Domingo González que evidencia la descoordinación existente entre administraciones. "Medio Rural te da el permiso y te obliga a desbrozar para mantener limpias algunas zonas y llegas aquí y no te dejan hacerlo", indica. "Durante años, las culpas de los incendios las llevaron los ganaderos y los cazadores, pero hace tiempo que la gente se concienció y saben de los problemas de las zonas quemadas. Los ganaderos saben bien que se pueden enfrentar a multas de 100 euros por vaca si las encuentran en las zonas quemadas a lo largo de los próximos años, por lo que no tienen ningún interés en eso", apunta el comunero. La falta de mantenimiento de los viales que transcurren por los montes es otra de las críticas que hacen los vecinos de la zona. "Tanto los cortafuegos como los caminos de acceso no están limpios y no se mantienen en buenas condiciones, por lo que es imposible que luego sirvan de cortafuegos", valora Álvaro González, un joven apicultor del lugar de Torneiros, en la parroquia de Río Caldo (Lobios). "El monte tiene que valer más estando lleno de vida, y ahora casi parece que valiera más muerto. Yo quiero que siga habiendo el parque, que se mantenga el espacio protegido, pero no abandonado", indica. "Hay muchas zonas de estos montes que se están volviendo totalmente inaccesibles. Incluso hay dificultades para encontrar empresas que se encarguen de venir a hacer desbroces", apunta Davide Outeiro, veterinario y apicultor en la parroquia de San Mamede de Grou. "El fuego es solo la bandera visible del abandono que está sufriendo el rural, y en especial la provincia de Ourense, con la supresión de servicios y las continuas trabas, que no hacen más que invitarte a marcharte de él", valora.

"El fuego nos afecta a todos. Este año mis abejas se han salvado, pero tendrán más dificultades para pecorear (Álvaro González y Davide Outeiro, abejeros)

Los apicultores miran con preocupación la superficie arrasada por el fuego. Aunque esta vez los colmenares de estos dos profesionales no se vieron afectadas directamente por las llamas, los incendios también le pasarán factura. "El fuego nos afecta a todos. Este año las abejas se han salvado, pero tendrán más dificultades para encontrar polen. Este año se han librado, pero da miedo pensar que para el año puede tocarle a mis colmenas", reflexionan. En las comunidades de montes también acusan a las trabas que encuentran para realizar acciones, en muchos casos, de protección a masas boscosas. "Es difícil comprender cómo la mayor parte de las ayudas europeas que vienen para la gestión de los montes van a parar a los ayuntamientos, en vez de ser las comunidades de montes las que puedan acceder a ellas, para poder invertirlas en el monte", explica Domingo González. Uno de los focos localizados en el Xurés en días pasados. Los operativos de vigilancia y extinción de incendios de los días pasados tampoco sirvieron para aplacar las quejas de los vecinos, que asistieron incrédulos a la aparición de focos en algunos de los puntos de mayor protección y con mayores medidas restrictivas, incluso con acceso restringidos. Además, numerosas voces cuestionan las decisiones tomadas para conseguir apagar los fuegos. "Había una total descoordinación y falta de comunicación entre los equipos de tierra y aire. Se hicieron descargas en puntos donde ya no se precisaba mientras en otros puntos donde había graves problemas no llegó la ayuda de los medios aéreos", valora Domingo González. Se trata de una opinión que comparten muchos vecinos que asistieron incrédulos a las decisiones de movilizar los efectivos en otros puntos, ante las alertas que se vivieron a lo largo de varios días en la provincia de Ourense, y que permitieron el avance del fuego. "No podemos estar gastando siempre en extinción, la Xunta tiene que darse cuenta de que sólo cabe prevención y organización", replican.

Sumar esfuerzos para la recuperación

Tras los destrozos por el paso del fuego, comienzan a darse en estos días los primeros pasos para la recuperación del espacio. "Tenemos que sumar esfuerzos entre todos para intentar recuperar lo perdido e intentar proteger lo que queda", explica José Yañez, miembro de la Comunidad de Montes de Río Caldo. De hecho, en estos días trabajan ya para conformar una mancomunidad de comunidades de montes, un órgano que esperan sirva para sumar esfuerzos para la preservación y la organización de estos montes. De las 18 comunidades de montes que se integran en los montes del Xurés, 11 de ellas ya  han comprometido su apoyo a esta propuesta.

Pretenden crear una mancomunidad de comunidades de montes con la que trabajar en la organización del territorio e incidir en la prevención 

Buscan establecer una mesa de trabajo en la que puedan colaborar las distintas entidades y organismos en la búsqueda de soluciones tanto a corto como a medio plazo para la gestión de estos montes. De manera inmediata proponen recuperar los espacios quemados y realizar acciones que eviten corrimientos en las laderas más pronunciadas para evitar nuevos episodios de contaminación. Además, pretenden crear más fajas de protección tanto para los núcleos como en los montes y afrontar una nueva organización y planificación del monte.  "La emigración, la orientación hacia una explotación forestal de estos montes o el abandono del pastoreo propiciaron el abandono del monte. Vemos que la gestión que se hizo no está funcionando, por lo que habrá que probar nuevas estrategias para evitar que se repitan los fuegos año tras año", apunta Yañez. "Hay mucha gente que ha retornado y que tiene interés en mantener vivos los montes. Es necesario que la Administración también escuche a los propietarios y vecinos de la zona, que no sigan trabajando de espaldas a nosotros", explica. En estos días también la consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, así como la directora general de Patrimonio Natural, Belén del Campo, mantuvieron una junta por videoconferencia con los alcaldes de Lobios y Muíños para comenzar a trazar la estrategia de recuperación del parque. Por el momento, los agentes medioambientales tanto de la consellería de Medio Ambiente como de Medio Rural continúan a colaborar con las fuerzas de seguridad para esclarecer las causas de estos fuegos y localizar a sus responsables.

Más información - Unións Agrarias pide un plan de gestión del territorio de Ourense frente a los incendios.

En Galicia hay en la actualidad 18 aldeas modelo en marcha, con un total de 531 hectáreas movilizadas para la producción agraria. La creación de las aldeas modelo fue una de las estrategias anunciadas el pasado año por la Xunta para gestionar la biomasa alrededor de los núcleos de población. En total, el conselleiro de Medio Rural, José González, anunció ayer que hay 60 peticiones para la puesta en marcha de aldeas modelo, de las que 18 están operativas, alcanzando a un total de 2.600 personas propietarias y 10.500 parcelas. El conselleiro, que visitó ayer una aldea modelo en Osmo (Cenlle, Ourense), anunció también la creación de una comisión técnica de silvopastoreo. El objetivo es impulsar el uso del ganado en el monte (vacuno, ovino y caprino, porcino, etc.) para reducir la biomasa, especialmente en las aldeas modelo. Los integrantes de la comisión técnica visitarán en las próximas semanas distintas aldeas modelo y efectuarán recomendaciones para la gestión del silvopastoreo en las mismas, valorando también el ganado más aconsejable. Este órgano técnico está coordinado por el subdirector de Movilidad de Terras de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader), Alejandro Sánchez de Dios. Los demás integrantes son Antonio Rigueiro, catedrático del Departamento de Producción Vegetal y Proyectos de Ingeniería de la USC; Francisco Javier Silva Pando, experto en silvopastoreo del Centro de Investigación Forestal de Lourizán, adscrito a Medio Rural; Santiago Crecente, jefe de Departamento del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM) y representante de la Estación Experimental de Ganadería de Montaña de Marco da Curra, y Jorge Mourelo, subdirector general de Ganadería de la Consellería de Medio Rural. Polígonos agroforestales Con respecto a los polígonos agroforestales, González destacó que ya se fueron llevando a cabo, en los años 2018 y 2019, iniciativas piloto en zonas como O Courel, Sober a Ancares (en la provincia de Lugo) o Cualedro (en la de Ourense). Añadió que se trabaja también en otras áreas, caso de Santaia-Foxado (Curtis, A Coruña), con unas 3.200 hectáreas, y Carzoá (Cualedro, Ourense), con otras 185 hectáreas.